Es imposible sustraerse a la polémica de las prospecciones. Lo he podido comprobar durante mis vacaciones. La conferencia que impartí en la Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, invitado por su amable director, Tomás Van del Valle, me permitió corroborarlo. Es lógico. Por un lado, la importancia económica y social del asunto es innegable; y, por otro, los nacionalistas están utilizando todos los medios a su alcance, que son muchos, para extender la especie de que la mera perforación producirá una suerte de estallido de una burbuja que arrojará millones de toneladas de petróleo sobre las costas de las islas, lo que arruinará el turismo y producirá, encima, el desabastecimiento de agua de la población. ¡El fin del mundo! Sí, el fin del mundo.
Cuando la polémica se plantea en estos términos, los que disienten son los aduladores de los demonios más terribles y, en última instancia, del dinero, el cual es, además, de una multinacional. Me ha asombrado la insistencia en esta característica. Otro fantasma de nuestra más tierna infancia: la maldad de las multinacionales. El cuadro queda perfectamente perfilado: la perfidia de una multinacional quiere destruir el turismo y, también, matar a los canarios, con la complicidad de todos aquellos que disienten. Sé, por experiencia propia, que el nacionalismo sabe cómo matar civilmente a las personas. Lo sé. La vieja estrategia estalinista de que la mejor manera de matar las ideas es acabar con las personas que las defienden. Demasiado personalismo. Demasiado ataque personal.
Todo vale. Todo. En el fondo, hay una considerable falta de respeto a los ciudadanos. Se les considera víctimas propicias de la manipulación. Todo queda reducido a mensajes catastrofistas. Los de las autoridades causan sorpresa. Me sorprende, sí, me sorprende, la falta de respeto a la ley, al Derecho. Se olvida que no hay democracia sin leyes y no hay leyes democráticas sin Estado de Derecho. El Estado democrático de Derecho es el único que garantiza la libertad de los ciudadanos. Y lo hace con el sutil y casi milagroso mecanismo de la garantía de la Ley. No se puede despreciar la Ley, porque se desprecia al Estado de Derecho y, en consecuencia, a la libertad. No creo que las autoridades canarias defiendan el arbitrismo de su voluntad por encima del Derecho. Ya sabemos históricamente qué significa. Sin embargo, sus comentarios parecen expresar lo contrario. En el caso del Presidente Rivero, como nacionalista en fase de aprendizaje, se sirve del modelo del hermano mayor, el del nacionalismo catalán, para articular una estrategia de rechazo y de enfrentamiento que tiene su eje central en una sedicente “consulta al pueblo canario”. Por un lado, amenaza con la ruptura con el Gobierno de la Nación, lo que no se han atrevido a pronunciar ni los nacionalistas catalanes por una sencilla razón: evitar el ridículo. No se puede amenazar con aquello que no se puede cumplir porque es, sencillamente, imposible. Y, por otro, propone la consulta. ¿Qué consulta? No puede ser ni referendataria ni afectar a las competencias del Estado. No puede ser un referéndum sobre las prospecciones petrolíferas. Esto es así por el reparto competencial establecido en la Constitución. Y lo ha recordado el Tribunal Constitucional en dos Sentencias importantes, la 103/2008 y la 31/2010, esta última sobre el Estatut de Cataluña (FJ. 69). Según parece, el Gobierno regional manejaba hasta ahora la siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo con las prospecciones de petróleo autorizadas a la multinacional Repsol frente a las costas de nuestras islas?”
Es escandalosamente evidente que ni referéndum, ni consulta, ni nada equivalente puede organizar una Administración autonómica para recabar el parecer del cuerpo electoral sobre un asunto que escapa de su competencia. Como no lo puede hacer, comienza la operación de camuflaje. Es una consulta, pero como no puede ser referendataria, se convierte en una pregunta directa que se formula a los ciudadanos, no al cuerpo electoral, en los términos del Decreto que se va a aprobar a estos efectos. Y como no puede preguntar sobre un asunto de la competencia del Estado, se están pergeñando fórmulas alternativas en el ámbito de la competencia autonómica. Pero ojo, como lo reconoce el Presidente, la mona se vestirá como se quiera, pero se va a preguntar sobre el petróleo. En fin, el Presidente anuncia que se va a cometer una irregularidad. Un uso torticero del Derecho, un fraude de ley, para alcanzar un objetivo ilícito.
Cuando escribía estas palabras no pude dejar de recordar lo que me había sucedido cuando estudiaba Derecho en la Universidad de La Laguna. Allá por los años 80, del siglo pasado, tuve un profesor de Derecho constitucional que era de origen chino. No viene a colación cómo un ciudadano chino podía explicar Derecho constitucional español, máxime en aquellos momentos tan importantes con una Constitución recién estrenada. Pero lo tuve. Y bien que lo tuve. Las lógicas limitaciones lingüísticas eran fuente de mil y una anécdotas. Amablemente nos inquiría para que le corrigiésemos, evitando la risa burlona. Un día nos explicaba sobre “el ley”. Amablemente, recogiendo su invitación, le corregimos que era “la ley”. “No, no –nos dijo el sufrido profesor-. Es el ley, el monalca”. Cuando veo a las autoridades canarias escabullirse de las exigencias jurídicas a las que deben estar sometidas sus decisiones, no puedo evitar acordarme de Don Juan Lu. Para ellos es “el ley”, no “la ley”. Ya el Tribunal Constitucional criticó en su momento (Sentencia 46/1990) la capacidad de inventiva de los políticos canarios cuando, en lugar de derogar una Ley, decidieron modificar su disposición de entrada en vigor. Les recordó que “el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa”, lo que afecta muy negativamente a la seguridad jurídica, principio esencial del Estado de Derecho y, en consecuencia, a la libertad. Lamentablemente, la enseñanza no se ha aprendido. En el fondo, los ciudadanos son considerados como una masa que puede ser engañada. Así nos va. Canarias, así nos va.
Cuando la polémica se plantea en estos términos, los que disienten son los aduladores de los demonios más terribles y, en última instancia, del dinero, el cual es, además, de una multinacional. Me ha asombrado la insistencia en esta característica. Otro fantasma de nuestra más tierna infancia: la maldad de las multinacionales. El cuadro queda perfectamente perfilado: la perfidia de una multinacional quiere destruir el turismo y, también, matar a los canarios, con la complicidad de todos aquellos que disienten. Sé, por experiencia propia, que el nacionalismo sabe cómo matar civilmente a las personas. Lo sé. La vieja estrategia estalinista de que la mejor manera de matar las ideas es acabar con las personas que las defienden. Demasiado personalismo. Demasiado ataque personal.
Todo vale. Todo. En el fondo, hay una considerable falta de respeto a los ciudadanos. Se les considera víctimas propicias de la manipulación. Todo queda reducido a mensajes catastrofistas. Los de las autoridades causan sorpresa. Me sorprende, sí, me sorprende, la falta de respeto a la ley, al Derecho. Se olvida que no hay democracia sin leyes y no hay leyes democráticas sin Estado de Derecho. El Estado democrático de Derecho es el único que garantiza la libertad de los ciudadanos. Y lo hace con el sutil y casi milagroso mecanismo de la garantía de la Ley. No se puede despreciar la Ley, porque se desprecia al Estado de Derecho y, en consecuencia, a la libertad. No creo que las autoridades canarias defiendan el arbitrismo de su voluntad por encima del Derecho. Ya sabemos históricamente qué significa. Sin embargo, sus comentarios parecen expresar lo contrario. En el caso del Presidente Rivero, como nacionalista en fase de aprendizaje, se sirve del modelo del hermano mayor, el del nacionalismo catalán, para articular una estrategia de rechazo y de enfrentamiento que tiene su eje central en una sedicente “consulta al pueblo canario”. Por un lado, amenaza con la ruptura con el Gobierno de la Nación, lo que no se han atrevido a pronunciar ni los nacionalistas catalanes por una sencilla razón: evitar el ridículo. No se puede amenazar con aquello que no se puede cumplir porque es, sencillamente, imposible. Y, por otro, propone la consulta. ¿Qué consulta? No puede ser ni referendataria ni afectar a las competencias del Estado. No puede ser un referéndum sobre las prospecciones petrolíferas. Esto es así por el reparto competencial establecido en la Constitución. Y lo ha recordado el Tribunal Constitucional en dos Sentencias importantes, la 103/2008 y la 31/2010, esta última sobre el Estatut de Cataluña (FJ. 69). Según parece, el Gobierno regional manejaba hasta ahora la siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo con las prospecciones de petróleo autorizadas a la multinacional Repsol frente a las costas de nuestras islas?”
Es escandalosamente evidente que ni referéndum, ni consulta, ni nada equivalente puede organizar una Administración autonómica para recabar el parecer del cuerpo electoral sobre un asunto que escapa de su competencia. Como no lo puede hacer, comienza la operación de camuflaje. Es una consulta, pero como no puede ser referendataria, se convierte en una pregunta directa que se formula a los ciudadanos, no al cuerpo electoral, en los términos del Decreto que se va a aprobar a estos efectos. Y como no puede preguntar sobre un asunto de la competencia del Estado, se están pergeñando fórmulas alternativas en el ámbito de la competencia autonómica. Pero ojo, como lo reconoce el Presidente, la mona se vestirá como se quiera, pero se va a preguntar sobre el petróleo. En fin, el Presidente anuncia que se va a cometer una irregularidad. Un uso torticero del Derecho, un fraude de ley, para alcanzar un objetivo ilícito.
Cuando escribía estas palabras no pude dejar de recordar lo que me había sucedido cuando estudiaba Derecho en la Universidad de La Laguna. Allá por los años 80, del siglo pasado, tuve un profesor de Derecho constitucional que era de origen chino. No viene a colación cómo un ciudadano chino podía explicar Derecho constitucional español, máxime en aquellos momentos tan importantes con una Constitución recién estrenada. Pero lo tuve. Y bien que lo tuve. Las lógicas limitaciones lingüísticas eran fuente de mil y una anécdotas. Amablemente nos inquiría para que le corrigiésemos, evitando la risa burlona. Un día nos explicaba sobre “el ley”. Amablemente, recogiendo su invitación, le corregimos que era “la ley”. “No, no –nos dijo el sufrido profesor-. Es el ley, el monalca”. Cuando veo a las autoridades canarias escabullirse de las exigencias jurídicas a las que deben estar sometidas sus decisiones, no puedo evitar acordarme de Don Juan Lu. Para ellos es “el ley”, no “la ley”. Ya el Tribunal Constitucional criticó en su momento (Sentencia 46/1990) la capacidad de inventiva de los políticos canarios cuando, en lugar de derogar una Ley, decidieron modificar su disposición de entrada en vigor. Les recordó que “el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa”, lo que afecta muy negativamente a la seguridad jurídica, principio esencial del Estado de Derecho y, en consecuencia, a la libertad. Lamentablemente, la enseñanza no se ha aprendido. En el fondo, los ciudadanos son considerados como una masa que puede ser engañada. Así nos va. Canarias, así nos va.
(La Provincia/Diario de Las Palmas, 24/08/2014)
Comentarios
Publicar un comentario