“Los Presupuestos Generales del Estado constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal”. Es la definición contenida en el artículo 32 de la Ley General Presupuestaria. Ingresos y gastos que, cuando hablamos de las Administraciones, de las entidades que integran el sector público estatal, sólo pensamos en los segundos. Las Administraciones son vistas, usualmente, como fuente de incompetencia, de inoperancia. Cuando al artista cubano Carlos Garaicoa (La Habana, 1967) se le preguntaba, en El Cultural, qué es lo que se tendría que hacer para mejora la situación cultural española responde con un “menos burocracia”. Me he quedado petrificado. Que cubanos consideren que uno de los problemas que acucian a la cultura española sea la burocracia, nos debería hacer pensar. Es la muestra, entre otras, de que ha calado, y muy profundamente, entre nosotros, que las Administraciones son una rémora. Son un problema. Sin embargo, sería un pequeño problema, no uno grande.
Si examinamos el tamaño de las Administraciones, para lo que nos servimos, como he recordado en otra ocasión, del nivel de gasto no financiero del Estado sobre PIB, el de las españolas representa el 43,3 %, mientras que la media de la UE era, en el año 2013, según los datos de la Comisión para la Reforma de las Administraciones, de 49,7 %. A bastante distancia de las grandes economías de la UE como Francia (56,6 %), Alemania (45 %), Reino Unido (48,5 %) o Italia (50,7 %). De ese gasto público, el 66 % es social (educación y sanidad) y servicios públicos básicos (justicia, defensa y seguridad). Además, el “aparato administrativo”, que es el tradicionalmente considerado más odioso, representa el 26 % de los empleados públicos, sobre un total de 2,7 millones (enero de 2012). Por lo tanto, el gasto administrativo, en sentido estricto, representa poco. Con todo, a esas mismas Administraciones se les exige, al mismo tiempo, que gasten más. Que hagan más inversión, por ejemplo, en infraestructura. Menos gastos corrientes y más inversión. Es más, se pretende reducir aquél para incrementar éste, máxime cuando el gasto público ha de disminuir, en los términos conocidos. Precisamente, cuando la presión europea se ha reduplicado en relación con el control del déficit, más se ha acrecentado el apremio para eliminar los gastos innecesarios. Aquí, todos los ojos miran a la burocracia. ¿Se puede reducir, aún más, los gastos en burocracia? Sí. Se puede reducir si, paradójicamente, se incrementa la productividad. El gran problema que tiene la economía española, en todos los sectores, y también en el sector público, es el de la productividad. No sólo se trata de que los empleados públicos trabajen mejor, sino que se focalice su trabajo. Esto significa: liberalizar y mejora regulatoria. Significa reforzar la contribución del sector público a la creación de riqueza.
Cuando hablamos de burocracia, usualmente, se asocia a los obstáculos que las Administraciones colocan en el camino de las libertades. Cuando desarrollar cualquier iniciativa, como las culturales, requiere superar controles, muchos de ellos, vistos como innecesarios. No es popular. Aún menos cuando sabemos que cuanto mayor sea el obstáculo e, incluso, más irrazonable, más propensión habrá a buscar y necesitar la colaboración, por cualquier vía, de los “padrinos” que permitan superarlo. En definitiva, el caldo de cultivo de la corrupción. El ámbito urbanístico es el mejor ejemplo. La obtención de licencias, la aprobación de planes, … trámites y más trámites, hasta el infinito que “necesitan” el concurso del “conseguidor” para su cumplimentación en tiempo.
La reforma tiene un protagonista estelar: las Administraciones locales. En España hay 8.126 municipios, de los que sólo 62 tienen más de 100.000 habitantes. E, incluso, si bajamos aún más el límite, a los 10.000 habitantes, sólo hay 1.103 municipios que lo superen (13,57 %). La reforma local es imprescindible. España es de los pocos países de la Unión y, en general, de Europa, que no la ha enfrentado. Los dos grandes partidos, PP y PSOE, se han negado, incluso, con un grado tal de intolerancia que niega la posibilidad de que sea objeto de debate. Es una muestra de la gran dificultad con la que se enfrenta: el interés partidista. Las Administraciones territoriales, por su número y presencia en el territorio, son la pieza esencial de la red clientelar. La eficiencia y el ahorro de costes son secundarios. El ejemplo más sobresaliente son las diputaciones provinciales. Su existencia no tiene hoy ninguna razón que las soporte. Se intenta justificarlas alegando que son la muleta con la que apoyar a unos municipios débiles. En cambio, una nueva reordenación municipal que los fortaleciera, las haría innecesarias. Precisamente, por esta razón, no se quiere afrontar la unificación de los municipios. Cuanto más débiles, no sólo hay más “puestos” que repartir para vigorizar el control sobre el territorio, más necesidad del escalón superior de apoyo, el cual, además, ofrecerá más “puestos” a distribuir. Cuanto más débiles sean los municipios, más fuertes serán las organizaciones partidistas y sus redes clientelares.
La prioridad de la reforma local debería ser el robustecimiento municipal. Municipios más poderosos con capacidad para entenderse directamente con los niveles administrativos superiores. No necesitaría de ninguna muleta administrativa. ¿Cómo se lleva a cabo? Con voluntad, tiempo y consenso. El esfuerzo continuado para alcanzar el objetivo con un instrumento estrella: el fomento. Una política decidida de apoyo a la integración municipal. La emprendida hasta ahora ha sido un gran fracaso. Contemplada en la reforma del régimen local del año 2013, por exigencia de la Unión Europea, e incluida en el Programa de Estabilidad 2014-2017 presentado por el Gobierno del PP a la Comisión Europea, no ha producido resultados significativos. Sólo se conocen dos fusiones, la de los municipios gallegos de Oza des Rios y Cesuras y la de los también gallegos de Cotobade y Cerdedo. Este exiguo resultado es la manifestación no sólo de un fracaso sino de la voluntad decidida de incumplir lo prometido a la Unión. No se quiere fortalecer la autonomía local. Al contrario, cuanto más débil, mejor, pero sólo a los intereses de los partidos.
En definitiva, la reforma de la Administración tiene dos frentes, el de los gastos y el de los ingresos. Reformar para reducir los gastos corrientes. Reformar para que la Administración no sea un obstáculo al desarrollo de las actividades generadoras de riqueza. Reformar para incrementar la productividad. Reformar no sólo respecto de cómo lo hace el sector público, sino de qué es lo que hace. No se trata de la exigencia nominalista de hacer menos. Se trata de hacerlo mejor en aquellos ámbitos en los que el control público es realmente imprescindible. Menos gasto corriente y mejora regulatoria están indisociablemente unidos. Y un resultado: liberación de recursos para que se puedan destinar a las inversiones que la sociedad demanda. Menos es, doblemente, más. La cuestión que queda pendiente es la de si los próximos presupuestos responderán a estas coordenadas. Mucho me temo que no. Hay demasiados intereses partidarios que lo impide. Y éstos son, al fin y a la postre, los únicos importantes. Los demás, secundarios. Muy secundarios.
Si examinamos el tamaño de las Administraciones, para lo que nos servimos, como he recordado en otra ocasión, del nivel de gasto no financiero del Estado sobre PIB, el de las españolas representa el 43,3 %, mientras que la media de la UE era, en el año 2013, según los datos de la Comisión para la Reforma de las Administraciones, de 49,7 %. A bastante distancia de las grandes economías de la UE como Francia (56,6 %), Alemania (45 %), Reino Unido (48,5 %) o Italia (50,7 %). De ese gasto público, el 66 % es social (educación y sanidad) y servicios públicos básicos (justicia, defensa y seguridad). Además, el “aparato administrativo”, que es el tradicionalmente considerado más odioso, representa el 26 % de los empleados públicos, sobre un total de 2,7 millones (enero de 2012). Por lo tanto, el gasto administrativo, en sentido estricto, representa poco. Con todo, a esas mismas Administraciones se les exige, al mismo tiempo, que gasten más. Que hagan más inversión, por ejemplo, en infraestructura. Menos gastos corrientes y más inversión. Es más, se pretende reducir aquél para incrementar éste, máxime cuando el gasto público ha de disminuir, en los términos conocidos. Precisamente, cuando la presión europea se ha reduplicado en relación con el control del déficit, más se ha acrecentado el apremio para eliminar los gastos innecesarios. Aquí, todos los ojos miran a la burocracia. ¿Se puede reducir, aún más, los gastos en burocracia? Sí. Se puede reducir si, paradójicamente, se incrementa la productividad. El gran problema que tiene la economía española, en todos los sectores, y también en el sector público, es el de la productividad. No sólo se trata de que los empleados públicos trabajen mejor, sino que se focalice su trabajo. Esto significa: liberalizar y mejora regulatoria. Significa reforzar la contribución del sector público a la creación de riqueza.
Cuando hablamos de burocracia, usualmente, se asocia a los obstáculos que las Administraciones colocan en el camino de las libertades. Cuando desarrollar cualquier iniciativa, como las culturales, requiere superar controles, muchos de ellos, vistos como innecesarios. No es popular. Aún menos cuando sabemos que cuanto mayor sea el obstáculo e, incluso, más irrazonable, más propensión habrá a buscar y necesitar la colaboración, por cualquier vía, de los “padrinos” que permitan superarlo. En definitiva, el caldo de cultivo de la corrupción. El ámbito urbanístico es el mejor ejemplo. La obtención de licencias, la aprobación de planes, … trámites y más trámites, hasta el infinito que “necesitan” el concurso del “conseguidor” para su cumplimentación en tiempo.
La reforma tiene un protagonista estelar: las Administraciones locales. En España hay 8.126 municipios, de los que sólo 62 tienen más de 100.000 habitantes. E, incluso, si bajamos aún más el límite, a los 10.000 habitantes, sólo hay 1.103 municipios que lo superen (13,57 %). La reforma local es imprescindible. España es de los pocos países de la Unión y, en general, de Europa, que no la ha enfrentado. Los dos grandes partidos, PP y PSOE, se han negado, incluso, con un grado tal de intolerancia que niega la posibilidad de que sea objeto de debate. Es una muestra de la gran dificultad con la que se enfrenta: el interés partidista. Las Administraciones territoriales, por su número y presencia en el territorio, son la pieza esencial de la red clientelar. La eficiencia y el ahorro de costes son secundarios. El ejemplo más sobresaliente son las diputaciones provinciales. Su existencia no tiene hoy ninguna razón que las soporte. Se intenta justificarlas alegando que son la muleta con la que apoyar a unos municipios débiles. En cambio, una nueva reordenación municipal que los fortaleciera, las haría innecesarias. Precisamente, por esta razón, no se quiere afrontar la unificación de los municipios. Cuanto más débiles, no sólo hay más “puestos” que repartir para vigorizar el control sobre el territorio, más necesidad del escalón superior de apoyo, el cual, además, ofrecerá más “puestos” a distribuir. Cuanto más débiles sean los municipios, más fuertes serán las organizaciones partidistas y sus redes clientelares.
La prioridad de la reforma local debería ser el robustecimiento municipal. Municipios más poderosos con capacidad para entenderse directamente con los niveles administrativos superiores. No necesitaría de ninguna muleta administrativa. ¿Cómo se lleva a cabo? Con voluntad, tiempo y consenso. El esfuerzo continuado para alcanzar el objetivo con un instrumento estrella: el fomento. Una política decidida de apoyo a la integración municipal. La emprendida hasta ahora ha sido un gran fracaso. Contemplada en la reforma del régimen local del año 2013, por exigencia de la Unión Europea, e incluida en el Programa de Estabilidad 2014-2017 presentado por el Gobierno del PP a la Comisión Europea, no ha producido resultados significativos. Sólo se conocen dos fusiones, la de los municipios gallegos de Oza des Rios y Cesuras y la de los también gallegos de Cotobade y Cerdedo. Este exiguo resultado es la manifestación no sólo de un fracaso sino de la voluntad decidida de incumplir lo prometido a la Unión. No se quiere fortalecer la autonomía local. Al contrario, cuanto más débil, mejor, pero sólo a los intereses de los partidos.
En definitiva, la reforma de la Administración tiene dos frentes, el de los gastos y el de los ingresos. Reformar para reducir los gastos corrientes. Reformar para que la Administración no sea un obstáculo al desarrollo de las actividades generadoras de riqueza. Reformar para incrementar la productividad. Reformar no sólo respecto de cómo lo hace el sector público, sino de qué es lo que hace. No se trata de la exigencia nominalista de hacer menos. Se trata de hacerlo mejor en aquellos ámbitos en los que el control público es realmente imprescindible. Menos gasto corriente y mejora regulatoria están indisociablemente unidos. Y un resultado: liberación de recursos para que se puedan destinar a las inversiones que la sociedad demanda. Menos es, doblemente, más. La cuestión que queda pendiente es la de si los próximos presupuestos responderán a estas coordenadas. Mucho me temo que no. Hay demasiados intereses partidarios que lo impide. Y éstos son, al fin y a la postre, los únicos importantes. Los demás, secundarios. Muy secundarios.
(Expansión, 23/11/2016)
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