Viene siendo habitual que, desde Europa, cada cierto tiempo, nos envíen una andanada de “recomendaciones” sobre los progresos de España en relación con los objetivos de estabilidad. Es la consecuencia de “sufrir desequilibrios excesivos”, entendidos como “desequilibrios graves, en particular los desequilibrios que comprometen o pueden comprometer el correcto funcionamiento de la unión económica y monetaria” (artículo 2 Reglamento 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo). Si se apreciasen tales desequilibrios, el Consejo dirigiría unas recomendaciones para su corrección.
El examen exhaustivo que la Comisión ha realizado de España ha conducido al Consejo a formular unas últimas recomendaciones, las del 22 de mayo relativas al Programa Nacional de Reformas de 2017. No hay ninguna sorpresa. Nos recuerda lo que ya sabemos. En el plano institucional, hay dos observaciones que han merecido cierto impacto. Por un lado, “España sigue careciendo de un marco normativo claro y coherente en materia de contratación pública que garantice el cumplimiento de la legislación, un elevado nivel de competencia y la eficiencia económica, especialmente mediante mecanismos efectivos de control ex ante y ex post, una mayor transparencia y la coordinación entre las entidades y los poderes adjudicadores a todos los niveles de la Administración.” Y, por otro, “España ha avanzado en la lucha contra la corrupción, … No obstante, …, ni se han diseñado estrategias preventivas específicas en esos niveles de la Administración ni tampoco existe una estrategia preventiva compartida entre ellos. Por otra parte, tampoco se ha hecho hasta ahora un seguimiento específico de otras deficiencias, como la ausencia de legislación para proteger a los denunciantes, el grado de independencia de la recientemente creada Oficina de Conflictos de Intereses y la inexistencia de normas que regulen las actividades de los grupos de presión. Otra cuestión digna de ser mencionada es la relativa a los prolongados procedimientos judiciales en los asuntos de corrupción. …”
El Consejo está señalando algo que se viene denunciando desde hace mucho tiempo entre nosotros: la política en España es extraordinariamente legalista. Se considera que los problemas, de toda índole, se solucionan, aprobando leyes. Nada ni nadie se preocupa por su cumplimiento. El Consejo señala que se han producido avances en los dos ámbitos indicados, pero falta el suficiente compromiso con la aplicación. Se han aprobado miles de leyes y otras normas. El cuerpo normativo puede, perfectamente, alcanzar la cifra de cientos de miles de normas. Que estén vigentes no quiere decir que sean efectivas. Entre la vigencia y la efectividad se tiene que interponer un vigilante. Aquí hay una ausencia notable, en particular, en los ámbitos indicados (contratación y corrupción). Sirve para bien poco aprobar más y más normas si luego, no hay un fiscalizador competente e independiente, máxime en unos ámbitos en los que los políticos están tentados a incurrir en abuso.
No es la única recomendación institucional que hace el Consejo. Hay otras que tienen un calado más hondo y, además, afrontan el corazón mismo de nuestro Estado: la organización territorial. El Consejo muestra una preocupación por cómo afecta nuestra organización territorial al progreso económico y social de España en el contexto de la Unión. Repite, como crítica, la “dispersión normativa” o las “disparidades” territoriales en diversos ámbitos como los impuestos (la “dispersión normativa que tiene como consecuencia la adopción de un enfoque heterogéneo en relación con determinados impuestos a nivel autonómico”), sistemas de protección social (“aunque mejora la prestación de cuidados de larga duración, existen disparidades entre las distintas comunidades autónomas y aún no se han cubierto las necesidades actuales”), educación (“existen grandes disparidades entre las distintas comunidades autónomas en materia de abandono escolar y rendimiento de los estudiantes, en particular en lo que respecta a las competencias básicas”), investigación y desarrollo (“la coordinación entre los distintos niveles de la Administración no es óptima, y, como consecuencia de ello, las políticas nacionales y autonómicas no funcionan en completa sinergia”), creación de empresas y actividades empresariales, en particular, la de economía colaborativa, comercio, transporte y turismo, así como servicios profesionales. La respuesta (recomendación) tiene dos dimensiones: la primera, coordinación entre las Administraciones y la segunda, la eliminación de los obstáculos innecesarios. En este planteamiento, el Consejo alienta que se profundice la unidad de mercado mediante el desarrollo de la Ley de garantía de la unidad de mercado.
En definitiva, el Consejo, al igual que muchos, entendemos que el progreso económico y social de España precisa de instituciones de calidad. Esto significa, reglas adecuadas, necesarias y proporcionadas, con los vigilantes, igualmente, adecuados, pero, sobre todo, que no comprometan la unidad del mercado nacional. Los Estados pueden contar con la organización territorial que quieran, pero sería estúpido que el coste de esa organización fuera la dispersión, disparidad, descoordinación y obstáculos irrazonables. Eso no sería una “organización”, sino la des-organización. Después de más de 30 años de democracia, de des-centralización, es imprescindible iniciar otra fase. No se trata de re-centralizar; volver a la casilla de partida; sino superar la contradicción que ha impulsado el proceso de puesta en pie del Estado de las Autonomías. Es la de la colaboración. Entender lo que es escandalosamente evidente: colaborando, sin imposición, se alcanzan beneficios mayores para todos que dividiendo. La diversidad no quiere decir enfrentamiento, dispersión y caos. El precio a pagar por los españoles está siendo tan excesivo que no tiene justificación. Europa, una vez más, nos lo recuerda.
El examen exhaustivo que la Comisión ha realizado de España ha conducido al Consejo a formular unas últimas recomendaciones, las del 22 de mayo relativas al Programa Nacional de Reformas de 2017. No hay ninguna sorpresa. Nos recuerda lo que ya sabemos. En el plano institucional, hay dos observaciones que han merecido cierto impacto. Por un lado, “España sigue careciendo de un marco normativo claro y coherente en materia de contratación pública que garantice el cumplimiento de la legislación, un elevado nivel de competencia y la eficiencia económica, especialmente mediante mecanismos efectivos de control ex ante y ex post, una mayor transparencia y la coordinación entre las entidades y los poderes adjudicadores a todos los niveles de la Administración.” Y, por otro, “España ha avanzado en la lucha contra la corrupción, … No obstante, …, ni se han diseñado estrategias preventivas específicas en esos niveles de la Administración ni tampoco existe una estrategia preventiva compartida entre ellos. Por otra parte, tampoco se ha hecho hasta ahora un seguimiento específico de otras deficiencias, como la ausencia de legislación para proteger a los denunciantes, el grado de independencia de la recientemente creada Oficina de Conflictos de Intereses y la inexistencia de normas que regulen las actividades de los grupos de presión. Otra cuestión digna de ser mencionada es la relativa a los prolongados procedimientos judiciales en los asuntos de corrupción. …”
El Consejo está señalando algo que se viene denunciando desde hace mucho tiempo entre nosotros: la política en España es extraordinariamente legalista. Se considera que los problemas, de toda índole, se solucionan, aprobando leyes. Nada ni nadie se preocupa por su cumplimiento. El Consejo señala que se han producido avances en los dos ámbitos indicados, pero falta el suficiente compromiso con la aplicación. Se han aprobado miles de leyes y otras normas. El cuerpo normativo puede, perfectamente, alcanzar la cifra de cientos de miles de normas. Que estén vigentes no quiere decir que sean efectivas. Entre la vigencia y la efectividad se tiene que interponer un vigilante. Aquí hay una ausencia notable, en particular, en los ámbitos indicados (contratación y corrupción). Sirve para bien poco aprobar más y más normas si luego, no hay un fiscalizador competente e independiente, máxime en unos ámbitos en los que los políticos están tentados a incurrir en abuso.
No es la única recomendación institucional que hace el Consejo. Hay otras que tienen un calado más hondo y, además, afrontan el corazón mismo de nuestro Estado: la organización territorial. El Consejo muestra una preocupación por cómo afecta nuestra organización territorial al progreso económico y social de España en el contexto de la Unión. Repite, como crítica, la “dispersión normativa” o las “disparidades” territoriales en diversos ámbitos como los impuestos (la “dispersión normativa que tiene como consecuencia la adopción de un enfoque heterogéneo en relación con determinados impuestos a nivel autonómico”), sistemas de protección social (“aunque mejora la prestación de cuidados de larga duración, existen disparidades entre las distintas comunidades autónomas y aún no se han cubierto las necesidades actuales”), educación (“existen grandes disparidades entre las distintas comunidades autónomas en materia de abandono escolar y rendimiento de los estudiantes, en particular en lo que respecta a las competencias básicas”), investigación y desarrollo (“la coordinación entre los distintos niveles de la Administración no es óptima, y, como consecuencia de ello, las políticas nacionales y autonómicas no funcionan en completa sinergia”), creación de empresas y actividades empresariales, en particular, la de economía colaborativa, comercio, transporte y turismo, así como servicios profesionales. La respuesta (recomendación) tiene dos dimensiones: la primera, coordinación entre las Administraciones y la segunda, la eliminación de los obstáculos innecesarios. En este planteamiento, el Consejo alienta que se profundice la unidad de mercado mediante el desarrollo de la Ley de garantía de la unidad de mercado.
En definitiva, el Consejo, al igual que muchos, entendemos que el progreso económico y social de España precisa de instituciones de calidad. Esto significa, reglas adecuadas, necesarias y proporcionadas, con los vigilantes, igualmente, adecuados, pero, sobre todo, que no comprometan la unidad del mercado nacional. Los Estados pueden contar con la organización territorial que quieran, pero sería estúpido que el coste de esa organización fuera la dispersión, disparidad, descoordinación y obstáculos irrazonables. Eso no sería una “organización”, sino la des-organización. Después de más de 30 años de democracia, de des-centralización, es imprescindible iniciar otra fase. No se trata de re-centralizar; volver a la casilla de partida; sino superar la contradicción que ha impulsado el proceso de puesta en pie del Estado de las Autonomías. Es la de la colaboración. Entender lo que es escandalosamente evidente: colaborando, sin imposición, se alcanzan beneficios mayores para todos que dividiendo. La diversidad no quiere decir enfrentamiento, dispersión y caos. El precio a pagar por los españoles está siendo tan excesivo que no tiene justificación. Europa, una vez más, nos lo recuerda.
(Expansión, 30/05/2017)
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