El éxito de la moción de censura de Sánchez, una vez confirmado el voto del grupo parlamentario PNV, crea un escenario político inédito en la Historia de España.
Un Gobierno apoyado por 84 diputados es inédito. Cuando la mayoría absoluta está situada en 176 diputados, nos encontramos con un Gobierno minoritario; muy minoritario.
A su vez, respaldado por un conglomerado de grupos que sólo tienen en común su rechazo, incluso, visceral, al Gobierno del Partido Popular y, en particular, al Presidente Rajoy.
Podrá ser presidente del Gobierno; podrá constituir un Gobierno, pero será imposible que pueda gobernar.
Estamos hablando de un Gobierno de una debilidad extrema. Entregado, por razones lógicas y políticas, a aquellos partidos que son los enemigos de España e, incluso, de la convivencia pacífica.
La moción de censura tiene dos elementos, según el artículo 113 Constitución. Por un lado, la censura al Gobierno por su gestión; y, por otro, la investidura de un nuevo presidente.
La censura es el mecanismo para exigir responsabilidad política del Gobierno. Aquí la crítica al Gobierno del Partido popular tiene sus fundamentos. El artículo 113 CE habla de la “responsabilidad política”. Esta responsabilidad puede tener múltiples fundamentos. No sólo por la gestión del Gobierno, sino, también, por la pérdida de confianza que supone que está sostenido por un partido afectado por casos gravísimos de corrupción. Siendo así que el presidente de Gobierno es el presidente del partido, la conexión de la responsabilidad es inevitable.
El interrogante, sin embargo, que ha suscitado la moción debatida en el Congreso: ¿cuál es el programa político del Gobierno que pretende constituir y que el candidato pretende impulsar?
El silencio es clamoroso. Es más, sólo se ha articulado sobre la base del retrato, claramente exagerado, de la realidad social, política y económica de España.
A lo largo de su discurso, Sánchez habló de “crisis institucional y económica”, “emergencia institucional”, “excepcionales circunstancias”, … Que justifican una acción de gobierno que giran alrededor de, sorprendentemente, la palabra “estabilidad”. En cuatro ámbitos: la regeneración institucional, la estabilidad presupuestaria, afrontar las “urgencias” sociales y, por último, restaurar los “consensos”.
Sánchez se eleva a la condición de Superman de la frivolidad. Se ofrece a solucionar la situación excepcional haciendo uso de palabras mágicas como el consenso, el acuerdo, el diálogo. Y todo ello con 84 diputados.
“Elevar la calidad democrática” de España es el desiderátum final del supuesto programa que pretende implementar con el nuevo Gobierno. Y todo esto, con la mayor debilitad política de toda la historia democrática de España.
Un Gobierno títere en manos de grupos políticos, como los nacionalistas catalanes, o los amigos de ETA. Estas alianzas son tan graves que, incluso, el apoyo de los populistas parece un mal menor.
Será imposible gobernar. Es el temor que a todos nos acucia. Y un Gobierno que no puede gobernar, que no puede implementar el programa con el que supuestamente su presidente obtuvo la confianza, están condenado a desaparecer, más pronto que tarde.
Esta debilidad será aprovechada por todos aquellos que viven de la debilidad del Estado democrático de Derecho. Aquellos cuyo apoyo será imprescindible.
Hay dos peligros, el de la inacción, y otro aún mayor, el de la acción. Más peligroso que el Gobierno títere no haga nada, porque no podrá hacer nada, es que haga algo.
Si el Gobierno títere consigue gobernar será en virtud de un acuerdo entre todas las fuerzas que lo han elevado. El sesgo de estas fuerzas es evidente.
Si los ejes del supuesto programa son, entre otras, afrontar, las “urgencias sociales” y la crisis territorial, sabemos en qué se va a traducir. Más y más gasto, para alimentar una red clientelar que permita ganar las elecciones.
Y la crisis territorial, con los socios nacionalistas, va a significar, emprender, por el camino del acuerdo, el camino de la inconstitucionalidad. Ha reconocido que estaría dispuesto a recuperar las partes declaradas inconstitucionales del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Había una posibilidad para abortar este monstruo: que Rajoy dimitiese. El presidente Rajoy pudo hacer decaer la moción de censura si, antes de la votación, hubiese presentado su dimisión.
La moción decae porque es un mecanismo para exigir responsabilidad política al Gobierno (art. 113 CE). Una vez el Gobierno ha cesado, no se puede exigir responsabilidad, porque se ha extinguido con su cese. Y, además, el objetivo de la moción es, en última instancia, conseguir su cese.
En consecuencia, con la dimisión, la moción se queda sin objeto.
El artículo 101 CE detalla que “El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente.” Y especifica que “El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno”.
Por lo tanto, la dimisión del presidente es una causa de cese del Gobierno. Y ese Gobierno cesante continuará en funciones.
Se iniciaría, de esa manera, un nuevo proceso de investidura conforme al artículo 99 de la Constitución. Este proceso comenzaría, como es conocido, con las consultas del Rey a los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria.
El proceso de investidura podría permitir la elección de un candidato de consenso con un programa político dirigido a la convocatoria de las elecciones en el plazo razonable, una vez asegurada, por ejemplo, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
Ahora bien, “si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso” (art. 99.5 CE).
En definitiva, la única manera de salvar la presente situación y, sobre todo, el riesgo de la inacción o, aún peor, la acción del Gobierno títere de Sánchez, era la dimisión del Presidente para iniciar un nuevo proceso de investidura, que de no tener éxito, conduciría a la convocatoria automática de las elecciones.
No se trata, sólo, de que Rajoy dimita; se trata de que el Partido popular asuma el riesgo de unas nuevas elecciones como consecuencia de la imposibilidad de la investidura.
En la Historia de los pueblos hay momentos en los que los gobernantes son interrogados sobre qué son capaces de entregar por el bien de los ciudadanos; hasta dónde son capaces de sacrificarse por el progreso de la Nación.
J. F. Kennedy en el discurso inagural de 20 de enero de 1961 le decía a los norteamericanos que no debían interrogarse sobre qué es lo que la nación les podía aportar, sino, al contrario, qué es lo que ellos le podía entregar. Con mayor razón y determinación, se le debe interrogar a los dirigentes políticos de la nación.
Sánchez ha sido interpelado: la respuesta ha sido negativa. Rajoy también, y la respuesta ha sido la misma. Es terrible que después de 40 años de democracia no se hayan asumido, por nuestros representantes políticos, que ocupar un cargo político y administrativo tiene, junto a las obligaciones jurídicas correspondientes, una muy importante: la ejemplaridad. Ni Sánchez, ni Rajoy nos están mostrando la ejemplaridad que la nación exige en este momento. El primero, porque entrega el gobierno a los enemigos de España; y el segundo, porque no quiere asumir que su retirada es un mecanismo constitucional que ofrece, por la vía del proceso de investidura, una última oportunidad para gestionar la transición hacia unas nuevas elecciones, asumiendo, incluso, el riesgo de perderlas.
(Expansión, 01/06/2018) [Actualizado a la luz de los acontecimientos vividos con posterioridad a la publicación]
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Un Gobierno apoyado por 84 diputados es inédito. Cuando la mayoría absoluta está situada en 176 diputados, nos encontramos con un Gobierno minoritario; muy minoritario.
A su vez, respaldado por un conglomerado de grupos que sólo tienen en común su rechazo, incluso, visceral, al Gobierno del Partido Popular y, en particular, al Presidente Rajoy.
Podrá ser presidente del Gobierno; podrá constituir un Gobierno, pero será imposible que pueda gobernar.
Estamos hablando de un Gobierno de una debilidad extrema. Entregado, por razones lógicas y políticas, a aquellos partidos que son los enemigos de España e, incluso, de la convivencia pacífica.
La moción de censura tiene dos elementos, según el artículo 113 Constitución. Por un lado, la censura al Gobierno por su gestión; y, por otro, la investidura de un nuevo presidente.
La censura es el mecanismo para exigir responsabilidad política del Gobierno. Aquí la crítica al Gobierno del Partido popular tiene sus fundamentos. El artículo 113 CE habla de la “responsabilidad política”. Esta responsabilidad puede tener múltiples fundamentos. No sólo por la gestión del Gobierno, sino, también, por la pérdida de confianza que supone que está sostenido por un partido afectado por casos gravísimos de corrupción. Siendo así que el presidente de Gobierno es el presidente del partido, la conexión de la responsabilidad es inevitable.
El interrogante, sin embargo, que ha suscitado la moción debatida en el Congreso: ¿cuál es el programa político del Gobierno que pretende constituir y que el candidato pretende impulsar?
El silencio es clamoroso. Es más, sólo se ha articulado sobre la base del retrato, claramente exagerado, de la realidad social, política y económica de España.
A lo largo de su discurso, Sánchez habló de “crisis institucional y económica”, “emergencia institucional”, “excepcionales circunstancias”, … Que justifican una acción de gobierno que giran alrededor de, sorprendentemente, la palabra “estabilidad”. En cuatro ámbitos: la regeneración institucional, la estabilidad presupuestaria, afrontar las “urgencias” sociales y, por último, restaurar los “consensos”.
Sánchez se eleva a la condición de Superman de la frivolidad. Se ofrece a solucionar la situación excepcional haciendo uso de palabras mágicas como el consenso, el acuerdo, el diálogo. Y todo ello con 84 diputados.
“Elevar la calidad democrática” de España es el desiderátum final del supuesto programa que pretende implementar con el nuevo Gobierno. Y todo esto, con la mayor debilitad política de toda la historia democrática de España.
Un Gobierno títere en manos de grupos políticos, como los nacionalistas catalanes, o los amigos de ETA. Estas alianzas son tan graves que, incluso, el apoyo de los populistas parece un mal menor.
Será imposible gobernar. Es el temor que a todos nos acucia. Y un Gobierno que no puede gobernar, que no puede implementar el programa con el que supuestamente su presidente obtuvo la confianza, están condenado a desaparecer, más pronto que tarde.
Esta debilidad será aprovechada por todos aquellos que viven de la debilidad del Estado democrático de Derecho. Aquellos cuyo apoyo será imprescindible.
Hay dos peligros, el de la inacción, y otro aún mayor, el de la acción. Más peligroso que el Gobierno títere no haga nada, porque no podrá hacer nada, es que haga algo.
Si el Gobierno títere consigue gobernar será en virtud de un acuerdo entre todas las fuerzas que lo han elevado. El sesgo de estas fuerzas es evidente.
Si los ejes del supuesto programa son, entre otras, afrontar, las “urgencias sociales” y la crisis territorial, sabemos en qué se va a traducir. Más y más gasto, para alimentar una red clientelar que permita ganar las elecciones.
Y la crisis territorial, con los socios nacionalistas, va a significar, emprender, por el camino del acuerdo, el camino de la inconstitucionalidad. Ha reconocido que estaría dispuesto a recuperar las partes declaradas inconstitucionales del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Había una posibilidad para abortar este monstruo: que Rajoy dimitiese. El presidente Rajoy pudo hacer decaer la moción de censura si, antes de la votación, hubiese presentado su dimisión.
La moción decae porque es un mecanismo para exigir responsabilidad política al Gobierno (art. 113 CE). Una vez el Gobierno ha cesado, no se puede exigir responsabilidad, porque se ha extinguido con su cese. Y, además, el objetivo de la moción es, en última instancia, conseguir su cese.
En consecuencia, con la dimisión, la moción se queda sin objeto.
El artículo 101 CE detalla que “El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente.” Y especifica que “El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno”.
Por lo tanto, la dimisión del presidente es una causa de cese del Gobierno. Y ese Gobierno cesante continuará en funciones.
Se iniciaría, de esa manera, un nuevo proceso de investidura conforme al artículo 99 de la Constitución. Este proceso comenzaría, como es conocido, con las consultas del Rey a los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria.
El proceso de investidura podría permitir la elección de un candidato de consenso con un programa político dirigido a la convocatoria de las elecciones en el plazo razonable, una vez asegurada, por ejemplo, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
Ahora bien, “si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso” (art. 99.5 CE).
En definitiva, la única manera de salvar la presente situación y, sobre todo, el riesgo de la inacción o, aún peor, la acción del Gobierno títere de Sánchez, era la dimisión del Presidente para iniciar un nuevo proceso de investidura, que de no tener éxito, conduciría a la convocatoria automática de las elecciones.
No se trata, sólo, de que Rajoy dimita; se trata de que el Partido popular asuma el riesgo de unas nuevas elecciones como consecuencia de la imposibilidad de la investidura.
En la Historia de los pueblos hay momentos en los que los gobernantes son interrogados sobre qué son capaces de entregar por el bien de los ciudadanos; hasta dónde son capaces de sacrificarse por el progreso de la Nación.
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| J. F. Kennedy durante su discurso inagural 20 enero 1961 |
Sánchez ha sido interpelado: la respuesta ha sido negativa. Rajoy también, y la respuesta ha sido la misma. Es terrible que después de 40 años de democracia no se hayan asumido, por nuestros representantes políticos, que ocupar un cargo político y administrativo tiene, junto a las obligaciones jurídicas correspondientes, una muy importante: la ejemplaridad. Ni Sánchez, ni Rajoy nos están mostrando la ejemplaridad que la nación exige en este momento. El primero, porque entrega el gobierno a los enemigos de España; y el segundo, porque no quiere asumir que su retirada es un mecanismo constitucional que ofrece, por la vía del proceso de investidura, una última oportunidad para gestionar la transición hacia unas nuevas elecciones, asumiendo, incluso, el riesgo de perderlas.
(Expansión, 01/06/2018) [Actualizado a la luz de los acontecimientos vividos con posterioridad a la publicación]
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