En el Diccionario de la Lengua Española encontramos que gobernar es mandar, mientras que oponer vendría a ser la labor de la oposición. Gobernar y oponer son los dos ejes centrales de la acción política. Pero oponer no es antónimo de gobernar; es desobedecer. La oposición no desobedece, pero sí que se opone al Gobierno.
La política tiene, entre sus múltiples significados, el de la acción. Es la actuación del Gobierno, pero también, la de la oposición, que tienen en común, el poder.
Max Weber estableció la relación entre política y poder. “Política significará, … la aspiración a participar en el poder o a influir en la distribución del poder entre los distintos Estados, o, dentro de un mismo Estado, entre los distintos grupos de hombres que lo componen … Quien hace política aspira al poder; al poder como medio para la consecución de otros fines (idealistas o egoístas) o al poder “por el poder”, para gozar del sentimiento de prestigio que él confiere.”
La política como acción vendría a ser la actividad que tiene como objetivo el poder público, bien para alcanzarlo o bien para mantenerlo. La oposición tendría la primera finalidad, mientras que el gobierno, la segunda.
La política tiene, además, en un Estado democrático de Derecho, otra vertiente: la representativa. Son los ciudadanos los que administran el poder; los que asignan los triunfos y las derrotas; los que sitúan a unos en el Gobierno y a otros en la oposición.
Cuando la asignación no es fruto de la elección de los ciudadanos, sino de otros mecanismos constitucionales, legítimos, pero distintos, el paso de oponer a gobernar supone un “salto”; no es una transición o un proceso, entendido por todos y, aún menos, admitido. La perplejidad y la sorpresa hacen acto de presencia.
Los ciudadanos se encuentran, en la actualidad, ante una situación inédita. Es la primera vez que se desaloja, en virtud de una moción de censura, a un presidente del gobierno.
Una moción de censura “plus”. En nuestra Constitución, la moción de censura es constructiva. Suma la censura al Gobierno con la investidura de un nuevo presidente. En este caso, ha ganado, y por amplia mayoría (180 diputados), la primera. La segunda vertiente ha sido desconocida. Ni el candidato, hoy presidente, conocedor de esta circunstancia, se ha molestado es ofrecer un programa de Gobierno. Se ha movido en la vacuidad; en la frivolidad. Sólo las grandes y consabidas palabras del consenso, el acuerdo y demás.
Una vez investido, ahora toca gobernar. Se ha pasado de oponer a gobernar sin la bendición popular; en pocas horas, suscitando la incredulidad y la sorpresa.
El presidente del Gobierno, en su carta a los ministros, les conminaba a “hacer del consenso, la negociación y el pacto un mecanismo esencial de funcionamiento.” Y continuaba “nuestra voluntad de diálogo debe estar dirigida al conjunto de la Cámara sin exclusiones. Buscando el acuerdo con todos los grupos parlamentarios.”
El ámbito de la Educación es un buen ejemplo de cómo se entiende el acuerdo según se esté en la oposición o en el Gobierno.
Todos los ciudadanos y, formalmente, todos los partidos, admiten que es imprescindible un pacto nacional para comenzar a implementar las soluciones al fracaso escolar, el abandono, la desigualdad, el acoso, … que coloca a nuestro sistema educativo bien lejos de lo que nos correspondería por riqueza.
Después de más de 15 meses de trabajo en el seno de una subcomisión, en el Congreso de los diputados, el PSOE se levantó, hace pocas semanas, de la mesa, haciendo imposible alcanzar el acuerdo que ahora pretende impulsar. Al margen de las peregrinas razones alegadas (la garantía del aseguramiento de un porcentaje del PIB como financiación, sin conocerse cuáles eran las medidas a implementar y, además, cuando el Estado central maneja solo el 5% del gasto, y el 95% restante está en manos de las Comunidades), ahora el Gobierno del mismo partido se ha de enfrentar a dos retos: por un lado, ¿asegurará la financiación reclamada? y, por otro, ¿cómo vuelve a trenzar las complicidades para llegar a un acuerdo que ya rechazó?
Una de las dificultades con las que nos enfrentamos, a diferencia de otros países europeos, es, precisamente, el salto entre gobernar y oponer. No siendo antónimos, en la práctica, los partidos actúan como si lo fueran.
En la política española más difícil que gobernar con acuerdos, es oponer con acuerdos. Una reflexión que se debería hacer es el porqué es tan difícil alcanzarlos. El Gobierno, sea del PSOE o del PP, lo vive como una victoria, por lo que hace gala de ellos, mientras que la oposición, como una derrota, de ahí que tenga una tentación muy fuerte a su abandono, a imposibilitar que se alcancen.
Ni en Educación se ha podido romper con esa tendencia donde los problemas son perfectamente reconocidos; hay un consenso en el diagnóstico, pero, en cambio, no lo hay en las soluciones, cuando éstas, sobre la base de la experiencia comparada, deberían poder alcanzarse. Y no las hay porque no se quiere que las haya. El obstáculo es la política; el frentismo; la oposición como antónimo de gobernar. Un círculo vicioso que compromete nuestro progreso: los acuerdos que se rechazaron en la oposición, no se pueden alentar cuando se está en el Gobierno. Los problemas son los mismos, las soluciones, también. Nada debería cambiar según se esté a un lado u otro de la mesa. Cuando los problemas son tan relevantes, el consenso debería poder alcanzarse.
En una democracia espectáculo, el cómo los ciudadanos viven y sienten a los gobernantes se trenza sobre la base de expectativas, creencias, impresiones y emociones: lo racional sumado a lo emocional. El Gobierno de Sánchez puede convertirse, después de haber despertado una enorme expectativa, en una máquina de frustración y sin posibilidad de derivar hacia el “otro” la responsabilidad del fracaso cuando fue su propio partido el que hizo fracasar las iniciativas de los otros. El caso de la Educación es ilustrativo. Nunca un problema admitido por todos no ha podido alcanzar un pacto, precisamente, por la irresponsabilidad de los que ahora se invisten con la bandera del consenso. Y todo, en un lapso de muy pocos días.
(Expansión, 12/06/2018)
La política tiene, entre sus múltiples significados, el de la acción. Es la actuación del Gobierno, pero también, la de la oposición, que tienen en común, el poder.
Max Weber estableció la relación entre política y poder. “Política significará, … la aspiración a participar en el poder o a influir en la distribución del poder entre los distintos Estados, o, dentro de un mismo Estado, entre los distintos grupos de hombres que lo componen … Quien hace política aspira al poder; al poder como medio para la consecución de otros fines (idealistas o egoístas) o al poder “por el poder”, para gozar del sentimiento de prestigio que él confiere.”
La política como acción vendría a ser la actividad que tiene como objetivo el poder público, bien para alcanzarlo o bien para mantenerlo. La oposición tendría la primera finalidad, mientras que el gobierno, la segunda.
La política tiene, además, en un Estado democrático de Derecho, otra vertiente: la representativa. Son los ciudadanos los que administran el poder; los que asignan los triunfos y las derrotas; los que sitúan a unos en el Gobierno y a otros en la oposición.
Cuando la asignación no es fruto de la elección de los ciudadanos, sino de otros mecanismos constitucionales, legítimos, pero distintos, el paso de oponer a gobernar supone un “salto”; no es una transición o un proceso, entendido por todos y, aún menos, admitido. La perplejidad y la sorpresa hacen acto de presencia.
Los ciudadanos se encuentran, en la actualidad, ante una situación inédita. Es la primera vez que se desaloja, en virtud de una moción de censura, a un presidente del gobierno.
Una moción de censura “plus”. En nuestra Constitución, la moción de censura es constructiva. Suma la censura al Gobierno con la investidura de un nuevo presidente. En este caso, ha ganado, y por amplia mayoría (180 diputados), la primera. La segunda vertiente ha sido desconocida. Ni el candidato, hoy presidente, conocedor de esta circunstancia, se ha molestado es ofrecer un programa de Gobierno. Se ha movido en la vacuidad; en la frivolidad. Sólo las grandes y consabidas palabras del consenso, el acuerdo y demás.
Una vez investido, ahora toca gobernar. Se ha pasado de oponer a gobernar sin la bendición popular; en pocas horas, suscitando la incredulidad y la sorpresa.
El presidente del Gobierno, en su carta a los ministros, les conminaba a “hacer del consenso, la negociación y el pacto un mecanismo esencial de funcionamiento.” Y continuaba “nuestra voluntad de diálogo debe estar dirigida al conjunto de la Cámara sin exclusiones. Buscando el acuerdo con todos los grupos parlamentarios.”
El ámbito de la Educación es un buen ejemplo de cómo se entiende el acuerdo según se esté en la oposición o en el Gobierno.
Todos los ciudadanos y, formalmente, todos los partidos, admiten que es imprescindible un pacto nacional para comenzar a implementar las soluciones al fracaso escolar, el abandono, la desigualdad, el acoso, … que coloca a nuestro sistema educativo bien lejos de lo que nos correspondería por riqueza.
Después de más de 15 meses de trabajo en el seno de una subcomisión, en el Congreso de los diputados, el PSOE se levantó, hace pocas semanas, de la mesa, haciendo imposible alcanzar el acuerdo que ahora pretende impulsar. Al margen de las peregrinas razones alegadas (la garantía del aseguramiento de un porcentaje del PIB como financiación, sin conocerse cuáles eran las medidas a implementar y, además, cuando el Estado central maneja solo el 5% del gasto, y el 95% restante está en manos de las Comunidades), ahora el Gobierno del mismo partido se ha de enfrentar a dos retos: por un lado, ¿asegurará la financiación reclamada? y, por otro, ¿cómo vuelve a trenzar las complicidades para llegar a un acuerdo que ya rechazó?
Una de las dificultades con las que nos enfrentamos, a diferencia de otros países europeos, es, precisamente, el salto entre gobernar y oponer. No siendo antónimos, en la práctica, los partidos actúan como si lo fueran.
En la política española más difícil que gobernar con acuerdos, es oponer con acuerdos. Una reflexión que se debería hacer es el porqué es tan difícil alcanzarlos. El Gobierno, sea del PSOE o del PP, lo vive como una victoria, por lo que hace gala de ellos, mientras que la oposición, como una derrota, de ahí que tenga una tentación muy fuerte a su abandono, a imposibilitar que se alcancen.
Ni en Educación se ha podido romper con esa tendencia donde los problemas son perfectamente reconocidos; hay un consenso en el diagnóstico, pero, en cambio, no lo hay en las soluciones, cuando éstas, sobre la base de la experiencia comparada, deberían poder alcanzarse. Y no las hay porque no se quiere que las haya. El obstáculo es la política; el frentismo; la oposición como antónimo de gobernar. Un círculo vicioso que compromete nuestro progreso: los acuerdos que se rechazaron en la oposición, no se pueden alentar cuando se está en el Gobierno. Los problemas son los mismos, las soluciones, también. Nada debería cambiar según se esté a un lado u otro de la mesa. Cuando los problemas son tan relevantes, el consenso debería poder alcanzarse.
En una democracia espectáculo, el cómo los ciudadanos viven y sienten a los gobernantes se trenza sobre la base de expectativas, creencias, impresiones y emociones: lo racional sumado a lo emocional. El Gobierno de Sánchez puede convertirse, después de haber despertado una enorme expectativa, en una máquina de frustración y sin posibilidad de derivar hacia el “otro” la responsabilidad del fracaso cuando fue su propio partido el que hizo fracasar las iniciativas de los otros. El caso de la Educación es ilustrativo. Nunca un problema admitido por todos no ha podido alcanzar un pacto, precisamente, por la irresponsabilidad de los que ahora se invisten con la bandera del consenso. Y todo, en un lapso de muy pocos días.
(Expansión, 12/06/2018)
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