“¿Quién ha dicho que el poder no es discrecional?”. El ex consejero andaluz de Empleo, Antonio Fernández, en libertad provisional por la trama de los ERE, se sirvió de esta pregunta retórica para defender el pasado viernes, ante la comisión de investigación del Parlamento de Andalucía, el reparto de fondos públicos durante más de una década del que había sido responsable. Estas preguntas no esperan respuesta; se contestan a sí mismas. Quienes las formulan consideran que la contestación es tan evidente que reta al oyente a ponerla en cuestión. En este caso, sería un reto intelectual si no ocultasen las gravísimas acusaciones que se le imputan en el Auto de la Magistrada Mercedes Alaya del pasado 24 de abril. El Auto de 77 páginas debería ser de lectura obligada, al menos, en las Facultades de Derecho.
¿Cómo se pueden burlar de manera tan escandalosa y grosera todas las garantías y controles impuestos por la legislación administrativa? Los hechos descritos suscitan en el lector una sensación de repugnancia; de aversión física e intelectual. No logro entender cómo es posible que unas personas, cargos públicos, sedicentemente de izquierdas (los famosos “cien años de honradez”), prescindan de cualquier exigencia moral para llevar a cabo una operación tan escandalosamente ilegal que ha supuesto el que más de 1.000 millones de euros hayan podido ser administrados como si estuviéramos ante un caso de prodigalidad, pero con dinero ajeno.
En el Auto se detalla que durante el mandato de Fernández se concedieron 837 ayudas sociolaborales y 294 ayudas directas a empresas, por un importe total de casi 500 millones. Y así se hizo prescindiendo total y absolutamente del Derecho para “regala[r] [las ayudas] fraudulentamente a un extensísimo grupo de personas físicas y jurídicas, cuyos privilegios [para disfrutar de las mismas] procedían de ser personas o entidades próximas a los cargos de la Junta de Andalucía y del PSOE andaluz, bien por razones de amistad, parentesco, afiliación política u de otro tipo de interés”. Se “regalaba” el dinero público entre amigos y afines políticos.
Estas acusaciones llegan en el momento de la reivindicación nacionalista en Cataluña del denominado pacto fiscal. El imaginario colectivo que la alienta son hechos como los descritos en el Auto. Es una imagen potente, como la del dinero regado en la comarca de la Sierra Norte de Sevilla, la cual recibió en diez años 51 millones de euros de los 80 disponibles para toda Andalucía, por el simple y sencillo argumento de que era el pueblo en el que residía el Director General; o la de los millones de euros concedidos a empresas de los amigos sin apoyo legal alguno, sin convocatoria pública e, incluso, sin solicitud. El discurso nacionalista no puede encontrar mejor fundamento que en los hechos denunciados; la prueba que buscaba de que “nuestro dinero”, el que “nos expolian”, sirve para enriquecer a los amigos en Andalucía, mientras los catalanes se empobrecen.
Lamentablemente, para algún sector de los ciudadanos, estos hechos son los actos de una especie de Robin Hood. Penosamente, entre nosotros, el dinero público no es el dinero de Paco, Elena, Gabriel, Beatriz, … es el dinero del público, del pueblo, de la nación, ese sujeto abstracto al que se le puede robar, esquilmar, … sin cargo de conciencia, sin riesgo moral alguno. Tal vez, esto podría explicar el que haya una doble vara de medir los casos de corrupción en cuanto se trata de las izquierdas o de las derechas. Aquéllas, en el fondo, están llevando a cabo una obra de redistribución social de la riqueza, por unas vías, formalmente, equivocadas. Es elocuente, el empeño de los acusados en demostrar que todo lo hicieron por la “paz social”. En cambio, en el Auto se detalla que se creó una trama para dilapidar el dinero de los ciudadanos al margen de la Ley y del Derecho. Cómo pudo actuar durante tanto tiempo a pesar de su grosera ilegalidad es la gran cuestión que queda pendiente.
En fin, Sr. Fernández, contestando a su pregunta, afirmo y digo que el poder no es discrecional. En un Estado de Derecho, el único poder es el legal y siendo legal puede ser discrecional. La única discrecionalidad admisible es la habilitada y ejercida en el seno de la Ley, no al margen de la misma; precisamente, por esta razón, la Magistrada Alaya está llevando a cabo admirablemente la labor de perseguir unos delitos tan graves como los que enumera en el Auto que comento. Cuando la discrecionalidad escapa de la Ley, no es discrecionalidad, es corrupción.
¿Cómo se pueden burlar de manera tan escandalosa y grosera todas las garantías y controles impuestos por la legislación administrativa? Los hechos descritos suscitan en el lector una sensación de repugnancia; de aversión física e intelectual. No logro entender cómo es posible que unas personas, cargos públicos, sedicentemente de izquierdas (los famosos “cien años de honradez”), prescindan de cualquier exigencia moral para llevar a cabo una operación tan escandalosamente ilegal que ha supuesto el que más de 1.000 millones de euros hayan podido ser administrados como si estuviéramos ante un caso de prodigalidad, pero con dinero ajeno.
En el Auto se detalla que durante el mandato de Fernández se concedieron 837 ayudas sociolaborales y 294 ayudas directas a empresas, por un importe total de casi 500 millones. Y así se hizo prescindiendo total y absolutamente del Derecho para “regala[r] [las ayudas] fraudulentamente a un extensísimo grupo de personas físicas y jurídicas, cuyos privilegios [para disfrutar de las mismas] procedían de ser personas o entidades próximas a los cargos de la Junta de Andalucía y del PSOE andaluz, bien por razones de amistad, parentesco, afiliación política u de otro tipo de interés”. Se “regalaba” el dinero público entre amigos y afines políticos.
Estas acusaciones llegan en el momento de la reivindicación nacionalista en Cataluña del denominado pacto fiscal. El imaginario colectivo que la alienta son hechos como los descritos en el Auto. Es una imagen potente, como la del dinero regado en la comarca de la Sierra Norte de Sevilla, la cual recibió en diez años 51 millones de euros de los 80 disponibles para toda Andalucía, por el simple y sencillo argumento de que era el pueblo en el que residía el Director General; o la de los millones de euros concedidos a empresas de los amigos sin apoyo legal alguno, sin convocatoria pública e, incluso, sin solicitud. El discurso nacionalista no puede encontrar mejor fundamento que en los hechos denunciados; la prueba que buscaba de que “nuestro dinero”, el que “nos expolian”, sirve para enriquecer a los amigos en Andalucía, mientras los catalanes se empobrecen.
Lamentablemente, para algún sector de los ciudadanos, estos hechos son los actos de una especie de Robin Hood. Penosamente, entre nosotros, el dinero público no es el dinero de Paco, Elena, Gabriel, Beatriz, … es el dinero del público, del pueblo, de la nación, ese sujeto abstracto al que se le puede robar, esquilmar, … sin cargo de conciencia, sin riesgo moral alguno. Tal vez, esto podría explicar el que haya una doble vara de medir los casos de corrupción en cuanto se trata de las izquierdas o de las derechas. Aquéllas, en el fondo, están llevando a cabo una obra de redistribución social de la riqueza, por unas vías, formalmente, equivocadas. Es elocuente, el empeño de los acusados en demostrar que todo lo hicieron por la “paz social”. En cambio, en el Auto se detalla que se creó una trama para dilapidar el dinero de los ciudadanos al margen de la Ley y del Derecho. Cómo pudo actuar durante tanto tiempo a pesar de su grosera ilegalidad es la gran cuestión que queda pendiente.
En fin, Sr. Fernández, contestando a su pregunta, afirmo y digo que el poder no es discrecional. En un Estado de Derecho, el único poder es el legal y siendo legal puede ser discrecional. La única discrecionalidad admisible es la habilitada y ejercida en el seno de la Ley, no al margen de la misma; precisamente, por esta razón, la Magistrada Alaya está llevando a cabo admirablemente la labor de perseguir unos delitos tan graves como los que enumera en el Auto que comento. Cuando la discrecionalidad escapa de la Ley, no es discrecionalidad, es corrupción.
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