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Mostrando entradas de noviembre, 2014

Suspensión, masificación e independencia judicial

La causa judicial sobre las prospecciones de petróleo entra en una semana decisiva. Según parece, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, comenzará a deliberar y, decidirá, sobre la medida cautelar de suspensión, solicitada por el Gobierno de Canarias, con su recurso contra la Resolución, de 11 de agosto de 2014, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se autoriza a Repsol la ejecución de sondeos exploratorios en los permisos de investigación de hidrocarburos “Canarias 1” a “Canarias 9”. El Gobierno de Canarias ha recurrido la autorización de las prospecciones. En primer lugar, presentó un requerimiento, trámite enteramente potestativo, ante la Administración autora de la resolución, para que procediese a su anulación. Una vez el requerimiento fue rechazado, el Gobierno procedió a interponer recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. La competencia le viene

Menos medidas y más medios

El debate celebrado el pasado día 27, en el Congreso de los Diputados, con ocasión de las enmiendas a la totalidad de los dos proyectos presentados por el Gobierno, los de la Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica-Financiera de los Partidos y de la Ley Reguladora del ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado, fue aprovechado para debatir sobre la corrupción y sus propuestas de solución. El debate mostró, una vez más, que la política y, en particular, la parlamentaria, se ha convertido en un gran teatro en el que el engaño es su principal característica. Engañar no al otro, que también se escenifica, sino a los ciudadanos. Todos se presentan como los adalides de la corrupción, para lo que se silencia cualquier asunto que pueda mancillar la impoluta imagen del acusador. Se llega hasta el descaro de enumerar las Comunidades Autónomas afectadas por casos de corrupción, y omitir la gobernada por el partido del acusador, en el que se investiga una trama qu

Políticamente correcto, jurídicamente incorrecto

La inauguración de la estatua del almirante Blas de Lezo, en Madrid, ha vuelto a evidenciar que la distancia que separa la capital de España, de Barcelona, no es geográfica. Es política. Mientras que en una, se enaltecía la figura del marino, en la otra, se denigraba y se pedía su retirada, porque capitaneó uno de los barcos, el Campanella, que participó en el sitio de Barcelona, en 1714. La Historia es víctima de la manipulación. Se mira hacia atrás, se extraen los hechos que interesan y se sacan unas conclusiones válidas para el hoy. Más que historiar, lo que se hace es actualizar. La memoria es olvidadiza y maleable. Se recuerda sólo lo que se quiere recordar. Lo políticamente correcto. A nadie se le ha ocurrido pedir la retirada de El Segadors, el himno nacional de Cataluña, por su letra amenazante: “¡Buen golpe de hoz! Buen golpe de hoz, ¡defensores de la tierra! ¡Buen golpe de hoz! ¡afilemos bien las herramientas! Que tiemble el enemigo …” Basada en la denominada sublevación de l

Reacción tardía, arriesgada

El 9N sigue coleando. Y seguirá por mucho tiempo. Dos lecciones hemos extraído. Primera, que el independentismo ya ha fijado su límite: 1,9 millones de catalanes. Según los cálculos de los organizadores. Que no son de fiar. Reconociendo esa cifra, con la salvedad indicada, estamos hablando de poco más del 29 por 100 de todos los que podían participar. Una cifra que se ajusta a lo conocido e, incluso, esperado. Si, después de una campaña organizada durante años, en la que se han movilizado tantos medios y un gasto casi infinito, los nacionalistas “sólo” han conseguido movilizar a esa cifra, creo que tenemos motivos para la reflexión. Por un lado, la sociedad catalana, por increíble que parezca, hay que repetirlo para que fuera de Cataluña quede claro, es más plural, muchísimo más plural de lo que los nacionalistas transmiten y los demás han asumido. Aquí está la fuente principal de su derrota. Sólo una parte está movilizada, tiene un objetivo claro y controla el aparato de poder, con l

La prostitución de la palabra

"¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?" Este era el título de una famosa película española de los años 80 (dirigida por Manuel Gómez Pereira). Esa falta de claridad y de honestidad es uno de los rasgos del presente debate político que se vive en España. Las palabras están prostituidas para buscar la confusión y el engaño. Nadie habla con claridad. No sólo me refiero a que la palabra no se corresponde con los hechos (decir que se lucha contra la corrupción y proclamar, a continuación, el apoyo a un político cuyo comportamiento no ha sido, siendo benevolente, nada ejemplar), sino a la corrección del lenguaje. Los políticos no suelen hacer un uso correcto de las palabras. Es una estrategia política. Los juristas también utilizamos términos genéricos para cubrirnos ante la eventualidad de que la "otra tesis" sea la que, definitivamente, tenga su respaldo ante los Tribunales. Como el Derecho es una técnica social específica y la reflexión sobre el Derecho es

Mientras el Estado sestea, la independencia

La claridad en democracia es una virtud. Ahora que hemos elevado a los altares de los mitos políticos la transparencia, la nueva metonimia de la democracia, podemos conocer con rigor y exactitud qué es lo que propone y cómo lo defiende cada uno. El pasado día 9 de noviembre ha sido un acto de transparencia, de claridad, que las democracias necesitan. Según los organizadores, participaron más de 2 millones de personas y 1,8 millones se manifestaron a favor de la independencia. Esto supone menos del 29 por 100 del total de los que tenían derecho a participar. Unas cifras que, si las asumimos como válidas, coinciden con el número de votos que las fuerzas independentistas obtuvieron en las pasadas elecciones autonómicas. No hay ningún vuelco significativo. No se ha multiplicado el número de partidarios de la ruptura con España. Lo relevante ha sido la escenificación del camino elegido por los nacionalistas para hacer realidad sus objetivos, el de la ilegalidad. Nunca en la Historia de la d

Aristóteles, la política y el Derecho.

Nuestra vida política es muy aristotélica: las palabras. La fuerza de las palabras. Como si la palabra fuese la “cosa”. Una realidad ontológica. Si a esto se le suma la mentalidad de profesor de Derecho tan propia de nuestros políticos, el resultado es explosivo. La explosividad que combina la fuerza de la representación con la simplicidad de la inutilidad. Ni las palabras hacen cosas, ni la incorporación de las mismas a las Leyes hacen que una nueva realidad aflore solucionando todos nuestros males. Ojalá los políticos-juristas fuesen ingenieros sociales que a golpe de leyes se pudiese cambiar la realidad. Falso de toda falsedad. Maquina infernal de frustraciones.  La combinación de aristotelismo y mentalidad de profesor de Derecho hace engordar las leyes. Como son la solución, la única solución para todo, se produce el fenómeno de la inflación normativa. Más y más leyes. La cantidad. El número. Que nada escape. Frente a la lógica del "más", se ha de imponer la lógica del

Debilidad democrática, disgregación antidemocrática

Hace 39 años, un 6 de noviembre de 1975, se iniciaba la denominada “Marcha verde”. Unos 350.000 marroquíes, con la asistencia del ejercito de Marruecos, y bajo la dirección del entonces Rey, Hasan II, forzaron al Estado español a la entrega del que había sido la colonia del Sahara español, a costa de sacrificar el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, reconocido por la Resolución 3458 B del 10 de diciembre de 1975 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Por qué fue posible? La respuesta es unánime. La debilidad del Estado español. El fin del régimen. La enfermedad del dictador. La ilegitimidad del Estado. No tenía capacidad jurídica, ni política, para imponer la legalidad, ni la del Derecho internacional. El empuje de unas cientos de miles de personas consiguieron demostrar, ante el mundo, que el Estado español era una mera fachada, un tigre de papel que, con un soplo, caía. El Estado necesita de la sangre y del corazón ciudadano; de la democracia. El Estado

Diez tesis sobre la corrupción

Leyendo lo publicado estos días sobre la corrupción en España la imagen que me viene a la cabeza es la de un torrente o, incluso, un gran río. Las propuestas para su erradicación están en consonancia. Más y más trámites y más y más controles. Sería como establecer nuevas barreras, pero ¿desaparecería el agua? A mi juicio, sobre la corrupción hay una enorme confusión. Creo que es imprescindible establecer algunas ideas básicas. En primer lugar, no toda irregularidad o ilegalidad es corrupción. La ola de indignación ha conseguido confundir los términos. La corrupción es, en sentido estricto, lo que dispone el artículo 419 Código penal, recogiendo la legislación internacional en la materia (Convenio Civil sobre la Corrupción, número 174 del Consejo de Europa, hecho en Estrasburgo el 4/11/1999). O sea, “la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o acepta

Corrupción y contratación pública

Las últimas noticias nos hablan de una empresa francesa que paga comisiones a políticos a cambio de la adjudicación de contratos. Un nuevo episodio de la corrupción que nos ahoga. La investigación del Juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, a instancia de la Fiscalía, tras las pesquisas de la Guardia Civil, ha conducido a la detención y posterior ingreso en prisión de alcaldes, funcionarios, antiguos políticos, así como directivos de la empresa implicada. Se podría afirmar que el sistema penal funciona. Sería una afirmación sólo parcialmente correcta. Lamentablemente, el funcionamiento de la Justicia es tan extraordinariamente lento que las medidas cautelares en el seno de una investigación judicial en marcha parecen, ante los ojos de la opinión pública, como el único castigo posible: la pena de los telediarios. Bajo el foco mediático, se produce la detención durante unas horas, y la posterior puesta en libertad previa consignación de una fianza. Luego habrá que esperar años hasta