EcoRegulación

 La Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, incluye, entre otras "novedades", las "reglas de carácter orientativo". Así se recoge en el artículo 17 de la Ley en los siguientes términos:  Artículo 17. Vivienda asequible incentivada. 1. Con objeto de incrementar la oferta de vivienda a precios adecuados a la situación económica de los hogares en cada entorno territorial, los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán impulsar la existencia de viviendas asequibles incentivadas, que estarán sujetas, con carácter orientativo y sin perjuicio de lo que establezcan al respecto las administraciones competentes, a las siguientes reglas: a) Sometimiento de la vivienda a limitaciones específicas de destino durante un tiempo determinado y a unos límites máximos de precios de alquiler, que serán proporcionales y ajustados a los beneficios públicos que obtenga, sean urbanísticos, fiscales, o de cualquier otro carácter, determinadas p...

En la Sentencia del Tribunal Constitucional 14/2018, de 20 de febrero (BOE núm. 72, de 23 de marzo de 2018) (Asunto: recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Cataluña contra el artículo único de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, por el que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación) se formula un cuerpo de doctrina muy importante sobre la competencia del Estado relativa a la Alta Inspección Educativa que puede sistematizarse en los siguientes términos, que reproducen y siguen el orden expositivo de la indicada Sentencia: En primer lugar, los ámbitos en los que opera la alta inspección y, en particular, en el de la educación: "como sucede en otros ámbitos materiales (por ejemplo, sanidad, legislación laboral y Seguridad Social), el poder de vigilancia del Estado en el ámbito de la educación se manifiesta a través de la figura singular de la “alta inspección”, creada a través de lo...

El Título VI de la Ley 39/2015, de procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas , está consagrado a la iniciativa legislativa y a la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones. El artículo 127, el primero del título, identifica quién tiene la iniciativa tanto la legislativa como la de la aprobación de normas con rango de ley (decretos-leyes y decretos legislativos). El artículo 128 se dedica a la potestad reglamentaria (quién la ejerce y su régimen jurídico). Son los artículos 129 y siguientes los que ocupan nuestro interés. Están dedicados a lo que se ha denominado como la buena regulación. El artículo 129 enumera los “principios de buena regulación”. Los artículos 130, 131, 132 y 133 regulan distintas técnicas al servicio de aquellos principios: la evaluación normativa y adaptación de la legislación vigente a los principios (art. 130); la publicidad de las normas (art. 131); la planificación normativa (art. 132); y la participación de los ciud...

El artículo 64 del Estatut de Cataluña dispone que “En caso de una necesidad extraordinaria y urgente, el Gobierno puede dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de Decreto-ley. No pueden ser objeto de Decreto-ley la reforma del Estatuto, las materias objeto de leyes de desarrollo básico, la regulación esencial y el desarrollo directo de los derechos reconocidos por el Estatuto y por la Carta de los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña y el presupuesto de la Generalitat”.  El Govern ha aprobado, acogiéndose a la habilitación contenida en el citado artículo 64 del Estatut, el Decreto Ley 3/2016, de medidas urgentes en materia de contratación pública . El análisis jurídico formal del Decreto Ley se debe llevar a cabo teniendo en cuanta los dos criterios que han de determinar la constitucionalidad del ejercicio de la potestad legislativa en manos del Gobierno: (1) la extraordinaria y urgente necesidad y (2) la congruencia entre las medidas adoptadas...

Como es sabido, la Ley 17/2009, de 23 de diciembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. En consecuencia, su objeto es, según se dispone en el artículo 1, “establecer las disposiciones generales necesarias para facilitar la libertad de establecimiento de los prestadores y la libre prestación de servicios, simplificando los procedimientos y fomentando, al mismo tiempo, un nivel elevado de calidad en los servicios, así como evitar la introducción de restricciones al funcionamiento de los mercados de servicios que, de acuerdo con lo establecido en esta Ley, no resulten justificadas o proporcionadas .” El artículo 5 de la Ley establece los requisitos que han de cumplirse para que una Ley pueda introducir un régimen de autorización y, en general, cualquier restricción. Es impo...