EcoRegulación

N. Bobbio (1909-2004) definía el Estado de Derecho, en su “sentido profundo”, como el Estado en el que no sólo hay subordinación de los poderes de cualquier grado a las leyes generales del país, sino también subordinación de las leyes al límite material del reconocimiento de algunos derechos fundamentales considerados constitucionalmente, y, por tanto, inviolables. N. Bobbio. Di Senato della Repubblica Italiana El Estado de Derecho es “antipático” al poder; sólo entiende de límites, de restricciones. La libertad de los modernos, según la famosa caracterización de B. Constant (1767-1830). El poder, iluminado por la legitimidad del pueblo, y justificado por objetivos bendecidos por éste, no entiende, ni nunca entenderá, de tales límites. La violencia de género es uno de estos objetivos. Elevado al Olimpo de lo políticamente correcto, no admite restricciones; todos han de quedar rendidos ante la relevancia del objetivo. No se puede dudar de que eliminar la violencia de géne

El poder público tiene una fuente, la soberanía nacional (artículo 1.2 Constitución), se ejerce conforme a la Ley (art. 9 CE), y sirve a un objetivo: el interés general (art. 103 CE). Así debería ser. Sin embargo, el poder puede ser ilegal, arbitrario y abusivo; en pocas ocasiones estas tres características se suman, fruto de una concepción (política) que admite su servicio a los intereses particulares del gobernante y a los de su partido. La utilización por el Presidente Sánchez del avión oficial para asistir a un concierto del Festival de Benicàssim es la muestra más descarnada, pero no la más relevante. Siguiendo la tradición del bipartidismo, el Gobierno está procediendo al nombramiento de altos cargos entre los acólitos sin atender a un criterio mínimo de razonabilidad: reunir los méritos y la experiencia adecuados a las tareas a desempeñar. Desde la toma de posesión de Sánchez, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el nombramiento de más de 275 altos cargos. A éstos ha