EcoRegulación

España ocupa el puesto 36º en felicidad y el 37º en corrupción. Es nuestra clasificación en el mundo. Así resulta del World Happiness Report 2015 y del Corruption Perceptions Index 2014 de Transparency International . Es curiosa tal coincidencia. Inicialmente, extraña. Que España sea, en el ranking mundial, tan infeliz como corrupta, plantea el problema de la posible existencia de una pasarela. ¿Es la corrupción una de las fuentes de la infelicidad? Es una pregunta tentadora. ¿Es, acaso, un rasgo de nuestro régimen político administrativo que se ha ido consolidando con el paso de los tiempos hasta convertirse en fuente de infelicidad? Como si la proyección de uno de los atributos de nuestro régimen pudiese marcar la personalidad de los españoles, a través de la condición ciudadana. La corrupción de la política y de los políticos se convierte en infelicidad personal, mediante el filtro de la ciudadanía. Español y ciudadano coincidirían a la perfección; lo que sufre éste, lo interio

“Las instituciones funcionan”, afirmó la Vicepresidenta del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado el pasado viernes. Fue su respuesta a la pregunta sobre la valoración que le merecía el denominado caso Rato. ¿Por qué nadie la cree? ¿Por qué nadie cree que las instituciones hayan actuado con independencia e imparcialidad en la persecución de unos hechos ilegales e, incluso, delictivos? El caso Rato puede ser analizado desde distintas perspectivas. En la estrictamente personal, es la implicación de una persona en unos hechos irregulares, con la peculiaridad de que concurren, en dicha persona, unas cualidades políticas extraordinarias. Desde dirigente del PP, vicepresidente del Gobierno, ministro de Economía, artífice del ingreso de España en la unión monetaria,… e, incluso, internacionales: antiguo Director-Gerente del FMI. A éstas se le suman otros adornos, como su poder para influir en el nombramiento de los hoy altos directivos de las antiguas empr

En los últimos días, el partido político Ciudadanos, con su economista estrella a la cabeza, L. Garicano, ha suscitado un interesante debate. Interesante y necesario. Muy necesario. La rentabilidad de las infraestructuras. En particular, la del AVE. Y no sólo la del AVE. Pienso en las Universidades públicas. En los dos ámbitos, estoy muy directamente implicado. Me beneficio tanto del servicio como del empleo. No soy objetivo, ni lo pretendo. El debate ha ido creciendo en intensidad. Se mezclan razones económicas con otras de otro tipo. Me parece importante que en España nos acostumbremos a debatir sobre cómo y en qué gastar el dinero público. Este debate sólo tiene sentido sobre la base de dos obviedades que es imprescindible recordar: ese dinero procede de nuestros impuestos y no es una cantidad infinita. Estas dos ideas básicas, obvias, conducen a otras dos igualmente esenciales: que son los ciudadanos los que decidimos en qué gastar “nuestro” dinero y que decidir supone elegir, o se

Nunca he sabido por qué eran malos tiempos para la lírica. Cuando el grupo musical Golpes bajos, allá por los años 80, así lo cantaba. Mi desconcierto se incrementaba cuando añadía “seguro que algún día cansado y aburrido encontrarás a alguien de buen parecer, trabajo de banquero bien retribuido y tu madre con anteojos volverá a tejer”. No parece que sea una situación “inspiradora” para la poesía. Estas dudas metafísicas no las comparte la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), como heredera de la desaparecida Comisión Nacional de la Competencia. En los últimos meses, el Tribunal Supremo (TS) le viene zumbando hasta resolver cualquier duda que el defensor de la competencia pudiese albergar. El TS ha producido dos importantes doctrinas que revisan lo que la Comisión Nacional de la Competencia ha venido aplicando, en relación, por un lado, al cálculo de las sanciones y, por otro, a las investigaciones con entrada domiciliaria. Las consecuencias se están dejando sen

“El rigor de la Ley de Estabilidad Presupuestaria es letra muerta”. Así lo afirmaba John Müller, en su columna del pasado sábado, en El Mundo. Una afirmación, basada en un hecho incontrovertible: en el año 2014 han incumplido el objetivo de déficit 14 Comunidades Autónomas. Sólo Canarias, País Vasco y Navarra lo han cumplido. Para garantizar la estabilidad presupuestaria, se había reformado la Constitución (artículo 135), aprobado la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria (Ley Orgánica 2/2012) que lo desarrollaba, e, incluso, creado una autoridad independiente, la de Responsabilidad Fiscal (Ley Orgánica 6/2013). Y, todo ha fracasado. El Gobierno de España nos informaba que el déficit del conjunto de las Administraciones correspondiente al año 2014 equivalía al 5,72% del PIB, con lo que se daba cumplimiento a la Recomendación del Consejo de la Unión Europea que lo había fijado en el 5,8%. El problema lo suscitan las Comunidades autónomas. Éstas, pasaron de 1,52% del PIB en el año 20