EcoRegulación

La Administración ha de servir, dispone la Constitución, al interés general de manera eficaz (art. 103). A su vez, las leyes administrativas enumeran, para alcanzar aquel objetivo, los principios de servicio efectivo a los ciudadanos, racionalización y agilidad, eficacia, economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos (art. 3 Ley 40/2015). Es razonable pensar que estos principios sólo se alcanzarán con gestores competentes. Sin embargo, pocos se escandalizan, cuando el partido de turno llega al Gobierno, de que comience a repartir los cargos como si de un cortijo se tratase, en manos de un propietario pródigo. Los últimos nombramientos del Gobierno Sánchez reproducen la dinámica del anterior. En la reunión del pasado día 19, el Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) nombró, entre otros, a los presidentes de Correos, Navantia, E

La Unión Europea se fundamenta en los valores de “respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos” (art. 2 Tratado de la Unión). La Unión protegerá y promoverá esos “objetos” valiosos; son la base y son la aspiración; un círculo virtuoso que la alimenta, le da vida, a la par que la configura como un “espacio de libertad, seguridad y justicia” y todo ello, lo que es particularmente relevante, “sin fronteras interiores” (art. 3 Tratado). La cuestión central pasa a ser el cómo; el cómo se protegen y se promueven los valores. La cláusula de Estado de Derecho hace su aparición. La Unión es una “Comunidad de Derecho”, como la definiera el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sentencia de 23 de abril de 1986, asunto Les Verts). Tanto la organización internacional como los Estados miembros responden a unos principios como los de legalidad, seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad, revisión de las decisiones por

Entre los juristas, la dogmática alemana ha sido tradicionalmente un referente. Sin embargo, también en Alemania hay malos, incluso, muy malos juristas. El mejor ejemplo es el Auto de 12 de julio de 2018, de la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Schleswig-Hostein. Rudolf von Ihering (1818-1892), el gran jurista alemán, publicó un opúsculo titulado “ la lucha por el Derecho ”. Su tesis conclusiva fue “la lucha es el trabajo eterno del Derecho. Si es una verdad decir: “ganarás tu pan con el sudor de tu frente”, no lo es menos añadir también: solamente luchando alcanzarás tu derecho. Desde el momento en que el Derecho no está dispuesto a luchar, se sacrifica”. Fuente: Wikipedia Es la lucha por hacer cumplir el Derecho; que gane frente a la arbitrariedad y los abusos. En esa tarea, también, moral, tiene que toparse con los obstáculos, incluso, de jueces ignorantes y prejuiciados. La lucha no puede decaer; el empeño es, además, un deber, del que habla Iher

Fuente: Wikipedia “En este mundo traidor / nada es verdad ni mentira / todo es según el color / del cristal con que se mira”. Ramón de Campoamor y Campoosorio (1817-1901) nos ha legado este famoso poema.  Tradicionalmente ha sido interpretado como la expresión del subjetivismo, incluso, de la arbitrariedad. Cuando se produce en el ámbito de la Administración, algunos la llaman como la “Ley Campoamor”. Hoy, en cambio, hablaríamos de lo que los sociólogos, entre otros, denominan el “marco de referencia”, el “frame”. El color de nuestros anteojos condiciona lo que vemos; el marco cumple la misma función. Es la metáfora que sirve para expresar lo que Lakoff designa como el “inconsciente cognitivo”. Asumir y participar de ese “inconsciente” determina el cómo se analizan y valoran los acontecimientos; también los políticos. El marco delimita y condiciona qué es lo que vemos, cómo lo vemos y, sobre todo, la respuesta que nos merece. Es, en definitiva, el “color del cristal” de Campoam

La batalla política por el control de la RTVE nos ofrece la muestra más descarnada de los límites de la independencia de nuestros organismos públicos. Tradicionalmente, entre autores, políticos y legisladores, la gran preocupación ha sido establecer un régimen jurídico que garantice la independencia de organismos como la Corporación de RTVE, así como de los denominados organismos reguladores, o más generalmente, las autoridades administrativas independientes. La preocupación, casi obsesiva, es cómo “separar” a estos organismos de la intervención del Gobierno. Así, se establece que la remoción de sus consejeros sólo puede producirse de concurrir algunas de las causas tasadas. Una inamovilidad material que debía garantizar que los consejeros podían decidir sin la amenaza del cese. La independencia de los reguladores debía, a su vez, asegurar que sus decisiones sólo debían obedecer a criterios técnicos y no políticos. El mensaje es claro: la política es peligrosa. Si, además, está “armada

RTVE es un clásico del bipartidismo. La primera medida que el Gobierno socialista ha adoptado ha sido la modificación, vía Real Decreto Ley, del procedimiento de elección del consejo de administración y de su presidente. Es, según parece, el problema más importante; el que no puede esperar, ni tan siquiera a que las Cortes aprueben las normas del concurso para la provisión de las plazas de consejeros y presidente de la Corporación. Todos los informes coinciden en que el consumo diario de televisión (audiencia) va decayendo, progresivamente, a la par que se va “centralizando” en dos grupos de población: las mujeres (243 minutos de promedio diario) y los individuos de más de 65 años (351 minuto de promedio). Precisamente, los dos grandes partidos tienen concentrados sus votantes en los de más edad. A grandes rasgos, los jóvenes se orientan mayoritariamente hacia las fuerzas emergentes, mientras que los mayores de 64 años a los partidos tradicionales. Controlar la RTVE es una forma de acc

¿Es posible recuperar el pasado? Una pregunta retórica que la Física responde con un no, pero que la Poesía, responde, con un tal vez, y la Política con un sí, según convenga. Se vuelve a recuperar la “Memoria histórica”; se vuelve a hablar de Franco y de la dictadura franquista. Y se hace desde el Gobierno. En cualquier momento esperamos al Arias Navarro de turno anunciándonos: “Españoles, Franco está … vivo”. La Ley 52/2007 no se llamaba de Memoria histórica. Era otro el eufemismo. Se titulaba Ley por la que “se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”. Es el lenguaje de los derechos como excusa para mantener viva la herida. Y, a continuación, como se hace en el artículo 1, se anuncian las otras palabras mágicas: “suprimir elementos de división entre los ciudadanos, todo ello con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a