EcoRegulación

El poder público tiene una fuente, la soberanía nacional (artículo 1.2 Constitución), se ejerce conforme a la Ley (art. 9 CE), y sirve a un objetivo: el interés general (art. 103 CE). Así debería ser. Sin embargo, el poder puede ser ilegal, arbitrario y abusivo; en pocas ocasiones estas tres características se suman, fruto de una concepción (política) que admite su servicio a los intereses particulares del gobernante y a los de su partido. La utilización por el Presidente Sánchez del avión oficial para asistir a un concierto del Festival de Benicàssim es la muestra más descarnada, pero no la más relevante. Siguiendo la tradición del bipartidismo, el Gobierno está procediendo al nombramiento de altos cargos entre los acólitos sin atender a un criterio mínimo de razonabilidad: reunir los méritos y la experiencia adecuados a las tareas a desempeñar. Desde la toma de posesión de Sánchez, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el nombramiento de más de 275 altos cargos. A éstos ha...

La Administración ha de servir, dispone la Constitución, al interés general de manera eficaz (art. 103). A su vez, las leyes administrativas enumeran, para alcanzar aquel objetivo, los principios de servicio efectivo a los ciudadanos, racionalización y agilidad, eficacia, economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos (art. 3 Ley 40/2015). Es razonable pensar que estos principios sólo se alcanzarán con gestores competentes. Sin embargo, pocos se escandalizan, cuando el partido de turno llega al Gobierno, de que comience a repartir los cargos como si de un cortijo se tratase, en manos de un propietario pródigo. Los últimos nombramientos del Gobierno Sánchez reproducen la dinámica del anterior. En la reunión del pasado día 19, el Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) nombró, entre otros, a los presidentes de Correos, Navantia, E...