Un episodio más de la comedia burlesca. Junts Pel Si y la CUP han presentado una propuesta de Resolución del Parlament de Cataluña. Se pretende que acuerde, por un lado, el inicio del proceso de independencia y, por otro, la desconexión del Estado español, lo que incluye la desobediencia a las Leyes y a las resoluciones de las instituciones del Estado. Una resolución, tan escandalosamente inconstitucional e ilegal, contraria no sólo a la Constitución, sino también al Estatuto de Cataluña e, incluso, al Reglamento del Parlament que, en caso de aprobarse, iría más allá de la ilegalidad, para entrar en el terreno de lo grotesco.
Se ha suscitado un debate sobre cuál debería ser la respuesta. El criterio debería de ser, a mi juicio, que fuese la más eficaz, al menos, para evitar que gane el adversario, los secesionistas. Su victoria no es, en lo inmediato, la independencia. Es ilustrar ante el mundo, que España no es un Estado democrático por lo que se hace imprescindible la intervención internacional y, en particular, la de la Unión Europea para tutelar el procés. La suspensión de la autonomía lo ilustraría a la perfección. Ya lo dijo el lenguaraz “representante” de la Generalitat ante la Unión: Europa no quedará impasible ante la suspensión. Ésa es su victoria. Es el canon de su éxito. Si ése es su éxito, el de los constitucionalistas, deberá ser el evitarlo.
En primer lugar, el Estado de Derecho tiene un repertorio amplísimo de medios para conjurar que esta humorada siga adelante, sin necesidad de acudir al 155 de la Constitución. Deben impugnarse cuantas declaraciones, resoluciones, leyes y normas se vayan adoptando. Y deben ejecutarse, con todas sus consecuencias, las sentencias que reconozcan la ilegalidad.
En segundo lugar, tenemos que distinguir entre declaración y ejecución. Los secesionistas han demostrado una extraordinaria capacidad para proclamar a los cuatro vientos todo tipo de mentiras, escandalosas hasta el ridículo. No van a cejar en este empeño. Tienen un aparato potente y muy bien engrasado. Han construido una realidad paralela de enorme éxito. En este terreno, poco éxito se puede tener, al menos, en el corto plazo. Seguirán pregonando que son una nación, una república, que son soberanos, … y que son buenos, inteligentes, ricos, sagaces, … la repera.
En cambio, en tercer lugar, el punto débil de su estrategia está en la ejecución de lo que vayan proclamando. ¿Cómo lo convertirán en hechos? Se necesita de la colaboración de ciudadanos y de funcionarios públicos. ¿Van los ciudadanos a dejar de pagar los impuestos al Estado y comenzarán a hacerlo a la Generalitat? ¿En sus transacciones comerciales, van a aplicar el código civil, el de comercio o las normas equivalentes catalanas? ¿Qué norma tipificará las conductas constitutivas de infracción, la catalana o la española? Y ¿qué sucederá con los funcionarios? ¿Qué harán los jueces y magistrados? ¿Qué Derecho van a aplicar? La respuesta a estos interrogantes sí tiene consecuencias personales y penales. ¿Asumirán el riesgo? No lo creo, máxime cuando, incluso, una mayoría de los que votaron las opciones independentistas, lo hicieron como una estrategia para forzar al Estado a negociar sin compartir la ruptura.
El caso de la pantomima del referéndum del 9 N es una escuela magnífica de lo que estoy diciendo. A. Mas se vanagloria de que ha asumido la responsabilidad, añade, política, de lo sucedido. Y esta responsabilidad no es constitutiva de delito. En cambio, ¿qué sucederá con los Directores Generales que han firmado resoluciones como la de la compra de los ordenadores utilizados para el recuento, la organización de la sala de prensa, la del encargo de papeletas y urnas, y demás? En estos casos, sí hay documentos incriminatorios para exigir responsabilidades penales. ¿Van a quedar impasibles, como héroes de la causa, cuando sean imputados e, incluso, condenados, pierdan la carrera y vean que los responsables últimos quedan libres? ¿Cuál es el mensaje que se transmite a los restantes funcionarios y ciudadanos?
La secesión tiene consecuencias personales de dimensión penal cuando se reta al Estado de Derecho. No es un juego. Además, crearía una inseguridad jurídica que sería destructora para los mercados. ¿Qué van a hacer las empresas, en particular, las multinacionales? Por ahora, no se creen que el “procés” vaya en serio. Durante los seis primeros meses del año, la inversión en Cataluña se ha casi cuadruplicado respecto del mismo periodo del año anterior. El Ministro de Economía ha considerado este dato como la confirmación de la falta de credibilidad. A la vista de lo sucedido, ¿qué harán? ¿seguirán invirtiendo allí donde no se sabe cuál puede ser el Derecho aplicable? ¿A quién pagar los impuestos?
La resolución que aprobará el Parlament no inicia el proceso de independencia. Inicia el de la confusión e inseguridad que terminará arrastrando a Cataluña al caos. Y muchos sufrirán los efectos. Se van a socializar las consecuencias negativas de la secesión. Los nacionalistas prometían llegar a la independencia por autopista y con Ferrari. Es posible que muchos reparen que la mascarada se ha organizado para salvar a los organizadores de su responsabilidad penal por corrupción. La impunidad a través de la independencia. No lo conseguirán, pero, mientras tanto, dolor, mucho dolor.
(Expansión, 29/10/2015)
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