¿Por qué el acuerdo PSOE – Junts es contrario al Estado democrático de Derecho?

Los partidos pueden, en ejercicio de su autonomía, pactar lo que consideren oportuno, incluso, contrariando a la Constitución. Ahora bien, deben explicar que la ejecución exige la reforma constitucional, pero nunca deberán cuestionar, tratándose de partidos de Estado, la legitimidad del Estado democrático de Derecho. Sin embargo, nada de esto cumple el acuerdo PSOE – Junts.

En primer lugar, ataca la legitimidad del Estado en relación con una cuestión nuclear como es la de su propia existencia y, en consecuencia, su derecho a reaccionar contra aquellos que se sublevan contra sus reglas, o sea, su legitimidad para defenderse de los que alteran el normal desenvolvimiento de sus instituciones. Así sucede con el relato que se contiene en los antecedentes del acuerdo, que pasa ahora a ser asumido por el PSOE, sin salvar, incluso, su propia responsabilidad en lo acaecido, desde el Estatut hasta la aplicación del artículo 155 CE. El PSOE admite la lógica del “conflicto” y que ha sido el Estado democrático de Derecho el agresor, ilegítimo e injusto, por lo que los que se han alzado contra la legalidad democrática, son los agredidos y las víctimas que, incluso, podrían llegar a ser indemnizadas.

En segundo lugar, compromete la función de la Constitución como garante del marco de la convivencia entre españoles libres e iguales. Se admite la existencia de un “conflicto histórico sobre el futuro político de Cataluña”, que la Constitución ni ha resuelto, ni es el marco para su solución, porque los acuerdos “deben responder a las demandas mayoritarias del Parlament de Cataluña”, sin distinguir entre las constitucionales y las anuladas por ser contrarias a la Constitución.

Se pacta negociar cuestiones tales como el “reconocimiento nacional de Cataluña”, la financiación de la Generalitat y demás “limitaciones del autogobierno”. Ahora bien, la lógica nos dice, teniendo presente a los protagonistas y los asuntos, que, en el mejor de los casos, de esa negociación se llegará a un punto de encuentro entre las posturas extremas de uno y de otro; un punto que es, incluso, inadmisible. Entre la autodeterminación de los secesionistas y la “singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña” de los socialistas, el punto intermedio vendría a ser el de la consulta sobre el estatuto político de Cataluña, forma para travestir a la autodeterminación.

En tercer lugar, acomete a la soberanía nacional. Se prevé un “mecanismo de acompañamiento, verificación y seguimiento” de la negociación, que tendrá naturaleza internacional. Que los acuerdos para la resolución del conflicto histórico entre Cataluña y España, en su propia terminología, estén o sean objeto de supervisión por observadores internacionales, como si de un Estado fallido se tratase, con instituciones débiles y bajo sospecha, es inaceptable, máxime cuando es el partido del Gobierno el que así se presta, porque vendría a admitir la supervisión internacional de su actividad y de la mayoría parlamentaria que lo soporta y, por consiguiente, la del Estado mismo, ejecutor último de lo decidido.

En cuarto lugar, se ataca a la división de poderes y la independencia judicial. Se acepta la amnistía como fórmula para “procurar la plena normalidad política, institucional y social”, la cual “debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos” “ vinculados” a lo sucedido “antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017”. A su indeterminación temporal (se puede extender, incluso, a antes del año 2014) se suma la objetiva (los delitos) y, por consiguiente, la subjetiva (los amnistiados), convirtiéndose en un agujero negro de la democracia por el que se podrían escapar todos los delincuentes que los políticos así lo decidiesen. Y aún más, en la aplicación de la ley se tendrán en cuenta las conclusiones de las comisiones parlamentarias de investigación sobre las “situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política”, que podrán dar lugar a “acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas.”

Todos los extremos de la futura ley son inadmisibles, desde la supuesta anormalidad, incluso, institucional, además de política y social que se pretende superar, pasando por su indeterminado alcance, hasta su conversión en instrumento de anulación de las sentencias judiciales que hubiesen apreciado la responsabilidad criminal de los amnistiados. Más extraordinario y grave es que se comparta que ha habido casos de lawfare. Supone reconocer que los jueces españoles han perseguido por razones políticas a los secesionistas. Que una comisión parlamentaria pueda así declararlo supondría admitir que los políticos pueden señalar a jueces como prevaricadores, y exigir las responsabilidades correspondientes, al margen del proceso judicial que es el único ámbito institucional, conforme al Estado democrático de Derecho, para depurar las responsabilidades de este tipo.

En definitiva, este acuerdo pone en cuestión la institucionalidad de nuestro Estado democrático de Derecho. Es aún más relevante cuando el que así lo acuerda es el PSOE, uno de los partidos sistémicos de nuestra democracia; lo que compromete su estabilidad. Nuestra democracia pierde a una de sus patas. Los que así lo han hecho, en su irresponsabilidad, rayana en la frivolidad, han sembrado la semilla de la inestabilidad institucional. Cicerón le dirigió al conspirador Catilina unas famosas frases que son de imprescindible recordatorio: “¿Hasta cuándo abusarás, Catilina, de nuestra paciencia? ¿Hasta cuándo esta locura tuya seguirá riéndose de nosotros? ¿Cuándo acabará esta desenfrenada osadía tuya?” ¿Hasta cuándo Sr. Sánchez?