El control judicial de los poderes políticos. Jueves Derecho CUNEF Universidad, 5 de noviembre de 2026

La sesión de Jueves Derecho CUNEF Universidad del 5 de noviembre se dedicó al control judicial de los poderes políticos. Intervinieron Manuel Aragón Reyes, catedrático de Derecho Constitucional y magistrado emérito del Tribunal Constitucional; Pablo Lucas Murillo de la Cueva, catedrático de Derecho Constitucional y ex presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, y Mercedes Fuertes López, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de León. Respondieron a tres preguntas comunes: si el control se ejerce hoy con exceso o con defecto; qué erosiona más la posición del ciudadano ante el Derecho, un juez percibido como actor político o una sentencia firme cuya eficacia queda a disposición de la decisión política; y qué medida debería adoptarse.

¿Exceso o defecto?

Para Manuel Aragón, el protagonismo que hoy tiene el control jurisdiccional no es un defecto del Estado de Derecho, sino del Estado democrático. Crece porque el control político de los poderes públicos es prácticamente inexistente, y no hay en ello judicialización de la política, sino cumplimiento del deber de juzgar cuando los jueces son llamados a hacerlo. La justicia solo se politiza cuando el acceso a los cargos judiciales deja de basarse en el mérito y la capacidad. Lo que se le reprocha procede, a su juicio, de quienes sostienen que la política debe estar por encima del Derecho.

Pablo Lucas rechazó tanto la imagen del juez como boca muda de la ley como la de un cuerpo que pretende asumir funciones que no le corresponden. Los jueces responden únicamente cuando alguien con legitimación les somete un litigio, y procuran resolverlo con sometimiento pleno a la Constitución y a la ley. No hay, en su opinión, exceso ni defecto. La novedad está en las descalificaciones que reciben del poder político, un fenómeno que no es exclusivo de España.

Mercedes Fuertes coincidió en que no hay exceso, pero advirtió que algunos instrumentos de control del abuso de poder se escapan. La exigencia de legitimación, imprescindible para evitar recursos infundados, deja sin control decisiones que afectan al orden constitucional. Valoró la jurisprudencia de la Sala Tercera que ha ido reconociendo legitimación a fundaciones y asociaciones, y propuso un recurso específico para ellas, que no una acción popular, en los casos de quiebra sustancial e inequívoca del orden constitucional o de los derechos fundamentales. Recordó también que controlar no es solo anular: la desestimación de un recurso confirma que la Administración actúa conforme a Derecho.

La sentencia que no se cumple

Pablo Lucas situó en la ejecución de las sentencias uno de los problemas estructurales del sistema. Negó que haya jueces actores políticos más allá de excepciones muy reducidas, y señaló que la valoración de la justicia mejora sensiblemente cuando se pregunta a quienes han tenido contacto con los tribunales. El juez no debe entrar en el debate público, porque comprometería su imparcialidad. Su mejor respuesta es una sentencia ajustada a Derecho y bien explicada.

Mercedes Fuertes se detuvo en la inejecución, con ejemplos urbanísticos y ambientales de sentencias firmes que siguen sin cumplirse años después. Evocó la advertencia de Alejandro Nieto de que la Administración no ejecuta las sentencias cuando no quiere. Defendió medidas coercitivas dirigidas a la autoridad responsable y una revisión, por vía legal, de los ámbitos de discrecionalidad que hoy impiden a los tribunales entrar en el fondo.

Manuel Aragón se ocupó de las dos figuras que, a su juicio, más afectan a la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado: el indulto y la amnistía. El indulto es válido porque la Constitución lo prevé como excepción a esa reserva de jurisdicción. No propuso suprimirlo, sino reformar la ley que lo regula para hacerlo más restrictivo. La amnistía, en cambio, no está prevista en la Constitución, y por eso, en su opinión, no puede dictarse. Se mostró crítico con la decisión del Tribunal Constitucional que la ha considerado conforme a la Constitución.

Propuestas

Mercedes Fuertes insistió en la legitimación y añadió las medidas cautelares, cuyo uso por los tribunales valoró positivamente. La reducción de los tiempos procesales exigirá, en cambio, una reforma.

Manuel Aragón centró su propuesta en el Tribunal Constitucional. Advirtió de una doctrina reciente que entiende la Constitución como una norma tan abierta que el legislador apenas encuentra límites en ella, cuando contiene normas cerradas que ninguna mayoría puede vulnerar. Esa doctrina, sostuvo, solo puede corregirla el propio Tribunal. Pidió además que la designación de los magistrados vuelva al consenso auténtico, entendido como vetos mutuos, frente al reparto de cuotas que, aunque no produzca necesariamente falta de independencia, sí genera una apariencia de politización.

Pablo Lucas calificó de falso el conflicto entre jueces y política. La acusación de lawfare encubre una pretensión de exención del control, propia de una coyuntura de fragmentación política. Democracia y Estado de Derecho no se oponen: la primera exige el segundo. El principal problema de la justicia ante la sociedad es la lentitud, y su remedio pasa por una planta judicial suficiente, una oficina judicial dotada de medios y personal cualificado, y un expediente digital que sea realmente digital.

Las tesis finales

Mercedes Fuertes: el Estado de Derecho es una construcción sólida, pero frágil si no se fortalece continuamente con lealtad institucional. Todo lo que garantice la independencia del juez y su carrera irá en el buen camino.

Pablo Lucas: tomarse en serio la Constitución, en sus formas y en su fondo.

Manuel Aragón: sin jueces solventes, independientes e imparciales no hay Estado de Derecho, y sin instituciones políticas ejemplares y eficientes es muy difícil que haya Estado democrático. Hoy el Estado de Derecho subsiste, pese a los ataques que recibe. Lo que está extremadamente debilitado es la democracia.

Como moderador, cerré con una conclusión dirigida a los estudiantes. La fortaleza del Derecho depende de jueces que se toman en serio su independencia y su imparcialidad, y que asumen, a veces con un coste personal considerable, la responsabilidad que de ellas se deriva. Son ellos quienes hacen posible que el Derecho no sea un mero papel y la democracia una mera proclamación.

La grabación completa de la sesión puede verse en el canal de CUNEF Universidad: https://www.youtube.com/live/kjaGPe5J2No