La reciente Sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que resuelve los recursos de inconstitucionalidad planteados contra la denominada reforma sanitaria del Presidente Obama (Patient Protection and Affordable Act de 2010) está llamada a convertirse en una de las Sentencias más importantes del citado Tribunal. Son muchas y muy interesantes las cuestiones que resuelve la Sentencia (National Federation of Independent Business v. Sebelius, Secretary of Health and Human Services, 567 U.S. _ 2012). Específicamente, las dudas de constitucionalidad se centran en dos cuestiones centrales: 1) ¿puede el Congreso de Estados Unidos imponer a todos los ciudadanos (a partir de cierta renta y con exclusión de los pobres de solemnidad) el contratar una póliza de seguro que cubra la pérdida de la salud, o sea, un seguro médico y, en caso de incumplimiento, imponer una sanción?; y 2) ¿puede el Congreso retirar las aportaciones federales a los Estados que se nieguen a incrementar la protección sanitaria dispensada a ciertos grupos sociales a través del Medicaid como así lo pretende?
La lectura de la Sentencia es muy interesante. En las 193 páginas el Tribunal hace un repaso de la doctrina constitucional sobre muchas cuestiones básicas. La primera en relación con el fundamento constitucional del poder del Congreso para imponer el indicado deber y su correspondiente sanción.
La lectura de la Sentencia es muy interesante. En las 193 páginas el Tribunal hace un repaso de la doctrina constitucional sobre muchas cuestiones básicas. La primera en relación con el fundamento constitucional del poder del Congreso para imponer el indicado deber y su correspondiente sanción.
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