El espectáculo de miles de personas pitando al Rey y al himno nacional durante la final de la Copa del Rey ha sido analizado desde distintas perspectivas. A la política se suma la jurídica. En este plano, para evitar el castigo, se alega la libertad de expresión. Los nacionalistas siempre amparan su comportamiento en la libertad. Todo lo que hacen es para "librarse de la opresión". Ellos son la "expresión de la libertad". Los demás, no. Lo somos de la tiranía. Es el esquema argumentativo recurrente. El análisis de lo sucedido no se libra de este socorrido esquema ideológico. En el caso del Derecho, es más difícil la respuesta sencilla como la indicada. La simplicidad es esencial para el éxito. Y cuanto más concreta, mejor, más convincente. Kahneman ha insistido sobre esta cuestión.
En primer lugar, que hubo una manifestación de expresión y que ésta fue producto de la libre decisión de los asistentes, no cabe duda. Incluso, se podría admitir que es la manifestación de la libertad de expresión. Ahora bien, deducir que esta libertad ampara lo expresado es un salto lógico y jurídico relevante. La libertad no puede amparar el delito o la ilegalidad. Es más, cuando las Leyes tipifican conductas como delito o infracción administrativa están delimitando negativamente a la libertad. Por esta razón, es una Ley la que lo hace. Y sólo la Ley lo puede hacer. Porque sólo los representantes del pueblo pueden "administrar" la libertad de los ciudadanos de ese pueblo.
En segundo lugar, si la libertad de expresión no puede servir de cobertura a la ilegalidad, en el caso que nos ocupa, no puede, además, servir de cobertura a un acto que es ofensivo para la inmensa mayoría de los ciudadanos. Será libre, pero es ofensivo. Muy ofensivo. Será ilegal o no, pero es, sin duda, ofensivo. Precisamente porque es ofensivo, los nacionalistas lo han organizado. El objetivo político es ofender. La cara de satisfacción del President Mas es plenamente ilustrativa. Se quería ofender y mucho. ¿Por qué? Dos razones. No sólo denigran al "opresor", según sus esquemas ideológicos, sino que provocar la reacción del "opresor". En este plano, que es esencial, se trata de demostrar, como tantas veces han repetido y seguirán repitiendo, que "España cuenta con una democracia de baja calidad". Es la frase que se salmodia en todos los foros, sobre todo, internacionales, para justificar la secesión. España es opresora, antidemocrática, tiránica, fascista, ... se ha llegado a decir. Y más. Mucho más. El objetivo es, fundamentalmente, provocar la reacción cuanto más grave y dura, mejor. Mucho mejor.
En tercer lugar, el Estado democrático de Derecho está atrapado entre la lógica jurídica y la política. Aquélla conduce a que las ilegalidades, sean cuales fuesen, deben ser castigadas. El castigo no puede administrarse desde la oportunidad. Si así fuese, no habría un Estado democrático de Derecho. Habría cualquier otra cosa. La política nos conduce a valorar las consecuencias pretendidas por el nacionalismo. La provocación y su respuesta. ¿Qué hacer? Si el Estado de Derecho actúa, ganan los nacionalistas. Si no actúa, ganan los nacionalistas. Es el escenario perfecto. Ganan y ganan. Si no actúa, es porque muestra su debilidad. Su incapacidad para gestionar el reto secesionista. Muestra el miedo. Mucho miedo. Y este miedo reduplica el peso de los nacionalistas más allá de lo que resulta de las propias encuestas. Los secesionistas son, cada vez, menos. Decrecen a medida que se muestra, con hechos, sólo con hechos, que su proyecto conduce a un callejón sin salida. Se muestra la profunda mentira sobre la que se asienta: "Europa no puede ser Europa sin Cataluña". Puede serlo y lo seguirá siéndolo. Su fortaleza frente al pulso lanzado al Estado de Derecho los hará ganar puntos. Tu fortaleza es directamente proporcional a la del enemigo con el que te enfrentas cuando el otro muestra que la suya es directamente proporcional a la tuya. Este equilibrio, esta igualdad entre nacionalistas y Estado de Derecho hace que aquéllos ganen en fuerza, política, social, ideológica, ... Ganan y ganan.
En cuarto lugar, el Estado democrático de Derecho no puede colocarse a la misma altura que aquéllos que le retan. Ninguna libertad, ninguna, puede amparar ilegalidad alguna. No hay libertad en ningún ordenamiento democrático que pueda prestar tal cobertura. Tampoco en el nuestro. El Estado democrático de Derecho no puede gestionar el castigo desde la oportunidad. Y aún menos pensando que, haga lo que haga, siempre obtendrán un rédito los nacionalistas. El Estado democrático de Derecho no puede gestionar el castigo a las ilegalidades desde el miedo y aún menos, desde el miedo del qué dirán. El escenario de la propaganda es esencial para los nacionalistas. El denigrar al Estado de Derecho. Creen que en el mundo globalizado los gestos son suficientes para constituir una opinión tan definitiva que conduzca a apoyar su proyecto secesionista. Siguen con las coordenadas del mundo pre-globalización. Donde la ausencia de información obligaba a que se construyeran historias coherentes sobre la base de retazos para cubrir lo que no se sabía. Bastaban ciertos datos para deducir, como se pretende en nuestro caso, el carácter colonial o autoritario del Estado. Esta coherencia inducida para cubrir los "huecos" ya no es necesaria. Ahora tenemos un exceso de información. No se puede deducir, del eventual castigo a los organizadores de la pitada, que España es una "dictadura territorial" contra Cataluña. Los millones de turistas que visitan cada año Barcelona son el mejor alegato de que esto no es cierto. La información que el mundo tiene sobre los aspectos de la vida política, social, económica, cultural, ... de Cataluña y de España, también lo desmiente. Claro que lo desmiente. Convertir un hecho en un dato que pretende inducir en la mente de los receptores una imagen coherente sobre la tiranía está condenada al fracaso. Hoy, el engaño, no se puede mantener ni se mantiene indefinidamente.
En conclusión, si la libertad no puede amparar un acto ilegal que, además, es ofensivo para la inmensa mayoría de los ciudadanos, el Estado democrático de Derecho debe castigarlo. Y lo debe hacer con independencia de que los nacionalistas lo utilicen como activo en su lucha contra la democracia. Es un juego en el que siempre ganarán. Si no se castiga, ganan. Si se castiga, también ganan. Este no es el escenario en el que se ha de jugar la legitimidad del Estado democrático de Derecho. La legitimidad se juega cuando las instituciones funcionan y lo hacen conforme a las reglas, las que delimitan el marco de nuestra libertad. Aquéllos que las infringen, sean quienes sean, deben soportar las consecuencias. Todas las consecuencias. No está en juego la victoria de los secesionistas. Está en juego algo muchísimo más importante. La legitimidad de nuestras instituciones, o sea, el reconocimiento por parte de todos de que vivimos en un Estado que siendo democrático cuento con unas reglas que son iguales para todos. Las que protegen y garantizan la libertad de todos y la igualdad de todos frente a los las quieren quebrar.
En primer lugar, que hubo una manifestación de expresión y que ésta fue producto de la libre decisión de los asistentes, no cabe duda. Incluso, se podría admitir que es la manifestación de la libertad de expresión. Ahora bien, deducir que esta libertad ampara lo expresado es un salto lógico y jurídico relevante. La libertad no puede amparar el delito o la ilegalidad. Es más, cuando las Leyes tipifican conductas como delito o infracción administrativa están delimitando negativamente a la libertad. Por esta razón, es una Ley la que lo hace. Y sólo la Ley lo puede hacer. Porque sólo los representantes del pueblo pueden "administrar" la libertad de los ciudadanos de ese pueblo.
En segundo lugar, si la libertad de expresión no puede servir de cobertura a la ilegalidad, en el caso que nos ocupa, no puede, además, servir de cobertura a un acto que es ofensivo para la inmensa mayoría de los ciudadanos. Será libre, pero es ofensivo. Muy ofensivo. Será ilegal o no, pero es, sin duda, ofensivo. Precisamente porque es ofensivo, los nacionalistas lo han organizado. El objetivo político es ofender. La cara de satisfacción del President Mas es plenamente ilustrativa. Se quería ofender y mucho. ¿Por qué? Dos razones. No sólo denigran al "opresor", según sus esquemas ideológicos, sino que provocar la reacción del "opresor". En este plano, que es esencial, se trata de demostrar, como tantas veces han repetido y seguirán repitiendo, que "España cuenta con una democracia de baja calidad". Es la frase que se salmodia en todos los foros, sobre todo, internacionales, para justificar la secesión. España es opresora, antidemocrática, tiránica, fascista, ... se ha llegado a decir. Y más. Mucho más. El objetivo es, fundamentalmente, provocar la reacción cuanto más grave y dura, mejor. Mucho mejor.
En tercer lugar, el Estado democrático de Derecho está atrapado entre la lógica jurídica y la política. Aquélla conduce a que las ilegalidades, sean cuales fuesen, deben ser castigadas. El castigo no puede administrarse desde la oportunidad. Si así fuese, no habría un Estado democrático de Derecho. Habría cualquier otra cosa. La política nos conduce a valorar las consecuencias pretendidas por el nacionalismo. La provocación y su respuesta. ¿Qué hacer? Si el Estado de Derecho actúa, ganan los nacionalistas. Si no actúa, ganan los nacionalistas. Es el escenario perfecto. Ganan y ganan. Si no actúa, es porque muestra su debilidad. Su incapacidad para gestionar el reto secesionista. Muestra el miedo. Mucho miedo. Y este miedo reduplica el peso de los nacionalistas más allá de lo que resulta de las propias encuestas. Los secesionistas son, cada vez, menos. Decrecen a medida que se muestra, con hechos, sólo con hechos, que su proyecto conduce a un callejón sin salida. Se muestra la profunda mentira sobre la que se asienta: "Europa no puede ser Europa sin Cataluña". Puede serlo y lo seguirá siéndolo. Su fortaleza frente al pulso lanzado al Estado de Derecho los hará ganar puntos. Tu fortaleza es directamente proporcional a la del enemigo con el que te enfrentas cuando el otro muestra que la suya es directamente proporcional a la tuya. Este equilibrio, esta igualdad entre nacionalistas y Estado de Derecho hace que aquéllos ganen en fuerza, política, social, ideológica, ... Ganan y ganan.
En cuarto lugar, el Estado democrático de Derecho no puede colocarse a la misma altura que aquéllos que le retan. Ninguna libertad, ninguna, puede amparar ilegalidad alguna. No hay libertad en ningún ordenamiento democrático que pueda prestar tal cobertura. Tampoco en el nuestro. El Estado democrático de Derecho no puede gestionar el castigo desde la oportunidad. Y aún menos pensando que, haga lo que haga, siempre obtendrán un rédito los nacionalistas. El Estado democrático de Derecho no puede gestionar el castigo a las ilegalidades desde el miedo y aún menos, desde el miedo del qué dirán. El escenario de la propaganda es esencial para los nacionalistas. El denigrar al Estado de Derecho. Creen que en el mundo globalizado los gestos son suficientes para constituir una opinión tan definitiva que conduzca a apoyar su proyecto secesionista. Siguen con las coordenadas del mundo pre-globalización. Donde la ausencia de información obligaba a que se construyeran historias coherentes sobre la base de retazos para cubrir lo que no se sabía. Bastaban ciertos datos para deducir, como se pretende en nuestro caso, el carácter colonial o autoritario del Estado. Esta coherencia inducida para cubrir los "huecos" ya no es necesaria. Ahora tenemos un exceso de información. No se puede deducir, del eventual castigo a los organizadores de la pitada, que España es una "dictadura territorial" contra Cataluña. Los millones de turistas que visitan cada año Barcelona son el mejor alegato de que esto no es cierto. La información que el mundo tiene sobre los aspectos de la vida política, social, económica, cultural, ... de Cataluña y de España, también lo desmiente. Claro que lo desmiente. Convertir un hecho en un dato que pretende inducir en la mente de los receptores una imagen coherente sobre la tiranía está condenada al fracaso. Hoy, el engaño, no se puede mantener ni se mantiene indefinidamente.
En conclusión, si la libertad no puede amparar un acto ilegal que, además, es ofensivo para la inmensa mayoría de los ciudadanos, el Estado democrático de Derecho debe castigarlo. Y lo debe hacer con independencia de que los nacionalistas lo utilicen como activo en su lucha contra la democracia. Es un juego en el que siempre ganarán. Si no se castiga, ganan. Si se castiga, también ganan. Este no es el escenario en el que se ha de jugar la legitimidad del Estado democrático de Derecho. La legitimidad se juega cuando las instituciones funcionan y lo hacen conforme a las reglas, las que delimitan el marco de nuestra libertad. Aquéllos que las infringen, sean quienes sean, deben soportar las consecuencias. Todas las consecuencias. No está en juego la victoria de los secesionistas. Está en juego algo muchísimo más importante. La legitimidad de nuestras instituciones, o sea, el reconocimiento por parte de todos de que vivimos en un Estado que siendo democrático cuento con unas reglas que son iguales para todos. Las que protegen y garantizan la libertad de todos y la igualdad de todos frente a los las quieren quebrar.
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