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Incendio en Seseña


En mis 30 años de docente, explico a mis estudiantes que la Administración es poder y tiene poderes. Un sujeto poderoso que lo puede todo. Tanto y tan ampliamente, que el desiderátum del Estado de Derecho es su control. El objetivo es evitar la arbitrariedad. Esa tendencia natural de todo poder que no está contrapesado con los controles adecuados y, sobre todo, efectivos. Hasta que llegó el incendio de Seseña …

La historia del vertedero debería producir sonrojo. Y, como siempre, nadie dimite, ni presa de un arrebato de decencia. El primer aspecto que sorprende es el cómo se ha podido autorizar la instalación de un vertedero de esa magnitud, a 400 metros de las viviendas (el barrio El Quiñón de Seseña). O el vertedero llegó primero, o fueron las viviendas, pero en todo caso, no pueden convivir a esa distancia. El vertedero contaba con la licencia municipal (28 de abril de 2003), ya que la Junta de Castilla La Mancha lo había evaluado positivamente (declaración positiva de impacto ambiental, por Resolución de 22 de agosto de 2002). Puesto en funcionamiento, inmediatamente, se tomó conocimiento de los incumplimientos de la legislación ambiental. Se ordenó la paralización de la actividad el 4 de abril de 2005. Y el 13 de septiembre de dicho año, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta impuso una sanción (60.102 euros) y suspendió las actividades por infracción muy grave a la ley. A partir de aquí, la ilegalidad. Incluso se produjo una condena por delito ambiental, por sentencia de 16 de diciembre de 2008. Sin embargo, continuó recibiendo residuos. Ante los ojos de todas las Administraciones, el vertedero siguió recreciendo hasta alcanzar las casi 100.000 toneladas de neumáticos.

Y entramos en la siguiente fase: ¿cómo gestionar una instalación ilegal, abandonada por su titular? Hay dos aspectos. Por un lado, la efectividad del cierre de la instalación, que no se produjo hasta el año 2011. Y, por otro, qué hacer con los residuos. No es cierto que para actuar se debió esperar hasta una sentencia que los considerase como bienes abandonados. Una excusa. Otra más. Cabe la ejecución forzosa de la orden administrativa al no haber sido atendida por el titular. La Administración afronta la tarea. Aquí está el problema real: el coste de la gestión. Lo que ralentizó hasta el infinitivo, sólo truncado por el incendio, la resolución del problema. ¿Quién pagaba? Y ¿a quién encargar la gestión?

El Ayuntamiento de Seseña, abandonado a su suerte, cayó en la picaresca. Un municipio de 21.000 habitantes, grande para los estándares municipales españoles, no tiene capacidad para gestionar el asunto. Es elocuente que cuando autorizó el vertedero, contaba con 5.000 habitantes. Desatendido por las Administraciones mayores ha dado palos de ciego incurriendo en irregularidades como las denunciadas, de entregar la gestión a una empresa senegalesa. Es una anécdota. Obedecerá a la razón que se quiera, incluso, a la más espuria, pero no hay duda de que la supervisión autonómica e, incluso, estatal era imprescindible. ¿Y la Diputación de Toledo?

Hasta que sobrevino el incendio. En el fondo, es la “solución” más políticamente adecuada para “resolver” un problema que la Política no ha querido solucionar. La gestión a lo bestia: la quema. Es secundario, según parece, las peligrosas emisiones a la atmósfera de partículas, compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles, e hidrocarburos aromáticos policíclicos (incluido el cancerígeno benzoalfapireno); la afectación a la salud de miles de personas. Tan secundario que, de haber sido lo principal, se habría evitado. Han tenido más de 10 años para solucionar aquello que se sospechaba que iba a suceder.

¿Qué lecciones se pueden sacar? La primera, la desidia. La política del no hacer nada; que sean los acontecimientos los que “solucionen” el problema. Ciertamente, lo han “solucionado”: se ha gestionado el residuo de la peor manera. La segunda, la incomunicación entre las Administraciones y la falta de colaboración. El vertedero está situado en su gran parte en Castilla La Mancha, pero también en Madrid. Y, por el impacto ambiental y sus consecuencias en varias Comunidades e, incluso, en la ciudad de Madrid, la Administración General del Estado también debió hacer algo. Por cierto ¿dónde está la Ministra de Medio Ambiente, en funciones? Desaparecida. Ni una foto. Ni una declaración. Nada.

Es el retrato perfecto de lo que sucede en nuestro sistema administrativo. La principal tarea de los políticos es deslindar de quién es el problema, no solucionarlo. Lo importante es quién es el “competente” al que endosar la culpa. Si no fuese así, hace mucho tiempo que la cooperación entre Administraciones habría acabado con la situación del vertedero. Ahora que ya no queda más remedio, dirán los políticos, habrá acuerdo. Que la solución sea más costosa e ineficiente, desde el punto de vista ambiental, puesto que los residuos ya quemados no se pueden recuperar, es indiferente. Es la segunda característica del Estado de las Autonomías: el coste, la ineficiencia, es secundario. Si la solución es irrelevante, aún más lo será el precio de no encontrarla. La abulia respecto de los derechos de los ciudadanos y del interés general. La descentralización ha tenido ese efecto perverso: la distribución de competencias es la excusa para atribuir las culpas que libera de la responsabilidad en encontrar soluciones. Es más importante buscar culpables que soluciones. Así nos va.

(Expansión, 17/05/2016)

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