Un año después, ¿cómo estamos? Ésta es la pregunta que todos nos hacemos. Un momento de reflexión. Mirar hacia atrás para intentar otear el horizonte.
El primero de octubre fue un día en el que fracasó el Estado democrático de Derecho. Todo lo que podía salir mal, salió, aún peor. Los golpistas se han beneficiado de la incompetencia manifiesta con la que se gestionó. Habría sido, incluso, preferible que hubiesen dejado representar su pantomima antes de haber contribuido tan decisivamente al relato opresor. No se pudieron ni detectar las urnas, las casi 10.000, ni a las 250 personas del movimiento secesionista que participaron en su ocultación y distribución. Nunca una operación “secreta” ha implicado a tantas personas sin haber sido descubiertas. Increíble. Nadie ha respondido por los errores cometidos.
El Estado del bipartidismo ha derrochado errores sobre Cataluña durante 40 años. El 1 de octubre fue la culminación. No sólo por haber fallado la prevención de la comisión de los delitos, sino el cómo se actuó para evitarlo. Imaginar que los Mossos iban a actuar con lealtad cuando sus responsables han tenido y tienen un comportamiento de evidente complicidad con el procés, era de una ingenuidad pasmosa, como se ha demostrado. Y esa ingenuidad se redobló con la creencia de que la actuación de miles de policías y guardias civiles, una actuación contenida y profesional, iba a ser suficiente para cerrar colegios y decomisar las urnas. Ingenuidad que tiene en el buque Piolín su máxima representación. La imagen perfecta de qué sucede cuando el Estado entrega Cataluña a los nacionalistas; recuperar el tiempo perdido en tan poco tiempo no es posible y, aún menos, improvisando. Con todas las consecuencias que hemos visto.
Es noticia que hoy, el secesionismo, está dividido. No lo creo. Hay un reparto de papeles y cada vez más marcado. Y Torra haciendo de puente. Como en toda estrategia de negociación exitosa, hay un reparto de papeles: el “poli” bueno y el “poli” malo. Ambos son necesarios. Torra ha dicho que los CDR son imprescindibles; hacen bien, dice, presionando, empujando para hacer realidad la república. Y ojo, advierte al Gobierno de la Nación de que podría ser peor; que aquí estoy yo que los contengo. Si no fuera por mí y los Mossos, una carnicería, como la que pudo haberse producido el domingo en Barcelona. Mientras tanto, a seguir presionando a un gobierno débil en Madrid dispuesto a todo para alcanzar la meta de 2020.
El constitucionalismo sí que hoy está dividido. El Gobierno Sánchez y el PSC, alientan la equidistancia para, al mismo tiempo, pactar con uno de los polos con los que pretenden mantener el equilibrio. La tercera vía siempre ha sido la postulada por el PSC. Desde Madrid se impuso la vía del 155 y otros acuerdos. Ahora se produce el proceso inverso. Desde Madrid se participa de la tercera vía porque es el camino para mantenerse en el poder.
La división es debilidad. El secesionismo seguirá presionando porque hay un marco objetivo para alcanzar, al menos, un referéndum negociado. Cuanto más presionen, más posibilidades hay de materializarlo. ¿Cómo? Algunos constitucionalistas han defendido que el referéndum consultivo encajaría en el artículo 92 de la Constitución. Todo depende de la pregunta que se formule; sobre qué se le interrogue al pueblo. Podría llegar a ser formalmente una propuesta “autonomista”, pero que podría interpretarse en clave “autodeterminista”. En el contexto adecuado, preguntar por una mejora de la autonomía, por ejemplo, puede ser la excusa para oficializar el rechazo a la autonomía y la defensa de la autodeterminación. En este caso, el proceso de autodeterminación saldría reforzado y sería imparable.
Reconstruir la unidad constitucionalista es imprescindible. No se trata de defender la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico; no es una batalla jurídica. Hay que defender a los catalanes que no son nacionalistas. Estamos hablando de casi la mitad de la población. De defender sus derechos. Y esos derechos son los que la Constitución reconoce. Esto es importante y, a veces, se olvida. Parece que el constitucionalismo se centra en la defensa de la norma, de la legalidad, de la Constitución. Es equivocado. Se trata de personas que ven atropellados sus derechos, incluso, los más básicos. Personas que sólo tienen en la Constitución su último baluarte de protección.
Mientras no se reconozca la legitimidad de las dos Cataluñas, no habrá solución. Y esto no sólo pasa por el reconocimiento por los secesionistas sino, lo que es aún más grave, por el resto de los españoles. Es desconcertante cómo el marco ideológico del discurso nacionalista ha calado fuertemente al otro lado del Ebro. Perturba cuando se habla de la relación entre Cataluña y España; o, como una importante empresaria, habla de “volver a enamorar a los catalanes del proyecto español”; … Cataluña, también para los españoles de Madrid y de otras partes, es la independentista; la constitucionalista no es Cataluña; no representan a nadie, no son nadie, son la nada.
No se trata de enamorar a nadie; se trata de garantizar en toda España los derechos y libertades. Garantizar que todos somos ciudadanos, con independencia de nuestro lugar de residencia. Claro que hay que empatizar, como reclama el presidente Sánchez, pero, en primer lugar, con los que son víctimas de los atropellos a sus derechos, no con los que quieren atropellarlos. Por qué he de simpatizar con los que incurren en ilegalidades; puedo entender racionalmente qué les lleva a delinquir, pero no me hace justificar el delito y, aún menos, admitirlo.
Hoy en Cataluña no se está dirimiendo la unidad de España; se está dirimiendo la garantía de los derechos fundamentales y de las libertades básicas de todos los ciudadanos en cualquier lugar de España. Imágenes como las del pasado domingo y este mismo lunes, son las del atropello más escandaloso a las reglas básicas del Estado democrático de Derecho. No es la unidad, es la libertad; no es la separación, es la ciudadanía. El Estado democrático de Derecho tiene en Cataluña su examen de reválida después de 40 años de aprendizaje.
El primero de octubre fue un día en el que fracasó el Estado democrático de Derecho. Todo lo que podía salir mal, salió, aún peor. Los golpistas se han beneficiado de la incompetencia manifiesta con la que se gestionó. Habría sido, incluso, preferible que hubiesen dejado representar su pantomima antes de haber contribuido tan decisivamente al relato opresor. No se pudieron ni detectar las urnas, las casi 10.000, ni a las 250 personas del movimiento secesionista que participaron en su ocultación y distribución. Nunca una operación “secreta” ha implicado a tantas personas sin haber sido descubiertas. Increíble. Nadie ha respondido por los errores cometidos.
El Estado del bipartidismo ha derrochado errores sobre Cataluña durante 40 años. El 1 de octubre fue la culminación. No sólo por haber fallado la prevención de la comisión de los delitos, sino el cómo se actuó para evitarlo. Imaginar que los Mossos iban a actuar con lealtad cuando sus responsables han tenido y tienen un comportamiento de evidente complicidad con el procés, era de una ingenuidad pasmosa, como se ha demostrado. Y esa ingenuidad se redobló con la creencia de que la actuación de miles de policías y guardias civiles, una actuación contenida y profesional, iba a ser suficiente para cerrar colegios y decomisar las urnas. Ingenuidad que tiene en el buque Piolín su máxima representación. La imagen perfecta de qué sucede cuando el Estado entrega Cataluña a los nacionalistas; recuperar el tiempo perdido en tan poco tiempo no es posible y, aún menos, improvisando. Con todas las consecuencias que hemos visto.
Es noticia que hoy, el secesionismo, está dividido. No lo creo. Hay un reparto de papeles y cada vez más marcado. Y Torra haciendo de puente. Como en toda estrategia de negociación exitosa, hay un reparto de papeles: el “poli” bueno y el “poli” malo. Ambos son necesarios. Torra ha dicho que los CDR son imprescindibles; hacen bien, dice, presionando, empujando para hacer realidad la república. Y ojo, advierte al Gobierno de la Nación de que podría ser peor; que aquí estoy yo que los contengo. Si no fuera por mí y los Mossos, una carnicería, como la que pudo haberse producido el domingo en Barcelona. Mientras tanto, a seguir presionando a un gobierno débil en Madrid dispuesto a todo para alcanzar la meta de 2020.
El constitucionalismo sí que hoy está dividido. El Gobierno Sánchez y el PSC, alientan la equidistancia para, al mismo tiempo, pactar con uno de los polos con los que pretenden mantener el equilibrio. La tercera vía siempre ha sido la postulada por el PSC. Desde Madrid se impuso la vía del 155 y otros acuerdos. Ahora se produce el proceso inverso. Desde Madrid se participa de la tercera vía porque es el camino para mantenerse en el poder.
La división es debilidad. El secesionismo seguirá presionando porque hay un marco objetivo para alcanzar, al menos, un referéndum negociado. Cuanto más presionen, más posibilidades hay de materializarlo. ¿Cómo? Algunos constitucionalistas han defendido que el referéndum consultivo encajaría en el artículo 92 de la Constitución. Todo depende de la pregunta que se formule; sobre qué se le interrogue al pueblo. Podría llegar a ser formalmente una propuesta “autonomista”, pero que podría interpretarse en clave “autodeterminista”. En el contexto adecuado, preguntar por una mejora de la autonomía, por ejemplo, puede ser la excusa para oficializar el rechazo a la autonomía y la defensa de la autodeterminación. En este caso, el proceso de autodeterminación saldría reforzado y sería imparable.
Reconstruir la unidad constitucionalista es imprescindible. No se trata de defender la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico; no es una batalla jurídica. Hay que defender a los catalanes que no son nacionalistas. Estamos hablando de casi la mitad de la población. De defender sus derechos. Y esos derechos son los que la Constitución reconoce. Esto es importante y, a veces, se olvida. Parece que el constitucionalismo se centra en la defensa de la norma, de la legalidad, de la Constitución. Es equivocado. Se trata de personas que ven atropellados sus derechos, incluso, los más básicos. Personas que sólo tienen en la Constitución su último baluarte de protección.
Mientras no se reconozca la legitimidad de las dos Cataluñas, no habrá solución. Y esto no sólo pasa por el reconocimiento por los secesionistas sino, lo que es aún más grave, por el resto de los españoles. Es desconcertante cómo el marco ideológico del discurso nacionalista ha calado fuertemente al otro lado del Ebro. Perturba cuando se habla de la relación entre Cataluña y España; o, como una importante empresaria, habla de “volver a enamorar a los catalanes del proyecto español”; … Cataluña, también para los españoles de Madrid y de otras partes, es la independentista; la constitucionalista no es Cataluña; no representan a nadie, no son nadie, son la nada.
No se trata de enamorar a nadie; se trata de garantizar en toda España los derechos y libertades. Garantizar que todos somos ciudadanos, con independencia de nuestro lugar de residencia. Claro que hay que empatizar, como reclama el presidente Sánchez, pero, en primer lugar, con los que son víctimas de los atropellos a sus derechos, no con los que quieren atropellarlos. Por qué he de simpatizar con los que incurren en ilegalidades; puedo entender racionalmente qué les lleva a delinquir, pero no me hace justificar el delito y, aún menos, admitirlo.
Hoy en Cataluña no se está dirimiendo la unidad de España; se está dirimiendo la garantía de los derechos fundamentales y de las libertades básicas de todos los ciudadanos en cualquier lugar de España. Imágenes como las del pasado domingo y este mismo lunes, son las del atropello más escandaloso a las reglas básicas del Estado democrático de Derecho. No es la unidad, es la libertad; no es la separación, es la ciudadanía. El Estado democrático de Derecho tiene en Cataluña su examen de reválida después de 40 años de aprendizaje.
(Expansión, 02/10/2018)
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