La Fundación Rafael del Pino ha publicado en su canal la conversación que mantuve con Federico de Montalvo Jääskeläinen, profesor propio ordinario de Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia Comillas, a propósito de su ponencia en el programa «Instituciones del Estado democrático de Derecho» y de su libro ¿Puede el Derecho salvar a Galileo? Una reflexión constitucional sobre ciencia y anticientifismo (Comares, 2026). Es uno de esos temas fronterizos, entre el Derecho, la ciencia y la teoría del Estado, desde los que suelen promoverse los cambios relevantes.
Qué es y qué no es el anticientifismo
Montalvo no pretende una definición exacta: si llevamos siglos preguntándonos qué es el Derecho, difícilmente cerraremos qué es la ciencia. Sí considera imprescindible deslindar conceptos. Anticientifista es quien niega evidencias aceptadas por la comunidad científica; evidencias, no verdades, porque la ciencia es falsable y lo que hoy está demostrado puede dejar de estarlo. De ahí que el anticientifismo genere un debate donde en rigor no lo hay.
No es anticientifismo la pseudociencia, salvo cuando pasa de presentarse como alternativa a negar la validez del tratamiento acreditado. Tampoco lo es la desconfianza ante las consecuencias de ciertos avances, propia de autores como Habermas o Sandel, ni el escepticismo de los científicos más exigentes, que hace avanzar la ciencia, ni el temor de quien duda ante una novedad. Los errores honrados alimentan la rectificación permanente que da sentido a la ciencia; el anticientifismo se sitúa en el terreno de la mala fe.
De la religión a la ideología
El fenómeno es antiguo; lo nuevo es su naturaleza. El anticientifismo histórico se vinculaba a creencias religiosas. Hoy las grandes religiones conviven con la ciencia, y el anticientifismo actual es de corte ideológico. Montalvo lo vincula al populismo en dos versiones: una que rechaza la ciencia asociada al lucro y a la industria, y otra, más reciente, que ve en determinadas evidencias un instrumento del Estado para limitar la libertad. Más que un movimiento anticientifista, hay movimientos contra ciertas evidencias, con frecuencia unidos a teorías conspirativas. Su atractivo es emocional: interesa la explicación insólita más que la razonable. En la conversación apunté que esas narrativas conectan, en el fondo, con el miedo y con la reacción instintiva de protegerse en el grupo.
El riesgo para la democracia
Aquí está, para Montalvo, el núcleo del problema. La democracia funciona mediante una deliberación orientada al consenso, y deliberar exige compartir un anclaje mínimo. La ciencia ofrece un saber experto fácilmente compartible: podemos discrepar sobre la mejor ley, pero partimos de aceptar lo que hoy dice la ciencia. Si se niega ese punto de partida, no queda base para el acuerdo. El riesgo excede así los derechos a la vida y a la integridad física, que la propaganda contra las vacunas pone en peligro, y alcanza al propio Estado democrático. La posverdad agrava el cuadro: si la verdad no importa, la mentira tampoco, y deja de tener coste.
Tres respuestas jurídicas
Montalvo ordena sus propuestas según su destinatario: el emisor, el receptor y el legislador.
La primera es la más discutible. La libertad de expresión ampara incluso la mentira, y limitar el discurso anticientifista del ciudadano no superaría el filtro constitucional. Pero no es lo mismo que hable un ciudadano que un experto. Cuando habla el científico, el médico o el profesor, no opina: ejerce la libertad de divulgación científica, y en el receptor nace una expectativa de veracidad. Montalvo traslada a esta libertad el límite interno que la veracidad impone a la libertad de información: el experto debe actuar con la diligencia debida para no transmitir lo que sabe falso. No se trata de una prohibición externa, sino de la delimitación del propio derecho. Le planteé la pregunta inevitable: qué consecuencia jurídica tiene. Montalvo admite que no es fácil y encuentra respaldo en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 27 de agosto de 2024, Bielau c. Austria, que avaló la sanción disciplinaria impuesta a un médico por difundir en su página web afirmaciones contrarias a las vacunas. Como la libertad de cátedra, que no ampara la mentira en el aula, la libertad del científico está al servicio de una función.
La segunda se dirige al receptor: alfabetización mediática y científica, centrada en los jóvenes, que han crecido en lo digital, para que sepan identificar la mentira. Montalvo menciona la política de la Unión Europea en esta materia y los programas escolares de Finlandia, Suecia y Noruega.
La tercera se dirige al legislador: reforzar el asesoramiento científico de las Cortes. No para que la ley la hagan los científicos, pues en ella concurren componentes económicos, éticos y jurídicos, sino para que el legislador conozca la mejor evidencia disponible antes de decidir. Montalvo reprocha al Tribunal Constitucional, a diferencia del italiano, no haber exigido que la ley acredite los motivos en que se apoya; no basta una motivación formal. El control de esa racionalidad conecta con la interdicción de la arbitrariedad del artículo 9.3 de la Constitución.
La racionalidad como trasfondo
El hilo de toda la conversación es la racionalidad, aquí en su vertiente científica, también presente en el análisis del populismo. Malas instituciones, mala democracia y peores libertades: tampoco hay buenas instituciones sin un mínimo de verdad compartida.
La conversación puede verse en el canal de la Fundación Rafael del Pino: https://youtu.be/H4h82mUfs90
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