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Tienen razón, pero se equivocan


En estos días hemos asistido a una extraña polémica: tienen o no ánimo de lucro los partidos políticos. El contexto no puede ser más revelador. La investigación penal para depurar responsabilidades por los casos de corrupción asociados al denominado asunto Gurtel. Como es conocido, el Magistrado del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, P. Ruz, requirió a la Agencia tributaria (AEAT) para que determinase la tributación por el impuesto de sociedades, en el año 2008, correspondiente a las donaciones ilegales percibidas por el Partido Popular. La polémica de fondo que parece enfrentar al instructor con la AEAT se refiere a la tributación de estas donaciones. Unos sostienen que tributan; otros, que están exentas. Las consecuencias son relevantes: si tributan y no lo fueron, como así sucedió, se habría cometido un delito contra la Hacienda. En caso contrario, no existiría tal delito. A esta controversia, que deberá dirimirse en sede judicial, se ha sumado la polémica en relación con una afirmación formulada, no en el informe remitido a la Audiencia Nacional, sino sorprendentemente, en un documento del Ministerio de Hacienda para explicar la tesis sostenida en el informe. En el documento se afirma: “el fundamento de la exención de las rentas por donación a entidades sin ánimo de lucro radica en los fines de interés general que la entidad desarrolla y que el ordenamiento quiere proteger (en este caso, la participación democrática). El beneficiario de la exención fiscal no es una entidad sin ánimo de lucro, como puede ser un partido, Cáritas o la Cruz Roja; el beneficiario de la exención es el conjunto de la sociedad”.

La polémica surgida por esta afirmación es la representación perfecta de la situación política, jurídica e institucional de España. El descrédito de las instituciones. Arrastradas por los partidos. Éstos, según el artículo 6 de la Constitución, “expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política”. Desarrollan una función política esencial en el seno del Estado democrático de Derecho. Los partidos son –como afirmara el Tribunal Constitucional (Sentencia 48/2003) en palabras del Magistrado M. Jiménez de Parga- “instituciones jurídico-políticas, elemento de comunicación entre lo social y lo jurídico que hace posible la integración entre gobernantes y gobernados, ideal del sistema democrático”. Asociaciones “cualificadas” por la función constitucional asignada; la que, en última instancia, tiene un único referente: el interés general. Un concepto jurídico que se llenará de contenido, en el marco de las disposiciones constitucionales, por el juego del pluralismo político en el seno de las instituciones democráticas del Estado. Los partidos son, desde esta perspectiva, la vía más cualificada para la definición del interés general que guiará la acción del Estado. Que carecen de ánimo de lucro, forma parte de lo escandalosamente evidente. Como tantas otras asociaciones. El problema jurídico de fondo se plantea respecto de la extensión de la fuerza liberadora de la carga tributaria a las donaciones ilegales, como consecuencia de su afectación a la función constitucional de los partidos.

La afirmación que comento no está incluida, lo que es elocuente, en ninguno de los dos informes remitidos por la AEAT a la Audiencia Nacional, sino, como digo, en el documento explicativo redactado por los servicios centrales del Ministerio de Hacienda, posteriormente avalada por el Ministro Montoro en la rueda de prensa ulterior al Consejo de Ministros. Sin embargo, la confusión generada ha servido de excusa para lanzar todo tipo de acusaciones contra la AEAT, su profesionalidad y autonomía. Ha caído en terreno propicio. El descrédito de las instituciones. Como los partidos. Esa institución jurídico-política de la que hablaba el Tribunal Constitucional. Esa institución que despliega una función tan esencial para el funcionamiento del Estado democrático no aguanta la comparación con las ONG. La comparación es ofensiva. Entre lo odioso, lo profundamente denostado, lo asociado con la corrupción, con aquello, de lo poco que disfruta de reconocimiento, como son las ONG. Y para hacer aún más disparatada la comparación, se eligen a las dos ONG de mayor prestigio, como Cáritas y Cruz Roja. Que la institución que “hace posible la integración entre gobernantes y gobernados, [el] ideal del sistema democrático” no se pueda asociar, ni tan siquiera a los efectos tributarios, con las ONG, es el retrato perfecto de que estamos viviendo una situación parecida a la de la Transición, en donde la distancia entre instituciones y los ciudadanos era enorme, tanto que impulsó la reforma de aquéllas. También como en aquel momento, los políticos no se enteran. Viven en su mundo. En su torre. Confunden personas con estadísticas. Sentimientos con encuestas. Felicidad con los datos del paro. Esperanza con crecimiento del PIB. Cuando la nación, los ciudadanos, somos un puro grafo en un escrito, los gobernantes creen que la política es hacer grafos en el papel. A un grafo se le puede responder con otro. El papel lo aguanta todo. El argumento jurídico vendría a ser suficiente. El PP, como el PSOE, son ONG, como Cáritas. El grafo. El puro grafo. Sin reparar en cómo va a ser valorado por los ciudadanos. Ni la efectividad del mensaje. Es irrelevante.

Estamos viviendo una época de descrédito de las instituciones. Los partidos, esas instituciones jurídico-políticas, han terminado por arrastrar, en su caída, a las demás instituciones del Estado. Era inevitable en un Estado democrático, pero partitocrático, como el nuestro. Todas las instituciones se cuecen en el mismo fuego: el reparto partidario. Las cuotas por doquier. Y la fidelidad al que elige. Todo queda marcado. Sea real o no. Lo odioso de la comparación no es considerar que los partidos son como ONG sino pensar que éstas pueden ser como los partidos. Es insoportable. Que la mancha de la sospecha se extienda más allá de los confines conocidos. La indignación social aprovecha cualquier error de la política para aflorar. Y los políticos siguen sin enterarse. Así les va. Así nos va.

(Expansión, 25/03/2015)

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