Ninguna condena

Regresamos y el panorama es el mismo. Lo del nuevo curso es historia. Como contaba Arcadi Espada este sábado, lo de la Nueva Era es algo del pasado. Ni libreta nueva ni nada. La historia, con minúscula, de la política española, es un continuum que no respeta, ni las vacaciones, ni el sagrado mes de agosto. Continuamos con la corrupción. Nuevos casos. Antiguos problemas. Por fin, encontramos respuesta a lo que tanto nos desazonaba. El 3 por 100. La famosa acusación de Maragall dirigida a Mas en el Parlament. Hay, según parece, pruebas documentales. Aunque el que, en aquellas fechas, era Vicepresidente y dirigente de ERC, llegara a elevar el porcentaje a cifras superiores, en el imaginario colectivo se nos quedó aquella cifra. Viene de la mano de otro caso de corrupción. El acusado es el mismo. La respuesta es la misma. La apariencia de tranquilidad es escandalosa. Demasiada arrogancia. La de aquél que conoce qué es lo que sucederá. Las acusaciones comienzan fuerte, muy fuerte, pero luego el tiempo acaba diluyéndolas. El tiempo, en política, es olvidadizo.

El nacionalismo es una ideología tóxica que, en Cataluña, está incrustada en las instituciones. En ellas, se ha apoyado para su difusión y, de ellas se beneficia para alcanzar un trato favorable o la impunidad. También se beneficia de las inoperancias del Estado de Derecho. El caso Palau, cuya instrucción comenzó al mismo tiempo que la del famoso caso Nóos, sólo recientemente, ha terminado después de haber pasado por 4 jueces de instrucción. Alguno de los cuales ha sido acusado de formar parte de una fundación que recibe financiación de la Generalitat. Aún no tiene fecha de la vista. O qué decir de los casos Pujol que afectan al patriarca y a su familia. Ni siquiera se ha adoptado medida cautelar alguna. Siguen gozando de su holgada posición económica sin mayor contratiempo. La comparación con Bárcenas es inevitable. Los últimos casos, Torredembarra y Petrum, se suman a los ya conocidos, además de los citados (Palau y los Pujol), los casos ITV (en el que está implicado otro hijo de Pujol), Clotilde, Pretoria, Adigsa, etc. Están involucrados desde lo más granado de la dirección, e, incluso, fundadores de Convergencia, hasta dirigentes municipales de medio pelo. Algunos, con la instrucción judicial iniciada hace más de 10 años (caso Pretoria, iniciado en el año 2004 o el caso Adigsa, el año 2005), pero ninguno cuenta con una sentencia, ni en primera instancia. Se anuncia la apertura del juicio oral en algún caso. Pero seguimos sin condena.

A la inoperancia de la justicia contribuyen varios elementos. No puede excluirse la presión del territorio. En la mayoría de los casos, son los jueces “naturales”, o sea, el del lugar donde el delito se hubiere cometido. No nos puede sorprender la capacidad de presión que el nacionalismo despliega. Si, además, los magistrados son suplentes y los jueces sustitutos, la presión se reduplica. En la última convocatoria (marzo 2015), por ejemplo, se ofertaban, en Cataluña, 32 plazas de magistrados suplentes y 134 de jueces sustitutos. El doble que en Andalucía (20 magistrados y 65 jueces), contando ésta con mayor población (8,4 frente a 7,5 millones). Si hay entre los imputados alguno que goce del privilegio, injustificado, del aforamiento, se le permite que su causa sea ventilada por una Sala en la que están integrados magistrados elegidos a propuesta del Parlamento de la Comunidad Autónoma. Tampoco se pueden olvidar las ventajas que nuestra legislación concede para eternizar los procesos con recursos de todo tipo sobre competencias, prescripciones, … obstrucciones varias con las que ralentizar la instrucción. Para que, al final, el Tribunal Supremo, resuelva que ha habido retraso, por lo que aprecia la atenuante de dilaciones indebidas y reduzca la pena. La lentitud, la incompetencia, la ineficacia, … trabaja a favor de los malos. Lo hemos visto en el caso Hacienda. Comenzó fuerte, la Audiencia Provincial de Barcelona impuso a J. L. Núñez y a su hijo, unas penas importantes, 6 años a cada uno por sobornar a unos inspectores de la agencia tributaria durante años. Luego, el Tribunal Supremo la redujo a 2 años y 2 meses, al apreciar la atenuante de las dilaciones. Si “falla” todo, como en el caso citado, la administración penitenciaria, cuya competencia se transfirió a la Generalitat, la única Comunidad que la tiene, aplica los beneficios penitenciarios, el tercer grado, a los 38 días de ingresar los condenados en prisión.

Desde el punto de vista del Estado democrático de Derecho, lo más importante, es la aplicación eficaz y diligente del castigo a aquellos que han infringido la legalidad. La instrucción no se puede eternizar. No se pueden dar oportunidades a las defensas para dilatarla hasta el infinito y obtener un rédito con el que reducir la pena. Estas coordenadas institucionales refuerzan la importancia social y política de la “pena del telediario”. El castigo es inmediato y sin garantías. En caso de no verse confirmada, arrojará la sospecha de ilegitimidad sobre el Estado. El nacionalismo se beneficia, también, de estas ineficiencias. No hay pruebas, no hay castigo … hasta dentro de 20 años, como en el caso Hacienda. Tiene margen para alimentar su estrategia de engaño. La tranquilidad del nacionalismo está, lamentablemente, justificada.

(Expansión, 01/10/2015)