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Desnudez

Lo que ha comenzado como un conflicto político, ha continuado como judicial, amenaza con terminar como alteración del orden público. Hemos pasado de comentar las entretelas del sedicente referéndum para vislumbrar, a la vista del proceder, sin límite, de los independentistas, una situación de movilización en las calles dirigida a provocar el caos.

El conflicto jurídico está llegando al comienzo del fin. El próximo miércoles aprobarán, casi en unidad de acto, la denominada ley de referéndum y procederán a la convocatoria del referéndum de autodeterminación. Una situación inédita en cualquier democracia. Y todo, en pocas horas. Se violentan los derechos básicos de los diputados (que no pueden ni debatir, ni presentar enmiendas, ni solicitar informes, ni consultar al Consell de Garantías Estatutarias), se violenta el Estatuto de Autonomía y se violenta la Constitución. Todo, con escándalo y estrépito. Con alevosía. Y, sin pausa, se convoca la consulta.

La denominada ley del referéndum de autodeterminación es la muestra quintaesencial de cuál es la interpretación que hacen, los independentistas, de las reglas básicas del Estado de Derecho. Toda la “legalidad”, desde la que se hace reposar la del referéndum y la posterior secesión se asienta, como se afirma en su artículo 2, en la soberanía del pueblo de Cataluña y, como tal, titular del derecho a la autodeterminación, en tanto que “derecho fundamental e inalienable del pueblo de Cataluña” (art. 3). No hay ninguna otra legislación superior: “prevalece” sobre cualquier otra norma. Siendo así, “todas las autoridades, personas físicas y jurídicas que participan directa o indirectamente en la preparación, celebración y/o implementación del resultado del referéndum quedan amparadas por esta Ley, que desarrolla el ejercicio del derecho a la autodeterminación que forma parte del ordenamiento jurídico vigente” (art. 3.3).

Ya, a estas alturas, no causa ni sorpresa ni estupor. Me recuerda a lo que se les dice a los niños pequeños: “si no quieres que el monstruo te haga daño, cúbrete con las sábanas”. La ley del referéndum vendría a ser la sábana con la que resguardarse de los peligros de un hecho ilegal. Algunos, los ya fervientemente convencidos, se lo creen. Ahora bien, ¿se lo creerán los Mossos, las autoridades encargadas de velar por la seguridad? ¿Se lo creerán los secretarios e interventores municipales? ¿o los directores de colegios? ¿y los funcionarios públicos de cualquiera de las Administraciones encargadas de hacer realidad la consulta?

Creo, sinceramente, que no. Hay que ser un indigente intelectual, ya no jurídico, para poder creer tal patraña que no supera ni el más básico de los requisitos o exigencias exigibles a cualquier, ya no jurista, sino ciudadano mínimamente informado. No, no se lo van a creer. No bastan los rudimentos indicados para construir un nuevo ordenamiento que sirva de cobertura a la ilegalidad delictiva que se pretende cometer. No.

En realidad, no estamos ante reglas jurídicas. Ni lo pretenden. Se trata de un medio de acción política dirigido a crear una aparente cobertura formal a un hecho ilícito y delictivo. A veces, el delincuente se viste de autoridad para cometer su delito, no por ello, ni aquél deja de ser delincuente, ni desaparece el delito. Se suplanta a las autoridades, también a las instituciones e, incluso, a las leyes. La ilegalidad seguirá existiendo. El ropaje formal puede engañar a algunos, a los ingenuos y a los ignorantes. A la mayoría, no.

Cuando la suplantación no surte efectos, ¿qué es lo que queda? El espectáculo: “la movilización popular”, la algarada, tomar instalaciones e infraestructuras; cualquier acción de resistencia. ¿Quién pagará los daños? Los secesionistas intentarán, una vez más, culpar al Estat; pase lo que pase, incluido el terrorismo, es Madrid el responsable. Al menos, les garantiza alimentar el victimismo durante los próximos 20 años. Juegan con la ventaja de que la máxima responsabilidad del Gobierno es la de garantizar la seguridad de los ciudadanos para el pacífico disfrute de sus derechos y libertades.

Se camina hacia un conflicto de orden público. Por mucho que se quieran revestir de la “ley”, es un mero papel que no puede ocultar que es la expresión de la voluntad de unos pocos. Cuando los derechos no hablan; cuando se silencian las libertades; cuando se impone la voluntad de una minoría; cuando se solivianta la Ley; cuando se rompe con el Estado de Derecho, la calle, sólo la calle; “a las barricadas”, como gritaba el anarcosindicalismo español. Es el camino emprendido. Y la respuesta es la defensa de la Ley; no por la Ley misma, sino por lo que significa y la función que despliega en el Estado democrático de Derecho. Es la forma de la expresión de la voluntad de los legítimos representantes del pueblo, el español, y la instituyente del marco en el que los derechos y libertades de todos los ciudadanos están garantizados. Es la razón profunda por la que el conflicto político se está intentado presentar como jurídico mediante el artificio de la creación de una legalidad alternativa. Se suplantan autoridades y leyes para evitar mostrar la desnudez de un golpe de Estado. Los papeles que se dicen aprobar ya no cubren ni las apariencias.

(Expansión, 05/09/2017)

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