Los acontecimientos están evolucionando con extraordinaria rapidez. El secesionismo está superando barreras nunca antes imaginadas. En estas dos últimas semanas, desde la manifestación contra el Estado democrático de Derecho, aprovechándose del atentando en Barcelona y Cambrils, hasta el atropello a los derechos más básicos de las minorías parlamentarias en el seno del procedimiento legislativo, estamos comprobando cómo se van batiendo nuevas marcas en la carrera de la estupidez. Ya se están agotando las palabras. Estamos en la fase de la ejecución, de convertir la palabra de la Ley en hechos. Si la Constitución dispone que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico” (art. 9.1), la sujeción debe ser real y efectiva. Aquellos que violentan las reglas constitucionales, deben soportar las consecuencias igualmente previstas por el Derecho.
El Gobierno de la nación, haciendo gala de una extraordinaria paciencia, temple y serenidad, está todavía en la etapa de las declaraciones. Como la del presidente del Gobierno el pasado viernes. Habló sobre la Constitución, sus principios y la unidad de la nación. Ha sido destacada su afirmación final de que “no va a suceder [el referéndum] y haré todo lo necesario, sin renunciar a nada, para evitarlo”. También ha manifestado su apoyo a alcaldes y funcionarios públicos frente a la ilegalidad. Pero ¿en qué se ha concretado? El camino jurídico continúa. Ha interpuesto cinco recursos de inconstitucionalidad y ha suscitado un incidente de ejecución de sentencia, ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, muchos ciudadanos sienten miedo en Cataluña. No sólo los funcionarios, sino otros que pueden ser requeridos a formar parte de las mesas electorales, por ejemplo. A todos estos no les basta con las declaraciones. Entramos en los días decisivos. El Gobierno debería ser más explícito. Por ejemplo, habilitar oficinas en la Delegación y Subdelegaciones del Gobierno para asesorar a quienes necesiten ayuda; ofrecer instrucciones sobre qué hacer, … En definitiva, el aparato del Estado se tiene que dejar sentir para amparar a la mayoría de los catalanes que se sienten avasallados por un poder despótico que ha colonizado a las instituciones para realizar su proyecto autoritario.
La Fiscalía está desplegando un comportamiento ejemplar. Se está erigiendo en el único aparato del Estado que se está preocupando en dar el salto de las palabras a los hechos. Las querellas presentadas van en esa dirección. Las últimas, las de 8 de septiembre, se dirigen contra la Mesa del Parlament que aprobaron la tramitación de las últimas leyes y resoluciones, así como contra el Govern. En esta última, se pide, como medida cautelar, entre otras, que se oficie a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con competencias en materia de policía judicial “a fin de que se adopten las medidas necesarias para impedir la promoción, organización y celebración del referéndum ilegal”. Una vez admitidas las querellas por el Tribunal Superior de Justicia, confiemos en que las medidas solicitadas sean atendidas.
Ahora bien, sorprende la actitud del Tribunal Constitucional. A pesar de los acontecimientos y de su frenética evolución, sigue in albis. Después de cuatro Sentencias (42/2014, 259/2015, 51/2017 y 90/2017) y tres Autos (141/2016, 170/2016 y 24/2017), el Tribunal no se siente incumbido en dar un paso al frente. Se limita, cual autómata, a advertir a los golpistas de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a las resoluciones anuladas y de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la nulidad, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado por este Tribunal. Igualmente, deduce el testimonio de particulares a fin de que el Ministerio Fiscal proceda, en su caso, a exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder a los implicados.
Ha renunciado a ejercer los poderes que la Ley orgánica del Tribunal Constitucional le ha habilitado. Unos poderes de ejecución que podrían ser particularmente eficaces por su rapidez y contundencia. Me refiero a las medidas contempladas en el artículo 92 de la Ley orgánica, reformado por la Ley orgánica 15/2015, de 16 de octubre, objeto de recurso que el propio Tribunal resolvió por Sentencia 215/2016, de 15 de diciembre de 2016. A pesar de haber quedado resuelta la duda de constitucionalidad, el Tribunal sigue sin adoptarlas. Esta actitud vendría a explicar, se nos dice, el porqué el Gobierno no ha sido más contundente en sus peticiones al Tribunal. Se argumenta que se intenta evitar la ruptura de la unanimidad del Tribunal. A la minoría de los magistrados que disintió del parecer de la mayoría, en relación con la constitucionalidad de los poderes de ejecución, se le está reconociendo una capacidad de bloqueo porque la mayoría no quiere asumir el “coste” de su ejercicio. Ni unos ni otros se quieren “manchar”. Cuando estamos ante una crisis constitucional tan grave o más que el 23 F, el que el Tribunal Constitucional renuncie a ejercer los poderes que le corresponden, hace un inmenso favor a los golpistas. El Tribunal, por su propia decisión, ha quedado capis disminuido. Renunciando a sus poderes, su prestigio y legitimidad ante los secesionistas no va a cambiar. Forma parte del imaginario colectivo nacionalista que es el brazo represor jurídico del “Estat”. Haga lo que haga así seguirá sucediendo. En cambio, sí está comprometiendo su legitimidad ante los demás españoles. No se le pide que haga otra cosa que lo que la Ley le habilita; sólo se le exige que cumpla con la Ley. Una vez más, a lo largo de la Historia de la Humanidad, algunos no quieren estar a la altura de las circunstancias, porque no quieren ver la gravedad de lo que sucede. Seguro, se arrepentirán. Esperemos que los demás, no.
El Gobierno de la nación, haciendo gala de una extraordinaria paciencia, temple y serenidad, está todavía en la etapa de las declaraciones. Como la del presidente del Gobierno el pasado viernes. Habló sobre la Constitución, sus principios y la unidad de la nación. Ha sido destacada su afirmación final de que “no va a suceder [el referéndum] y haré todo lo necesario, sin renunciar a nada, para evitarlo”. También ha manifestado su apoyo a alcaldes y funcionarios públicos frente a la ilegalidad. Pero ¿en qué se ha concretado? El camino jurídico continúa. Ha interpuesto cinco recursos de inconstitucionalidad y ha suscitado un incidente de ejecución de sentencia, ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, muchos ciudadanos sienten miedo en Cataluña. No sólo los funcionarios, sino otros que pueden ser requeridos a formar parte de las mesas electorales, por ejemplo. A todos estos no les basta con las declaraciones. Entramos en los días decisivos. El Gobierno debería ser más explícito. Por ejemplo, habilitar oficinas en la Delegación y Subdelegaciones del Gobierno para asesorar a quienes necesiten ayuda; ofrecer instrucciones sobre qué hacer, … En definitiva, el aparato del Estado se tiene que dejar sentir para amparar a la mayoría de los catalanes que se sienten avasallados por un poder despótico que ha colonizado a las instituciones para realizar su proyecto autoritario.
La Fiscalía está desplegando un comportamiento ejemplar. Se está erigiendo en el único aparato del Estado que se está preocupando en dar el salto de las palabras a los hechos. Las querellas presentadas van en esa dirección. Las últimas, las de 8 de septiembre, se dirigen contra la Mesa del Parlament que aprobaron la tramitación de las últimas leyes y resoluciones, así como contra el Govern. En esta última, se pide, como medida cautelar, entre otras, que se oficie a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con competencias en materia de policía judicial “a fin de que se adopten las medidas necesarias para impedir la promoción, organización y celebración del referéndum ilegal”. Una vez admitidas las querellas por el Tribunal Superior de Justicia, confiemos en que las medidas solicitadas sean atendidas.
Ahora bien, sorprende la actitud del Tribunal Constitucional. A pesar de los acontecimientos y de su frenética evolución, sigue in albis. Después de cuatro Sentencias (42/2014, 259/2015, 51/2017 y 90/2017) y tres Autos (141/2016, 170/2016 y 24/2017), el Tribunal no se siente incumbido en dar un paso al frente. Se limita, cual autómata, a advertir a los golpistas de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a las resoluciones anuladas y de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la nulidad, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado por este Tribunal. Igualmente, deduce el testimonio de particulares a fin de que el Ministerio Fiscal proceda, en su caso, a exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder a los implicados.
Ha renunciado a ejercer los poderes que la Ley orgánica del Tribunal Constitucional le ha habilitado. Unos poderes de ejecución que podrían ser particularmente eficaces por su rapidez y contundencia. Me refiero a las medidas contempladas en el artículo 92 de la Ley orgánica, reformado por la Ley orgánica 15/2015, de 16 de octubre, objeto de recurso que el propio Tribunal resolvió por Sentencia 215/2016, de 15 de diciembre de 2016. A pesar de haber quedado resuelta la duda de constitucionalidad, el Tribunal sigue sin adoptarlas. Esta actitud vendría a explicar, se nos dice, el porqué el Gobierno no ha sido más contundente en sus peticiones al Tribunal. Se argumenta que se intenta evitar la ruptura de la unanimidad del Tribunal. A la minoría de los magistrados que disintió del parecer de la mayoría, en relación con la constitucionalidad de los poderes de ejecución, se le está reconociendo una capacidad de bloqueo porque la mayoría no quiere asumir el “coste” de su ejercicio. Ni unos ni otros se quieren “manchar”. Cuando estamos ante una crisis constitucional tan grave o más que el 23 F, el que el Tribunal Constitucional renuncie a ejercer los poderes que le corresponden, hace un inmenso favor a los golpistas. El Tribunal, por su propia decisión, ha quedado capis disminuido. Renunciando a sus poderes, su prestigio y legitimidad ante los secesionistas no va a cambiar. Forma parte del imaginario colectivo nacionalista que es el brazo represor jurídico del “Estat”. Haga lo que haga así seguirá sucediendo. En cambio, sí está comprometiendo su legitimidad ante los demás españoles. No se le pide que haga otra cosa que lo que la Ley le habilita; sólo se le exige que cumpla con la Ley. Una vez más, a lo largo de la Historia de la Humanidad, algunos no quieren estar a la altura de las circunstancias, porque no quieren ver la gravedad de lo que sucede. Seguro, se arrepentirán. Esperemos que los demás, no.
(Expansión, 12/09/2017)
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