En el sistema constitucional norteamericano, los jueces federales son nombrados por el Presidente tras el escrutinio, incluso, severo del Comité correspondiente del Senado. Es este también quien se encarga de examinar las denuncias por comportamientos irregulares de tales jueces y que, en caso afirmativo, acuerda, tras el correspondiente proceso (impeache), removerlos. No deja de ser significativo que se trata, en ambos casos, de un proceso político. Tanto el nombramiento como la destitución es política. En este último caso, es, incluso, irrelevante los eventuales delitos cometidos por el juez. Es evidente que las "irregularidades" apreciadas en el comportamiento del Juez federal son constitutivas de delito. Esta circunstancia, que podría ser relevante en nuestro caso, no lo es a los efectos de la destitución política del juez. Es un sistema constitucional muy distinto al nuestro incluso en cuestiones tan esenciales como esta, lo que entre nosotros es la prejudicialidad de las cuestiones penales. Estas no tienen preeminencia cuando se trata de decidir y apreciar políticamente que un Juez federal ha incurrido en conductas incompatibles con su estatus judicial.
Impeachment Evidence Grows Against U.S. Judge - NYTimes.com
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