EcoRegulación

Siempre he destacado, y así se lo insisto a mis estudiantes, la importancia de la palabra. En la argumentación jurídica, recuerdo, debemos comenzar por la palabra. Leyendo a Alexy (El concepto y la naturaleza del Derecho, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2008) he descubierto al filósofo John L. Austin . Este teorízó sobre estas cuestiones a mediados del siglo pasado. Me ha interesado su insistencia en que "primero la palabra" aunque, como recuerda Alexy, no tiene por qué ser la "ultima palabra" en la argumentación jurídica. Es un punto de partida, no un punto de llegada. No puede serlo, además. Un artículo en el que Austin argumenta sobre estas cuestiones es el el titulado " A Plea for Excuses " que también cita Alexy. Podemos encontrar una edición en castellano de los trabajos de Austin en la que se encuentra el trabajo citado. Me refiero al libro titulado Ensayos filosóficos (Alianza Universidad, Madrid, 1989). Un párrafo me parece ilustrativo de lo que digo: ...

Habrá que seguir la propuesta, formulada muy primariamente, del Primer Ministro David Cameron de privatización de los servicios públicos. Una propuesta que tiene un objetivo: "big Society" en contraposición al "big Government" ("dismantle Big Government and build the Big Society"). Este objetivo supone que la sociedad recupere su poder para controlar aquellos servicios de los que es beneficiaria y, en particular, el poder de elección. Esto supone más responsabilidad, más libertad y más control sobre aquello que tiene una incidencia tan importante sobre la vida de las personas. Estos poderes, ahora en manos del Estado, han de pasar a la sociedad, los ciudadanos, ¿cómo? La propuesta pasa por 1) la adjudicación de la prestación de los servicios públicos tales como escuelas y hospitales a prestadores privados (aquí la fórmula sería una suerte de concesión) y 2) la competencia entre los prestadores para lo que los ciudadanos tendría un pleno derecho de elección...

Nos vamos acercando, según parece, a la verdad: " Ordóñez ha afirmado que la exposición de las cajas al sector inmobiliario alcanza los 217.000 millones de euros. Los activos problemáticos suman 100.000 millones. De estos, 28.000 millones son créditos en situación normal pero mantenidos bajo vigilancia; otros 28.000 millones son préstamos dudosos y 44.000 millones son activos adjudicados ." Esto sucede con las Cajas. Un riesgo que representa el 9 por 100 del PIB. Tampoco quiere decir que todo este riesgo sea riesgo problemático: "solo" alcanza la cifra de 100.000 millones. Algo es algo. Una "pequeña" diferencia. La respuesta desde el Gobierno es más Real Decreto Ley. Ahora toca el turno al Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero . Este amplia y también modifica el anterior Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades d...

El documento que se adjunta a esta noticia tiene su interés. Me imagino que razones laborales están dentras del interés de la Asociación de Inspectores del Banco de España en denunciar la desidia del Gobernador en actuar contra las entidades financieras para exigirles mayor rigor en la asunción de riesgos en el sector inmobiliario. Es posible que un desencuentro entre el Gobernador-Jefe de Personal y Inspectores-subordinados haya sido el desencadenante del escrito que comento. En todo caso, es interesante que en el año 2006 ya se apreciaba, por aquellos que tenían por cometido el examen de las entidades financieras, que la asunción de riesgos en el ladrillo era insostenible, como así, efectivamente, ha sucedido. La duda que me surge es si tal información debió transcender a la opinión pública. Sospecho que, en aquellos años de euforia, habría caido en saco roto. Ahora bien, los gobernantes no deberían estar para contagiarse de euforia alguna. Al igual que tampoco están para buscar excu...

Nos encontramos con el espinoso asunto Nueva Rumasa.  El Gobierno ha considerado que ha hecho todo lo que se podía hacer para advertir a los compradores de pagarés sobre los riesgos que asumían. Nos queda la duda de si las Administraciones públicas hacen bastante cuando sobrevienen situaciones como la presente. Una vez consumado el daño, nos podemos preguntar si han hecho suficiente. ¿Cuál es el papel de la Administración? ¿Advertir que el daño se pueda producir o evitar la producción del daño? Si el daño se ha producido es porque algo ha fallado. La función de las Administraciones públicas no es encontrar excusas que le liberen de cualquier responsabilidad, sino evitar que el daño se produzca. Si este se ha producido es porque algo se habrá hecho mal. Si los tenedores de pagarés de Nueva Rumasa, efectivamente, no cobran y las Administraciones públicas eran conscientes de que eran títulos de mucho riesgo, esta tenía medios suficientes para impedirlos. No parece que se pueda co...

La columna de esta semana está dedica a un nuevo ámbito de enfrentamiento entre los políticos: el de la contaminación atmosférica en nuestras grandes ciudades. Un problema que no tiene precisamente color político pero que se ha convertido, lamentablemente, en un arma arrojadiza entre unos y otros. Mientras tanto, nadie, ni el Gobierno adopta las medidas adecuadas. No está legitimado para criticar a nadie cuando es quien inclumple con sus deberes, incluso, legales. Contaminación política,Tribunas - Expansión.com

Madoff habla desde la prisión y alimenta el caos. Las entidades financieras conocían (o sospechaban) sus manejos. En términos jurídicos está dando bazas a los estafados que han demandado a las entidades financieras. Me hundo y se hunde el mundo. ¿Este es el lema o la explicación? In Prison Interview, Madoff Says Banks ‘Had to Know’ - NYTimes.com

El Presidente Obama ha aprobado recientemente una Executive Order dirigida a mejorar la regulación y, sobre todo, obligar a las Agencias a revisar la regulación vigente. En cuanto a la primera, se insiste, una vez más, sobre los principios por los que ha de guiarse las Agencias para decidir cuándo adoptar una nueva regulación: "(1) propose or adopt a regulation only upon a reasoned determination that its benefits justify its costs (recognizing that some benefits and costs are difficult to quantify); (2) tailor its regulations to impose the least burden on society, consistent with obtaining regulatory objectives, taking into account, among other things, and to the extent practicable, the costs of cumulative regulations; (3) select, in choosing among alternative regulatory approaches, those approaches that maximize net benefits (including potential economic, environmental, public health and safety, and other advantages; distributive impacts; and equity); (4) to the extent...

En el Ministerio de Economía y Hacienda encontramos una abundante estadística territorial . Una consecuencia de la presión de los mercados es la de ofrecer la mayor transparencia posible. El objetivo es generar confianza que los tranquilice. Se puede encontrar abundante información sobre la organización y el funcionamiento de nuestro Estado de las autonomías, máxime ahora que está en boca de todo el mundo.