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El coste de la política: 20.000 asesores

En tiempos de crisis y de tribulación, todos miramos el euro, cada euro, con una particular sensibilidad. Me imagino que aquellos que no sufren la crisis carecen de esta sensibilidad. En los demás, si. El coste de la política es uno de los temas estrellas en el momento presente. Si todos sufrimos la crisis, también los políticos deberían sufrirla. Aunque su competencia es limitada, me refiero a los dos grandes partidos, puesto que no harán nada que perjudique a su mercado laboral, los ciudadanos debemos ser exigentes cuando se trata de administrar unos dineros públicos que se extraen como consecuencia de una presión fiscal creciente. Y dentro del coste de la política se plantea el de los asesores ministeriales o cargos de confianza de los políticos dentro de las Administraciones (El Gobierno gasta 28 millones en asesores, un 8% más que en 2012). Un capítulo minúsculo en personal y gasto (nos 800 y un gasto de 30 millones) de la Administración General del Estado pero que sumado a los de las empresas públicas y para-públicas, así como al del resto de las Administraciones territoriales (Comunidades y Administraciones Locales) puede suponer un resultado bien distinto. Se habla de 20.000 asesores. La Administración General del Estado es la que más asesores tiene. En las Comunidades el número es muy desigual. En Valencia, el número oficial es de 183 cargos políticos y personal eventual, sin incluir los puestos directivos y de confianza de las empresas y organismos de la Generalitat. La Diputación de Valencia cuenta con 37 puestos de personal eventual y el Cabildo de Tenerife, 35 puestos. El Ayuntamiento de Madrid, 217 asesores, más de 80 trabajan para los grupos municipales, otros tantos en las áreas de Gobierno del Ayuntamiento (86), y 42 en los distritos. La Generalitat de Cataluña ha fijado el número máximo del personal eventual en 130. La Junta de Andalucía ofrece una cifra de 270 asesores también para el próximo año. El Gobierno vasco, 74. El Ayuntamiento de Zaragoza, 50. El Gobierno de Canarias, 96. Estas cifras son engañosas. No se incluye el sector público empresarial, ni fundaciones, ni agencias de régimen especial. Hay unos 8.000 municipios. En la inmensa mayoría de los Ayuntamientos, que tienen menos de 1.000 habitantes, no habrá asesor pero en los más grandes, seguro que habrá varios. En el Ayuntamiento de Madrid, el número es de 217. En el caso de las Diputaciones, que son 43 diputaciones también el número será importante. Algunos datos, sólo en el Cabildo de Gran Canaria, tienen contratados a 50 asesores (El Cabildo contrata a 50 asesores ). La Diputación de Barcelona tiene 46 asesores pero sólo para los diputados por lo que es razonable pensar que el número es aún mayor al incluirse los de la propia administración de la Diputación. El 85 por 100 se encuentran, precisamente, en el ámbito local, o sea, un total de 17.000 puestos. Incluso, es razonable pensar que el número real es más elevado. No se han incluido los de las empresas públicas y para-públicas. Y la cifra que se ha presentado está basada en indicios y siempre haciendo un cálculo a la baja. Es razonable pensar que el número de aseares en el ámbito local es mayor que el expuesto. Al igual que tengo la sospecha de que las Administraciones autonómicas no han sido tan restrictivas como la general del Estado. Así pues, 20.000 asesores es una cifra moderadamente realista. Esta es la magnitud del denominado personal eventual.

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