Una primera respuesta es la tesis de las élites extractivas de Acemoglu y Robinson, difundida con éxito, entre nosotros, por César Molinas. En los últimos días, mi colega y amigo, Benito Arruñada, ha sostenido otra opinión en un artículo publicado en el periódico El País. La primera frase es contundente: “Tras constatar que las reformas necesarias para salir de la crisis sólo se aplican tarde y mal, crece el número de quienes culpan al sistema político o a los propios políticos, y proponen rupturas institucionales costosas y arriesgadas. Se equivocan, porque el fallo principal no reside en las instituciones sino en los ciudadanos.” Y afirma: “somos igual de extractivos que las élites”; “necesitamos reformas que traten la raíz del problema. Deben aspirar a que nuestras preferencias como ciudadanos se hagan más racionales, compensando nuestra escasa disposición a informarnos y cooperar en el control de lo público”. Manuel Conthe exponía también hace casi un año que le preocupaban más las “mayorías extractivas” que las élites; “la legión de ciudadanos honrados que, sin saberlo, se consideran con un derecho constitucional a formar parte de una mayoría extractiva".
Bien las élites o bien las mayorías, el régimen político español corre el riesgo de evolucionar hacia un régimen extractivo. Las élites extractivas han sido teorizadas, con mayor o menor rigor, como un grupo que ha capturado al Estado para extraer riqueza al servicio de sus intereses. Éstos serían, en nuestro caso, los políticos de los grandes partidos, nacionales y regionales. No son los únicos. Hay que sumar los sindicatos y las asociaciones patronales, pero también todos aquéllos que se benefician de regulaciones, contratos y subvenciones públicas cuando no tienen derecho a obtener estos beneficios e, incluso, cuando no hay justificación de que el Estado los reparta. Y aquí entran en juego las mayorías extractivas. Conthe pone el ejemplo del régimen de pensiones que ha dejado de ser exclusivamente contributivo. Molinas comenta el caso del pueblo Marinaleda y de cómo extraen rentas sus vecinos. Los ejemplos podrían multiplicarse con empresas que obtienen las rentas del monopolio. Qué decir de la captura territorial de la libertad de comercio. Y suma y sigue.
El régimen político ha evolucionado para ampliar la base social de la extracción. Una de las formas por las que se ha llevado a cabo ha alumbrado una de las modalidades de corrupción que observamos entre nosotros. Junto a la que beneficia a la élite del partido, nos encontramos con la que pretende “repartir” entre los adeptos para sostener el régimen en beneficio de un partido (la corrupción clientelar). Y otra de las formas es la desafección. En España se ha producido lo que técnicamente se ha denominado una devaluación interna. Ésta ha supuesto un inmenso sufrimiento a millones de personas. Éstas esperan, todos esperamos, que el sistema político y sus instituciones depuren las responsabilidades personales, económicas, sociales e, incluso, penales por la situación en la que nos encontramos. Todos hemos pagado nuestros errores. Ahora queda que otros paguen los suyos. Si el sistema sigue reacio a la depuración, la desafectación seguirá creciendo. Un Estado democrático de Derecho no puede ni vivir ni prosperar de espaldas a los ciudadanos. El principio de legalidad es substituido por la ley de la jungla. Y ésta incluye el latrocinio. Coge todo lo que puedas porque todos lo hacen. Cumplir las normas, respetar las reglas, … sólo para los “pringaos”. El régimen político deviene corrupto. Y, sin instituciones, no hay prosperidad. Acemoglu y Robinson nos muestran que la solidez institucional, su fortaleza, directamente proporcional a su legitimidad, o sea, a su reconocimiento social, es una de las claves más importantes de la riqueza de las naciones. El régimen extractivo es una amenaza a nuestra democracia. El único antídoto son instituciones fortalecidas por la legitimidad de los hechos.
(Expansión, 22/04/2014)
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