A la Justicia española le sucede lo que a todas las demás instituciones del Estado. Está mal. Muy mal. Así resulta de la valoración que hacen los ciudadanos del bien más preciado del poder judicial: su independencia. Según el cuadro de indicadores de la justicia en la UE que publicó la Comisión Europea el pasado día 17, España ocupa el puesto 72, de 148 Estados. Sólo los tribunales de Eslovenia, Grecia, Croacia, Rumanía, Bulgaria y Eslovaquia son menos independientes que los nuestros. No me lo creo. Es la independencia percibida. No es la real. Sucede lo mismo que con la corrupción.
En primer lugar, la Constitución afirma que la justicia emana del pueblo y se administra por los jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley (art. 117). La independencia lo es de los jueces y magistrados. Es una cualidad personal, garantizada jurídicamente. La distorsión en la apreciación de la independencia viene de la mano, no tanto del comportamiento de los jueces y magistrados, salvo sonadas excepciones, cuanto del órgano de gobierno. El Consejo General del Poder Judicial se ha convertido en una caja de resonancia de las querellas políticas e ideológicas. La elección de uno u otro para ocupar alguno de los cargos gubernativos en el seno del poder judicial, como los presidentes de Tribunales y Audiencias, así como las plazas en alguno de los altos tribunales, caso del Tribunal Supremo, queda salpicada por la indicada querella y, por extensión, la de todos los jueces y magistrados.
En segundo lugar, la percepción negativa que sufren los jueces españoles forma parte de la que afecta a todo el Estado, a la política y los políticos. Es una crítica a la situación económica, política y social en la que nos encontramos. Los periodos de crisis no lo son alegría sino de … crisis. Según un estudio elaborado por Ipso en diciembre de 2013 sobre la felicidad en 24 países, éste arrojó como resultado que somos los menos felices del mundo (59%), lejos de ciudadanos como indonesios (92%), canadienses (86%), suecos (85%), o estadounidenses (84%). La dureza de la crisis se corresponde con la de apreciación de nuestra situación personal, pero también de nuestro entorno y, en particular, del político, el cual es considerado, además, como el gran responsable.
En tercer lugar, la crisis económica, social y política, la crisis personal, sólo puede terminar, como cualquier otra enfermedad, con la purificación. Y ésta exige que los responsables asuman las consecuencias de sus hechos. Los ciudadanos estamos purgando nuestras penas. Ahora falta que lo hagan los responsables políticos y empresariales. Esta ausencia magnifica la percepción de la corrupción, así como de la ausencia de independencia judicial. Se corre el riesgo de que se quiera ralentizar la depuración para que la mejora de las variables económicas extienda un manto de protección y cure las heridas. Sería nefasto. No se saldría de la crisis. Se institucionalizaría; se hipotecaría definitivamente la legitimidad de las instituciones y, en particular, del poder judicial. Está perfectamente acreditado el que la prosperidad de una nación está vinculada directamente a la fortaleza de sus instituciones. España no puede aspirar a las máximas cotas del bienestar con instituciones sin legitimidad. No. Es imposible.
En cuarto y último lugar, el informe de la Comisión también pone de manifiesto un dato sobresaliente. La falta de medios. El número de jueces por 100.000 habitantes es inferior a la media de la Unión (11 / 21). La organización y los medios de la oficina judicial son mejorables. Hace algunas fechas, el periódico ABC hacía un inventario de los medios personales con los que cuenta el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, a cuyo frente está el Magistrado P. Ruz. Según el cálculo de este periódico, el Juzgado cuenta con 28 personas. Es un número que podría ser considerado insuficiente, a la vista de la importancia y cantidad de asuntos que instruye (tan relevantes como los casos Gürtel, SGAE, Barcenas, Neymar, Pujol Ferrusola, auditoría de Pescanova, asuntos de terrorismo, … y otros, no tan conocidos). En cualquier otro juzgado de instrucción, el número es inferior o muy inferior. Además, en la oficina sólo una persona decide: el juez; el resto realiza tareas de gestión procesal. Demasiados asuntos, demasiado importantes en muy pocas manos y con pocos medios. El resultado es la lentitud, fuente de sospechas, las cuales no contribuyen a la depuración que la sociedad reclama. La salida de la crisis exige responsables. Exige castigos. No está en juego la venganza. Está en juego la legitimidad de las instituciones. Y ésta, sí es fuente de riqueza.
En primer lugar, la Constitución afirma que la justicia emana del pueblo y se administra por los jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley (art. 117). La independencia lo es de los jueces y magistrados. Es una cualidad personal, garantizada jurídicamente. La distorsión en la apreciación de la independencia viene de la mano, no tanto del comportamiento de los jueces y magistrados, salvo sonadas excepciones, cuanto del órgano de gobierno. El Consejo General del Poder Judicial se ha convertido en una caja de resonancia de las querellas políticas e ideológicas. La elección de uno u otro para ocupar alguno de los cargos gubernativos en el seno del poder judicial, como los presidentes de Tribunales y Audiencias, así como las plazas en alguno de los altos tribunales, caso del Tribunal Supremo, queda salpicada por la indicada querella y, por extensión, la de todos los jueces y magistrados.
En segundo lugar, la percepción negativa que sufren los jueces españoles forma parte de la que afecta a todo el Estado, a la política y los políticos. Es una crítica a la situación económica, política y social en la que nos encontramos. Los periodos de crisis no lo son alegría sino de … crisis. Según un estudio elaborado por Ipso en diciembre de 2013 sobre la felicidad en 24 países, éste arrojó como resultado que somos los menos felices del mundo (59%), lejos de ciudadanos como indonesios (92%), canadienses (86%), suecos (85%), o estadounidenses (84%). La dureza de la crisis se corresponde con la de apreciación de nuestra situación personal, pero también de nuestro entorno y, en particular, del político, el cual es considerado, además, como el gran responsable.
En tercer lugar, la crisis económica, social y política, la crisis personal, sólo puede terminar, como cualquier otra enfermedad, con la purificación. Y ésta exige que los responsables asuman las consecuencias de sus hechos. Los ciudadanos estamos purgando nuestras penas. Ahora falta que lo hagan los responsables políticos y empresariales. Esta ausencia magnifica la percepción de la corrupción, así como de la ausencia de independencia judicial. Se corre el riesgo de que se quiera ralentizar la depuración para que la mejora de las variables económicas extienda un manto de protección y cure las heridas. Sería nefasto. No se saldría de la crisis. Se institucionalizaría; se hipotecaría definitivamente la legitimidad de las instituciones y, en particular, del poder judicial. Está perfectamente acreditado el que la prosperidad de una nación está vinculada directamente a la fortaleza de sus instituciones. España no puede aspirar a las máximas cotas del bienestar con instituciones sin legitimidad. No. Es imposible.
En cuarto y último lugar, el informe de la Comisión también pone de manifiesto un dato sobresaliente. La falta de medios. El número de jueces por 100.000 habitantes es inferior a la media de la Unión (11 / 21). La organización y los medios de la oficina judicial son mejorables. Hace algunas fechas, el periódico ABC hacía un inventario de los medios personales con los que cuenta el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, a cuyo frente está el Magistrado P. Ruz. Según el cálculo de este periódico, el Juzgado cuenta con 28 personas. Es un número que podría ser considerado insuficiente, a la vista de la importancia y cantidad de asuntos que instruye (tan relevantes como los casos Gürtel, SGAE, Barcenas, Neymar, Pujol Ferrusola, auditoría de Pescanova, asuntos de terrorismo, … y otros, no tan conocidos). En cualquier otro juzgado de instrucción, el número es inferior o muy inferior. Además, en la oficina sólo una persona decide: el juez; el resto realiza tareas de gestión procesal. Demasiados asuntos, demasiado importantes en muy pocas manos y con pocos medios. El resultado es la lentitud, fuente de sospechas, las cuales no contribuyen a la depuración que la sociedad reclama. La salida de la crisis exige responsables. Exige castigos. No está en juego la venganza. Está en juego la legitimidad de las instituciones. Y ésta, sí es fuente de riqueza.
(Expansión, 01/04/2014)
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