Bajo el peso de las impresiones, pocas ideas mínimamente coherentes se pueden articular. Las imágenes, repetidas hasta la saciedad, las mismas y, en algunos casos, desde distintas perspectivas, recalcan la acción policial de la Policía nacional y de la Guardia Civil. Es lo único que sobresale. Han conseguido tapar las escandalosas ilegalidades producidas. Otra vez más, los cálculos del Gobierno han fallado.
Habíamos creído que la logística del referéndum se había quebrado. Se ha conseguido, pero aún se han conservado elementos simbólicos sobre los que construir el relato secesionista. Las urnas han sido todo un éxito. Las tenían; las habían conseguido, no sabemos todavía a través de qué fórmula, pero ¿cómo los servicios policiales y de inteligencia del Estado no pudieron controlarlas e incautarlas? Se distribuyeron entre los colegios, con total impunidad. Papeletas, ha habido, así como una suerte de censo caribeño. Se han incumplido los estándares mínimos; se ha incurrido en ilegalidades, incluso, delictivas, escandalosas. Ninguna duda. Pero la imagen, la maldita imagen, no habría sido la misma si se hubiesen podido “neutralizar” estos elementos tan esenciales para, al menos, construir la apariencia sobre la que asentar la narración que la prensa internacional ha asumido.
Sorprende la facilidad con la que se ha conseguido burlar a las instituciones del Estado. Los Mossos han desobedecido groseramente. En algunos casos, incluso, se han enfrentado a la Guardia civil y a la Policía nacional. Por lo tanto, se cumple uno de los primeros requisitos del relato independentista: las fuerzas del Estado contra la ciudadanía catalana; las colas, los votantes, de todas las edades, y la Policía nacional (“española”, como recalcaban en TV3) y la Guardia civil cumpliendo con el papel de represores de la manifestación democrática, de la fiesta democrática de votar.
Esta burla al Estado es el fruto de la incompetencia o de la desidia, o, incluso, de una política de dejar hacer para evitar males mayores. Al final, la proporcionalidad ha alumbrado el monstruo de la cobardía. Es una de las palabras de actualidad. La reacción debía ser proporcional. Es un principio recogido, en particular, en Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad ciudadana (art. 4). Interpretado, en los términos de la Exposición de Motivos de dicha Ley, como la concurrencia en cualquier medida del triple requisito de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Mientras que los Mossos lo han interpretado para renunciar al ejercicio de sus funciones, la Policía nacional y la Guardia civil, las han ejercido dando lugar a las situaciones de violencia, muy controlada, respecto de aquellos que se han resistido al cumplimiento de las resoluciones judiciales, las cuales, por sorprendente que parezca, no iban contra los votantes sino contra los medios de votación.
El Estado de Derecho impone reglas y, en caso de incumplimiento, cuenta con mecanismos para vencer la resistencia de los incumplidores. Se han producido errores, a mi juicio, singularmente relevantes. El Estado de Derecho se ha dejado engañar. Los independentistas han actuado con más determinación, no paralizados por los complejos o las proporcionalidades de ningún tipo; como un “indepe” afirmaba, el Estado no tiene un recorrido ilimitado para imponer el cumplimiento de las reglas, porque a ellas obedece; en cambio, los independentistas, liberados de toda regla, pueden hacer todo aquello que consideren oportuno. Y lo han hecho. Ante la sorpresa del Estado que ha tenido que recurrir, ya en última instancia, a la acción de la fuerza policial en un terreno en el que siempre ganan los independentistas. Había que haberlo evitado.
El pasado jueves, parecía que el Gobierno había decidido tomar el control de los Mossos por la vía de la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional (Ley 36/2015). Era un rumor que avanzaba lo que podía suceder en el Consejo de Ministros. El artículo 24 contempla la posibilidad, tras la previa declaración por el Presidente del Gobierno de una “situación de interés para la seguridad nacional”, del nombramiento de una autoridad funcional para dirigir y coordinar las actuaciones que procedan. Por esta vía, al menos, se podría haber garantizado la colaboración de los Mossos. Evitar, en definitiva, que toda la acción de garantía de cumplimiento de la legalidad recayese exclusivamente sobre Policía nacional y Guardia civil. Obviar el conflicto Estado –ciudadanos catalanes; la potente imagen de España contra Cataluña; la primera brutal, la segunda pacífica. La imagen de desvalimiento que tanto éxito tiene entre aquellos que no quieren profundizar en las causas de lo que ven.
Ante tanta burla al Estado, la duda que nos queda es si lo sucedido, con el gravísimo daño a la imagen de España, es fruto de la incompetencia, de la desidia o de los temores. Todas son graves errores políticos, con perjuicios para el Estado, pero, sobre todo, para los ciudadanos. La burla a las instituciones nos humilla y nos indigna como ciudadanos de ese Estado. Son el caldo de cultivo para una reacción política que también salpicará al Gobierno de la Nación. Los “indepes”, cuya incompetencia han demostrado hasta el infinito, han superado, por goleada, al gobierno de la Nación, ridiculizando al Estado democrático de Derecho. La jornada de ayer es el remate a cuarenta años de conllevanza que ha creado la impunidad en Cataluña, para la corrupción y para la creación del mito independentista que ya tiene, incluso, sus mártires. Peor, imposible.
(Expansión, 03/10/2017)
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