La Unión Europea se fundamenta en los valores de “respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos” (art. 2 Tratado de la Unión).
La Unión protegerá y promoverá esos “objetos” valiosos; son la base y son la aspiración; un círculo virtuoso que la alimenta, le da vida, a la par que la configura como un “espacio de libertad, seguridad y justicia” y todo ello, lo que es particularmente relevante, “sin fronteras interiores” (art. 3 Tratado).
La cuestión central pasa a ser el cómo; el cómo se protegen y se promueven los valores. La cláusula de Estado de Derecho hace su aparición. La Unión es una “Comunidad de Derecho”, como la definiera el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sentencia de 23 de abril de 1986, asunto Les Verts). Tanto la organización internacional como los Estados miembros responden a unos principios como los de legalidad, seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad, revisión de las decisiones por parte de Tribunales imparciales e independientes, tutela judicial efectiva e igualdad ante la Ley. El objetivo es garantizar los derechos fundamentales. Sólo el Estado de Derecho puede procurar el marco institucional en el que los derechos fundamentales están protegidos.
En los últimos tiempos, la Unión se enfrenta a importantes desafíos que afectan al círculo virtuoso expuesto. Por un lado, el reto polaco; y no en menor medida, lo sucedido con el Auto del Tribunal de Justicia de Schleswig-Hostein en relación con la ejecución de la orden de detención y entrega de Puigdemont. Pero, por otro lado, la lógica de funcionamiento de la Unión se aplica, con éxito, como se ha podido comprobar en la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio. La Historia avanza entre grandes y pequeños pasos.
La Unión ha activado el denominado “botón nuclear” contra Polonia por las reformas que ha emprendido del Poder judicial que comprometen su independencia. Afectan a uno de los principios esenciales de la cláusula de Estado de Derecho. A pesar de la amenaza que supone el artículo 7 del Tratado, Polonia sigue adelante. La sanción puede suponer la suspensión de los derechos de los que disfruta como Estado, incluidos, los de voto en el Consejo. No se arredra. Así lo ha hecho saber el Primer Ministro ante el Parlamento Europeo en su intervención del pasado 4 de julio. Un obstáculo que podría bloquear la aplicación de la medida: la unanimidad de los miembros de la Unión. Hungría ya ha dicho que no la va a apoyar. Por lo tanto, nos encontramos ante un desafío institucional que podría carecer de respuesta. La Comunidad de Derecho se resquebraja; no hay Derecho si no es efectivo.
El Auto de 12 de julio de 2018, de la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Schleswig-Hostein, es otra muestra de las amenazas que se ciernen sobre la Unión. Como es sabido, el Tribunal alemán decidió no conceder la extradición de Puigdemont alegando, en definitiva, que en Alemania no es delito ejecutar, en palabras del Tribunal Supremo español, “un plan que pretendía sustituir por otro el ordenamiento democráticamente aprobado, actuando fuera de las normas vigentes sobre el particular, con la finalidad última de declarar unilateralmente la independencia del territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña, asumiendo la causación de episodios violentos en la calle, que efectivamente tuvieron lugar, para obligar al Estado a claudicar, imponiendo así sus designios por la fuerza” (Auto de 26 de junio).
No es creíble que en Alemania estos hechos no estén penados, cuando sí lo están, por ejemplo, las ofensas a los símbolos nacionales. En todo caso, el Auto es contrario al Derecho de la Unión (Decisiones marco de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención, y la de 27 de noviembre de 2008, relativa al reconocimiento mutuo de sentencias), así como a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (Sentencia de 11 de enero de 2017, asunto Grundza, entre otras).
Este proceder quiebra una consecuencia fundamental de la cláusula de Estado de Derecho: la confianza mutua. Es el corolario de la seguridad jurídica. La Unión es una Comunidad gobernada por reglas a las que todos están sometidos. Esta circunstancia es fuente de seguridad y confianza. Si no hay un reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales, la cláusula de Estado de Derecho no es efectiva. Y si no lo es, una nueva fractura resquebraja la Comunidad de Derecho.
Un motivo de esperanza se abre. En la misma semana en la que un Tribunal alemán daba muestra de un nacionalismo trasnochado, así como de una profunda arrogancia respecto de la democracia española, el Tribunal Supremo español demostraba que España cree firmemente en la Unión y en sus implicaciones.
La Sentencia de 9 de julio, de la Sala tercera, adoptaba una decisión, sin precedentes: declaraba ilegal una decisión del Gobierno español, la anulaba y le ordenaba cumplir las obligaciones que al Estado español le imponen sendas Decisiones del Consejo de la Unión, de 21 de abril y 14 de septiembre de 2017.
Estas decisiones imponían al Estado español unas obligaciones relativas al acogimiento de cierta cantidad de inmigrantes: debía haber ofertado y reubicado a 13.086 solicitantes de asilo procedentes de Grecia y a 6.363 procedentes de Italia. En cambio, sólo lo ha hecho respecto del 7 % de la cuota total.
El Tribunal considera que se han incumplido las obligaciones y esto supone una infracción al Derecho de la Unión que el Tribunal aprecia y sanciona. Y todo esto lo hace sin necesidad de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión. El Tribunal español actúa como Tribunal del Derecho de la Unión. Y, en tanto que tal, castiga al Gobierno español y le impone una obligación derivada de aquel Derecho.
No hay mayor muestra de renuncia al nacionalismo judicial. La máxima autoridad judicial española, castiga al Gobierno español, por el incumplimiento del Derecho de la Unión. Aquí radica la esperanza. Para el Tribunal español, la Unión sí que es, de manera efectiva, una Comunidad de Derecho. Ese es el camino. Ojalá otros renunciasen al nacionalismo, uno de los ropajes del populismo que amenaza a la Unión.
La Unión protegerá y promoverá esos “objetos” valiosos; son la base y son la aspiración; un círculo virtuoso que la alimenta, le da vida, a la par que la configura como un “espacio de libertad, seguridad y justicia” y todo ello, lo que es particularmente relevante, “sin fronteras interiores” (art. 3 Tratado).
La cuestión central pasa a ser el cómo; el cómo se protegen y se promueven los valores. La cláusula de Estado de Derecho hace su aparición. La Unión es una “Comunidad de Derecho”, como la definiera el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sentencia de 23 de abril de 1986, asunto Les Verts). Tanto la organización internacional como los Estados miembros responden a unos principios como los de legalidad, seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad, revisión de las decisiones por parte de Tribunales imparciales e independientes, tutela judicial efectiva e igualdad ante la Ley. El objetivo es garantizar los derechos fundamentales. Sólo el Estado de Derecho puede procurar el marco institucional en el que los derechos fundamentales están protegidos.
En los últimos tiempos, la Unión se enfrenta a importantes desafíos que afectan al círculo virtuoso expuesto. Por un lado, el reto polaco; y no en menor medida, lo sucedido con el Auto del Tribunal de Justicia de Schleswig-Hostein en relación con la ejecución de la orden de detención y entrega de Puigdemont. Pero, por otro lado, la lógica de funcionamiento de la Unión se aplica, con éxito, como se ha podido comprobar en la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio. La Historia avanza entre grandes y pequeños pasos.
La Unión ha activado el denominado “botón nuclear” contra Polonia por las reformas que ha emprendido del Poder judicial que comprometen su independencia. Afectan a uno de los principios esenciales de la cláusula de Estado de Derecho. A pesar de la amenaza que supone el artículo 7 del Tratado, Polonia sigue adelante. La sanción puede suponer la suspensión de los derechos de los que disfruta como Estado, incluidos, los de voto en el Consejo. No se arredra. Así lo ha hecho saber el Primer Ministro ante el Parlamento Europeo en su intervención del pasado 4 de julio. Un obstáculo que podría bloquear la aplicación de la medida: la unanimidad de los miembros de la Unión. Hungría ya ha dicho que no la va a apoyar. Por lo tanto, nos encontramos ante un desafío institucional que podría carecer de respuesta. La Comunidad de Derecho se resquebraja; no hay Derecho si no es efectivo.
El Auto de 12 de julio de 2018, de la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Schleswig-Hostein, es otra muestra de las amenazas que se ciernen sobre la Unión. Como es sabido, el Tribunal alemán decidió no conceder la extradición de Puigdemont alegando, en definitiva, que en Alemania no es delito ejecutar, en palabras del Tribunal Supremo español, “un plan que pretendía sustituir por otro el ordenamiento democráticamente aprobado, actuando fuera de las normas vigentes sobre el particular, con la finalidad última de declarar unilateralmente la independencia del territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña, asumiendo la causación de episodios violentos en la calle, que efectivamente tuvieron lugar, para obligar al Estado a claudicar, imponiendo así sus designios por la fuerza” (Auto de 26 de junio).
No es creíble que en Alemania estos hechos no estén penados, cuando sí lo están, por ejemplo, las ofensas a los símbolos nacionales. En todo caso, el Auto es contrario al Derecho de la Unión (Decisiones marco de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención, y la de 27 de noviembre de 2008, relativa al reconocimiento mutuo de sentencias), así como a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (Sentencia de 11 de enero de 2017, asunto Grundza, entre otras).
Este proceder quiebra una consecuencia fundamental de la cláusula de Estado de Derecho: la confianza mutua. Es el corolario de la seguridad jurídica. La Unión es una Comunidad gobernada por reglas a las que todos están sometidos. Esta circunstancia es fuente de seguridad y confianza. Si no hay un reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales, la cláusula de Estado de Derecho no es efectiva. Y si no lo es, una nueva fractura resquebraja la Comunidad de Derecho.
Un motivo de esperanza se abre. En la misma semana en la que un Tribunal alemán daba muestra de un nacionalismo trasnochado, así como de una profunda arrogancia respecto de la democracia española, el Tribunal Supremo español demostraba que España cree firmemente en la Unión y en sus implicaciones.
La Sentencia de 9 de julio, de la Sala tercera, adoptaba una decisión, sin precedentes: declaraba ilegal una decisión del Gobierno español, la anulaba y le ordenaba cumplir las obligaciones que al Estado español le imponen sendas Decisiones del Consejo de la Unión, de 21 de abril y 14 de septiembre de 2017.
Estas decisiones imponían al Estado español unas obligaciones relativas al acogimiento de cierta cantidad de inmigrantes: debía haber ofertado y reubicado a 13.086 solicitantes de asilo procedentes de Grecia y a 6.363 procedentes de Italia. En cambio, sólo lo ha hecho respecto del 7 % de la cuota total.
El Tribunal considera que se han incumplido las obligaciones y esto supone una infracción al Derecho de la Unión que el Tribunal aprecia y sanciona. Y todo esto lo hace sin necesidad de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión. El Tribunal español actúa como Tribunal del Derecho de la Unión. Y, en tanto que tal, castiga al Gobierno español y le impone una obligación derivada de aquel Derecho.
No hay mayor muestra de renuncia al nacionalismo judicial. La máxima autoridad judicial española, castiga al Gobierno español, por el incumplimiento del Derecho de la Unión. Aquí radica la esperanza. Para el Tribunal español, la Unión sí que es, de manera efectiva, una Comunidad de Derecho. Ese es el camino. Ojalá otros renunciasen al nacionalismo, uno de los ropajes del populismo que amenaza a la Unión.
(Expansión, 17/07/2018)
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