Contra las instituciones, soplidos de displicencia

Hugh Heclo ("Pensar institucionalmente") definía a las instituciones como el esqueleto del cuerpo social. Si el esqueleto presta sostén mecánico, dispensa protección a los órganos internos y permite la locomoción, a una comunidad le facilita servicios equivalentes. Es un conjunto de reglas, no necesariamente formalizadas, que proveen de protección, sostén y vida. Las reglas compartidas que ofrecen la estructura (normativa) sobre la que descansa la convivencia y la cooperación. Son las que hacen posible el salto de la solidaridad estrecha del ámbito familiar a otro más extenso, el de la nación; del “yo-familiar”, se pasa al “nosotros”, porque somos “hermanos”.

El amor a la patria, como ha estudiado Maurizio Viroli, es un sentimiento que rompe la barrera familiar (natural) para comprender a toda la comunidad. El patriotismo es, en el sentido republicano, el amor a una colectividad, organizada institucionalmente por una Constitución, en la que se garantizan los derechos y libertades y the rule of law, en un contexto de legitimación democrática del poder: libertades, legalidad y democracia, el triunvirato de la legitimidad. Sólo el poder que responde/respeta estas coordenadas es el poder digno de ser obedecido. Confluyen instituciones y sentimientos alrededor de la patria constitucionalizada como Estado democrático de Derecho.

¿Qué sucede cuando la democracia atropella a los otros principios? Boris Johnson ha dicho, para justificar la suspensión de la actividad parlamentaria: “Lo peor para la democracia británica sería cancelar el referéndum (del Brexit)”. No ha ocultado que la suspensión obedece al objetivo de impedir que los diputados, que son los que disfrutan, en representación del pueblo, de la soberanía, puedan enmendar el resultado del referéndum, o sea, impedir el Brexit o, en su caso, imponer una salida negociada. ¿Se puede impedir que los representantes del pueblo puedan adoptar una decisión en contra de lo manifestado por el pueblo? No, pero tampoco los representantes pueden substituirla. Sólo el pueblo puede revocar lo ya decidido. Ante las dificultades surgidas y los errores cometidos, parece razonable que vuelva a ser llamado para, ante las nuevas circunstancias, producir un resultado de ratificación o de corrección de la decisión tomada.

El resultado del referéndum no puede ser subvertido mediante subterfugios legalistas a lomos de la soberanía parlamentaria. Los “brexiters” denuncian un golpe de Estado parlamentario; y los que se oponen a la salida de la UE, otro del Ejecutivo de Johnson. Sin embargo, es terrible que se pueda sentar el precedente, en una democracia sin Constitución formal, de que el Ejecutivo puede desactivar (suspender) al Legislativo e, incluso, desconocer la eventual Ley que se pudiera aprobar, cuando son obstáculos al objetivo del Gobierno. Es un atropello gravísimo a la división de poderes.

La democracia, entendida en su sentido plebiscitario, se alza como lanza contra la legalidad e, incluso, contra los derechos y libertades. El resultado del referéndum se ha de hacer realidad, se nos dice; es la voluntad suprema del pueblo. Johnson ha advertido de los peligros que supondría desoír al pueblo: "si impedimos que el Reino Unido salga el 31 de octubre [de la UE], si eso es lo que los parlamentarios acaban haciendo, provocará un daño duradero en la confianza de la gente en los políticos"; provocaría "un daño duradero y catastrófico a los principales partidos"; y "esta generación política no será perdonada por no cumplir con esa promesa”. Un daño a la confianza en las instituciones; un daño a su legitimidad.

Y tiene razón. El problema institucional del populismo no es (solo) el de los políticos que lo alientan y lo lideran, sino el de un “pueblo populista”; hay un sector de la ciudadanía que cree, firmemente, que el Brexit es la mejor solución a sus problemas; será una creencia falaz, como lo es, pero la siguen aceptando. Mientras esta decisión no sea revertida por un mecanismo similar, tiene toda la validez democrática y jurídica. Frustrar ese empeño por vías más o menos oscuras, sería un atentado a la democracia. Hay que ganar al “pueblo populista” para la causa de la democracia, la legalidad y la libertad, pero no por la vía autoritaria de su marginación. Cuanto más marginado, más frustrado y mayor será el peligro para las instituciones.

Lo que está en juego no es la artimaña de Johnson para evitar que el Legislativo frustre la salida de la Unión Europea, sino la frustración del “pueblo populista” que la volcaría sobre el esqueleto institucional del Reino Unido: la confianza en las instituciones que articulan a la nación. Y si se quiebra ese esqueleto, sería el caldo de cultivo propicio al aventurerismo. Su frustración arrojaría más gasolina al incendio que afecta el triunvirato democracia/legalidad/libertad. La espiral “pueblo populista” y “líderes populistas” impulsaría a la democracia británica hacia un escenario espantoso. Sería un terrible ejemplo para el “pueblo populista” y los “líderes populistas” de toda Europa, en particular, de España (por ejemplo, el del secesionismo catalán).

En las coordenadas de la “rebelión de las masas”, en las de la sociedad de la información, de las redes sociales, de la ruptura del monopolio de los medios tradicionales de información en la generación de opinión y de la desintermediación del acceso al conocimiento, el “pueblo populista” es un actor de referencia que no puede ser desconocido; puede hacer quebrar el esqueleto institucional de la nación; puede poner en crisis el triunvirato sobre el que se alza el Estado democrático de Derecho. Ha llegado y no se irá. Falta reflexión, sensatez y sentido común; sobra arrogancia. Y luego nuestra intelectualidad y políticos se sorprenden. ¡No se puede combatir la tempestad a soplidos de displicencia!

(Expansión, 04/10/2019)