La izquierda no roba

El dinero no tiene ideología; no tiene, tampoco, moral. ¿Por qué ha de tenerlas? Tampoco a los martillos se les pide, ni se les exige. Al dinero, sí. Lakoff ha formulado una polémica teoría sobre los “sistemas conceptuales morales” que distinguen a progresistas y a conservadores (Política moral: Cómo piensan progresistas y conservadores). Ciertamente, las coordenadas son las norteamericanas, pero nos ofrece una perspectiva interesante. El dinero no tiene ni ideología ni moral, pero, en cambio, sí que es objeto de la ideología y de la moral de progresistas y de conservadores para insertarse en los discursos que les ofrecen ropajes y coberturas a sus prácticas políticas.

Un ejemplo, señero, nos lo ofrece la valoración del robo del dinero público (corrupción). Para los progresistas, los conservadores se sirven de los caudales públicos para satisfacer sus intereses egoístas, mientras que ellos, en cambio, para ayudar a los necesitados. Los conservadores cultivan el latrocinio egoísta; las izquierdas, la solidaridad.

A su vez, para los conservadores, los progresistas son unos hipócritas que roban y traicionan a aquellos a los que dicen defender. Ninguno es capaz de reconocer no sólo el comportamiento moral del otro, sino que justifica el inmoral propio, con el mismo grado con el que detesta al ajeno.

La valoración del robo depende del cristal ideológico/moral con el que es observado. Si los anteojos son conservadores, la corrupción queda dulcificada por su escasa importancia; mientras que la de los progresistas rezuma en importancia cuantitativa, y cualitativa (es el dinero de los parados; de los que lo necesitan).

Si los anteojos son los progresistas, la corrupción queda suavizada porque los condenados no se enriquecieron, a diferencia de la de los conservadores que fue utilizada para alimentar su interés egoísta. Al menos, sostienen, los progresistas roban para repartir.

Es la gran mentira que se quiere construir alrededor del caso de los ERE. Se nos dice, en primer lugar, que las condenados (Griñán y Chaves) son honrados; no se apropiaron de dinero; no se enriquecieron. En segundo lugar, que no sabían nada; fueron tan engañados como los demás. En tercer lugar, que, aunque no se dice con la suficiente energía, fueron víctimas de la traición de unos inmorales desalmados. Y, en cuarto lugar, que las ayudas se destinaron, por un camino equivocado, en la inmensa mayoría de los casos, a aquellos que las necesitaban.

La causa de todos los males fue, continúan, atender con urgencia una necesidad social que, significativamente, se veía obstruida por unas exigencias formales. El Derecho, el procedimiento y las garantías jurídicas eran obstáculos para atender a una situación de emergencia social. Y la demostración de que así fue, insisten, radica en que la inmensa mayoría de las ayudas se destinó a estos fines. La legalidad deviene, asombrosamente, en la causa de la ilegalidad corrupta.

Para la izquierda lo importante no es el perjudicado, sino si ha habido o no enriquecimiento personal. Si no hay enriquecimiento, como en los casos del PP, ni financiación ilegal, no estamos ante un caso de corrupción; es otra cosa. Es una irregularidad formal; un asunto menor, consecuencia de que el rigor jurídico impedía atender con rapidez a una necesidad social.

Cuando la Sentencia del caso de los ERE (de la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección Primera, de 19 de noviembre de 2019) se entretiene en la calificación jurídica de los hechos, o sea, el encaje de los hechos declarados probados en los tipos penales se centra, como no podía ser de otra manera, en los tipos de prevaricación (art. 404 Código penal) y el de malversación de caudales públicos (art. 432 CP).

El primero gira alrededor de la arbitrariedad; el grosero incumplimiento de la más mínima legalidad; tan escandaloso que sorprende que el sistema pudiese funcionar durante casi diez años, disponiendo a su antojo de unos 680 millones de euros. Así operó por la sensación de impunidad. Había pleno conocimiento de la ilicitud y nada se hizo. Más y más millones cada año para enriquecer la maquinaria de subyugación social al servicio de la continuidad en el poder.

Más interés tiene, en lo que ahora expongo, el delito de malversación de caudales públicos. Son considerados responsables penales, entre otros, además de los inefables Guerrero y Viera, el presidente Griñán, por “haber tomado parte activa, material y voluntaria en su ejecución”. En ellos concurre la condición de autoridad, con facultad para disponer del dinero que, además, reviste la condición de público, así como el haber procedido a la sustracción de ese dinero para la satisfacción del ánimo de lucro propio o de tercero.

Así se acredita en relación con los tres tipos de subvenciones que se concedieron. Más de 11 millones de euros fueron “regalados” por los condenados a empresas que se constituyeron con muy poca antelación a la concesión de las ayudas, tenían escaso patrimonio propio, carecían de sustancia económica y de trabajadores, no depositaban cuentas en el registro mercantil o con retraso, ni reflejaban en las cuentas anuales las subvenciones percibidas (págs. 1716-1717). No hay ni solicitudes, ni documentos, ni procedimiento, ni actuación alguna, … sólo el regalo.

En las demás subvenciones, las laborales, el descontrol era igual de grande. No consta en los expedientes ni un informe que justifique que la Administración debe abonar las subvenciones porque las empresas no podían afrontar los gastos derivados de los ERE.

Y había unos perjudicados, como se recoge en la página 1737 de la Sentencia: los miles de trabajadores que, incluso, teniendo mejor derecho, no pudieron beneficiarse de la percepción de ayuda alguna aún cuando estaban afectados por el desempleo o por situaciones de crisis empresarial; las miles de empresas que estando en situación de crisis económica que tampoco las recibieron y, por último, todos los ciudadanos que no pudieron recibir ayudas o mejores servicios como consecuencia de que las partidas presupuestarias destinadas a estos fines fueron desviadas para abonar los regalos de los corruptos.

No se ha podido probar el lucro personal, pero más relevante me parece el menoscabo sufrido por las miles de personas, las ciento de miles de personas que ni se pudieron beneficiar de las ayudas, teniendo mejor derecho, ni pudieron disfrutar de servicios o prestaciones esenciales.

No habrá enriquecimiento personal, se nos dice, pero sí latrocinio social. Y los perjudicados reclaman justicia. El dinero público tiene dueño. Y los dueños reclaman que se devuelva lo robado, todo aquello que ha sido distraído para favorecer a unos a costa de perjudicar a muchísimos. Las izquierdas también roban para lacerar a la mayoría.

(Expansión, 26/11/2019)