Esta semana, otra más, el sector energético en España vuelve a estar revuelto. Muy revuelto. Las declaraciones del Presidente de Iberdrola, I. Sánchez Galán, denunciando la inseguridad del marco regulatorio español que desincentiva las inversiones y, encima, en el escenario de la City londinense, han suscitado una agria respuesta del Gobierno, tanto pública como privada. Según las informaciones recogidas por la prensa, se le ha llegado a calificar como de traidor. En el ámbito público, el Ministro J. M. Soria ha contradicho a aquél cuando ha afirmado que la política de la empresa de reducción de las inversiones en España se viene produciendo desde hace algunos años y no tiene relación con el nuevo marco regulatorio. El primero sostiene que la regulación en España no es “predecible y estable”, lo que desmiente el segundo, en particular, tras la reforma energética emprendida. Ambos quieren la regulación. Discrepan sobre las características de la misma y la calificación de la hoy existente y aplicada. En la nota de prensa de Iberdrola se detalla que “se han adoptado decisiones equivocadas a la hora de encarar los tres ejes fundamentales de cualquier política energética: seguridad de suministro, competitividad y sostenibilidad.”
Regulación, divino tesoro. A diferencia de la juventud, sobre la que escribía Rubén Darío, aquella nunca se va y nunca se irá. Una regulación, por un lado, incisiva, intensa y politizada que ha adoptado decisiones, como en el capítulo de las energías renovables, que han sido gravemente perjudiciales para los intereses de todos, engordando la factura eléctrica con “conceptos regulados”, o sea, políticos, hasta elevarla en el pódium siniestro de las más cara de Europa. Y, por otro, incapaz de afrontar la gran concentración empresarial horizontal y vertical que reduce el mercado a muy pocos grandes actores. Poder contra poder. Y siempre, excesivo poder. Y todo poder excesivo y sin control tiende al abuso. Es irrelevante que sea poder público o privado. En medio, en un difícil equilibrio, el regulador legalmente independiente. La independencia jurídica no es necesariamente la real o material. Ojalá. Todo sería más simple. Es un instrumento pero también es un estado. Es un arma que protege si se utiliza. En caso contrario, de nada sirve el mejor régimen jurídico de garantía si no se esgrime frente a las presiones. Protege al que es y quiere ser independiente. Si no lo es, es una cortina de humo que oculta la redoblada arbitrariedad. El modus operandi nos dirá hacia dónde se decanta.
La denominada Escuela de Chicago (Stigler, Peltzman, Becker, …) había teorizado en los años 80 y 90 del siglo pasado sobre la captura del regulador por los intereses regulados. Esta obedecía, según uno de sus impulsores, Peltzman, a que: (i) los grupos compactos y bien organizados (usualmente, aunque no siempre, los productores) tienden a beneficiarse más de la regulación que los grupos amplios y dispersos (normalmente los consumidores); (ii) la política regulatoria pretende mantener una distribución de rentas políticamente óptima entre esa coalición de grupos bien organizados; y (iii) los reguladores tienen incentivos suficientes para incurrir en la sobrerregulación (excesos de carga).
La captura beneficia a ambos, a reguladores y a regulados. No es un accidente el elevado número de antiguos altos cargos políticos que ocupan puestos en empresas del sector energético español. Es el dou et des de la regulación: “tu me intervienes, yo te influyo”, y a tal fin, se buscan a aquéllos que tienen la puerta abierta y que encuentran un oído predispuesto entre los reguladores. Es una de las vías para llevar a cabo la captura. El Mundo ha inventariado hasta un total de 43 altos cargos e, incluso, sospecho que son aún más. Si analizamos la lista veremos que ocupan empleos en un total de 9 empresas. Es la escenificación de la comunidad de intereses. La “buena” regulación procura un “buen” puesto desde el que se contribuirá a la “buena” regulación. Es el circuito “virtuoso” del capitalismo castizo, como ha sido calificado el que se hace en España en brazos del Gobierno.
La única alternativa real es la de la liberalización. Menos poder para los actores públicos y aún menos para los privados. Los ciudadanos ganarían. El artículo 1.2 de la Constitución proclama que la soberanía reside en el pueblo español. La práctica del sistema político lo ha convertido en una alegoría, en una ficción. El peso de los intereses ciudadanos va disminuyendo por la intermediación de partidos convertidos en empresas del nuevo sector económico político. La liberalización es la que debería hacer realidad el desiderátum de la soberanía ciudadana, la de la elección en el seno de un mercado competitivo. Mientras tanto, estamos asistiendo a peleas entre amigos que, en el fondo, comparten intereses comunes y que nos muestran su celo sobre la regulación que les conviene. “¿A quién quieres más, a papá o a mamá?” Podrán discrepar en quién es el objeto de sus amores pero ambos quieren a uno y sólo a uno: al Estado. El papá o la mamá Estado. El poder quiere al poder; todos quieren al Estado pero nadie o casi nadie al ciudadano en el que supuestamente debería asentarse aquél. La paradoja democrática: cuanto más democrático es el poder, más tienen los grupos compactos y bien organizados. Ni mercado perfecto ni regulador benevolente. Soberanía ciudadana en un mercado competitivo.
Regulación, divino tesoro. A diferencia de la juventud, sobre la que escribía Rubén Darío, aquella nunca se va y nunca se irá. Una regulación, por un lado, incisiva, intensa y politizada que ha adoptado decisiones, como en el capítulo de las energías renovables, que han sido gravemente perjudiciales para los intereses de todos, engordando la factura eléctrica con “conceptos regulados”, o sea, políticos, hasta elevarla en el pódium siniestro de las más cara de Europa. Y, por otro, incapaz de afrontar la gran concentración empresarial horizontal y vertical que reduce el mercado a muy pocos grandes actores. Poder contra poder. Y siempre, excesivo poder. Y todo poder excesivo y sin control tiende al abuso. Es irrelevante que sea poder público o privado. En medio, en un difícil equilibrio, el regulador legalmente independiente. La independencia jurídica no es necesariamente la real o material. Ojalá. Todo sería más simple. Es un instrumento pero también es un estado. Es un arma que protege si se utiliza. En caso contrario, de nada sirve el mejor régimen jurídico de garantía si no se esgrime frente a las presiones. Protege al que es y quiere ser independiente. Si no lo es, es una cortina de humo que oculta la redoblada arbitrariedad. El modus operandi nos dirá hacia dónde se decanta.
La denominada Escuela de Chicago (Stigler, Peltzman, Becker, …) había teorizado en los años 80 y 90 del siglo pasado sobre la captura del regulador por los intereses regulados. Esta obedecía, según uno de sus impulsores, Peltzman, a que: (i) los grupos compactos y bien organizados (usualmente, aunque no siempre, los productores) tienden a beneficiarse más de la regulación que los grupos amplios y dispersos (normalmente los consumidores); (ii) la política regulatoria pretende mantener una distribución de rentas políticamente óptima entre esa coalición de grupos bien organizados; y (iii) los reguladores tienen incentivos suficientes para incurrir en la sobrerregulación (excesos de carga).
La captura beneficia a ambos, a reguladores y a regulados. No es un accidente el elevado número de antiguos altos cargos políticos que ocupan puestos en empresas del sector energético español. Es el dou et des de la regulación: “tu me intervienes, yo te influyo”, y a tal fin, se buscan a aquéllos que tienen la puerta abierta y que encuentran un oído predispuesto entre los reguladores. Es una de las vías para llevar a cabo la captura. El Mundo ha inventariado hasta un total de 43 altos cargos e, incluso, sospecho que son aún más. Si analizamos la lista veremos que ocupan empleos en un total de 9 empresas. Es la escenificación de la comunidad de intereses. La “buena” regulación procura un “buen” puesto desde el que se contribuirá a la “buena” regulación. Es el circuito “virtuoso” del capitalismo castizo, como ha sido calificado el que se hace en España en brazos del Gobierno.
La única alternativa real es la de la liberalización. Menos poder para los actores públicos y aún menos para los privados. Los ciudadanos ganarían. El artículo 1.2 de la Constitución proclama que la soberanía reside en el pueblo español. La práctica del sistema político lo ha convertido en una alegoría, en una ficción. El peso de los intereses ciudadanos va disminuyendo por la intermediación de partidos convertidos en empresas del nuevo sector económico político. La liberalización es la que debería hacer realidad el desiderátum de la soberanía ciudadana, la de la elección en el seno de un mercado competitivo. Mientras tanto, estamos asistiendo a peleas entre amigos que, en el fondo, comparten intereses comunes y que nos muestran su celo sobre la regulación que les conviene. “¿A quién quieres más, a papá o a mamá?” Podrán discrepar en quién es el objeto de sus amores pero ambos quieren a uno y sólo a uno: al Estado. El papá o la mamá Estado. El poder quiere al poder; todos quieren al Estado pero nadie o casi nadie al ciudadano en el que supuestamente debería asentarse aquél. La paradoja democrática: cuanto más democrático es el poder, más tienen los grupos compactos y bien organizados. Ni mercado perfecto ni regulador benevolente. Soberanía ciudadana en un mercado competitivo.
(Expansión, 28/02/2014)
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