EcoRegulación

Leyendo la noticia ( Condena de tres años de cárcel por un empujón durante una protesta ) es inevitable la comparación con esta otra ( ver ) sobre la condena a penas de prisión de un año y de dos a los directivos de Caixa Penedès. Los cuatro antiguos directivos fueron condenados por un delito continuado de administración desleal. Consiguieron una sustancial rebaja de la pena en el último momento, tras admitir el delito ante la Audiencia Nacional y devolver 28,6 millones de euros de los 30,6 millones de sus planes de pensiones. La comparación es, como digo inevitable. Un empujón y otros daños en grupo en el contexto de una huelga puede acarrear una pena de tres años y la administración desleal con la apropiación de 30 millones de euros, a otra de un año o de dos, según las circunstancias. Se, como jurista, que en los matices está la diferencia. En cambio, como ciudadano, comprendo la perplejidad cuando el no entendido compara las penas. Sería muy simplista decir que un robo de cuell...

Europa plasma la utopía salvadora de España. Nuestra historia, tempestuosa del antes y del ahora, encuentra en la Unión Europea la madrastra que nos ha de reconducir por el camino de la virtud. Es duro reconocer que necesitamos la tutela europea por nuestra incapacidad para encontrar, incluso, mínimos pactos con los que afrontar los importantes retos del presente. Lo vemos con la crisis económica, pero también la institucional. La historia reciente de España, la de la democracia, ha alumbrado un sistema político bipartidista que ha terminado devorando a aquella democracia. La estabilidad como alternativa a las pesadumbres y las tormentas del pasado, en particular, la de la República, es tan estable que no es capaz de generar las alternativas, ni las disidencias, ni las críticas que movilicen el cambio del sistema hacia otro más próximo o cercano a las necesidades del ciudadano medio. La corrupción es la manifestación más descarnada. No creo que seamos una nación particularmente corrupt...

El sueño de todo académico: que hablan de tu obra, incluso, mal. El problema se plantea cuando la tesis se sostiene sobre datos falsos o equivocados. Darwin afirmaba que "los datos falsos son muy perjudiciales para el progreso de la ciencia, porque suelen perdurar mucho; pero las opiniones falsas, si están apoyadas por algunos indicios, hacen poco daño, porque todo el mundo se dedica al saludable placer de probar su falsedad". Los errores o falsedades (ya se sabrá) de Piketty, no han perdurado mucho. La rapidez de la Historia también se ha manifestado en la rapidez con la que los datos equivocados son desautorizados. El ‘Financial Times’ refuta la tesis económica de Piketty - Noticias de Economía

La capacidad de la vida para seguir siendo vida. Somos organismos vivos programados para la vida. Y para sobrevivir, incluso, en las condiciones más adversas. La hipótesis Gaia de Lovelock. Y esta capacidad para vivir se sobrepone a todo, incluidas las agresiones de los seres humanos. Es probable que éstos, al final, sean los prescindibles para que Gaia siga viviendo. Vozpópuli - ¿Qué pasa con los contenedores que se hunden en el mar?

Nuestra cultura política y, también, ciudadana, es muy jurídica. Y no nos debe resultar extraño si contamos con más de 110.000 abogados colegiados y más de 60.000 estudiantes de Derecho matriculados. Si añadimos el importante número de licenciados en Derecho entre nuestros políticos, en todos los niveles territoriales de poder, es lógico que el Derecho filtre las reflexiones de unos y de otros. Una de las consecuencias es que se tiende a considerar que basta con el cambio de una ley o de una disposición reglamentaria para que se solucionen los problemas. Es frecuente que políticos y ciudadanos propongan la aprobación de normas para solventar cualquier dificultad. Incluso antes de su aprobación, cuando es un mero proyecto, los periódicos se hacen eco de sus resultados seguros. Los políticos abusan de este proceder y alientan la ilusión regulatoria. La Ley cae presa del populismo. Es el caso, por ejemplo, del proyecto de Ley de Estatuto del Alto Cargo de la Administración General del Est...

El sábado 10 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) informaba que había iniciado una investigación para “analizar las comunicaciones y anuncios realizados recientemente por los operadores eléctricos con el fin de influir en la decisión de suministro eléctrico de los consumidores”. Esta investigación se anuncia en un momento en el que, tal vez, estamos asistiendo al más importante cambio regulatorio de los últimos tiempos. Lo anunciaba, el pasado día 18 de marzo, la Comisionada de la Federal Trade Commission, M. K. Ohlhausen. En una importante intervención, suscitaba la conveniencia de reflexionar sobre el papel de los reguladores sectoriales y el de la defensa de la competencia, en el mundo cambiante de las actividades económicas de singular dinamismo como en el de las telecomunicaciones. La Comisionada defiende la necesidad de que los reguladores se guíen por dos principios básicos. El primero, es el de la humildad frente a los cambios tecnológicos y sus efectos...

Un nuevo caso de corrupción. Suma y sigue. La denominada “operación Yogui” nació hace más de un año. Según parece, fue la denuncia de un empresario de la competencia la que alertó de las irregularidades en la gestión de las obras del AVE en Barcelona. Este último caso nos vuelve a mostrar las coordenadas de la corrupción. En primer lugar, reaparece la contratación pública. El Tribunal de Cuentas Europeo ha apreciado que, en el manejo de los fondos europeos, un 29 por 100 de las irregularidades son “incumplimientos graves de las normas de contratación pública”. El mayor de los porcentajes. No son todos casos de corrupción, pero no es descabellado suponer que, en ese porcentaje, se incluyen muchos. Estoy convencido de que unos datos equivalentes se podrían ofrecer en relación con los fondos nacionales. Las nuevas Directivas de contratación pública (las 2014/23, 2014/24 y 2014/25) vuelven a insistir en la lucha contra la corrupción y en uno de sus medios: la trazabilidad y transparencia ...

El pasado día 24 de abril tuve el honor de comparecer ante la Comisión constitucional del Congreso de los Diputados para exponer mi punto de vista sobre el Proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Uno de los puntos más polémicos de mi intervención fue el relativo al “revolving door”. No dije nada nuevo que ya no hubiese dicho en estas páginas. Según se me indicó, establecer exigencias más rigurosas en relación con el paso de los altos cargos a las entidades privadas una vez hubiesen cesado los conduciría a la “muerte civil”. Estoy en desacuerdo y así lo expresé. En primer lugar, creo que el Proyecto supone una mejora notable respecto del régimen vigente. Amplía objetiva y subjetivamente el ámbito de la prohibición que soportan los altos cargos que le impiden prestar servicios en entidades privadas durante dos años tras el cese. Se habla de entidades privadas y no, como dispone la vigente ley, de empresas o sociedades privadas, por...