En los últimos días, el partido político Ciudadanos, con su economista estrella a la cabeza, L. Garicano, ha suscitado un interesante debate. Interesante y necesario. Muy necesario. La rentabilidad de las infraestructuras. En particular, la del AVE. Y no sólo la del AVE. Pienso en las Universidades públicas. En los dos ámbitos, estoy muy directamente implicado. Me beneficio tanto del servicio como del empleo. No soy objetivo, ni lo pretendo.
El debate ha ido creciendo en intensidad. Se mezclan razones económicas con otras de otro tipo. Me parece importante que en España nos acostumbremos a debatir sobre cómo y en qué gastar el dinero público. Este debate sólo tiene sentido sobre la base de dos obviedades que es imprescindible recordar: ese dinero procede de nuestros impuestos y no es una cantidad infinita. Estas dos ideas básicas, obvias, conducen a otras dos igualmente esenciales: que son los ciudadanos los que decidimos en qué gastar “nuestro” dinero y que decidir supone elegir, o sea, dedicar los recursos escasos a ciertas tareas, lo que implica que no se podrán destinar a otras. Estas ideas, a su vez, llevan a otra igualmente fundamental: decidir, la libertad de decidir, acarrea asumir las consecuencias de la elección. La libertad está inextricablemente unida a la responsabilidad. Libertad y responsabilidad. Alrededor de estos dos principios se construye, precisamente, el estatus jurídico y político de la ciudadanía. Sólo son ciudadanos aquéllos que son libres y responsables. La libertad y la responsabilidad exigen información; la relevante sobre las grandes cuestiones sobre las que se debe decidir y asumir las consecuencias de la elección. Esto que digo es lo básico, lo elemental. Sobre lo que se construye nuestro Estado democrático de Derecho. El ciudadano, el pueblo español, fuente de todos los poderes. El responsable último de las decisiones del Estado.
Nuestro Estado democrático de Derecho ha fracasado, sin embargo, en este capítulo. No es en el único, pero es especialmente relevante. Los políticos han cultivado otro sujeto político: el “botante”. El que no asume que los recursos son escasos. El que no comprende que elegir supone rechazar otras opciones alternativas y excluyentes. Ni hay política de la escasez, ni ciudadanos de la escasez. Nos encontramos con un perverso círculo vicioso en el que la demagogia triunfa: pide lo que quieras que se te concederá. Hay dinero para todo y para todos. La irresponsabilidad. Hay que romperlo. El escenario de la crisis ha de ayudar. Ha explotado la burbuja. La época de los recursos ilimitados. No era fácil que el ciudadano entendiese de recursos escasos que hay que administrar como el buen padre de familia, según el parámetro del Código Civil. El fin de esta locura debería traer la asunción de la escasez. La de la elección. La de la libertad y la de las consecuencias de dicha elección. Algunos pensarán que es una visión utópica y simplista. Seguro. Como proclamaba Eisenhower, la guerra nunca la ganaron los pesimistas. Estamos en otra guerra. La del cambio. La de la consolidación del ciudadano. El que ejerce su libertad para elegir y para asumir las consecuencias. La inversión en infraestructuras tiene importantes efectos. Compromete ingentes cantidades de recursos que no podrán tener otro destino: más de 40.000 millones se han dedicado hasta ahora al AVE. Creo que lo que ha suscitado más rechazo no ha sido poner de manifiesto que el AVE no es rentable, sino elevar el criterio de la rentabilidad como criterio, el único criterio de la elección, o mejor, el que la substituye, como si fuese el resultado de la hoja de cálculo y, por tanto, la de aquéllos que la elaboran. Los economistas convertidos en tecnócratas. Es su decisión. Los demás, como infantes, sólo debemos dejarnos administrar. El Estado de los “botantes” substituido por el de los tecnócratas.
En el Estado democrático de Derecho, somos los ciudadanos los que decidimos. A través de los representantes elegidos en procesos competitivos en el que concurren diversas fuerzas políticas con el correspondiente programa electoral. El contexto electoral es propicio para debatir sobre las grandes cuestiones, como la que comento. Se han de aportar razones económicas, pero también sociales, políticas, culturales u otras para que los ciudadanos seamos conscientes de lo que se decide y de sus implicaciones en un mundo de escasez. Queremos tener el AVE, la consecuencia es que no tendremos dinero suficiente para mejorar la sanidad, combatir la exclusión infantil o cualquier otro programa social o económico. No se trata de que los economistas con sus razones decidan. Los economistas, como los juristas y otros profesionales, debemos aportar nuestras razones para que la elección incorpore todas sus vertientes.
Por primera vez, se debate sobre la escasez y las preferencias. Es una apuesta valiente. Pero el enfoque no ha sido, completamente, consecuente con la lógica ciudadana. La polémica no está en reconocer que el AVE no es rentable, sino la confusión sobre quién decide si queremos o no tenerlo. Que se confunda coste de la elección con elección, y quién hace el cálculo del coste con el que elige. Se mezcla el medio con el fin, la técnica con la política, el técnico con el político, el perito con el ciudadano. Se confunde, lo que es más criticable, el análisis económico con la elección democrática. No sería un gran progreso que pasemos de la elección populista a la elección tecnocrática. Necesitamos ciudadanos, porque sólo éstos harán que España progrese. Al ciudadano hay que tratarlo como ciudadano. Ciudadano y sólo ciudadano.
(Expansión, 14/04/2015)
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