“El rigor de la Ley de Estabilidad Presupuestaria es letra muerta”. Así lo afirmaba John Müller, en su columna del pasado sábado, en El Mundo. Una afirmación, basada en un hecho incontrovertible: en el año 2014 han incumplido el objetivo de déficit 14 Comunidades Autónomas. Sólo Canarias, País Vasco y Navarra lo han cumplido. Para garantizar la estabilidad presupuestaria, se había reformado la Constitución (artículo 135), aprobado la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria (Ley Orgánica 2/2012) que lo desarrollaba, e, incluso, creado una autoridad independiente, la de Responsabilidad Fiscal (Ley Orgánica 6/2013). Y, todo ha fracasado.
El Gobierno de España nos informaba que el déficit del conjunto de las Administraciones correspondiente al año 2014 equivalía al 5,72% del PIB, con lo que se daba cumplimiento a la Recomendación del Consejo de la Unión Europea que lo había fijado en el 5,8%. El problema lo suscitan las Comunidades autónomas. Éstas, pasaron de 1,52% del PIB en el año 2013, a 1,66% en el año 2014, cuando el objetivo estaba en el 1%. La Autoridad independiente de Responsabilidad Fiscal ya alertaba en diciembre de 2014 del riesgo de desviación de los objetivos de déficit. A tal fin, envió una carta al Secretario de Estado de Administraciones Públicas, en la que ponía en su conocimiento esta circunstancia y le recomendaba la adopción de las medidas preventivas previstas en el artículo 19 de la Ley Orgánica 2/2012. El Gobierno hubiese tenido, según la recomendación, que formular una advertencia motivada, dirigida a la Comunidad correspondiente, sobre el riesgo de incumplimiento. La advertida, hubiera tenido el plazo de un mes para adoptar las medidas necesarias para evitar el incumplimiento. Si no se hubieran adoptado, o el Ministro de Hacienda hubiese apreciado que son insuficientes, se tendrían que aprobar los remedios correctivos previstos en los artículos 20 y 21 de la Ley Orgánica e, incluso, los coercitivos del artículo 25 de la misma Ley.
El presidente de la Autoridad Independiente insistió recientemente, ante la Comisión de Hacienda del Congreso, en que la adopción de las medidas preventivas “habría permitido poner en marcha los mecanismos de corrección sin esperar a la constatación de las posibles desviaciones a lo largo del resto del año [2014] y facilitar el cumplimiento del objetivo de déficit del 0,7% en el ejercicio 2015, utilizando, de esta forma, la vertiente preventiva que acertadamente contempla la Ley Orgánica 2/2012”. Ni ha habido advertencia, ni las Comunidades han sido compelidas a adoptar medidas, ni tampoco se ha apreciado la insuficiencia de las mismas, ni se han aprobado disposiciones correctivas, ni tampoco, por último, las coercitivas. Nada. El resultado será, en el año 2015, el que ya se ha producido en el año 2014: el incumplimiento del objetivo del déficit. A pesar de la Constitución y de la Ley Orgánica. Ha faltado lo más importante. La voluntad de hacerlas cumplir.
El problema del descontrol del Estado de las Autonomías español no es estructural. Es político. Una vez más, vuelve a quedar acreditado. Con los medios con los que ya se cuentan, se podrían solucionar los problemas. Pero no se quiere. El caso de la estabilidad presupuestaria es significativo. Hay unos objetivos claros (que el déficit no supere el 1% en el 2014 o el 0,7% en el 2015), un precepto constitucional, el artículo 135, que prohíbe incurrir en déficit estructural que supere los márgenes permitidos, una Ley orgánica que contempla medios preventivos, correctivos y coercitivos, e, incluso una doctrina constitucional que sanciona su constitucionalidad (Sentencia del Tribunal Constitucional 215/2014), para imponer la plena realización de la disposición constitucional. Se tienen todos los medios que el Estado de Derecho ofrece. Nada se hace por aplicarlos.
Los políticos prefieren hablar de nuevas normas e, incluso, de nueva Constitución. Prefieren hablar de la “reforma estructural”. Es la panacea. Se solucionan los problemas a golpe de nuevas reglas. El Derecho lo corrige todo. La revolución de y por el BOE. Es lo más fácil. Lo que, incluso, les resulta más hacedero de vender. El populismo es normativista. Sin embargo, no soluciona nada. Cambiada la norma, no cambia la realidad. Derecho y hecho se confunden intencionadamente. Es una operación de enmascaramiento. Es más cómodo aprobar una Ley que hacerla cumplir. Mientras la tramitan, nadie les exige soluciones. Ganan tiempo. Y luego, el de implementar la reforma. Y más tiempo sin soluciones. Una vez pasada la urgencia, el vacío. El olvido. No hay consecuencias. El ardid ha funcionado.
Había una presión, incluso de ámbito europeo, de afrontar los déficits y se puso en marcha la operación de reforma constitucional y legal. Se ganó tiempo para reducir la tensión. Una vez aprobadas, desaparecida aquella presión, se huye del vértigo de aplicar los medios que el Derecho contempla. Optan por lo más fácil, lo que menos riesgos les supone: no hacer nada. Mientras tanto, las Comunidades autónomas se burlan de la Constitución y de la Ley. Algunas, con un descaro increíble. Murcia, 2,82%, Cataluña 2,58%, Extremadura, 2,44%, Valencia, 2,39%, no sólo baten records de déficit, sino que lo incrementan. El doble incumplimiento. Que se suprima el artículo 135, que se derogue la Ley Orgánica, que se elimine la Autoridad independiente y todos los demás aparatos de encubrimiento. Que se vea a las claras los límites del Estado de Derecho, su fragilidad. Sin voluntad de hacer cumplir la Ley, ésta es letra muerta. Es engaño.
(Expansión, 31/03/2015)
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