Como cada año, la Comisión Europea ha presentado su Documento de trabajo "Informe sobre España 2016, con un examen exhaustivo relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios presupuestarios" de 26 de febrero de 2016. El documento está dividido en dos grandes apartados. El primero, los desequilibrios, riesgos y ajustes. El segundo, las cuestiones estructurales adicionales. En este apartado encontramos uno específico dedicado a la Administración pública, marcos presupuestario y fiscalidad. No es el único en el que se pueden encontrar reflexiones interesantes.
La importancia de este informe no sólo radica en su autor, la Comisión, sino también en el análisis "externo" y sin contaminar, que se realiza de nuestra economía y sus instituciones. Me parece singularmente valioso. En lo que se refiere al aspecto que más me interesan, las instituciones y, en particular, las administrativas, el Informe vierte unas consideraciones que, entiendo, deberían ser tenidas en cuenta. Ahora voy a analizar la relativa a la unidad de mercado. En otras entradas me referiré a otros aspectos.
En cuanto a la unidad de mercado, la Comisión señala, tras poner de relieve la alta descentralización que existe en España (el gasto gestionado a nivel autonómico y local es de un 39 por 100, superior a Alemania, que es del 38 por 100, o sea, uno de los más altos de la UE, sólo superado por Dinamarca), los problemas que ha encontrado:
Conclusión, en este ámbito, de la Comisión le permite, 1) tras constatar la amplitud de la descentralización alcanzada en España, incluso, superior o equivalente a la de Alemania, 2) subrayar las dificultades regulatorias que supone, no sólo respecto de las diferencias sino también las restricciones que se introducen en el ámbito autonómico, para el desarrollo de las actividades económicas por lo que 3) se ha de reforzar la unidad del mercado nacional en orden a reducir o eliminar tales ineficiencias.
Una reflexión más profunda que el Informe de la Comisión no señala, porque no es su cometido, más descriptivo que valorativo, es el relativo a cómo articular unidad con diversidad en el ámbito regulatorio. Que España es uno de las naciones más descentralizadas de Europa, no cabe duda, pero falta la contrapartida: la articulación de mecanismos que permita que tal descentralización no alumbre obstáculos que siembren de ineficiencias el desarrollo de la actividad económica. Esta segunda vertiente no está resuelta. Precisamente por esta razón, avanza tan lentamente, como señalaba en otra entrada de este blog (unidad de mercado, progresa lentamente). La lentitud se traduce en que cualquier obstáculo sólo podrá ser resuelto por la vía judicial con la dificultad y el coste que supone.
La importancia de este informe no sólo radica en su autor, la Comisión, sino también en el análisis "externo" y sin contaminar, que se realiza de nuestra economía y sus instituciones. Me parece singularmente valioso. En lo que se refiere al aspecto que más me interesan, las instituciones y, en particular, las administrativas, el Informe vierte unas consideraciones que, entiendo, deberían ser tenidas en cuenta. Ahora voy a analizar la relativa a la unidad de mercado. En otras entradas me referiré a otros aspectos.
En cuanto a la unidad de mercado, la Comisión señala, tras poner de relieve la alta descentralización que existe en España (el gasto gestionado a nivel autonómico y local es de un 39 por 100, superior a Alemania, que es del 38 por 100, o sea, uno de los más altos de la UE, sólo superado por Dinamarca), los problemas que ha encontrado:
1) "Las diferencias sustanciales en la regulación de las empresas entre las Comunidades Autónomas generan costes de transacción para los empresarios. También pueden segmentar los mercados y reducir la competencia y la capacidad de las empresas para beneficiarse de las economías de escala".
2) Las dificultades para obtener licencias en el ámbito autonómico son comparables a las que se encuentran en Polonia. Así, por ejemplo, se necesitan, por término medio, seis trámites y ciento diecisiete días para poner en marcha una pyme industrial. Es al menos el doble del tiempo y tres veces el coste que tendría en otros trece Estados miembros de la UE. No es extraño que España ocupe el puesto 33 en el ranking correspondiente al año 2006 del Informe Doing Business del Banco Mundial. España se sitúa, nos dice la Comisión, por debajo de la media de la UE en seis de los diez indicadores en lo que se refiere a hacer negocio, o sea, licencias para poner en marcha una empresa. Así, concluye, "poner en marcha una empresa requiere más tiempo y trámites que en la media de la UE, el coste de la obtención de un permiso de construcción duplica con creces el de la UE y para la obtención de electricidad y el registro de la propiedad es un 75 % superior."
3) "La evidencia empírica demuestra que la actividad reguladora de las Comunidades Autónomas españolas entraña costes en términos de un menor crecimiento de la productividad, una menor innovación a nivel autonómico y un porcentaje inferior de trabajadores que trabajan para empresas con doscientos trabajadores o más. Una mayor regulación a nivel autonómico en el sector del comercio minorista puede entrañar un incremento de la inflación, una reducción del empleo en el sector y una mayor densidad comercial."
4) En relación con la Ley de garantía de la unidad de mercado, la Comisión afirma que "aborda la fragmentación regulatoria y la buena regulación en España", y su aplicación por los Gobierno autonómicos "es esencial para garantizar el éxito. Sin embargo, su desarrollo a este nivel avanza con lentitud".
5) Por último, la Comisión comenta que "en recientes disposiciones legislativas autonómicas se recogen nuevas restricciones al acceso y al ejercicio de actividades económicas. Por ejemplo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia española destaca que la nueva legislación autonómica en el ámbito de la economía colaborativa (como el alquiler de coches y apartamentos y viviendas de uso turístico) impone cargas injustificadas y desproporcionadas (por ejemplo, la obligación de que el proveedor de servicios esté constituido de una cierta forma, licencias concedidas en función del resultado de las pruebas de las necesidades económicas, etc.). Se ilustra así el doble reto que entraña preservar la unidad del mercado y promover una mejor regulación en España, pues ello requiere evaluar y simplificar la regulación existente y el flujo de nueva legislación."
Conclusión, en este ámbito, de la Comisión le permite, 1) tras constatar la amplitud de la descentralización alcanzada en España, incluso, superior o equivalente a la de Alemania, 2) subrayar las dificultades regulatorias que supone, no sólo respecto de las diferencias sino también las restricciones que se introducen en el ámbito autonómico, para el desarrollo de las actividades económicas por lo que 3) se ha de reforzar la unidad del mercado nacional en orden a reducir o eliminar tales ineficiencias.
Una reflexión más profunda que el Informe de la Comisión no señala, porque no es su cometido, más descriptivo que valorativo, es el relativo a cómo articular unidad con diversidad en el ámbito regulatorio. Que España es uno de las naciones más descentralizadas de Europa, no cabe duda, pero falta la contrapartida: la articulación de mecanismos que permita que tal descentralización no alumbre obstáculos que siembren de ineficiencias el desarrollo de la actividad económica. Esta segunda vertiente no está resuelta. Precisamente por esta razón, avanza tan lentamente, como señalaba en otra entrada de este blog (unidad de mercado, progresa lentamente). La lentitud se traduce en que cualquier obstáculo sólo podrá ser resuelto por la vía judicial con la dificultad y el coste que supone.
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