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Aló, president

Desde mayo de 1999, hasta la manifestación del cáncer que padecía, en enero de 2012, el presidente Chávez mantuvo en los medios públicos venezolanos un programa titulado “Aló, presidente”. El actual presidente Maduro, ha respetado el formato con otra denominación (“En contacto con Maduro”).

La quintaesencia del populismo. El supuesto contacto directo del presidente, con el pueblo. Sin intermediarios y sin debate. El líder con el pueblo. Sin más.

Chávez recorriendo las calles de Caracas, acompañado de una tribu de periodistas, al grito de “expropíese”, indicaba los edificios a arrebatar a sus legítimos dueños. Así sucedió en febrero de 2010.

Fue la ostentación obscena del poder al servicio del instinto del pueblo; es irrelevante si ese ejercicio es “útil”. Es el poder por el poder, bajo el ropaje ideológico de que sirve al pueblo.

El populismo siente aversión a la democracia representativa. No quiere ni representantes, ni debates, ni controles, … Sólo quiere que el pueblo asienta las muestras de poder por el poder mismo. Su “democracia” es “asuntiva”, ni representativa, ni deliberativa.

El Parlament de Cataluña aprobó el pasado viernes la versión catalana de “Aló, presidente”. Puigdemont añora las maneras de Chávez y de Maduro.

Se pretende establecer el telepresidente, con un telegobierno e, incluso, un teleparlament.

La inconstitucionalidad es tan grosera que, incluso, resulta difícil razonar, en términos jurídicos, sobre lo decidido. Es, simplemente, un disparate.

La mayoría secesionista ha decidido, una vez más, desobedecer, ya no a la Constitución, al Estatut y al Reglamento del Parlament, sino al sentido común, presupuesto, al menos, a aquellas personas que saben leer y escribir. Éste es el nivel.

En un procedimiento de lectura única, sin debate, sin posibilidades de enmienda, la mayoría ha decidido que una Ley establezca el procedimiento de elección del presidente de la Generalitat.

Y que ese procedimiento admita que, "en caso de ausencia, enfermedad o impedimento del candidato o candidata en el momento de presentar el programa de gobierno y solicitar la confianza del Pleno del Parlamento, éste podrá autorizar, por mayoría absoluta, la celebración del debate de investidura sin la presencia o sin la intervención del candidato o candidata”.

La presentación del programa y la solicitud de confianza “se podrá hacer por escrito o por cualquier otro medio previsto en el Reglamento”.

Por un lado, no es materia de la Ley regular la investidura. Sólo le corresponde a la Constitución y al Estatut. Y su desarrollo material al Reglamento del Parlamento. El que una Ley se entrometa en estas cuestiones tiene una consecuencia: una materia tan esencial para el funcionamiento democrático del Estado pasa a ser regulada por una norma aprobada por mayoría simple. Mientras que las otras, exigen procedimientos agravados de aprobación o mayoría reforzada para proteger a la minoría.

No es extraño el que el secesionismo rompa con esta garantía mínima de protección de la minoría. Nunca han creído en el pluralismo político. En su concepción de “un sol poble”, sobran todos los constitucionalistas. Es más, no forman parte de ese pueblo; son traidores o colonos, como se les ha denominado.

Y, por otro, el que uno de los actos ancilares de la democracia, el de investidura del presidente del poder ejecutivo, pueda desarrollarse sin asistencia del candidato y sin debate con él, muestra, otra vez más, el desprecio a la democracia, al Estado democrático de Derecho.

Investir es el acto, incluso, mágico, de elegir a aquél que, por haberse ganado la “confianza” de los representantes del pueblo, se le encomienda la tarea de ejecutar, al frente del Ejecutivo, un programa político que cuenta con el respaldo de la mayoría.

La confianza es fruto, en democracia, del debate. Se gana en las elecciones y en los debates parlamentarios; se gana, debatiendo. Mostrándose ante los representantes de los ciudadanos como capaz de desarrollar un programa político. La defensa ante esos representantes es la prueba de esa capacidad.

No creen en la democracia representativa. Para los secesionistas Puigdemont ya es presidente; es el president. Ha sido ya investido; y ya cuenta con la confianza del poble. Todo lo demás son artificios; … tonterías varias.

El poble, el sole poble, ya habló y ya decidió. Todo lo demás, sobra.

Ahora bien pretende ser Chávez pero no llegará a ser ni Maduro.

El recurso de inconstitucionalidad del Gobierno ya está anunciado. Su presentación, conforme al artículo 161.2 CE, tiene efectos suspensivos, con su invocación por el Gobierno.

Un nuevo capítulo del victimismo, del martirologio: no ha podido ser presidente porque las fuerzas del mal, de la monarquía turca española, bajo el mando del gran visir Rajoy, se lo ha impedido.

Y, así, hasta llegar al día 22 de mayo.

Se trata de seguir alimentando el proceso de denuncia internacional contra España, aprovechándose del silencio del Gobierno español.

Mientras tanto, asistimos atónitos a la culpa con la que el Gobierno maneja el 155 CE.

El Delegado del Gobierno en Cataluña ha llegado a afirmar que “yo, como delegado del Gobierno de España, desde el momento en que se aplicó el 155, no he puesto los pies en el Palau de la Generalitat, precisamente por respeto a la institución." Y "los despachos de los consellers están cerrados desde el día en que fueron cesados y no ha venido ningún ministro a ocupar el despacho de un conseller".

Ésta es la culpa paralizante que bloquea al Gobierno de España. Y es la de la que se benefician los secesionistas.

Se olvida que el 155 está contemplado en la Constitución y fue acordado legal y legítimamente por el Gobierno de España con la aprobación del Senado. Y, todo, con el apoyo y asentimiento de la mayoría de los ciudadanos.

La política catalana tiene la “virtud” de convertir a los corruptos, en héroes; a los cobardes, en líderes; y, a los defensores de la legalidad, en culpables, acobardados y temerosos. El secesionismo no puede ser enfrentado ni con culpa ni con miedo. Los golpistas deben sentir el peso de la Ley. Todo el peso de la Ley y sólo el peso de la Ley. Quienes han mancillado la legalidad y la legitimidad de las instituciones son los golpistas, no los defensores de la democracia. Ellos son los culpables.

(Expansión, 08/05/2018)

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