En la Sentencia de la Audiencia Nacional, la del caso Gürtel (rama madrileña), se contiene una relación de casos que nos muestra la magnitud de lo que queda por venir. Se inicia, con el caso Fitur, ya finalizado por Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de mayo de 2018, que confirmó las penas impuestas a todos los implicados, incluidos, los altos cargos de la Administración de la Generalitat Valenciana gobernada por el Partido popular.
Y continúa con los casos Orange Market, Bárcenas, Ayuntamiento de Jerez, AENA, Visita del Papa, Boadilla del Monte, y financiación ilegal de las campañas electorales del PP en Valencia. Son 7 casos relacionados con la trama Gürtel. Antes de finalizar el año, probablemente, tendremos otra sentencia de la Audiencia Nacional en el asunto de las campañas electorales valencianas.
Los precedentes de los casos Fitur y de Gürtel/Madrid, no auguran nada bueno para el Partido Popular. A los casos de la trama Gürtel, habría que sumar otros como Over Marketing (ramificación de la Gürtel en Baleares), Taula (un caso de corrupción en Valencia que afecta a empresas públicas de la Diputación, el Ayuntamiento y la Generalitat, todos gobernados por el PP), Púnica (financiación irregular del PP en Madrid), Lezo (las acusaciones contra el antiguo presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González), Acuamed (trama ilegal descubierta alrededor de la empresa pública Agua de la Cuenca del Mediterráneo), … Y sin olvidar los casos de la destrucción de los ordenadores de Bárcenas y el del máster de Cristina Cifuentes. Algunas son causas “ciclópeas” o “macro causas”, como Púnica, que está dividida en 16 piezas.
Las sentencias, como la tortura de la gota china, irán golpeando al partido, pero también a los españoles. Son las gotas que están haciendo rebosar el vaso de la paciencia y el de la legitimidad.
No se pueden ocultar los hechos. Son recalcitrantes. Se podrá decir, como a la defensiva están afirmando los dirigentes del partido, que la condena de la sentencia de la Audiencia Nacional es sólo civil, por beneficiarse a título lucrativo de los delitos. Es verdad. Ocultan que sólo era posible esa condena. En el año 2010 se reformó el Código penal para que también pudieran ser condenadas las personas jurídicas. Y los hechos son anteriores.
El panorama judicial llena de sentido lo que se afirma en la sentencia: “Entre el Grupo Correa y el Partido Popular … se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, aquí enjuiciados, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública …, lo que le permitió que, bien las empresas de Correa u otras empresas terceras elegidas por él, …, gozaran de un arbitrario trato de favor y tuvieran un dominio de hecho sobre la contratación pública …, todo lo que complementariamente se encubría con fórmulas de derecho de aparente legalidad ….”.
Cuando queda probado que había un “sistema de corrupción institucional” que parasitó a las instituciones públicas (“entidades públicas parasitadas”), distinguir entre la responsabilidad del partido y la de sus dirigentes, para excluir aquella, es una pretensión absurda. Primero, porque el partido sólo podría ser condenado por hechos cometidos a partir del año 2010; no por anteriores. Y los hechos de la Gürtel finalizaron en el año 2009. Hasta ese año estuvieron corrompiendo las instituciones.
Y, segundo, porque el partido, aún cuando no puede ser condenado, es responsable de lo que hacen sus cargos. Por esta misma razón, incluso, jurídicamente, se ha terminado admitiendo esta responsabilidad. Siempre habrá una responsabilidad política cuando son tantos casos (entre 60 o 100), que implican a numerosos dirigentes de un partido, repartidos por toda España, y con un daño económico al Erario globalmente tan sobresaliente. Se puede excusar por un caso, pero no por tantos y tan importantes.
La responsabilidad política se puede exigir de varias formas. El PSOE ha elegido la de la presentación de una moción de censura.
El artículo 113 de la Constitución dispone que el éxito de la moción requiere del apoyo de la mayoría absoluta de los diputados, o sea, 176. Si así sucediese, el presidente del Gobierno presenta su dimisión y se procedería a continuación a la designación del candidato incluido en aquella (art. 114).
La moción supone, por un lado, una crítica al Gobierno por las decisiones que ha adoptado (o las que no). Y, por otro, la propuesta de un nuevo presidente, el candidato, que presenta el programa político que pretende desarrollar.
Esta dualidad está consignada en el Reglamento del Congreso que especifica que, por un lado, un diputado de los proponentes la “defenderá” y, otro, el candidato “expondrá el programa político del Gobierno que pretende formar” (art. 177).
La institución de la moción, como las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, en particular, el Congreso, gira alrededor de la confianza. Es la palabra, usada en diez ocasiones en la Constitución (artículos 99, 101, 112 y 114), sobre la que reposa la relación. Esperanza firme que se tiene de alguien o algo. Es el primer significado de “confianza” en el Diccionario de la Lengua Española. Esperanza en la persona y en el programa político que la persona presenta ante el Congreso.
Primero hay que “destruir” la confianza que sostenía al Gobierno; y, a continuación “construir” una nueva confianza alrededor del candidato y de su programa.
Si el candidato se gana la confianza es porque hace surgir en la mayoría de los diputados la “esperanza firme” de que es la persona adecuada para presidir el Gobierno y, además, cumplir el programa político presentado.
Aquí se plantean los problemas que afectan al partido proponente, el PSOE y su candidato, así como al programa que, según las líneas maestras expuestas, va a defender.
No deja de ser irónico que el PSOE se presente como la alternativa regeneradora cuando se está ventilando ante la Audiencia Provincial de Sevilla, probablemente, la mayor trama de corrupción de la reciente historia contemporánea de España: el llamado caso ERE y sus numerosas derivadas.
No es descartable que, a fines de este año, nos encontremos con una sentencia que podría ser condenatoria, ya no de dirigentes cualesquiera de un partido, sino, incluso, de dirigentes relevantes e, incluso, de dos antiguos presidentes de Comunidad Autónoma.
El PSOE, como el PP, están manchados de corrupción. El PSOE no es, ni puede ser, una fuerza regeneradora. Ha participado de la misma ideología que la ha hecho posible: la de entender que el poder público puede ser administrado para obtener una renta para el disfrute tanto de los cargos implicados como del partido. No obstante, a diferencia del PP se ha preocupado más por establecer una red clientelar que le permita mantenerse en el poder. Se roba, pero, también, se reparte entre los acólitos.
Más grave aún, muchísimo más grave, es que la “destrucción” sea sostenida por partidos que la están practicando activamente respecto de nuestro Estado democrático de Derecho. Que partidos que alientan el golpe de Estado en Cataluña también colaboren sería su mayor éxito. Con entusiasmo se ha recibido la moción en los ambientes “indepes”.
El golpe de Estado en Cataluña sólo puede triunfar con un Estado debilitado. Están consiguiendo victorias en el extranjero con vergonzosas resoluciones judiciales en Bélgica y Alemania. Sólo les falta añadir la de la implosión desde el Gobierno de la Nación.
La regeneración tiene otros rumbos; otras exigencias; otros protagonistas. Y no pasa por el éxito de una moción de censura encabezada por aquellos que han participado en la degeneración, y por aquellos que alientan el golpe de Estado en Cataluña.
El panorama que se vislumbra es muy negativo. Si el PP continúa, peor; su descomposición se extenderá, como una metástasis, por el aparato del Estado. Si es substituido por las fuerzas de la destrucción, aún peor; los golpistas harán valer su peso para hacer realidad la secesión. Nada bueno se augura. España y los españoles tendremos que demostrar nuestra fortaleza y nuestra determinación. Estos políticos no nos representan. Otra representación se ha de configurar.
(Expansión, 26/05/2018)
Y continúa con los casos Orange Market, Bárcenas, Ayuntamiento de Jerez, AENA, Visita del Papa, Boadilla del Monte, y financiación ilegal de las campañas electorales del PP en Valencia. Son 7 casos relacionados con la trama Gürtel. Antes de finalizar el año, probablemente, tendremos otra sentencia de la Audiencia Nacional en el asunto de las campañas electorales valencianas.
Los precedentes de los casos Fitur y de Gürtel/Madrid, no auguran nada bueno para el Partido Popular. A los casos de la trama Gürtel, habría que sumar otros como Over Marketing (ramificación de la Gürtel en Baleares), Taula (un caso de corrupción en Valencia que afecta a empresas públicas de la Diputación, el Ayuntamiento y la Generalitat, todos gobernados por el PP), Púnica (financiación irregular del PP en Madrid), Lezo (las acusaciones contra el antiguo presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González), Acuamed (trama ilegal descubierta alrededor de la empresa pública Agua de la Cuenca del Mediterráneo), … Y sin olvidar los casos de la destrucción de los ordenadores de Bárcenas y el del máster de Cristina Cifuentes. Algunas son causas “ciclópeas” o “macro causas”, como Púnica, que está dividida en 16 piezas.
Las sentencias, como la tortura de la gota china, irán golpeando al partido, pero también a los españoles. Son las gotas que están haciendo rebosar el vaso de la paciencia y el de la legitimidad.
No se pueden ocultar los hechos. Son recalcitrantes. Se podrá decir, como a la defensiva están afirmando los dirigentes del partido, que la condena de la sentencia de la Audiencia Nacional es sólo civil, por beneficiarse a título lucrativo de los delitos. Es verdad. Ocultan que sólo era posible esa condena. En el año 2010 se reformó el Código penal para que también pudieran ser condenadas las personas jurídicas. Y los hechos son anteriores.
El panorama judicial llena de sentido lo que se afirma en la sentencia: “Entre el Grupo Correa y el Partido Popular … se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, aquí enjuiciados, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública …, lo que le permitió que, bien las empresas de Correa u otras empresas terceras elegidas por él, …, gozaran de un arbitrario trato de favor y tuvieran un dominio de hecho sobre la contratación pública …, todo lo que complementariamente se encubría con fórmulas de derecho de aparente legalidad ….”.
Cuando queda probado que había un “sistema de corrupción institucional” que parasitó a las instituciones públicas (“entidades públicas parasitadas”), distinguir entre la responsabilidad del partido y la de sus dirigentes, para excluir aquella, es una pretensión absurda. Primero, porque el partido sólo podría ser condenado por hechos cometidos a partir del año 2010; no por anteriores. Y los hechos de la Gürtel finalizaron en el año 2009. Hasta ese año estuvieron corrompiendo las instituciones.
Y, segundo, porque el partido, aún cuando no puede ser condenado, es responsable de lo que hacen sus cargos. Por esta misma razón, incluso, jurídicamente, se ha terminado admitiendo esta responsabilidad. Siempre habrá una responsabilidad política cuando son tantos casos (entre 60 o 100), que implican a numerosos dirigentes de un partido, repartidos por toda España, y con un daño económico al Erario globalmente tan sobresaliente. Se puede excusar por un caso, pero no por tantos y tan importantes.
La responsabilidad política se puede exigir de varias formas. El PSOE ha elegido la de la presentación de una moción de censura.
El artículo 113 de la Constitución dispone que el éxito de la moción requiere del apoyo de la mayoría absoluta de los diputados, o sea, 176. Si así sucediese, el presidente del Gobierno presenta su dimisión y se procedería a continuación a la designación del candidato incluido en aquella (art. 114).
La moción supone, por un lado, una crítica al Gobierno por las decisiones que ha adoptado (o las que no). Y, por otro, la propuesta de un nuevo presidente, el candidato, que presenta el programa político que pretende desarrollar.
Esta dualidad está consignada en el Reglamento del Congreso que especifica que, por un lado, un diputado de los proponentes la “defenderá” y, otro, el candidato “expondrá el programa político del Gobierno que pretende formar” (art. 177).
La institución de la moción, como las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, en particular, el Congreso, gira alrededor de la confianza. Es la palabra, usada en diez ocasiones en la Constitución (artículos 99, 101, 112 y 114), sobre la que reposa la relación. Esperanza firme que se tiene de alguien o algo. Es el primer significado de “confianza” en el Diccionario de la Lengua Española. Esperanza en la persona y en el programa político que la persona presenta ante el Congreso.
Primero hay que “destruir” la confianza que sostenía al Gobierno; y, a continuación “construir” una nueva confianza alrededor del candidato y de su programa.
Si el candidato se gana la confianza es porque hace surgir en la mayoría de los diputados la “esperanza firme” de que es la persona adecuada para presidir el Gobierno y, además, cumplir el programa político presentado.
Aquí se plantean los problemas que afectan al partido proponente, el PSOE y su candidato, así como al programa que, según las líneas maestras expuestas, va a defender.
No deja de ser irónico que el PSOE se presente como la alternativa regeneradora cuando se está ventilando ante la Audiencia Provincial de Sevilla, probablemente, la mayor trama de corrupción de la reciente historia contemporánea de España: el llamado caso ERE y sus numerosas derivadas.
No es descartable que, a fines de este año, nos encontremos con una sentencia que podría ser condenatoria, ya no de dirigentes cualesquiera de un partido, sino, incluso, de dirigentes relevantes e, incluso, de dos antiguos presidentes de Comunidad Autónoma.
El PSOE, como el PP, están manchados de corrupción. El PSOE no es, ni puede ser, una fuerza regeneradora. Ha participado de la misma ideología que la ha hecho posible: la de entender que el poder público puede ser administrado para obtener una renta para el disfrute tanto de los cargos implicados como del partido. No obstante, a diferencia del PP se ha preocupado más por establecer una red clientelar que le permita mantenerse en el poder. Se roba, pero, también, se reparte entre los acólitos.
Más grave aún, muchísimo más grave, es que la “destrucción” sea sostenida por partidos que la están practicando activamente respecto de nuestro Estado democrático de Derecho. Que partidos que alientan el golpe de Estado en Cataluña también colaboren sería su mayor éxito. Con entusiasmo se ha recibido la moción en los ambientes “indepes”.
El golpe de Estado en Cataluña sólo puede triunfar con un Estado debilitado. Están consiguiendo victorias en el extranjero con vergonzosas resoluciones judiciales en Bélgica y Alemania. Sólo les falta añadir la de la implosión desde el Gobierno de la Nación.
La regeneración tiene otros rumbos; otras exigencias; otros protagonistas. Y no pasa por el éxito de una moción de censura encabezada por aquellos que han participado en la degeneración, y por aquellos que alientan el golpe de Estado en Cataluña.
El panorama que se vislumbra es muy negativo. Si el PP continúa, peor; su descomposición se extenderá, como una metástasis, por el aparato del Estado. Si es substituido por las fuerzas de la destrucción, aún peor; los golpistas harán valer su peso para hacer realidad la secesión. Nada bueno se augura. España y los españoles tendremos que demostrar nuestra fortaleza y nuestra determinación. Estos políticos no nos representan. Otra representación se ha de configurar.
(Expansión, 26/05/2018)
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