La reciente Sentencia del Tribunal Supremo, Sala tercera, de 20 de febrero de 2012 (ponente: Carlos Lesmes) sobre la impugnación de dos Reales Decretos en los que se indultaban a otras tantas personas , trata uno de los problemas más clásicos del Derecho administrativo: el control de los actos políticos del Gobierno. Un problema sobre los límites del control judicial y, por consiguiente, del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con cualquier decisión, en este caso, del Gobierno. Durante la dictadura de Franco era un ámbito exento de control y, por consiguiente, el ámbito por excelencia de la arbitrariedad. Bastaba la calificación del acto como de naturaleza política para que los Tribunales viesen vedado su acceso. Era lógico en aquél contexto institucional. En el de un Estado democrático de Derecho es inadmisible. El Tribunal Supremo, en la Sentencia que comento, formula una acabada doctrina sobre esta cuestión para cerrar, a mi juicio, de manera definitiva, cualquier resq...
Blog de Andrés Betancor. Diario de reflexiones, inquietudes y preocupaciones sobre el Derecho y el Estado