Hay un hecho incuestionable. Los 34.000 millones que ha costado vía FROB y SAREB el rescate de BFA-Bankia. 34.000 millones en ayuda pública para tapar los agujeros que la contabilidad de la entidad no reflejaba, falseado la imagen fiel de su situación patrimonial, financiera y de resultados. Es la cuantificación de la suma de la mala gestión y de la peor supervisión. Son los dos elementos que han concurrido al unísono para producir aquel hecho. El sistema de supervisión y regulación del sistema financiero se creó precisamente para evitar que los gestores pudiesen falsear la información que facilitan al mercado, con daño para todos los agentes, y en particular, para los clientes y accionistas.
La teoría es muy clara sobre esta cuestión. Los agentes del mercado tienen una información incompleta de la solvencia de la entidad de crédito. Es lo que se denomina “información asimétrica”. Para recomponer la simetría, o sea, que tanto la entidad como el mercado compartan la misma información, se intermedia el sistema de reguladores. Éstos, con unos potentes medios de intervención, pueden, como rayos X, penetrar en la materia oscura de la sociedad para transparentar su verdadera situación patrimonial, financiera y de resultados. En definitiva, para garantizar la solvencia. La pieza central es el Banco de España.
Esto que digo es lo que recoge la legislación vigente, tanto en el momento del rescate de Bankia (Ley 26/1988 de disciplina e intervención de las entidades de crédito) como en la actualidad (Ley 10/2014, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito). Esta última, en su preámbulo, afirma que “el Banco de España puede acceder a cuanta información de las entidades de crédito sea necesaria para realizar un seguimiento de las actividades realizadas por las entidades. Este seguimiento se refiere, en particular, a los sistemas, procedimientos y estrategias de las entidades para cumplir con la normativa de solvencia, a los riesgos a los que las entidades pueden estar expuestas y podrían deteriorar la solvencia de la entidad, y a los sistemas de gobierno corporativo y de política de remuneraciones”. Y concluye de manera categórica: “Se trata, en definitiva, de detectar de forma temprana incumplimientos de la normativa de solvencia y situaciones que pudieran dar lugar en el futuro a dichos incumplimientos y que suponen un peligro para la estabilidad del sistema financiero”. El artículo 50 habilita las potestades adecuadas a tales fines.
Si hay un caso Bankia, es porque el Banco de España no cumplió adecuadamente con su función de supervisión, en lo que se refiere, utilizando la terminología del preámbulo, al “seguimiento” de las entidades para “detectar de forma temprana incumplimientos de la normativa de solvencia”. Una vez se ha producido la situación que puso en peligro, como es patente, al sistema financiero español, es igualmente evidente que el Banco de España fracasó. El problema engordó sin control y se reduplicó con la fusión de las Cajas, hasta culminar con la operación de salida a Bolsa de Bankia, en la que se captó capital de los inversores por importe de más de 3.000 millones.
Hasta ahora he hablado de hechos. Las valoraciones que han suscitado, tanto políticas, en las que no entro, como de otra índole, han tenido como último episodio el comunicado del Comité Ejecutivo del Banco de España del pasado 11 de diciembre. Como respuesta a las afirmaciones del Ministro L. de Guindos en el Congreso, el Banco emitió un comunicado que pasará a los anales de la historia de los reguladores como la muestra quintaesencial de la transmutación de un regulador en organización corporativa, más preocupada por la defensa de sus intereses que por los generales y por las funciones que la legislación le atribuye.
En primer lugar, la autonomía o independencia del Banco de España no es, ni puede ser, una “carta de gracia” que lo libera de las responsabilidades y de las funciones atribuidas por la Ley. La autonomía quiere decir que las cumple y desarrolla sin someterse a instrucciones de poder o autoridad algunos; no que se pueda eximir de ellas. La independencia reduplica la exigencia del ejercicio diligente de las tareas encomendadas. Utilizar la autonomía como barrera tras la que ocultar la irresponsabilidad, me parece que no contribuye en nada a alimentar la tan esencial legitimidad que compensa la “debilidad” de estos organismos por la separación del poder político. Los ciudadanos no podemos substraernos a las consecuencias de lo que ha supuesto el que 34.000 millones de nuestro dinero se haya destinado a pagar los errores de otros, cuando hemos debido soportar en soledad los nuestros. Las Administraciones deben estar a la altura de esta preocupación.
En segundo lugar, si el Banco de España ha actuado como afirma conforme “en todo momento a criterios estrictamente profesionales, respetándose la normativa vigente y los procedimientos establecidos”, tenemos, como sistema jurídico político, un problema aún más grave: los criterios profesionales, las normas y los procedimientos aplicados son erróneos. No han sabido ni detectar ni corregir a tiempo una situación de la gravedad expuesta. No se trata de poner en duda el comportamiento profesional de sus técnicos, como así lo acreditan los hechos, sino de denunciar que hay un fallo estructural que debe ser corregido. Un fallo que amenaza al conjunto del sistema de supervisión y, por ende, al sistema financiero.
Y, en tercer lugar, es más incompresible la última afirmación que vierte en su comunicado: “la actuación del Banco de España como supervisor se ciñe al control de la actividad de las entidades de crédito a partir de la información elaborada por éstas y teniendo en cuenta los datos económicos disponibles”. Y, concluye: “las decisiones de gestión son exclusiva responsabilidad de los órganos de administración y dirección de las entidades.” Es insensible para con los ciudadanos; parece como si los 34.000 millones no tuviesen nombres y apellidos; no fuesen el dinero de personas ante las que hubiese que responder. Como si el Banco no soportase responsabilidad alguna; no fuese “su” problema. Y, además, tampoco se ajusta a la legalidad: el Banco existe para prevenir lo que ha sucedido; ni más, ni menos. Si no es capaz de hacerlo, que se suprima. Los espantapájaros en el sistema financiero sólo engañan a los pájaros con gravísimos problemas de vista o a los ingenuos. Está creando una apariencia que es perjudicial para todos: la creencia de que existe un supervisor que, como dice el preámbulo de la Ley vigente, está encargado del “seguimiento” de las entidades para “detectar de forma temprana incumplimientos de la normativa de solvencia” y prevenir situaciones que “suponen un peligro para la estabilidad del sistema financiero”. Los gestores de las entidades pueden adoptar las decisiones que consideren oportunas. Corresponde al Banco de España hacer un seguimiento para que no puedan poner en riesgo la solvencia de las entidades y la estabilidad del sistema. Unos son libres; otros, responsables. El Banco de España no puede hacer dejación de sus responsabilidades y aún menos atrincherarse detrás de las irresponsabilidades de otros. Si existe, es precisamente para evitarlas y castigarlas.
Entiendo que la respuesta, nada acertada del Banco, está condicionada. Es un reflejo pavloviano por la eventual exigencia de responsabilidades penales y patrimoniales por lo sucedido. Hasta ahora se han exigido responsabilidades, incluso, penales, a los gestores; ahora corresponde exigírselas a los supervisores. Aquí están abiertas todas las opciones. Serán los jueces quienes deberán decidir. Los ciudadanos tenemos 34.000 millones de razones para exigir que sean depuradas tales responsabilidades.
(Expansión, 16/12/2014)
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