El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha hablado. Y lo ha hecho con fuerza y con independencia. La Sala de lo contencioso-administrativo ha dado una lección espectacular. La primera, y más importante, de capacidad para sobreponerse a la presión ambiental. Los jueces son, por increíble que parezca, seres humanos. Sólo su enorme sentido de la responsabilidad, por la función que tienen encomendada, les permite substraerse a las presiones. Cuanto mejor sea el juez, en el sentido de conocimiento y profesionalidad, mayor capacidad para resistir a los apremios del entorno. Hay que temer a los malos jueces. Son doblemente malos, no sólo por su escaso conocimiento, sino por el nulo respeto a la función confiada. Por suerte, la mayoría son buenos o muy buenos. Y lo han demostrado.
El Auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias del pasado día 9 da, además, una lección de Derecho. El Tribunal, sin resolver sobre el fondo (legalidad o no de la autorización de las prospecciones), lo que se reserva para más adelante, puesto que se trata sólo de la tutela cautelar (para evitar la producción de unos daños irreversibles hasta tanto se dicta la sentencia transcurrido meses o años), afirma que debe pronunciarse sobre la “apariencia de buen derecho”, o sea, hacer un juicio ponderado acerca de la solidez jurídica de las posiciones de las partes. En el caso, entre las del Gobierno de Canarias y las del Gobierno de la Nación. Aquél partidario de la suspensión, y éste, del mantenimiento de la eficacia de la autorización que ha concedido. En ese pesaje, el Gobierno de la Nación gana por goleada. Y lo hace porque aquél no logra ni sostener mínimamente sus acusaciones apodícticas sobre las graves ilegalidades que dice padecer la autorización como el “desconocimiento de los derechos de participación”, la falta de evaluación de los “riesgos potenciales” o los “daños hipotéticos” de las prospecciones. Al menos, en tres ocasiones, el Tribunal afirma que el Gobierno de Canarias (1) “no especifica cuáles han sido los cambios relevantes que exigirían la nueva publicación, ni el alcance de que entidades o personas que se han visto perjudicadas por la falta del nuevo trámite de información”; (2) “no contrapone ninguna prueba alternativa a lo dispuesto de que los riesgos de una pérdida de control de los pinchazos sean del 0,00282% en el caso de la perforación Sandía y Chirimoya o de 0,0074% en el caso de la perforación Zanahoria”; y (3) “esgrime una exhaustiva lista de informes de todos los puntos afectables por el sondeo … pero las conclusiones de tales informes o se basan en daños hipotéticos o parecen más orientadas a la explotación petrolífera continuada en Canarias, que a un sondeo de duración limitado a un máximo de 180 días”.
Al Gobierno de Canarias no le importan las prospecciones. Lo único que le importa son las reacciones políticas y sociales que suscitan. Véase cómo cambia de opinión ante la posibilidad del petróleo: no lo queremos, pero si lo hay, sí lo querremos. Es una excusa al servicio de sus objetivos nacionalistas. Y, los ciudadanos, rehenes de este empeño, que no es otro que el de la construcción nacional. Si Canarias fuese independiente, no sólo querrían el petróleo, sino que lo necesitarían. Ahora, no. Más importante que el petróleo y la riqueza que podría aportar es, para la estrategia nacionalista, debilitar al enemigo. Hoy, es la excusa petrolera, mañana ¿cuál será? Encontrarla es muy sencillo; hallar soluciones, muchísimo menos. Gobernar fabricando excusas sólo se puede hacer si se convence a los ciudadanos de que no busquen soluciones, sino agravios, humillaciones, ofensas, trato colonial. Cuando gobernar es excusar, se pervierten los pilares esenciales del Estado democrático de Derecho. Es el modelo bolivariano de Gobierno.
El Auto finaliza, como no podía ser de otra manera, afirmando que “se aprecia en apariencia que el procedimiento seguido para la autorización ha sido conforme a Derecho, … por lo que desde la perspectiva de un pronunciamiento cautelar no hay indicios que permitan declarar que las resoluciones referidas [las de autorización de las prospecciones] no puedan alcanzar de inmediato su eficacia tal y como exige el artículo 57 de la Ley 30/1992.” No se suspenden las prospecciones. La argumentación es sólida para sostener esta conclusión. Tanto que veo muy dudoso que el Gobierno de Canarias tenga éxito ante el Tribunal Supremo. Y, aún más dudoso, a la vista de las acusaciones vertidas por sus más altos representantes.
Hay una frase que es particularmente brutal. El Presidente afirmó que “todas las decisiones están beneficiando los intereses de Repsol en contra de los intereses públicos de Canarias, y considera que en el auto del Tribunal ". Atroz. ¿Está acusando a la Sala de prevaricar? ¿Está acusando a los jueces de cometer un delito? Es una acusación tan grave que asombra, proferida por la máxima autoridad de la Comunidad Autónoma. Dicha por otros, podría sorprender menos. En la de aquél que constitucionalmente ostenta la “representación ordinaria del Estado” (artículo 152 CE), es sonrojante. Causa vergüenza; “turbación del ánimo”, como la define el Diccionario de la Lengua española, “que suele encender el color del rostro, ocasionada por alguna falta cometida, o por alguna acción deshonrosa y humillante, propia o ajena”. En este caso, por la acción de la persona que encarna la máxima representación del Estado. No puede afirmar que un poder del Estado al que representa, como el Judicial, está actuando movido por el ánimo de “beneficiar clara y descaradamente a los intereses privados”. No lo puede hacer, salvo que tenga conocimiento de que los jueces han cometido un delito, lo que le impelería a ponerlo en conocimiento de la Fiscalía. No hay constancia de que lo haya hecho. El Sr. Rivero puede decir lo que quiera. Forma parte de su libertad. El Presidente del Gobierno de Canarias, no. Si quiere recuperar la plenitud de aquélla, que deje la presidencia. Como ciudadano, puede ejercerla sin restricción. Respetar a la institución que representa, la del Estado democrático de Derecho, es respetar a todos los ciudadanos. Mancillarla, es mancillarnos a todos.
No sólo es brutal, sino falsa de toda falsedad. Según convenga, se olvida que la pugna, la controversia que el Tribunal resuelve lo es entre dos intereses generales. Sí. El Gobierno de Canarias representa uno, pero el Gobierno de España, representa a otro. Es el conflicto entre bienes jurídicos que están igualmente protegidos por la Constitución. Porque es tan merecedora de protección la Naturaleza como el desarrollo económico. Todos los poderes públicos deben encontrar la solución armonizadora que incluya las medidas adecuadas y proporcionadas de protección. El conflicto irresoluble entre Naturaleza y desarrollo es una película en blanco y negro que en nuestros días sólo se puede ver en las filmotecas. Hoy día, las películas están llenas de colores y de matices. Si el Gobierno de Canarias no es capaz de acreditar la solidez de sus razones, no puede obligar al Tribunal a atender su solicitud, cuando las del otro disfrutan, por ende, de una presunción de validez reconocida por la Ley (art. 57). El Auto no beneficia a ningún interés privado. Beneficia al interés general al que sirve la autorización que es, además, el protegido por la Ley. Los jueces están “sometidos únicamente al imperio de la Ley” (art. 117 Constitución). Ese imperativo es el que les empujó a dictar el Auto. No otro, y aún menos, el voluntarismo o el buenismo ambientalista.
Las palabras del Presidente demuestran una vez más la simplicidad estratégica de la ideología nacionalista: es como un gran contenedor en la que todo, absolutamente todo, es reciclado para producir un único mensaje: “España nos roba”. Que a Messi se le hacen dos controles anti-dopaje, … España nos roba todo y de todo: el dinero, la dignidad, el honor, la libertad, … Porque España es una unidad de latrocinio en lo Universal. No tiene límites. A cualquier precio. El de denigrar a las instituciones es muy barato. Qué más les da, cuando lo que quieren es otra institucionalidad, la suya. Destruyen las del Estado para construir las de su Estado. Las que harán la vista gorda ante la corrupción. Claro que no interesa un poder judicial independiente. Es peligroso. Porque aplica la Ley, la del Estado democrático de Derecho. Y esto es realmente peligroso. Muy peligroso. En la República Bolivariana de Venezuela, como hemos conocido recientemente, el Tribunal Supremo nunca ha fallado en contra del Gobierno. ¿Por qué será? Cuando los Tribunales se ponen al servicio de la voluntad del gobernante dejan de serlos. Pasan a ser un arma más de su estrategia política. Es comprensible que se insulte al Tribunal Superior de Justicia de Canarias cuando no ha querido plegarse al papel que se le encomienda. El problema no es que "ha pesado más el interés privado que el público". El auténtico problema para el nacionalismo es el Estado democrático de Derecho.
El Auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias del pasado día 9 da, además, una lección de Derecho. El Tribunal, sin resolver sobre el fondo (legalidad o no de la autorización de las prospecciones), lo que se reserva para más adelante, puesto que se trata sólo de la tutela cautelar (para evitar la producción de unos daños irreversibles hasta tanto se dicta la sentencia transcurrido meses o años), afirma que debe pronunciarse sobre la “apariencia de buen derecho”, o sea, hacer un juicio ponderado acerca de la solidez jurídica de las posiciones de las partes. En el caso, entre las del Gobierno de Canarias y las del Gobierno de la Nación. Aquél partidario de la suspensión, y éste, del mantenimiento de la eficacia de la autorización que ha concedido. En ese pesaje, el Gobierno de la Nación gana por goleada. Y lo hace porque aquél no logra ni sostener mínimamente sus acusaciones apodícticas sobre las graves ilegalidades que dice padecer la autorización como el “desconocimiento de los derechos de participación”, la falta de evaluación de los “riesgos potenciales” o los “daños hipotéticos” de las prospecciones. Al menos, en tres ocasiones, el Tribunal afirma que el Gobierno de Canarias (1) “no especifica cuáles han sido los cambios relevantes que exigirían la nueva publicación, ni el alcance de que entidades o personas que se han visto perjudicadas por la falta del nuevo trámite de información”; (2) “no contrapone ninguna prueba alternativa a lo dispuesto de que los riesgos de una pérdida de control de los pinchazos sean del 0,00282% en el caso de la perforación Sandía y Chirimoya o de 0,0074% en el caso de la perforación Zanahoria”; y (3) “esgrime una exhaustiva lista de informes de todos los puntos afectables por el sondeo … pero las conclusiones de tales informes o se basan en daños hipotéticos o parecen más orientadas a la explotación petrolífera continuada en Canarias, que a un sondeo de duración limitado a un máximo de 180 días”.
Al Gobierno de Canarias no le importan las prospecciones. Lo único que le importa son las reacciones políticas y sociales que suscitan. Véase cómo cambia de opinión ante la posibilidad del petróleo: no lo queremos, pero si lo hay, sí lo querremos. Es una excusa al servicio de sus objetivos nacionalistas. Y, los ciudadanos, rehenes de este empeño, que no es otro que el de la construcción nacional. Si Canarias fuese independiente, no sólo querrían el petróleo, sino que lo necesitarían. Ahora, no. Más importante que el petróleo y la riqueza que podría aportar es, para la estrategia nacionalista, debilitar al enemigo. Hoy, es la excusa petrolera, mañana ¿cuál será? Encontrarla es muy sencillo; hallar soluciones, muchísimo menos. Gobernar fabricando excusas sólo se puede hacer si se convence a los ciudadanos de que no busquen soluciones, sino agravios, humillaciones, ofensas, trato colonial. Cuando gobernar es excusar, se pervierten los pilares esenciales del Estado democrático de Derecho. Es el modelo bolivariano de Gobierno.
El Auto finaliza, como no podía ser de otra manera, afirmando que “se aprecia en apariencia que el procedimiento seguido para la autorización ha sido conforme a Derecho, … por lo que desde la perspectiva de un pronunciamiento cautelar no hay indicios que permitan declarar que las resoluciones referidas [las de autorización de las prospecciones] no puedan alcanzar de inmediato su eficacia tal y como exige el artículo 57 de la Ley 30/1992.” No se suspenden las prospecciones. La argumentación es sólida para sostener esta conclusión. Tanto que veo muy dudoso que el Gobierno de Canarias tenga éxito ante el Tribunal Supremo. Y, aún más dudoso, a la vista de las acusaciones vertidas por sus más altos representantes.
Hay una frase que es particularmente brutal. El Presidente afirmó que “todas las decisiones están beneficiando
No sólo es brutal, sino falsa de toda falsedad. Según convenga, se olvida que la pugna, la controversia que el Tribunal resuelve lo es entre dos intereses generales. Sí. El Gobierno de Canarias representa uno, pero el Gobierno de España, representa a otro. Es el conflicto entre bienes jurídicos que están igualmente protegidos por la Constitución. Porque es tan merecedora de protección la Naturaleza como el desarrollo económico. Todos los poderes públicos deben encontrar la solución armonizadora que incluya las medidas adecuadas y proporcionadas de protección. El conflicto irresoluble entre Naturaleza y desarrollo es una película en blanco y negro que en nuestros días sólo se puede ver en las filmotecas. Hoy día, las películas están llenas de colores y de matices. Si el Gobierno de Canarias no es capaz de acreditar la solidez de sus razones, no puede obligar al Tribunal a atender su solicitud, cuando las del otro disfrutan, por ende, de una presunción de validez reconocida por la Ley (art. 57). El Auto no beneficia a ningún interés privado. Beneficia al interés general al que sirve la autorización que es, además, el protegido por la Ley. Los jueces están “sometidos únicamente al imperio de la Ley” (art. 117 Constitución). Ese imperativo es el que les empujó a dictar el Auto. No otro, y aún menos, el voluntarismo o el buenismo ambientalista.
Las palabras del Presidente demuestran una vez más la simplicidad estratégica de la ideología nacionalista: es como un gran contenedor en la que todo, absolutamente todo, es reciclado para producir un único mensaje: “España nos roba”. Que a Messi se le hacen dos controles anti-dopaje, … España nos roba todo y de todo: el dinero, la dignidad, el honor, la libertad, … Porque España es una unidad de latrocinio en lo Universal. No tiene límites. A cualquier precio. El de denigrar a las instituciones es muy barato. Qué más les da, cuando lo que quieren es otra institucionalidad, la suya. Destruyen las del Estado para construir las de su Estado. Las que harán la vista gorda ante la corrupción. Claro que no interesa un poder judicial independiente. Es peligroso. Porque aplica la Ley, la del Estado democrático de Derecho. Y esto es realmente peligroso. Muy peligroso. En la República Bolivariana de Venezuela, como hemos conocido recientemente, el Tribunal Supremo nunca ha fallado en contra del Gobierno. ¿Por qué será? Cuando los Tribunales se ponen al servicio de la voluntad del gobernante dejan de serlos. Pasan a ser un arma más de su estrategia política. Es comprensible que se insulte al Tribunal Superior de Justicia de Canarias cuando no ha querido plegarse al papel que se le encomienda. El problema no es que "ha pesado más el interés privado que el público". El auténtico problema para el nacionalismo es el Estado democrático de Derecho.
(La Provincia/Diario de Las Palmas, 15/12/2014)
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