Las prospecciones petrolíferas en Canarias son un reflejo del momento político que vive España. La realidad, los hechos, incluso, las necesidades, son secuestradas con una finalidad política de muy corto vuelo, gallináceo. A los nacionalistas canarios, que presiden el gobierno de coalición con los socialistas, las prospecciones les importa bien poco. Como nacionalistas que son, su único objetivo es la construcción de un pueblo, de una nación, y qué mejor medio para alcanzarlo que homogeneizar a la población alrededor de la ofensa, de la humillación, del victimismo. No hay nada que mueva más a la masa que el orgullo herido, mancillado y, además, por un enemigo exterior. En Cataluña es el “España nos roba”. En Canarias, también, pero con la peculiaridad de que España robaría una riqueza que los nacionalistas no quieren (el petróleo), salvo que se encuentre, porque, en tal caso, sí lo querrían. A lo largo de estos meses y años, se ha repetido que el Gobierno de España aplica un trato ofensivo, ultrajante, colonial, a Canarias. Se quiere encender a las personas para convertirlas en masa, en pueblo, en nación. Luego vendrá la siguiente fase: ese pueblo, como sujeto, tiene derechos, incluso, superiores a los de los ciudadanos. El círculo se cierra: surge el derecho a decidir, tras el que ocultar la secesión, bajo un sedicente ropaje democrático que, de otra manera, no tendría.
En Canarias no se ha llegado tan lejos, por ahora. Se camina en esa dirección. La búsqueda del petróleo es la última excusa. Habrá más. El camino de la nación está construido sobre las baldosas de las ofensas, especialmente, las fingidas e inventadas. Y qué fácil es concebirlas. Qué cómodo es construir bulos y, cuanto más catastróficos, mejor. El fin del mundo se vende muy bien; el catastrofismo, aún mejor. Además, sazonado por las teorías conspiratorias. En el caso del petróleo, los nacionalistas hablan de Repsol como “la multinacional” y de un Gobierno, el central, que según convenga es su brazo armado (y aquí se incluye al Marina por el incidente con el barco de Greenpeace) o el que la presiona para que haga unos sondeos que no le interesa. Catastrofismo, multinacionales, gobierno colonial, ofensas, vejaciones, victimismo.
En mitad de esta manipulación política, la independencia judicial. El Auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias del pasado día 9 es asombroso por muchas cosas. Reconozco que creía que el Tribunal, con la presión circundante, iba a caer rendido ante la interpretación del Derecho que menos problemas le podía plantear: la suspensión de las prospecciones. Era la opción más fácil. El argumento era muy sencillo: si se trata de una prospección de tiempo limitado (unos meses), una vez se dicte la Sentencia (pasado uno o dos años), la apreciación de la ilegalidad de la autorización carecería de eficacia práctica. En cambio, la Sala, haciendo gala de su independencia, ha decidido seguir por el camino más difícil: el del Derecho, el de la Justicia. Transcendiendo de las presiones, ha resuelto no suspender. Los argumentos son de peso. En un contexto falaz de contraposición entre petróleo y Naturaleza, explotación económica y protección ambiental, empresa y recursos naturales, mercado y medio ambiente, que de manera descarada se ha convertido en España contra Canarias, el Tribunal, sin pronunciarse sobre el fondo, puesto que se trata sólo de la tutela cautelar, afirma que su decisión debe basarse en la “apariencia de buen derecho”, para lo que debe ponderar la solidez jurídica de las posiciones de las partes. En el caso, entre las del Gobierno de Canarias y las del Gobierno de la Nación. Aquél, partidario de la suspensión y, éste, del mantenimiento de la eficacia de la autorización que ha concedido. En ese pesaje, el Gobierno de la Nación gana por goleada. Y lo hace porque aquél no logra ni sostener mínimamente sus acusaciones apodícticas sobre “desconocimiento de los derechos de participación”, los “riesgos potenciales” o los “daños hipotéticos” de las prospecciones. Al contrario, por ejemplo, “la Comunidad autónoma no contrapone ninguna prueba alternativa a lo dispuesto de que los riesgos de una pérdida de control de los pinchazos sean del 0,00282% en el caso de la perforación Sandía y Chirimoya o de 0,0074% en el caso de la perforación Zanahoria”. La solidez de la razón y del Derecho se inclina a favor de la autorización: “se aprecia en apariencia que el procedimiento seguido para la autorización ha sido conforme a Derecho, dando cumplimiento a la legislación de aplicación en respuesta a su carácter reglado … por lo que desde la perspectiva de un pronunciamiento cautelar no hay indicios que permitan declarar que [la autorización] no pueda alcanzar de inmediato su eficacia.” Desconocemos si hay petróleo. Al menos, tenemos la certeza de que hay Derecho; hay Justicia.
(Expansión, 11/12/2014)
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