España ocupa los peores lugares en cuanto a la creencia en que el Estado actúa conforme a la Ley (sólo para el 33%, cuando la media es del 56%, el nivel más bajo de Europa); de que las autoridades no actúan de manera arbitraria (sólo para el 32%, la media es del 47%); que la Ley se aplica por igual y sin discriminaciones (sólo para el 15%, la media es del 41%; incluso en Italia el porcentaje es mayor, 27%); que el Estado lucha efectivamente contra la corrupción (sólo es apoyada por el 17%, la media es del 35%); que son independientes los tribunales civiles (sólo para el 39%; la media es del 54%) y los administrativos (el 35%, la media es del 53%) y los penales (30%, la media es del 53%).
Estos datos resultan de una encuesta que, en el caso de España, se llevó a cabo entre 1.000 españoles, los días 30 de septiembre a 2 de octubre del año 2013. En esos días, en los periódicos se hablaba de los ERE de Andalucía, de las facturas de UGT y de la investigación del juez Ruz sobre la financiación del PP. En la memoria también estaban presentes los muchos casos que salpican a nuestro territorio.
Cuanto mayor ha sido la información sobre la corrupción, menor ha sido la confianza en la Justicia, a pesar de su actuación. A principios del pasado año, el Consejo General del Poder Judicial anunciaba que los tribunales españoles investigaban un total de 1.661 casos de corrupción política y financiera. Sobre estos casos, el Fiscal General del Estado informaba, en la Memoria correspondiente al pasado 2012, de la apertura de más de 1.000 diligencias previas, de casi 200 escritos de acusación y de unas 170 sentencias. Unas actuaciones consideradas escasas. Otro Eurobarómetro publicado en el año 2012 sobre la percepción de la corrupción en Europa arrojaba datos de la preocupación en España, muy superiores a los de la media europea. Así era calificado como uno de los grandes problemas por el 88% de los encuestados (frente a la media europea del 77%). Y ya aparecía la crítica a la Justicia, porque el 70% de los españoles consideraba que había poco procesos judiciales. Un año después, el número es muy importante, pero la desconfianza, probablemente, se ha incrementado. La razón puede ser la combinación de muchos factores. El tradicional recelo respecto de un Estado que sólo tiene 35 años de existencia democrática, la memoria histórica de los abusos de poder y de los poderosos, pero también la ignorancia. Es un dato a considerar que los españoles seamos los peor informados de toda Europa (sólo el 32% dice conocer qué es lo que necesitan para acudir ante un Tribunal; la media es de 41%). Tampoco se puede olvidar la lentitud de los procesos. La lentitud alienta la sospecha de la impunidad. Es la imagen del juez entrando en el juzgado, pero no decidiendo. El ciudadano ya ha condenado. Hay “urgencia social” en la imposición del castigo que no entiende los tiempos procesales y sus garantías. La desconfianza y el “cainismo” se retroalimentan. La confianza sólo se podrá recuperar con la espera esperanzada de que los tribunales cumplirán con su importante función con ejemplaridad pero, sobre todo, con rapidez. Los acusados han de confiar en la Justicia. Los demás, también.
(Expansión, 9/01/2014)
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