El 80 por 100 de los encuestados cree que “Cataluña estará presente en la campaña electoral”. Así resulta de una encuesta publicada por ABC este domingo. El problema es el cómo estará presente.
No me canso de repetir que el debate sobre el mal llamado problema catalán se lleva a cabo en el marco del relato secesionista. Se ha normalizado que hay una crisis entre Cataluña y España como dos realidades institucionales separadas que sólo falta “formalizar”, o sea, reconocer la independencia de Cataluña. Es falso de toda falsedad. Cataluña es tan España como Canarias. En Cataluña hay españoles que resisten al vendaval secesionista. El porcentaje de los favorables a la independencia ronda el 47 % de los encuestados. Unas cifras que son insuficientes para sostener, en términos internacionales, cualquier proceso de secesión. Por esta razón, presionan cada vez más al no secesionista. Todo lo fían al sedicente principio democrático; a un supuesto fundamento político, porque no hay apoyo jurídico. No hay derecho a la secesión en un Estado democrático de Derecho (Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 24 de octubre de 1970).
El camino del secesionismo es el de la provocación: cuanto peor, mejor. El desplante ayer al Rey es un buen ejemplo. Gratuito, ofensivo y grosero. El Rey no se puede sentir ofendido; y seguro que no se sentirá. Pero el resto de los españoles, sí, y mucho. Es el Jefe del Estado. El que asume la más alta representación del Estado español; el Estado surgido del proceso constituyente en el que los españoles, libre y democráticamente, decidieron constituir, a través de la Constitución, un Estado democrático de Derecho (art. 1).
El secesionismo cree que la ofensa alimentará a los partidos más radicales; a los de extrema derecha. Es el mejor de los panoramas; gana y gana. Por un lado, porque la crispación beneficia al secesionismo; su martirologio; la excusa perfecta para demostrar que en España no hay alternativa; que no es posible encontrar solución; que la España del franquismo ha vuelto porque nunca se había ido. Y, por otro, porque galvaniza el voto alrededor del PSOE que se verá obligado a pactar con ellos para poder gobernar.
En cambio, el secesionismo sufre con la democracia. El mejor ejemplo es el cómo se está conduciendo el proceso contra los golpistas ante el Tribunal Supremo. El espectáculo lo están poniendo los acusados. Se han dividido los roles entre los defensores políticos y los defensores jurídicos. Hablan de los mismos hechos, pero desde dos perspectivas distintas pero complementarias. Los que tienen un perfil más político e, incluso, van a concurrir a las elecciones (caso Junqueras), llevan a cabo soflamas políticas sin rubor. En cambio, los que pretenden tener otro más técnico, se ajustan al guión de lo que debe ser el interrogatorio de las partes en un proceso penal.
La Sala, con su Presidente a la cabeza, ha decidido seguir la estrategia de la caña de bambú: tolerancia (dulce bamboleo) sin perder las raíces. El resultado: el proceso está cayendo en la normalidad. En la normalidad de lo que debe ser un proceso, aunque se ventile el acontecimiento más extraordinario de nuestra democracia. Es la paradoja del Estado democrático de Derecho.
La Constitución tiene mecanismos suficientes para afrontar la crisis del secesionismo. El de la coacción federal, el del artículo 155 de la Constitución, es uno de los más relevantes. Se debate sobre la duración de su aplicación. La Constitución no somete a plazo la aplicación de la coacción. Está sometida a condición: la coacción durará todo el tiempo que sea necesario hasta garantizar que la Comunidad Autónoma cumple con las obligaciones constitucionales y legales. Ni más, ni menos. Mientras no haya esas garantías, suficientes, necesarias y adecuadas, la coacción deberá seguir. El tiempo no queda prescrito previamente; lo fija el incumplimiento por la Comunidad de sus obligaciones constitucionales y legales. La efectividad de las garantías de que el incumplimiento no se va a producir, es la que determinará la duración del 155. No hay plazo; hay condición. Y mientras no se cumpla la condición, el mecanismo del artículo 155 CE deberá seguir en vigor.
El Ministro Borrell alerta de la leyenda negra auspiciada por el secesionismo: “desacreditar de forma alevosa a España haciendo crear que es un país donde no existe por ejemplo la separación de poderes”. Como ha expuesto Elvira Roca, el éxito de la leyenda está asociada a la importancia del imperio. Es como su otra cara. Cuanto más grande sea, más sufrirá, además, con éxito, la leyenda que lo denigra. Leyenda negra e imperiofobia constituyen una dualidad histórica. Hoy la leyenda negra ataca a la reputación internacional.
Hay que asumir que es inevitable. Cuando explicar que España es un Estado democrático de Derecho supone un coste mayor que sostener lo contrario, que los golpistas son, en realidad, líderes políticos perseguidos por sus ideas, irremediablemente, por la ley del mínimo esfuerzo, muchos preferirán esta explicación, la cual, además, tiene el beneficio añadido de que el error es excusable: se trata de ayudar a los “débiles”. La reputación internacional se construye, también, desde la fortaleza, la determinación y la transparencia de las instituciones. Sería un peligroso bumerang que, para hacer frente a esa leyenda, tuviéramos que debilitar las bases de nuestra democracia. Frente a la leyenda negra y a la presión internacional, la resiliencia del Estado democrático de Derecho. La resistencia tiene premio. No hay nada de qué ocultarse. La defensa de la libertad no es oprobiosa; al contrario, hace fuerte a nuestra Nación, por primera vez, liberada del complejo de la tiranía. Por primera vez, defender a España es defender la libertad. La tiranía ya no está en nuestro bando, está en los de Torra, Puigdemont y otros.
(Expansión, 26/02/2019)
No me canso de repetir que el debate sobre el mal llamado problema catalán se lleva a cabo en el marco del relato secesionista. Se ha normalizado que hay una crisis entre Cataluña y España como dos realidades institucionales separadas que sólo falta “formalizar”, o sea, reconocer la independencia de Cataluña. Es falso de toda falsedad. Cataluña es tan España como Canarias. En Cataluña hay españoles que resisten al vendaval secesionista. El porcentaje de los favorables a la independencia ronda el 47 % de los encuestados. Unas cifras que son insuficientes para sostener, en términos internacionales, cualquier proceso de secesión. Por esta razón, presionan cada vez más al no secesionista. Todo lo fían al sedicente principio democrático; a un supuesto fundamento político, porque no hay apoyo jurídico. No hay derecho a la secesión en un Estado democrático de Derecho (Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 24 de octubre de 1970).
El camino del secesionismo es el de la provocación: cuanto peor, mejor. El desplante ayer al Rey es un buen ejemplo. Gratuito, ofensivo y grosero. El Rey no se puede sentir ofendido; y seguro que no se sentirá. Pero el resto de los españoles, sí, y mucho. Es el Jefe del Estado. El que asume la más alta representación del Estado español; el Estado surgido del proceso constituyente en el que los españoles, libre y democráticamente, decidieron constituir, a través de la Constitución, un Estado democrático de Derecho (art. 1).
El secesionismo cree que la ofensa alimentará a los partidos más radicales; a los de extrema derecha. Es el mejor de los panoramas; gana y gana. Por un lado, porque la crispación beneficia al secesionismo; su martirologio; la excusa perfecta para demostrar que en España no hay alternativa; que no es posible encontrar solución; que la España del franquismo ha vuelto porque nunca se había ido. Y, por otro, porque galvaniza el voto alrededor del PSOE que se verá obligado a pactar con ellos para poder gobernar.
En cambio, el secesionismo sufre con la democracia. El mejor ejemplo es el cómo se está conduciendo el proceso contra los golpistas ante el Tribunal Supremo. El espectáculo lo están poniendo los acusados. Se han dividido los roles entre los defensores políticos y los defensores jurídicos. Hablan de los mismos hechos, pero desde dos perspectivas distintas pero complementarias. Los que tienen un perfil más político e, incluso, van a concurrir a las elecciones (caso Junqueras), llevan a cabo soflamas políticas sin rubor. En cambio, los que pretenden tener otro más técnico, se ajustan al guión de lo que debe ser el interrogatorio de las partes en un proceso penal.
La Sala, con su Presidente a la cabeza, ha decidido seguir la estrategia de la caña de bambú: tolerancia (dulce bamboleo) sin perder las raíces. El resultado: el proceso está cayendo en la normalidad. En la normalidad de lo que debe ser un proceso, aunque se ventile el acontecimiento más extraordinario de nuestra democracia. Es la paradoja del Estado democrático de Derecho.
La Constitución tiene mecanismos suficientes para afrontar la crisis del secesionismo. El de la coacción federal, el del artículo 155 de la Constitución, es uno de los más relevantes. Se debate sobre la duración de su aplicación. La Constitución no somete a plazo la aplicación de la coacción. Está sometida a condición: la coacción durará todo el tiempo que sea necesario hasta garantizar que la Comunidad Autónoma cumple con las obligaciones constitucionales y legales. Ni más, ni menos. Mientras no haya esas garantías, suficientes, necesarias y adecuadas, la coacción deberá seguir. El tiempo no queda prescrito previamente; lo fija el incumplimiento por la Comunidad de sus obligaciones constitucionales y legales. La efectividad de las garantías de que el incumplimiento no se va a producir, es la que determinará la duración del 155. No hay plazo; hay condición. Y mientras no se cumpla la condición, el mecanismo del artículo 155 CE deberá seguir en vigor.
El Ministro Borrell alerta de la leyenda negra auspiciada por el secesionismo: “desacreditar de forma alevosa a España haciendo crear que es un país donde no existe por ejemplo la separación de poderes”. Como ha expuesto Elvira Roca, el éxito de la leyenda está asociada a la importancia del imperio. Es como su otra cara. Cuanto más grande sea, más sufrirá, además, con éxito, la leyenda que lo denigra. Leyenda negra e imperiofobia constituyen una dualidad histórica. Hoy la leyenda negra ataca a la reputación internacional.
Hay que asumir que es inevitable. Cuando explicar que España es un Estado democrático de Derecho supone un coste mayor que sostener lo contrario, que los golpistas son, en realidad, líderes políticos perseguidos por sus ideas, irremediablemente, por la ley del mínimo esfuerzo, muchos preferirán esta explicación, la cual, además, tiene el beneficio añadido de que el error es excusable: se trata de ayudar a los “débiles”. La reputación internacional se construye, también, desde la fortaleza, la determinación y la transparencia de las instituciones. Sería un peligroso bumerang que, para hacer frente a esa leyenda, tuviéramos que debilitar las bases de nuestra democracia. Frente a la leyenda negra y a la presión internacional, la resiliencia del Estado democrático de Derecho. La resistencia tiene premio. No hay nada de qué ocultarse. La defensa de la libertad no es oprobiosa; al contrario, hace fuerte a nuestra Nación, por primera vez, liberada del complejo de la tiranía. Por primera vez, defender a España es defender la libertad. La tiranía ya no está en nuestro bando, está en los de Torra, Puigdemont y otros.
(Expansión, 26/02/2019)
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