El temor es el arma de la tiranía. Un temor invencible para algunos. Otros, cada vez más, comienzan a sobrellevarlo. No es comprensible, como han afirmado los directivos alemanes, en una democracia. Cuando la sociedad está cada vez más mediatizada por el poder político, sus designios son órdenes que muchos deciden seguir por la comodidad. El agrado con el poder ha dejado la nave al mando de los que la pilotan hacia el caos. El discurso del miedo. Sí, por supuesto. El que produce el desorden y la inseguridad que arruina la libertad y la prosperidad de millones de personas. Aquéllas que se han visto arrastradas por el juego combinado de un régimen y de sus mecanismos de manipulación, pero también de los errores del constitucionalismo. Sólo hasta hace pocas fechas, unas horas en términos históricos, el discurso nacionalista de todos los partidos monopolizaba la explicación de la realidad y definía el horizonte a alcanzar. El monopolio ideológico ha construido una realidad alternativa en la que la Constitución puede ser desconocida hasta extremos como para afirmar que es compatible con el derecho a la autodeterminación de Cataluña. El que la nación española sea definida como la patria común e indivisible de todos los españoles, tal y como afirma el artículo 2, no es, para estos ideólogos del Derecho, obstáculo alguno. No hay ningún impedimento. Ésta es la cuestión esencial. Ninguno. Nada puede reconducir o limitar su sedicente principio democrático. Nada. Nada podrá parar la “voluntad del pueblo”, de la suya.
La voluntad sin ley. La voluntad del demos al margen de cualquier ley. La ciudad sin leyes de la tiranía. Y frente a este hecho, la ingenuidad de los bienintencionados. Así prefiero creerlo. Ahora que ha comenzado el debate en el Tribunal Constitucional sobre la declaración de soberanía del Parlament de Cataluña de 23 de enero de 2013. Los ingenuos creen que se trata de un debate académico que se puede resolver conforme a las reglas del laboratorio de las ideas. Ojalá. Los nacionalistas son oportunistas. Buscan ventajas extraídas, incluso, de los eriales jurídicos más adustos. Recientemente hemos tenido otro ejemplo más: la interpretación del Real Decreto-Ley 41/1977, de 29 de septiembre, de restablecimiento de la Generalidad de Cataluña. El Ministerio de Asuntos Exteriores en el documento sobre la secesión de Cataluña (“Por la convivencia democrática”) afirmó, de manera incidental, que “en virtud de la Constitución y el Estatuto, Cataluña recuperó sus instituciones de autogobierno”. Esta frase, pronunciada después de hablar del restablecimiento de la Generalitat en el año 1977, sirve de excusa al nacionalismo para afirmar que “el restablecimiento de la Generalitat es anterior a la Constitución española, y su legitimidad histórica, por tanto, no puede derivar de ésta.” Es, como digo, un ejemplo de la manipulación. Confundir restablecimiento de la Generalidad con restablecimiento del autogobierno. En el año 1977, como se deduce de la mera lectura del Real Decreto-Ley, se restableció la institución pero sin autonomía, sin competencias y sin recursos; la institución pero sin autogobierno. El Gobierno la repuso pero bajo su dependencia total y absoluta en cuanto al nombramiento de su presidente, la transferencia de competencias e, incluso, la posibilidad de su disolución. La Generalidad fue establecida como "provisional" a expensas de lo que la Constitución pudiera decidir y, por último, como se dispone en la disposición final cuarta, "[sin] más derechos y obligaciones que los derivados del presente Real Decreto-ley." El restablecimiento no se hizo acompañar de ninguna herencia histórica y aún menos de la legalidad republicana como los nacionalistas llegan a afirmar. El nomen no arrastra consigo ni leyes ni privilegios del pasado. La Generalitat como entidad que goza de autonomía para la gestión de sus intereses es obra de la Constitución y del Estatuto. Es una institución con historia, pero esa historia no impele per se ni reglas de organización ni de competencias. El nombre no hace la cosa, no hace el autogobierno. Este es obra de España constituida en un Estado democrático de Derecho (art. 1 Constitución). Es la obra de los españoles, de todos. Ésta es la verdad de la Constitución y del Derecho. Y son unos ingenuos los que piensan que los nacionalistas entienden y razonan con el Derecho y que los argumentos jurídicos les resultan suficientes. No. Ellos sólo entienden de su ley suprema que es la de su voluntad suprema. A los demás … el temor. La tiranía de Herodoto.
(Expansión, 18/02/2014)
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