1/12/16

No es la corrupción

El fallecimiento, sorpresivo, de Rita Barberá ha causado un impacto considerable. Hay varios planos de análisis. En el político, se quiere aprovechar para “revisar” la reacción cuando un cargo público es acusado, formalmente, de corrupción. En el mediático, también el tratamiento. Y, en el social, no parece que haya provocado una reconsideración de cómo se debe actuar. Ciertamente, el fallecimiento de la persona merece respeto y suscita afecto hacia la familia. Es un ser humano. Una mínima empatía, nos hace partícipe del dolor y del sufrimiento.

Se ha afirmado que la corrupción está en el ser profundo, egoísta, oportunista, de los seres humanos. Esto vendría a explicar que ha convivido con nosotros desde siempre. La corrupción es atemporal, acultural y apolítica. Se ha producido con independencia del tiempo, del lugar y de la configuración política de las naciones. Puede haber diferencias respecto de la intensidad, las características e, incluso, la extensión política y social, pero siempre ha estado ahí. Y siempre estará. No hay nación, Estado, cultura, política, … que se haya librado de esta lacra, expresión utilizada por el Rey Felipe VI. Un vicio físico o moral que marca a quien lo tiene y suscita el mayor de los rechazos.

La corrupción es analizada, tradicionalmente, desde dos puntos de vista: el moral y el institucional. El primero se centra en el deterioro de los parámetros de integridad que han de gobernar tanto el comportamiento individual como colectivo. El corrupto es tan inmoral como inmoral hará a la sociedad que lo sufre. En cambio, el segundo, se centra en las instituciones, tanto en las que la hacen posible, como en los cambios que se deben emprender para combatirla. Una y otra tienen en común un aspecto usualmente marginado: la corrupción sólo es posible y sólo es valorable, si hay un parámetro normativo que establece qué es lo que se debe hacer tanto en la gestión de los asuntos públicos como en los privados. Hay tanta o más corrupción en el mundo de los negocios como en el de la política. Ese parámetro no quiere decir que sea, necesariamente, el de las reglas jurídicas. Puede ser y debería ser, fundamentalmente, el de las éticas; la moralidad colectiva.

A mi juicio, la percepción de la corrupción en España ha alcanzado unos niveles tan alarmantes por dos factores. Por un lado, la crisis de la normatividad colectiva, la social, la moralidad. No porque los españoles nos hayamos convertido en inmorales, sino porque no están nada claras cuáles son estas reglas (la polémica sobre qué se entiende por corrupción). Y cuando no se tienen claras, la sobreactuación es inevitable. Y, por otro, la crisis de las instituciones políticas, de la política y de los políticos. Éste es un fenómeno universal con el que, además, debemos acostumbrarnos a convivir. Es el de los perdedores de la globalización. Y. N. Harari, el famoso historiador, en la entrevista publicada este fin de semana en el suplemento Papel de El Mundo, nos exponía con crudeza el panorama del futuro inmediato que hoy comienza a vislumbrarse. Los millones de seres humanos que no tendrán “hueco” en la sociedad. Los parados crónicos. Los que no tienen, además, destino. Los millones que han programado su vida guiados por el sueño de prosperar, mas que, sin embargo, no lo podrán hacer realidad; aquel en el que hemos sido educados. La frustración es inevitable. El peor sentimiento para gestionar: el de los sueños rotos. Los seres humanos necesitamos un sueño. Urgimos entender por qué hacemos y para qué, lo que constituye el sacrificio del presente. La esclavitud del hoy sólo se redime con el sueño del futuro. Cuando éste no se hará realidad, bien porque lo sufrimos o porque lo vemos en los ojos de nuestros padres, el desconsuelo de la vida-perdida.

¿Qué harán tantos millones de frustraciones y de frustrados? El desengaño es la expresión más suave. En el terreno político: el anti-sistema. Culpar a las instituciones, porque son las que han alimentado un sueño. Culpar a los políticos. Y la mayor acusación es la de la corrupción. El corrupto es el que roba; es el que nos roba; el que nos ha robado el sueño del futuro mejor. La frustración degenera en crítica, en incredulidad. El populismo es antisistema pero es, sobre todo, nihilista. Qué sucederá con Trump, con Podemos, con el Brexit, … Nada. Intentan obtener una renta de vender un sueño alternativo que no se puede hacer realidad. La frustración crecerá aún más. Harari nos anuncia que la salida estará en las nuevas drogas y los mundos virtuales. Me resisto a crear que no pueda haber una solución política. Me resisto a creer que el mundo Matrix transciende el ámbito de la ciencia ficción. Mientras tanto, el desengaño, el populismo nihilista alimentará reacciones exageradas contra las instituciones y los políticos. Éstos deben asumir que es el precio que tienen que pagar. Demostrar que la gestión pública es un privilegio sometido a unas exigencias, incluso, irrazonables, de moralidad e integridad. No es la corrupción. Es el desencanto; es la frustración.

(Expansión, 29/11/2016)

29/11/16

Presupuestos para la reforma de la Administración

“Los Presupuestos Generales del Estado constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal”. Es la definición contenida en el artículo 32 de la Ley General Presupuestaria. Ingresos y gastos que, cuando hablamos de las Administraciones, de las entidades que integran el sector público estatal, sólo pensamos en los segundos. Las Administraciones son vistas, usualmente, como fuente de incompetencia, de inoperancia. Cuando al artista cubano Carlos Garaicoa (La Habana, 1967) se le preguntaba, en El Cultural, qué es lo que se tendría que hacer para mejora la situación cultural española responde con un “menos burocracia”. Me he quedado petrificado. Que cubanos consideren que uno de los problemas que acucian a la cultura española sea la burocracia, nos debería hacer pensar. Es la muestra, entre otras, de que ha calado, y muy profundamente, entre nosotros, que las Administraciones son una rémora. Son un problema. Sin embargo, sería un pequeño problema, no uno grande.

Si examinamos el tamaño de las Administraciones, para lo que nos servimos, como he recordado en otra ocasión, del nivel de gasto no financiero del Estado sobre PIB, el de las españolas representa el 43,3 %, mientras que la media de la UE era, en el año 2013, según los datos de la Comisión para la Reforma de las Administraciones, de 49,7 %. A bastante distancia de las grandes economías de la UE como Francia (56,6 %), Alemania (45 %), Reino Unido (48,5 %) o Italia (50,7 %). De ese gasto público, el 66 % es social (educación y sanidad) y servicios públicos básicos (justicia, defensa y seguridad). Además, el “aparato administrativo”, que es el tradicionalmente considerado más odioso, representa el 26 % de los empleados públicos, sobre un total de 2,7 millones (enero de 2012). Por lo tanto, el gasto administrativo, en sentido estricto, representa poco. Con todo, a esas mismas Administraciones se les exige, al mismo tiempo, que gasten más. Que hagan más inversión, por ejemplo, en infraestructura. Menos gastos corrientes y más inversión. Es más, se pretende reducir aquél para incrementar éste, máxime cuando el gasto público ha de disminuir, en los términos conocidos. Precisamente, cuando la presión europea se ha reduplicado en relación con el control del déficit, más se ha acrecentado el apremio para eliminar los gastos innecesarios. Aquí, todos los ojos miran a la burocracia. ¿Se puede reducir, aún más, los gastos en burocracia? Sí. Se puede reducir si, paradójicamente, se incrementa la productividad. El gran problema que tiene la economía española, en todos los sectores, y también en el sector público, es el de la productividad. No sólo se trata de que los empleados públicos trabajen mejor, sino que se focalice su trabajo. Esto significa: liberalizar y mejora regulatoria. Significa reforzar la contribución del sector público a la creación de riqueza.

Cuando hablamos de burocracia, usualmente, se asocia a los obstáculos que las Administraciones colocan en el camino de las libertades. Cuando desarrollar cualquier iniciativa, como las culturales, requiere superar controles, muchos de ellos, vistos como innecesarios. No es popular. Aún menos cuando sabemos que cuanto mayor sea el obstáculo e, incluso, más irrazonable, más propensión habrá a buscar y necesitar la colaboración, por cualquier vía, de los “padrinos” que permitan superarlo. En definitiva, el caldo de cultivo de la corrupción. El ámbito urbanístico es el mejor ejemplo. La obtención de licencias, la aprobación de planes, … trámites y más trámites, hasta el infinito que “necesitan” el concurso del “conseguidor” para su cumplimentación en tiempo.

La reforma tiene un protagonista estelar: las Administraciones locales. En España hay 8.126 municipios, de los que sólo 62 tienen más de 100.000 habitantes. E, incluso, si bajamos aún más el límite, a los 10.000 habitantes, sólo hay 1.103 municipios que lo superen (13,57 %). La reforma local es imprescindible. España es de los pocos países de la Unión y, en general, de Europa, que no la ha enfrentado. Los dos grandes partidos, PP y PSOE, se han negado, incluso, con un grado tal de intolerancia que niega la posibilidad de que sea objeto de debate. Es una muestra de la gran dificultad con la que se enfrenta: el interés partidista. Las Administraciones territoriales, por su número y presencia en el territorio, son la pieza esencial de la red clientelar. La eficiencia y el ahorro de costes son secundarios. El ejemplo más sobresaliente son las diputaciones provinciales. Su existencia no tiene hoy ninguna razón que las soporte. Se intenta justificarlas alegando que son la muleta con la que apoyar a unos municipios débiles. En cambio, una nueva reordenación municipal que los fortaleciera, las haría innecesarias. Precisamente, por esta razón, no se quiere afrontar la unificación de los municipios. Cuanto más débiles, no sólo hay más “puestos” que repartir para vigorizar el control sobre el territorio, más necesidad del escalón superior de apoyo, el cual, además, ofrecerá más “puestos” a distribuir. Cuanto más débiles sean los municipios, más fuertes serán las organizaciones partidistas y sus redes clientelares.

La prioridad de la reforma local debería ser el robustecimiento municipal. Municipios más poderosos con capacidad para entenderse directamente con los niveles administrativos superiores. No necesitaría de ninguna muleta administrativa. ¿Cómo se lleva a cabo? Con voluntad, tiempo y consenso. El esfuerzo continuado para alcanzar el objetivo con un instrumento estrella: el fomento. Una política decidida de apoyo a la integración municipal. La emprendida hasta ahora ha sido un gran fracaso. Contemplada en la reforma del régimen local del año 2013, por exigencia de la Unión Europea, e incluida en el Programa de Estabilidad 2014-2017 presentado por el Gobierno del PP a la Comisión Europea, no ha producido resultados significativos. Sólo se conocen dos fusiones, la de los municipios gallegos de Oza des Rios y Cesuras y la de los también gallegos de Cotobade y Cerdedo. Este exiguo resultado es la manifestación no sólo de un fracaso sino de la voluntad decidida de incumplir lo prometido a la Unión. No se quiere fortalecer la autonomía local. Al contrario, cuanto más débil, mejor, pero sólo a los intereses de los partidos.

En definitiva, la reforma de la Administración tiene dos frentes, el de los gastos y el de los ingresos. Reformar para reducir los gastos corrientes. Reformar para que la Administración no sea un obstáculo al desarrollo de las actividades generadoras de riqueza. Reformar para incrementar la productividad. Reformar no sólo respecto de cómo lo hace el sector público, sino de qué es lo que hace. No se trata de la exigencia nominalista de hacer menos. Se trata de hacerlo mejor en aquellos ámbitos en los que el control público es realmente imprescindible. Menos gasto corriente y mejora regulatoria están indisociablemente unidos. Y un resultado: liberación de recursos para que se puedan destinar a las inversiones que la sociedad demanda. Menos es, doblemente, más. La cuestión que queda pendiente es la de si los próximos presupuestos responderán a estas coordenadas. Mucho me temo que no. Hay demasiados intereses partidarios que lo impide. Y éstos son, al fin y a la postre, los únicos importantes. Los demás, secundarios. Muy secundarios.

(Expansión, 23/11/2016)

23/11/16

¿Es el federalismo la solución?

El que la demanda secesionista está tensando las costuras de la organización territorial del Estado no es un descubrimiento. Es una obviedad. Y lo es porque, no cabe duda, sus pretensiones no encajan en la Constitución; ni las de considerar que su objetivo secesionista, apoyado o no, por un sector de la población, sea un salvoconducto frente a la Ley. El secesionismo, en su pretensión rupturista, no sólo quiere romper con las reglas de la organización territorial del Estado, sino lo que es, incluso, aún más grave, con las del Estado de Derecho. Se podrá manifestar el número de descontentos que se quiera. Se podrán alegar sedicentes exigencias democráticas. Se podrá apelar al pueblo. Se podrá pretender constituir un hecho desde el que deducir una exigencia jurídica. Se podrá argumentar como si Cataluña ya fuese independiente, de modo y manera que cualquier exigencia “externa” sea reputada como colonial, autoritaria o fascista. Se podrá pretender, alegar o argumentar lo que se quiera, pero las reglas del Estado de Derecho son de obligado cumplimiento por todos y para todos.

R. Dahrendorf (1929-2009) nos alertaba de los peligros de la anomia, de la sociedad sin normas y de la imposibilidad de la libertad. Y uno de los caminos de la anomia es, precisamente, el de la impunidad, el de la declinante validez de las normas. La consecuencia es la que nos alertaba: la libertad desaparece. Las normas “administran” la relación entre el individuo y la colectividad, la sociedad. Si se eliminan, y una de las formas es, precisamente, la del incumplimiento, sufre la libertad individual, aplastada por la arbitrariedad, tanto del poder como de la colectividad. El cumplimiento de las reglas es una cuestión esencial, no por mero formalismo nominalista, sino para la efectiva protección de la libertad. ¿Qué sucedería en Cataluña si el Estado de Derecho desapareciera? ¿Qué y quién protegería a los que no comparten las tesis de los secesionistas? Ya hemos podido comprobar el sufrimiento de los padres que reclaman que el 25 por 100 de la docencia se imparta en castellano, o los que se atreven a colocar una mesa petitoria en la calle a favor de la selección española, o los daños que sufren las sedes de los partidos opuestos a la secesión, o la microfísica de la violencia que se le aplica a todos los caracterizados como anti secesionistas, … Y todo esto cuando, al menos, nominalmente, subsiste el Estado de Derecho. Si algo es cuestionable, en este ámbito, es el lento caminar del Estado. Al menos, que no ceje. Que se siga aplicando la Ley. Lentamente, cansinamente, pero que los Tribunales no dejen de cumplir con su cometido. Está en riesgo la libertad individual.

En el plano de la organización territorial, en cambio, se abre un amplio abanico de opciones para que, al menos, puedan encontrar satisfacción los que quieren hallar una solución al callejón sin salida al que los secesionistas están abocando. Es verdad que hay un malestar. También es verdad que ese malestar ha sido construido y reduplicado a través de distintos altavoces. El martirologio de Cataluña ha sido elevado a la condición de agravio, además, exclusivo y excluyente, como si los demás “territorios” no sufriesen similares o, incluso, peores. Es más, se considera que tales problemas lo sufren los catalanes en su condición de tales: es un castigo. La propuesta federal podría ser la respuesta. Es insuficiente, muy insuficiente, para aquellos que ya transitan por el camino de la secesión. Incluso, para aquellos que reclaman el referéndum secesionista. Sin embargo, es la oferta que el constitucionalismo debe articular; no puede permanecer inmóvil frente a la tensión territorial.

La propuesta federal ha recuperado la iniciativa con el discurso de ingreso de F. De Carreras en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas el pasado día 15. Un discurso brillante. Una exposición clara y sugerente que nos advierte sobre cómo afrontar la reforma constitucional en clave federal. Pero también nos alerta de que no será suficiente para el secesionismo. Se podrá federalizar lo que se quiera. Se podrá corregir, en el plano funcional, lo que se estime oportuno para que España disfrute de una organización territorial realmente federal, pero no será bastante. En el momento presente, la reforma constitucional se encuentra en una tesitura: o federalismo para todos, o singularidad para Cataluña. Lamentablemente, tras tantos años de cultivo del nacionalismo, Cataluña no busca, ni desea, una solución para “todas las Españas”, sino una solución para ella sola. Y esta solución es, en su singularidad, contradictoria con cualquier otra, por muy federalizante que se quiera.

El éxito de la organización territorial de la Constitución le ha abocado, paradójicamente, al nacionalismo, a la secesión. Por un lado, la igualación territorial niega la singularidad catalana. Y, por otro, el nivel de la descentralización alcanzado hace insostenible cualquier agravio. Se ha quedado sin argumentos. En la actualidad, el debate central no es el de federalizar más o menos; es el de cómo encajar la “singularidad” catalana para que, al menos, una parte de los catalanes que desean encontrar una solución al cul de sac en el que ha conducido el secesionismo, se encuentre cómodo. Ésta es la dificultad. Ni el federalismo es suficiente.

(Expansión, 22/11/2016)

16/11/16

En círculos, como una peonza

Miles de personas se han manifestado en Barcelona contra la Justicia española. “Por la democracia. Defendamos nuestras instituciones”. El eslogan elegido expresa la lógica del secesionismo: la defensa de “nuestras” instituciones como exigencia democrática. El “nuestro” es la clave de bóveda, la que lo explica todo. El “nuestro” mayestático, el del soberano. El “nuestro” del pueblo, el elegido. J. H. Elliot, el hispanista inglés, en una entrevista publicada este fin de semana, exponía que también el catalanismo había cultivado, como otros nacionalismos, la vieja enseña del pueblo elegido. Siendo así que es el pueblo elegido, el adornado por los méritos de la inteligencia, la cultura, el esfuerzo, la riqueza, y otros dones, ¿cómo el Estado decadente español, el de la democracia de pésima categoría o de low cost, puede decirle qué es lo que está bien o mal? ¿Cómo la justicia de ese Estado puede “perseguir” a los representantes de “nuestras” instituciones?

En la lógica del pueblo elegido no se admite que ningún otro le pueda dirigir u ordenar. El elegido ya es soberano. Es el supuesto hecho del que se pretende deducir unas consecuencias, incluso, jurídicas. El jurista alemán G. Jellinek (1851-1911) acuñó la expresión la “fuerza normativa de lo fáctico” para referirse a ciertas circunstancias reales que tienen la virtud de “crear” Derecho. Unos hechos tan contundentes que la Ley no sólo no puede negarlos, sino que ha de reconocerles efectos o consecuencias jurídicas. El secesionismo opera como si Cataluña ya fuese independiente y exigen en consecuencia.

La “independencia fáctica” explica tanto el discurso político como el jurídico. En cuanto a aquel, se ha instalado en el secesionismo la lógica colonial y de la defensa frente a la opresión, el Estado colonizador y las fuerzas de ocupación. Y, por consiguiente, la de la estrategia de la liberación nacional y sus tácticas más o menos subversivas. Frente al ocupante, la Cataluña ya independiente, tiene el derecho a defenderse: tiene el derecho, por exigencia democrática, de amparar sus instituciones mancilladas por el Estado opresor/ocupante. Sin embargo, como ese hecho resulta de una imposición, se ha de ocultar tras el discurso sedicentemente democrático. En el plano jurídico, como la secesión sólo puede ser conforme a Derecho para cumplir con la cláusula de Estado de Derecho de la Unión Europea (art. 2 Tratado de la Unión), el camino emprendido por los secesionistas conduce a un razonamiento circular: el referéndum para la independencia será legal cuando la republica catalana ya independiente aprueba las leyes que lo regulan. El hecho, impuesto autoritariamente, se “legaliza” mediante un referéndum, por supuesto, legal para lo que, aquél hecho, se ha debido producir.

R. Dahrendorf (Wikipedia)
 
R. Dahrendorf (1929-2009), defensor del “liberalismo institucional”, escribió que “las instituciones no son simplemente una condición necesaria de la libertad –del mismo modo que las Constituciones son una condición necesaria para la efectividad de los derechos humanos y el control sistemático del poder- sino que son también el material que hace falta moldear y dar forma a fin de dar expresión al deseo de más libertad para más gente. No podemos ser libres sin las instituciones y, la libertad significa que construimos instituciones de acuerdo con nuestras luces”.

Las instituciones son las piezas esenciales de la “construcción normativa de la sociedad”. Son las que engrudan a los ciudadanos alrededor de unas reglas esenciales que dan sentido a su cooperación para la realización de los propios intereses. Las reglas esenciales inspiradoras de la libertad, pero también, las de la ciudadanía, tanto la de aquellos que ya la disfrutan como la de aquellos otros que, por la falta de oportunidades, no la han podido desplegar con plenitud. Las instituciones, en el marco del contrato social, son las garantes de las libertades.

Frente a la estrategia política y jurídica de imposición fáctica y jurídica de la independencia, se ha de contraponer una sociedad, la española, que cuenta con una construcción normativa que es, además, la única que ha surgido de un proceso democrático. Aquí sí hay contraposición entre imposición autoritaria y democracia. La Constitución española, pieza esencial de aquella construcción, fue ratificada mayoritariamente por el pueblo español y, en particular, por los catalanes. Aunque para Dahrendorf instituciones y Derecho no se confunden, es indudable que la Constitución, la clave de bóveda del conjunto del ordenamiento jurídico, plasma las instituciones más relevantes de aquella construcción. Mientras las instituciones sean las de la nación española y tengan su plasmación en la Constitución, no hay ni instituciones, ni democracia distintas, por mucho que se empeñen en correr en círculos. El razonamiento circular sólo tiene sentido, lógico, histórico y jurídico para los convencidos. Los demás, asistimos atónitos a cómo se puede engañar a tantos. A cómo se puede convencer de que se puede querer ser independiente siendo independientes porque siendo independientes se tendrán las leyes para serlo por lo que se podrá consultar para ser independiente aun cuando ya se es independiente. En definitiva, no sólo correr y correr, sin moverse, sino dar vueltas y vueltas como una peonza. Qué mareo.

(Expansión, 15/11/2016)

15/11/16

Frente al descontento, regeneración

Uno de los pactos de Estado imprescindibles es el denominado, genéricamente, como el de la regeneración. Regenerar al régimen político, al Estado democrático de Derecho constituido por la Constitución española, para, parafraseando el significado incluido en el Diccionario de la Lengua Española, darle nuevo ser, restablecerlo o mejorarlo. Si es necesario es porque sufre problemas, amenazas o quiebras. En definitiva, soporta una crisis que es conveniente solucionar para que siga prestando la función que justifica su existencia.

La crisis del Estado tiene varios frentes. El más importante es el de la legitimidad. Esa delicada flor que lleva a los ciudadanos a aceptar el poder, a obedecer. Y así lo hacen, porque creen que las instituciones atienden sus necesidades mediante la representación que los partidos, investidos de distintas ideologías, obtienen en la competencia electoral. La crisis de la legitimidad viene por esta vía, la de los partidos y, sobre todo, la de las ideologías que los sostienen.

La crisis de los partidos es el producto, paradójicamente, del abuso del poder. La corrupción es el rasgo más sobresaliente. Una manera de entender su ejercicio para extraer rentas para el partido y sus altos cargos, pero también para aquellos empresarios que pagan la dádiva para no correr el riesgo de la competencia. Los grandes perjudicados son los ciudadanos. Y la crisis de las ideologías es la del desconcierto. No se sabe qué es ser de derechas ni de izquierdas. Antes, tenían como signos de identidad el conservadurismo y la lucha de clases, respectivamente. Hoy, lo que se quiere conservar es el Estado del bienestar, del que las izquierdas han hecho gala hasta el extremo de hacer desaparecer las bases en las se anclaban (clases en lucha). Los recortes y la corrupción no marcan diferencias. Habría que olvidar que la izquierda aplica el mismo programa de recortes, como está demostrando Syriza, o sufre gravísimos casos de corrupción.

La crisis de los partidos y la de las ideologías tiene una consecuencia, tal y como la estamos viendo en los últimos acontecimientos internacionales: obstruye el cauce democrático de canalización del descontento de los descontentos. Los contrariados han crecido exponencialmente. Ya no son sólo los abandonados por el sistema; los condenados a malvivir; los fantasmas de la opulencia. Se les han sumado los que han dejado de ser clase media como consecuencia de la crisis y de la globalización. Todos han visto y están viendo frustradas sus expectativas. Se ha roto la lógica histórica de la mejora permanente: nuestros hijos serán mejores que nosotros. Ya no está garantizado, al contrario: se vive de la pensión de los abuelos.

Los descontentos son más y se encuentran con un sistema político que no les da las respuestas que esperan. La crisis de los partidos y de las ideologías han bloqueado la vía o cauce democrático de canalización. Se ha obstruido. Los afligidos buscan otras alternativas; otras maneras de expresar su tormento y reclamar soluciones. El populismo, denominación genérica de los sempiternos oportunistas, es una de las alternativas. La ideología es secundaria: ¿Trump tiene ideología? Vende un producto exitoso porque ha apreciado la existencia de un nicho de mercado, el del descontento.

La regeneración que el Estado español necesita es la de limpieza de los cauces por los que se canaliza el descontento para ofrecer soluciones. Sufre de aterosclerosis. Los vasos sanguíneos se han endurecido como consecuencia de la acumulación de colesterol por la vida sedentaria de los grandes actores (partidos) entretenidos más en “sus” cuitas endogámicas y, en algún caso, corrupta. Se precisa un programa creíble, sensato y adecuado de reformas.

La primera, la de la representación. “No nos representan”, es el eslogan que expresa uno de los problemas. La relación entre los electores y los representantes debe ser más directa y más continuada en el tiempo. Ahora reducida al periodo de las campañas electorales e intermediada por los medios de comunicación. Si hay ruedas de prensa, ¿por qué no hay ruedas ciudadanas?

La segunda, la de los medios de la representación: los partidos. Mucho deben cambiar. De maquinarias de poder y para el poder deben convertirse en maquinarias de integración de intereses para que en el proceso político se puedan orquestar más y mejor todos, a los efectos de forzar el acuerdo. Que los partidos sean democráticos o más democráticos, va de suyo. No se trata sólo de esto. Algo más. Que sirvan más y mejor a sus electores.

La tercera, la de la legislación electoral. Es la culminación de la reforma de la representación. Un hombre, un voto. Si los electores conocen a sus representantes, se pueden dirigir a ellos. Les pueden hacer partícipes de sus preocupaciones, de sus necesidades. No se trata de substituir la Ley D’Hont, sino de delimitar adecuadamente las circunscripciones para que sean más igualitarias y, sobre todo, que ofrezcan un resultado más representativo. El objetivo es el de incrementar la porosidad del régimen político. Combatir la tendencia endogámica y suicida que le atenaza.

La cuarta, las instituciones. El Parlamento, rodeado, bloqueado y televisado, no debate sobre lo que los descontentos quieren. Y, aún menos, se arbitran en él las soluciones. Son imprescindibles más y mejores posibilidades de que lo que los ciudadanos desean, llegue al estrado. Abrir el parlamento y el procedimiento.

Los Tribunales deben administrar justicia. Esto supone imparcialidad y, sólo la hay, si hay independencia. El gobierno de los jueces debe estar al servicio de la garantía de la independencia. No puede haber sombra de duda. Se rompería ese velo que da tanta fuerza a lo que deciden. La venda de los ojos, lo es para el sometimiento exclusivo a la Ley, sólo a la Ley; nada más. Sin Ley, rectamente administrada, no hay libertad. La peligrosa anomia denunciada por Dahrendorf.

La Administración sufre el mal endémico de nuestra economía: la baja productividad. Siendo la Administración pequeña, no es eficiente. También habrá que reforzar los mecanismos de control internos para combatir la corrupción. Es un acto social que precisa de la implicación de muchos. Proteger al denunciante.

Los organismos reguladores son una parte de la Administración que representa los problemas y las necesidades de reforma. La independencia es esencial para que se entreguen exclusivamente a la supervisión de mercados o sectores económicos, conforme a la Ley, pero según criterios técnicos, lejos de los intereses políticos, así como de los particulares. Cuando no se consigue, la contaminación política o de los intereses regulados, compromete la gestión encomendada, haciéndola, ya no sólo ineficiente, sino provocando también la del ámbito sometido a regulación. Es una amenaza al progreso de nuestra nación.

En quinto lugar, la ciudadanía. Tenemos que superar la visión complaciente con nuestros conciudadanos. La visión idealizada, la de la bondad natural perturbada por las instituciones sociales; la inocencia individual y la de la culpabilidad colectiva. Se ha cultivado, precisamente por el bloqueo del sistema político, un tipo de ciudadano, adocenado y con nulo espíritu crítico. El más conveniente a aquel sistema, muy dado a la libertad y poco a la responsabilidad. Que no ha entendido que aquella sin ésta es una forma de esclavitud. Incapaz de valorar sus decisiones y sus consecuencias. También es verdad que, si reaccionan de la manera que lo hacen, es porque no les quedaba más alternativa.

En definitiva, la regeneración que nuestro Estado necesita es la que precisa todas las democracias. Y habrá que hacerla para evitar que los oportunistas de uno u otro pelaje campen por sus fueros. Es el caso de Podemos y de los secesionistas catalanes, oportunistas de la debilidad institucional, la que amenaza al Estado democrático de Derecho, una de las más mayores conquistas de la historia de la Humanidad.

(Expansión, 12/11/2016)

12/11/16

¿Qué son las instituciones?

Ralf Dahrendorf, en su libro Ley y orden (Cuadernos Cívitas, Madrid, 1998) se interroga sobre ¿Qué son las instituciones? Una reflexión importante en el contexto del "liberalismo institucional" que postula. 

Es un término confuso. En su significado más prístino, el que, por ejemplo, recoge el Diccionario de la Lengua Española, institución es un establecimiento, una fundación, un organismo, una organización, … Tiene un significado organizativo. Institución y organización se confunden. Así, cuando hablamos de instituciones públicas, nos referimos a los organismos que forman parte del Estado. En la Constitución, por ejemplo, se hace uso de este significado para referirse al Defensor del pueblo (art. 54), las organizaciones o instituciones internacionales (art. 93) y al jurado (art. 125). En el ámbito del Derecho administrativo, se habla de la “Administración institucional” o “sector público institucional” (Ley 40/2015). 

En el ámbito de la sociología y de la politología encontramos otro significado. Ya no es tanto una organización u organismo cuanto reglas. Las reglas sociales. No cualquier regla. Son las esenciales o básicas de la sociedad. Son las del contrato social (Dahrendorf, pág. 154). Las que regulan, de cierta manera, las relaciones entre las personas en el contexto de la sociedad, de una determinada sociedad. Son las relaciones “privilegiadas”: integridad física y propiedad. Las que sirven de base del orden social (Dahrendorf, pág. 156). “Sugiere tanto leyes reales, cuanto una estructura subyacente más profunda, es decir, la construcción normativa de la sociedad a partir de sus principios. Esta combinación de hecho, y significado describe las instituciones” (Dahrendorf, pág. 157).

Las instituciones nos han conducido a la “construcción normativa de la sociedad”. Las instituciones son las que hacen posible esta construcción. Son el elemento normativo/regulador. Y son tan importantes que construyen o hacen posible la sociedad. Son importantes “a causa de la insociable sociabilidad del hombre. Las instituciones nos protegen de la codicia incontrolada, de cosas y de poder, por parte de los demás. Nos permiten poner nuestra simpatía hacia los demás al servicio de un buen objetivo. Sobre todo, no obstante, proporcionan el marco dentro del cual el “antagonismo” que motiva gran parte de la acción humana puede ser transformado en una fuerza de progreso. Sólo dentro de las instituciones podemos tener esperanzas de mejorar nuestras oportunidades vitales. Las instituciones no son simplemente una condición necesaria de la libertad –del mismo modo que las constituciones son una condición necesaria para la efectividad de los derechos humanos y el control sistemático del poder- sino que son también el material que hace falta moldear y dar forma a fin de dar expresión al deseo de más libertad para más gente. No podemos ser libres sin las instituciones y la libertad significa que construimos instituciones de acuerdo con nuestras luces” (pág. 158-159). “Si queremos ser libres, tenemos que trabajar con las instituciones y dentro de ellas, dándoles forma una y otra vez en ese proceso, es decir, construyéndolas a imagen de las oportunidades de libertad abiertas para nosotros en cada momento dado” (pág. 161).

Es paradójico que la visión, esencialmente jurídica, de la institución como organización acabe confluyendo con la sociológica de las reglas, las del contrato social. Esta última, en la perspectiva de Dahrendorf, es la que hace posible, precisamente, lo que denomina como la “construcción normativa de la sociedad”, o sea, la que hace, precisamente, que la sociedad exista como tal. Un conjunto, en definitiva, organizado de individuos que han decidido cooperar para la mutua satisfacción de sus respectivos intereses para lo que las reglas son imprescindibles. En el fondo, estamos, también, hablando de una organización, peculiar, pero de una forma de organizar personas.

La confluencia se produce por cuanto, la institucionalidad social no es más que el orden social. Ese es la construcción normativa de la sociedad. Queda construida como un cuerpo ordenado, organizado.

Construcción normativa o institucional de la sociedad precisa de reglas, las básicas o esenciales para conformar el basamento o fundamento de aquella. Vienen a configurar la estructura subyacente que da soporte a la sociedad. Es el producto del tiempo. Y del eterno proceso de reconstrucción. El eterno proceso de revisar/cambiar las reglas para engrudar la sociedad. Se requiere legitimidad, pero también la certeza de que los incumplimientos serán castigados. Se requiere una autoridad que administre los castigos. La certeza de la libertad. La certeza de la seguridad.

La relación entre institución y Derecho es importante, máxime cuando el castigo/sanción a los incumplimientos es requisito para la efectividad e, incluso, la legitimidad (reconocimiento) de las reglas/instituciones. Están próximos pero no se confunden: 
“el rule of law no puede probablemente funcionar –y ciertamente no puede funcionar bien- sin un sentido de las instituciones en la sociedad. Más aún, sin hacerse él mismo institucional en el más pleno sentido de la palabra. A lo largo de estas conferencias hemos insistido en las deficiencias del Derecho formal en cuanto tal. Pero ello no implica negar sus ventajas. Hay mucho que decir a favor de la tradición del common law, que combina la formalización con un significado institucional vivo; pero hay suficientes cosas que decir a favor de un derecho codificada a fin de hacer de él un objetivo deseable para la gente en cualquier parte. El Derecho protege y el Derecho capacita; las instituciones dan significado, sustancia y permanencia a sus poderes. Con independencia de la construcción de instituciones, el Derecho necesita ser desarrollado, a fin de hacer que su imperio sea fructífero para la libertad.” (pág. 177)
Son distintos pero próximos. E, incluso, confluyentes. Las instituciones, en los términos expuestos, terminan plasmándose o tomando cuerpo en el Derecho. No es necesario, se podría afirmar, pero es, incluso, conveniente. Es el caso, por ejemplo, de la Constitución. Su papel es, esencialmente, institucional. Formaliza las instituciones centrales de la construcción normo-política de la sociedad.

Si las instituciones son las que llevan a cabo la construcción normativa de las sociedades, el Derecho es el que formaliza las reglas institucionales que hacen posible dicha construcción. Instituciones y Derecho se confunden, pero se diferencian. El Derecho no sólo regula instituciones, pero es, altamente probable, al menos en los sistemas jurídicos continentales, que las instituciones se sirvan del Derecho para su materialización. Se alcanza dos resultados relevantes: certeza respecto del castigo, o sea, seguridad, al mismo tiempo que garantías. Aunque Dahrendorf no lo señala, las instituciones son normas/reglas y sanciones, administradas por la autoridad correspondiente, pero se necesita, precisamente para salvaguardar la libertad, que es una de sus funciones esenciales, las garantías. No se puede imponer un castigo a cualquier supuesto responsable, y en virtud de cualquier procedimiento (o, incluso, su ausencia).

Instituciones y normas no se pueden, ni se deben separar. Las instituciones pueden existir, funcionar y legitimarse, sin normas. A la inversa, no lo sería: “las normas son separadas de las instituciones y el mundo que emerge combina el cumplimiento formal con una profunda desvalorización de todas las cosas de naturaleza social. Quienes contribuyen a semejante mundo no constituyen tampoco el material de que están hechos los ciudadanos de una sociedad libre” (pág. 188).

Las instituciones son las reglas esenciales que permiten la conformación (normativa) de la sociedad y que encuentran en el Derecho la técnica que le permite la formalización para dispensar, con seguridad y garantías, los castigos a los incumplimientos. Esta conexión es la que da al Derecho la legitimidad que necesita. El alejamiento, convierte al Derecho en normas sin alma. En una técnica vacía condenada a la inutilidad. 

10/11/16

Reordenación ministerial desde París


Nuevo Gobierno. Después de casi un año, nuevo Gobierno del antiguo Gobierno. Pocas novedades. La única significativa es la creación del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. En el Real Decreto de reestructuración se detalla que le corresponde la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de energía, turismo, telecomunicaciones y sociedad de la información, así como el desarrollo de la agenda digital. Si la organización es la plasmación de una política, el nuevo-antiguo Gobierno muestra que es aún más antiguo. Mucho.

Todo esto, el mismo día en el que entraba en vigor el Protocolo de París del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La coincidencia no puede ser más nefasta. Ensalzado como un acuerdo histórico, es más una pieza simbólica que una norma jurídica. Es una muestra del denominado soft law. Un objetivo genérico de limitar el calentamiento mundial a mucho menos de 2º C por encima de los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura de 1,5º C. Ahora bien, ¿cuál es la reducción que supone para cada Estado? Depende de lo que cada uno decida y comunique. Ese objetivo, autoimpuesto, será objeto de rendición cada cinco años, a partir del año 2023. Supuestamente, cada Estado está obligado a cumplir con aquello que ha asumido que va a cumplir, pero, ¿cuál es la sanción en caso de incumplimiento? No se prevé.

¿Cómo aquello que es tan “insignificante” jurídicamente es tan extraordinariamente importante en el plano político? Es indudable que lo es. Elevar el Derecho en parámetro de lo importante sólo tiene sentido en el ámbito interno de los Estados. En el externo, hay otras coordenadas, aún más sustanciales. Que tantos Estados hayan decidido ratificar el Acuerdo (unos 100) y, además, con tanta rapidez, es un indicio fuerte de que la lucha contra el cambio climático va en serio. Los Estados han decidido enfrentarse al problema. El que dependa de cada uno a qué es lo que se compromete, en el fondo, es secundario. Siete países emiten más del 50 % de los gases de efecto invernadero y dos (China con el 23 % y Estados Unidos con 13 %), más del 36 %. Bastaría con que sólo éstos asumiesen obligaciones de reducción y de captura para que se diese un giro copernicano a la política del cambio climático.

Sin embargo, con ser importante, no es lo más importante. Se está produciendo un vuelco político relevante que explica la actitud de los Estados. El cambio climático ha dejado de ser una amenaza para convertirse en una oportunidad. Los anteriores renuentes a asumir compromisos, ahora los lideran. Es el caso de China y de Estados Unidos. Ya no se habla de restricciones, limitaciones o reducciones. Es, hasta cierto punto, secundario. Es otra la preocupación: las oportunidades.

La Unión Europea lo ha visto con claridad desde hace mucho tiempo. Siempre ha estado a la vanguardia mundial. Nunca ha participado de la idea de que era un obstáculo al crecimiento económico. En la UE, por ejemplo, las emisiones disminuyeron un 19 % entre 1990 y 2013, mientras que durante ese mismo período se registró un crecimiento del PIB del 45 %. Ha defendido que es un incentivo para un cambio de modelo económico, la denominada economía hipocarbónica y circular. Y, en este contexto, una de sus piezas esenciales es la denominada “Unión de la Energía”. Un mercado interior de la energía de ámbito europeo para la erección de una Europa energéticamente resiliente centrada en la política climática.

Resiliencia energética y resiliencia ambiental confluyen. Habrá resiliencia energética si la hay ambiental, y ésta, será realidad, cuando la energética se haya alcanzado. En el fondo, es el sino del ser humano. Nuestra continuidad de vida en la Tierra, como especie, depende de nuestra capacidad de gestionar con inteligencia unos recursos escasos y, además, no renovables. Esta gestión sostenible tiene una característica central: reducción de las emisiones. Cuanto menos se consuma esa energía fosilizada en el carbón y sus derivados, menos se emitirá a la atmósfera y aún menos se alimentará el efecto invernadero. Se habrá de buscar otras fuentes de energía, así como la eficiencia en el consumo: la resiliencia energética.

Este cambio de modelo es una oportunidad. La Comisión recoge una cifra de la Agencia Internacional de la Energía: la plena realización de los planes climáticos dará lugar a inversiones por valor de 13,5 billones de USD en eficiencia energética y tecnologías con bajas emisiones de carbono entre 2015 y 2030, a un promedio anual de 840.000 millones USD.

El cambio climático ha dejado de ser un problema para convertirse en una oportunidad. La reordenación ministerial ni recoge este eje fundamental de la transformación que estamos viviendo. Ni está presente en el nuevo Ministerio. Cambio climático y Unión de la Energía son las dos piezas esenciales de la metamorfosis de los próximos años. Aquí, mientras tanto, en las coordenadas viejunas: la de la limitación (Ministerio de Agricultura). Visión estratégica, ninguna. Y luego, cómo no, llegaremos tarde a la “revolución industrial” del presente.

(Expansión, 09/11/2016)

2/11/16

Espectáculo y payasada

La sesión de investidura se convirtió en un espectáculo. ¿Es lícito convertir el Congreso en un escenario del espectáculo de la política? ¿Es recomendable convertir la política en espectáculo?

El término espectáculo tiene cuatro significados en el Diccionario de la Lengua española. Van desde una actividad a desarrollar en cierto lugar hasta un contenido, y siempre alrededor de la exposición pública de algo, con el objetivo de suscitar una reacción en el público asistente. Supone, bien sea una función o diversión pública, o bien cualquier cosa que se ofrece a la vista o a la contemplación intelectual, la capacidad de atraer la atención y mover el ánimo infundiendo deleite, asombro, dolor u otros afectos más o menos vivos o nobles.

La política no se ha convertido en espectáculo. Siempre lo ha sido; siempre ha disfrutado, tanto como función o como exposición pública, de la capacidad, obediente a cierto ánimo, de atraer la atención y promover la reacción de los espectadores: los ciudadanos. Ha cambiado el medio de exposición. Ya no es el teatro, o el cine, sino, otros aún más efectivos, como la televisión y, en menor medida, las redes sociales, cuya efectividad radica en que se focaliza en los sectores más activos de la sociedad, aquellos que tienen capacidad para crear opinión. Pablo Iglesias lo ha sabido entender. Hace tiempo afirmó que «los verdaderos parlamentos son los platós de televisión». Es verdad y no es verdad. Es verdad en cuanto reivindica la importancia de la televisión. Y no es verdad porque en los Parlamentos, a diferencia de los platós, sí se decide sobre aquello que afecta a la vida de las personas, porque es en ellos donde se aprueban leyes. Si fuese verdad lo que afirma el interfecto, él no habría abandonado los platós ni los habría utilizado para llegar al Parlamento.

No se ha comprendido que la política al modo del siglo XIX o principio del XX ha muerto definitivamente. O el espectáculo político se adapta a los nuevos medios, o deja de existir. Es posible que esta sea una de las causas de la desafectación ciudadana. El político encorsetado por la vestimenta o la disertación ha pasado a la historia. El monólogo virtuoso, del personaje ensoberbecido por la palabra y por la brillantez expositiva, se ha extinguido. Son otras las coordenadas. Son otros los modos de la exhibición, de la transmisión o el espectáculo. Y, sobre todo, son otros los contenidos. El medio condiciona el contenido. Siempre ha sido así. Cuando la imprenta con sus tipos móviles se inventó, el contenido cambió. No podía ser igual a aquella de los tipos fijos, del amanuense o del juglar. Los nuevos medios, en particular, el televisivo, han impuesto la simplificación, dramatización y personificación. Qué decir de Twitter: la reducción de cualquier idea, incluso, la más compleja, a 140 caracteres. El nuevo medio predilecto del espectáculo actual. Sin embargo, ese cambio no es, a mi juicio, el más importante. Es el de la calidad del contenido transmitido. El mismo medio, la televisión, puede transmitir muy distintos contenidos. Es tan espectáculo la representación de una obra de teatro de Shakespeare que “Sálvame de Luxe” o “Gran Hermano”, pero es evidente que no transmiten lo mismo; el contenido cambia y, sobre todo, qué es lo que se transmite y sus consecuencias para el progreso social. El medio condiciona, pero no impone cierto contenido. Ofrecer aquello que puede contribuir al enriquecimiento personal, no puede compararse ni merecer el mismo reproche o valoración, que aquello otro que mortifica, tanto a los que se exhiben como a los que asisten a tal degradación. La clave es qué es lo que es objeto del espectáculo. O puede servir para contribuir al progreso social o, al contrario, alentar su retroceso, porque difunde los peores valores porque no socorren a que la sociedad sea un ámbito de colaboración entre ciudadanos libres e iguales. El que esclaviza a las personas en función de riqueza, género y cultura, no es el espectáculo que auxilia el progreso. Al contrario.

Entre tanto publicado sobre política espectáculo y espectáculo de la política, lo que no se dice es que, del mismo modo en que hay muchos tipos de políticas, los hay de espectáculos. Desde el teatro al circo, desde Lord Macbeth hasta los payasos. En la política espectáculo que se ha instalado, encontramos poco personaje Shakespeariano y mucho payaso. Mientras que aquellos aportan importantes enseñanzas, éste otro, sólo merece una risita, más por educación, puesto que, tampoco, es un buen comediante. El problema de España es que los comediantes instalados en la política son malos políticos y peores comediantes. Es la “payasificación” de la política por los peores payasos.

(Expansión, 01/11/2016)

31/10/16

El milagro de la independencia

El Tribunal de Justicia de la Unión, en la Sentencia de 19 de octubre de 2016 (asunto C-424/15; Ormaetxea), se ha pronunciado sobre la independencia de nuestros reguladores. El caso es conocido. El Tribunal Supremo planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal para que se pronunciase sobre la conformidad con el Derecho de la Unión, de la reforma institucional que había creado una única autoridad regulatoria multisectorial (la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia), suprimiendo los reguladores sectoriales, entre ellos, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, y el cese del Presidente y de uno de los consejeros de la Comisión, no ajustado a las causas tasadas establecidas en la Ley. El Tribunal resuelve que, sobre la primera cuestión, no hay contravención al Derecho de la Unión, mas sí la hay respecto de la segunda.

Forma parte de la autonomía de los Estados crear autoridades multisectoriales de regulación. La única exigencia: “siempre que, …, ese organismo cumpla los requisitos de competencia, independencia, imparcialidad y transparencia establecidos [por el Derecho de la Unión] y que las decisiones que adopte puedan ser objeto de un recurso efectivo ante un organismo independiente de las partes implicadas.” El Tribunal examina la legislación española y, adelantándose a lo que pueda decidir el Tribunal español, llega a la conclusión de que la Ley española, la Ley 3/2013, cumple con tales requisitos. Por lo tanto, se bendice la multisectorialidad del regulador nacional, hoy, objeto de cuestionamiento.

No logra visualizarse cuáles son los beneficios de una unificación de los reguladores sectoriales y de defensa de la competencia. No es posible, ni en cuanto a los métodos (regulación ex ante vs. regulación ex post), ni a los objetivos (prestación eficiente de servicios vs. competencia efectiva de los mercados). El legislador tampoco ha sido consecuente con esa decisión: potestades distintas según los sectores, procedimientos diferentes, como el sancionador e, incluso, tipificación desigual de infracciones. Por ejemplo, en el sector eléctrico, el incumplimiento reiterado de las obligaciones de información está tipificado como información muy grave, mientras que, en el de la defensa de la competencia, es leve. La unificación es puramente accesoria con el objetivo, al menos supuestamente, de ahorrar costes. La división interna en dos salas escenifica que se trata, materialmente, de dos organismos con fines, funciones, procedimientos y legislación distintos.

Se van filtrando informaciones sobre las luchas y divisiones internas, incluso, comportamientos reprochables de consejeros que enturbian el funcionamiento y, sobre todo, la imagen. En la última comparecencia del Presidente de la CNMC ante la Comisión del Congreso, los diputados se hicieron eco de estas circunstancias. Se habrá producido un ahorro económico, pero el coste reputacional está siendo enorme.

Estas autoridades sufren de unas debilidades estructurales y funcionales que las hacen proclives tanto a la endogamia como a la captura por los intereses regulados. Tanto poder, poderosísimo, con amplios márgenes de apreciación, en muy pocas manos, en sectores económicos tan relevantes, hace que sean instituciones que tienden al desequilibrio interno y externo. La inserción en una red adecuada de controles es el contrapunto imprescindible. Ahora bien, hay un hecho que es incuestionable: las normas no convierten a las personas en independientes. Las normas protegen a los independientes. Los que ya están comprometidos o contaminados, por unos y otros intereses, no se convertirán en independientes por el efecto taumatórgico de las normas.

En este capítulo, la Sentencia que comento es desconcertante. Considera que el Estado español ha violentado el Derecho de la Unión porque cesó a los dos miembros de la CMT en virtud de una razón, la reforma institucional, que no estaba previamente incluida entre las causas de cese de la Ley. Y no lo estaba, porque es absurdo que lo esté. No es razonable que se especifique que la supresión del organismo produce el cese. Es evidente que así ha de suceder: no hay mandato, ni cargo sin organismo. En realidad, el Tribunal hace una interpretación forzada porque la Directiva europea que aplica, la Directiva marco de comunicaciones electrónicas, no incluye lista alguna de causas de cese, sólo exige que se establezcan previamente por la Ley nacional. Interpretada, de manera literal, el Tribunal llega a la conclusión de que se ha producido una remoción en contra del Derecho de la Unión. Y, en consecuencia, considera que se ha violentado la independencia.

En el fondo, cuando se habla de independencia, es más fácil hacer interpretaciones como las del Tribunal: formalistas, legalistas y dogmáticas. Como si la previa tipificación de causas de cese como la supresión del organismo, la caída de un meteorito, la desaparición del Estado, la muerte de Manolete, … fuese una garantía que asegure la independencia de los consejeros, “amenazados” por factores como los indicados. La relación ad infinitum de causas de cese no los va a hacer más independientes. Las normas sólo protegen a aquel que ya es independiente. El Derecho, lamentablemente, no obra milagros.

(Expansión, 25/10/2016)

24/10/16

Confianza y su cadena


Confianza es la palabra de moda. Confianza en Puigdemont; así como la ausencia de confianza en Sánchez y, en su momento, en Rajoy. Confianza es un sentimiento cuyas virtudes políticas han sido estudiadas por F. Fukuyama. Es como el aceite en las relaciones humanas; elimina las fricciones; crea una textura que hace que fluyan con naturalidad, con facilidad. Se afirma que es la base del poder. El gobernante necesita de la confianza de los ciudadanos. Es el término utilizado en nuestras normas políticas centrales (Constitución, Estatutos de Autonomías, legislación electoral) para referirse a la expresión de asentimiento del Congreso de los Diputados (u órgano equivalente en el ámbito autonómico y local) respecto de cierto candidato, a ocupar la más alta magistratura del poder ejecutivo (verbigracia, Presidente del Gobierno). Un sentimiento que se otorga tanto como que se retira, según regula el Reglamento del Congreso.

Es elocuente que, cuando se trata de ciertos cargos unipersonales y del poder ejecutivo, la elección o nombramiento debe estar causalizado en la confianza que suscita la persona que aspira a ocuparlos, entre los integrantes de los órganos parlamentarios o en los plenos de las corporaciones locales. No se exige la confianza para ser Magistrado del Tribunal Constitucional, o Defensor del Pueblo. Éstos son elegidos por el Congreso, pero no se requiere que deban suscitar confianza. No es necesaria para su designación. En cambio, sí cuando se trata del Presidente del Gobierno, de una Comunidad Autónoma, o de un Alcalde o de un Presidente de Diputación. Es imprescindible para su nominación (investidura) o para su continuación en el ejercicio del cargo (cuestión de confianza). Si se disfruta, se gana el cargo; si se pierde, se cesa automáticamente.

La confianza es esperanza firme, como la define el Diccionario de la Lengua española. La esperanza de que el confidente, aquél en quien se confía, actuará de una manera que se considera adecuada. En el caso de los cargos públicos a los que me he referido, la confianza está relacionada con la atribución de poder. Una suerte de delegación de poder. Las Asambleas legislativas, fuente de todos los poderes, como las califica la Constitución española, sólo pueden “delegar” o atribuir poderes a favor de aquellos que suscitan confianza, o sea, la esperanza de que actuarán adecuadamente, más en concreto, de que ejecutarán el programa político que han presentado.

Confianza, esperanza, poder, programa político, son los conceptos que explican la relación entre los Parlamentos y el Presidente del Ejecutivo. Puigdemont, en su discurso en el debate suscitado por la cuestión de confianza, presentada para salvar la inestabilidad política por la negativa de la CUP a aprobar los presupuestos, ha acuñado un nuevo término: “cadena de confianza”. No es la confianza que sostiene el cargo. Es la cadena que ata al cargo, a aquellos que se han resistido hasta entonces haciendo imposible la aprobación de los presupuestos: la CUP. No es la confianza esperanzada; es la confianza encadenada. El que la CUP, fuerza anti-todo, pueda aceptar aprobar unos presupuestos que deberán incluir, además de las partidas consagradas al procés, otras en las que se deben recoger las prioridades políticas, sociales y económicas de un Govern, según su criterio burgués y de derechas, muy de derechas, no parece que sea una esperanza muy sólida.

La transversalidad de la independencia lo es de un objetivo, no de un presente. Si se quiere gobernar éste, las distintas concepciones que se tienen sobre las prioridades a satisfacer, reflejarán distintos presentes. Se puede esperanzar en el futuro. Muy difícilmente, sobre el presente. Puigdemont ha ganado una prórroga. Ha ganado la confianza de la prórroga. No ha ganado la confianza para trabar una relación sólida con el Parlament que le permita desplegar su acción política, la de Gobierno. El futuro, el referéndum secesionista, es la condición para salvar las diferencias, profundas, sobre el cómo afrontar el presente. Cuando sólo se está seguro sobre el futuro, además, hipotético, es porque no es posible confiar sobre la acción del presente. No se puede gobernar fiándolo todo a ese futuro.

La política en Cataluña está construida sobre la apariencia. Otro rasgo del excepcionalismo catalán. La apariencia de la confianza que no es más que una cadena con la que vincular al gobierno del presente a una fuerza que sólo piensa en el futuro hipotético e, imposible, de una secesión unilateral para la construcción de la república socialista. El anzuelo es entregarle el futuro, para aparentar una confianza que no se tiene. El excepcionalismo está en que la Presidencia no reposa en la confianza, sino en el encadenamiento respecto de un futuro imposible.

(Expansión, 04/10/2016)