18/1/17

No basta con conferenciar


Nuestra organización territorial del Estado tiene una peculiaridad sobresaliente: no está completamente regulada en la Constitución. En puridad, como ha sido destacado por todos los autores, es más una norma que establece el procedimiento para su puesta en pie por la vía del ejercicio del derecho a la autonomía y su concreción en el correspondiente Estatuto. Uno de los aspectos que, en tal casa proyectada, queda por regular, es el de la cooperación. Hace 40 años, lo importante era descentralizar; hoy, al contrario, es el cómo se asocia el Estado con los sujetos descentralizados para satisfacer objetivos comunes.

Una de las más grandes paradojas de nuestra organización territorial es que, habiéndose la Constitución olvidado de la unidad funcional, es profundamente cooperativa. El reparto competencial la hace materialmente imprescindible. Así se pone de manifiesto en dos ámbitos críticos. Por un lado, en el de las funciones ejecutivas. Está ampliamente consolida la cooperación entre Administraciones mediante las denominadas Conferencias sectoriales. Y, por otro, en el de la financiación. En este momento, la Administración General del Estado financia, a través del Fondo de Liquidez Autonómica, a las Comunidades ante la imposibilidad de que puedan hacerlo acudiendo al mercado.

En cambio, es inexistente la cooperación en el ámbito legislativo. No es una exageración afirmar que el Senado no funciona. Su naturaleza de segunda cámara de revisión, pero con un poder limitado, y el sistema de elección de los senadores (por sufragio universal en las circunscripciones provinciales), han impedido que sea una cámara de representación territorial. Se ha convertido en un “cementerio de elefantes” en el que los partidos alojan a sus antiguos altos cargos para que disfruten de una jubilación dorada. No sirve para nada y aún menos, para lo que debería servir.

Se hace imprescindible establecer el marco institucional de la cooperación interterritorial. Hay que partir del reconocimiento de lo escandalosamente evidente: el grado de descentralización alcanzado entre nosotros nos coloca entre los Estados federales más avanzados; con sus imperfecciones, pero es una realidad. En segundo lugar, en un contexto político que tiene dos señas de identidad, la globalización y la integración europea, la cooperación es esencial no sólo para hacer realidad el principio fundamental de la unidad de la nación española, sino la coordinación de fuerzas para afrontar retos que superan el ámbito territorial autonómico e, incluso, el nacional. En tercer lugar, esta cooperación debe articularse tanto en el legislativo como en el ejecutivo. En este último, deben mejorarse los mecanismos existentes. Sin embargo, en el legislativo no los hay. Las Comunidades deberían poder participar, mediante representantes cualificados, en la aprobación de la legislación del Estado que más directamente les afecte, así como en las decisiones relativas a la Unión Europea. Y, en cuarto lugar, la cooperación es imprescindible porque el reparto del poder entre el Estado y las Comunidades exige, para que uno y otro puedan hacer realidad sus objetivos en el ámbito competencial que le corresponde, la negociación y el acuerdo. Así ha quedado claro, por ejemplo, en relación con la Educación.

La Conferencia de Presidentes que se reúne hoy es otro ámbito de cooperación. El problema, y grave, a mi juicio, que suscita es el de que se le pide que haga algo que no puede hacer: no puede compensar que no haya unos órganos y unos procedimientos que urdan, en todos los ámbitos funcionales y en relación con todos los asuntos, la cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Es un órgano político, más de colaboración, de expresión de buenas intenciones. Y como no lo puede hacer, suscitará frustración. Se espera que tome decisiones, pero sólo serán las de naturaleza política que, con ser importantes, no solucionan problemas; marca orientaciones, expresará deseos, o, como decía Napoleón, cuando no se quiere solucionar los problemas, nombra una comisión de expertos. Se proyectará en los ciudadanos, una vez más, la impresión de que los políticos se reúnen para dar la imagen de compromiso, cuando muestran, en realidad, la incapacidad para solucionar los problemas comunes. Y algunos, incluso, alertarán de que la reunión sólo ha servido para hacerse la foto.

La contrariedad no radica en que los políticos se reúnan para hacer política. El problema es cuando sólo hacen política porque no hay otras posibilidades que supongan tomar decisiones de manera compartida que afecten a la vida de los ciudadanos. Y no las hay porque, nuestra organización territorial, no está terminada. La Constitución ha regulado el camino, pero no el lugar de llegada. Casi 40 años después, la España de los territorios sigue siendo una realidad imaginada. Que los nacionalistas se quieran aprovechar de este agujero de nuestro marco institucional para colar su proyecto secesionistas es, hasta cierto punto, lógico. Como oportunistas de la desgracia de España, se han aprovechado de este defecto de nuestra Constitución. Cuando ni la buena fe ni la lealtad son capaces de reconducir la situación que, al menos, el Derecho se imponga a la sinrazón. Sin embargo, necesitamos un marco completo, real y efectivo de cooperación entre todas las partes que componen la riqueza territorial de España. No basta proclamar la unidad, hay que hacerla y, además, en todos los ámbitos de poder.

(Expansión, 17/01/2017)

15/1/17

Participación en la tertulia de 3 24

El pasado día 10 de enero intervine en la tertulia sobre temas de actualidad del programa Mès 324 dirigido por Xavier Graset en el canal 3 24



Aquí el enlace.



11/1/17

¿Por qué obedecemos a las normas? Sobre la prohibición de fumar


El día 2 de enero se celebró el sexto aniversario de la entrada en vigor de la prohibición de fumar en cualquier espacio de uso público. Se culmina, por ahora, un camino de prohibiciones iniciados, al menos, en el año 1988. Se ha afirmado que se trata de una de las normas que más impacto ha tenido en la vida cotidiana de las personas. Aún nos sorprende el recuerdo de la boina de humo en los locales públicos. Y más aún el cómo podíamos “vivir”, es un decir, en tales condiciones.

L. Garicano se preguntaba, en su libro, el Dilema de España, cómo era posible que el país que más atrasado estaba en Europa en la lucha contra el tabaco, por obra y milagro de una disposición normativa, se convirtiese en el más avanzado. Esta evolución a saltos es propia de nuestra Historia. No sólo en el tabaco, en la lucha contra la violencia de género, el matrimonio de personas del mismo género, el aborto, la tolerancia religiosa, el respeto a las minorías, la diversidad racial, … un larguísimo etcétera. Habíamos pasado de una dictadura, aplaudida por muchos, a una democracia, aplaudida por todos. Con la misma fe se pasa de un extremo a otro. Para Garicano era un signo de optimismo: España puede cambiar. Lo que hoy se nos presenta como obstáculos, incluso, insalvables, de repente, se desvanecen hasta convertirnos en la avanzadilla del mundo.

Sorprende que, a golpe de normas, se pueda cambiar la realidad y de una manera tan categórica. En realidad, no ha sido la norma. No creo en la revolución social a golpe de normas. La sociedad no se cambia por Decreto, titulaba una obra de referencia de Michel Crozier (1922-2013), el famoso sociólogo francés de las organizaciones. Una afirmación que pretende reflejar la fuerza limitada de transformación asociada al Derecho. No es vanguardia de transformación. Es acta del cambio producido. Podrá impulsarlo hasta consolidarlo, pero no es su obra. El caso de la prohibición de fumar es prototípico.

En primer lugar, la prohibición culminaba un proceso iniciado, al menos, en el ámbito legislativo iniciado veinte años antes. Durante ese tiempo, se emprendieron distintas campañas y acciones políticas dirigidas a alertar de los riesgos del tabaco. Por lo tanto, cuando la prohibición entró en vigor, todo el mundo conocía qué es lo que se pretendía conjurar; no era sorpresiva. Sabíamos que el tabaco era dañino.

En segundo lugar, las medidas restrictivas se fueron articulando de manera progresiva. Se comenzó con la limitación de la publicidad o el fumar en hospitales, hasta desembocar en la prohibición de fumar en cualquier espacio público. La progresión en la intensidad regulatoria es crítica.

En tercer lugar, había un importante consenso social que articuló una alianza de actores promotores de las medidas restrictivas. En cambio, en frente, la que rechazaba la prohibición, quedaría en manos de los propietarios de bares y restaurantes. Su peso social y su limitada capacidad de presión, al final, no evitó el proceso y su culminación. Probablemente, el consenso social era tan amplio y fuerte que la oposición estuvo condenada al fracaso.

En cuarto lugar, se prevén multas a los infractores. Esta previsión no es suficiente para explicar el cumplimiento. No es viable situar detrás de cada posible infractor a un inspector. La clave es la certeza de que, si hay una inspección, se impondrán; es la amenaza, y, para ser más exacto, su certidumbre. Los hosteleros están convencidos de que, si su establecimiento es sorprendido por un inspector tolerando la infracción, serán castigados, incluso, con el cierre del local. Aquí surge un elemento que es crítico: una Administración fuerte, eficaz, profesional y ajena a la corrupción. Si el ciudadano está convencido de que los funcionarios van a cumplir con sus obligaciones de velar por la Ley, tendrán la certeza de que la amenaza es creíble. La fortaleza de la amenaza, no la del castigo, es la que contribuye al cumplimiento.

Y, en quinto lugar, más importante aún: la asunción social de la regla. F. Fukuyama considera que “los seres humanos son criaturas creadoras de normas y cumplidoras de normas por naturaleza”. Que en nuestra naturaleza estén incrustadas las normas, no nos hace mantener una relación mecánica con cada una de ellas. Obedecemos normas, no cada una de ellas. Sólo las que, o consideramos justa o conveniente su cumplimiento (amenaza), o ambos. En definitiva, si la legislación antitabaco se ha cumplido tan rápida y unánimemente, es porque los ciudadanos han asumido que es una prohibición justa y, además, conveniente. No hay magia. Hay inteligencia. Los ciudadanos entienden que cumplir ciertas reglas es necesario para preservar un bien sobresalientes, como es la salud. Los españoles, debidamente ilustrados, cambiaremos el mundo; “nos cambiaremos” tantas veces como sea necesario. Y las normas certificarán la asunción de la justeza de ese cambio.

(Expansión, 10/01/2017)

4/1/17

Hablemos del futuro

Nuevo año y nuevas preocupaciones que añadir al morral. La Executive Office del Presidente Obama acaba de publicar, el pasado día 26 de diciembre, un interesante informe sobre las repercusiones de la Inteligencia Artificial en los ámbitos de la economía y de las políticas.

Aunque es muy difícil prever el impacto económico de la Inteligencia Artificial, es un hecho que costará millones de empleos. Son indudables, en cambio, dos cosas. Por un lado, que hay un proceso tecnológico que se resume en más información, mejor tratamiento de aquella y más potencia en los ordenadores. Este proceso incrementa exponencialmente la productividad, al mismo tiempo que hace innecesaria la colaboración humana para el desempeño de ciertas actividades rutinarias. El resultado: muchos trabajos y muchos trabajadores poco o nada cualificados serán substituidos por máquinas, cada vez más inteligentes. El proceso es imparable. Y, por otro, el big data anuncia una explosión de información sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos, en la que la transparencia personal se hará realidad. La privacidad será otro elemento de la riqueza; se medirá en la capacidad para disfrutar de intimidad sin someterse a la observación o el control de otros, de corporaciones, más que de Estados. Los grandes poderes privados que están apocando a los públicos. Una suerte de nueva feudalización tecnológica en la que el individuo, su soberanía, su libertad, quedan menguadas.

El Informe se entretiene en las repercusiones que se puedan producir, al menos, en una o dos décadas. La automatización, incluso, hasta el grado de tener capacidad autónoma para decidir (por ejemplo, el coche autónomo), harán prescindibles, como digo, millones de empleos. Las respuestas, en lo político, ya son conocidas. El mundo, por mucho cambio tecnológico, seguirá moviéndose entre no hacer nada, hasta que el nuevo orden genere su propia respuesta, o hacerlo todo, mediante el poder, para imponerla. En medio, la combinación de una y otra: la intervención moderada, responsable y racional. En este aspecto se entretiene el informe. ¿Cuál ha de ser la respuesta?

Invertir, invertir e invertir. Más y más dinero público a la investigación. La inteligencia artificial aporta, en productividad, unos efectos positivos que no pueden ni deben ser negados. Ámbitos como la salud, la educación, la protección ambiental, el transporte, la energía, y la defensa, entre otros, son en los que de manera más inmediata se han de notar los efectos. La segunda coordenada, política: más y más educación y formación. Preparar a los trabajadores no sólo para adaptarse al nuevo escenario, sino para contribuir positivamente al mismo. La inteligencia artificial, la robotización, no puede prescindir totalmente del ser humano. Seguirá precisando de las personas. Bien para que intermedien con otras, o bien para que controlen las máquinas. Sin olvidar las que las diseñan y que las fabrican. Educar y formar a las nuevas generaciones. Todas han de tener la oportunidad de prepararse para el cambio. Habría que evitar que la brecha digital sea la que separe a las personas; la nueva frontera de la nueva riqueza, la que condenaría a millones de personas a vivir excluidos del mercado, en una situación de dependencia permanente del Estado. No habría empleo para los que no cuentan con cualificación. Sólo podrían aspirar al auxilio del Estado. El nuevo frente de la libertad frente a la nueva riqueza. La educación sería, aún más, el requisito imprescindible para el trabajo y, sobre todo, para la libertad. Una educación y una formación acomodadas al reto, permanente, por mantener la distancia con las máquinas. La presión de éstas sólo se puede gestionar mediante la cualificación.

Y la última coordenada, la más dramática, la centrada en aquellos que no pueden resistir a la presión, los que quedarán sobrepasados por las máquinas: la de la solidaridad. No habrá trabajo para estas personas. Quedan en una situación de dependencia del Estado. El informe se entretiene en la necesidad de modernizar y reforzar la red de seguridad social. El nuevo reto del Estado democrático es el cómo garantizar la estabilidad de la sociedad cuando no hay trabajo para todos. La solidaridad no es, sólo, un gesto moral, es también político. El cómo implicar e integrar a estos millones de personas que no pueden aspirar ni a un empleo mísero, obligados a competir con las máquinas cada vez más inteligentes. El cómo distribuir más eficazmente entre todos, las oportunidades, para que todos puedan aspirar a disfrutar de su individualidad como personas, cualitativamente mejores que cualquier máquina. El reto de la individualidad frente a la amenaza de las máquinas. El nuevo frente del humanismo y de la libertad.

(Expansión, 03/01/2017)

31/12/16

Sobre la promoción interna en la función pública y su aplicación a la Universidad

El Estatuto Básico del Empleado Público (Texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) consagra, entre otros derechos individuales de los empleados públicos, el relativo a "la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación” (art. 14). En el artículo 16 se insiste sobre este particular cuando vuelve a reiterar, en relación con los funcionarios, que tienen derecho a la promoción profesional. Esta se produce en el seno de la carrera profesional entendida como “conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad” (art. 16.2). Las leyes de la función pública, al regular la carrera profesional, deberá, entre otras, contemplar, en los términos del artículo 16.3, la que denomina como “Promoción interna vertical, que consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.”

La promoción interna vertical, así pues, consiste, en el ascenso desde un cuerpo o escala inferior a otro superior. Un funcionario que ya pertenece a uno inferior, promociona a otro superior. El artículo 18 regula el cómo se ha de llevar a cabo. Dos ideas centrales sobresalen: 1) el derecho a la promoción interna y 2) su realización mediante procedimientos específicos en los que, en todo caso, se debe garantizar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como los demás del artículo 55.2 del mismo Estatuto. Esto son: 
a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.
b) Transparencia.
c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.
d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.
e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.
f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.
En dichos procedimientos, lógicamente, sólo podrán participar aquellos que quieran y puedan promocionarse, o sea, aquellos funcionarios que ya se encuentran en un cuerpo o escala inferior a aquel otro al que pretendan acceder. Hay, como resulta evidente, una exclusión de los que no se pueden promocionar porque ya pertenecen a dicho cuerpo o escala superior. Es una promoción interna porque se produce entre funcionarios que ya lo son de la Administración. No es, como resulta evidente, interna a una Administración, organismo o persona jurídico pública, determinada; lo es respecto de la función pública, en su conjunto, entre funcionarios de los distintos cuerpos. 

Lo dispuesto en el Estatuto se aplica al personal funcionario de las Universidades públicas (art. 2). El problema jurídico que se plantea, en una primera aproximación, es el relativo, precisamente, a su aplicación a la Universidad. La Ley Orgánica de Universidades (Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades) dispone, en cambio, en el artículo 56.2, lo siguiente:
“El profesorado funcionario se regirá por las bases establecidas en esta Ley y en su desarrollo, por las disposiciones que, en virtud de sus competencias, dicten las Comunidades Autónomas, por la legislación general de funcionarios que les sea de aplicación y por los estatutos”
Por lo tanto, como sucede en otros ámbitos materiales, la pretensión codificadora de las normas como la del Estatuto básico de la función pública, se topa con la lógica sectorial de las instituciones como la de la Universidad. Su función y sus características modulan, condicionan e, incluso, derogan la normación pretendidamente general. No puede ser de otra manera. Es lo más lógico y lo razonable. La legislación general de la función pública no puede superponerse a la de la reguladora de la institución en la que dicha función se va a desplegar. Esto quiere decir que se aplica, con una salvedad crítica: que sea compatible con las normas de la institución, en este caso, la Universidad. 

La pregunta que surge es la siguiente: ¿es compatible con la lógica funcional de la institución universitaria la de la promoción interna en los términos en que es regulada en la legislación general de la función pública? A mi juicio no. Sin embargo, el artículo 62.2 LOU, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, desautoriza lo que he afirmado, al introducir, por primera vez en la función pública docente universitaria, la "promoción interna". En definitiva, los artículos 62 y 63 de la LOU contempla, en resumen, tres sistemas de acceso a los cuerpos docentes universitarios: 

1) concurso de acceso libre (art. 62.2 primer párrafo)
2) concurso de acceso de promoción interna. (art. 62.2 segundo párrafo)
3) concurso de traslado (art. 63)

El artículo 62.2 en la redacción establecida por el citado Real Decreto Ley 10/2015 queda en los siguientes términos
"2. A los concursos podrán presentarse quienes hayan sido acreditados de acuerdo con lo regulado, para cada caso, en los artículos 59 y 60, así como los funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad y del Cuerpo de Catedráticos de Universidad. 
Asimismo, las Universidades podrán convocar plazas de promoción interna, que estén dotadas en el estado de gastos de su presupuesto, para el acceso al Cuerpo de Catedráticos de Universidad. Estas plazas, que no podrán superar el número máximo de plazas que sean objeto de oferta de empleo público de turno libre, en ese mismo año, para el acceso a los cuerpos docentes del artículo 56 de esta misma ley, se convocarán para funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad o a de la Escala de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de Investigación, que hayan prestado, como mínimo, dos años de servicios efectivos bajo dicha condición. Los funcionarios que participen en estos concursos tendrán que estar acreditados para el Cuerpo docente de Catedráticos de Universidad."
Mientras que a los concursos de acceso libre, en los términos del primer párrafo, pueden presentarse tanto acreditados como los funcionarios de los cuerpos docentes, en el caso del concurso de acceso de promoción interna, sólo pueden los acreditados. Estas plazas, nos dice el citado párrafo, "se convocarán para funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad …, que hayan prestado, como mínimo, dos años de servicios efectivos bajo dicha condición. Los funcionarios que participen en estos concursos tendrán que estar acreditados para el Cuerpo docente de Catedráticos de Universidad." Sólo los acreditados podrán participar: los profesores titulares acreditados para catedráticos. La promoción interna se cumple en los términos de la legislación general: los funcionarios de un cuerpo inferior (profesores titulares) pueden promocionar a uno superior, mediante un concurso específico, en el que sólo ellos podrán participar. 

¿Qué consecuencias tiene, en relación con la Universidad, los concursos de acceso de promoción interna? Las consecuencias están asociadas al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto y, en particular, los principios del artículo 52 del mismo. El mismo artículo 62 LOU reitera, en términos equivalentes, cómo se han de celebrar los concursos, en particular, los requisitos a reunir por los miembros de las comisiones. No se cumplen, como evidencia una práctica reiterada. Los concursos se configuran a la medida del candidato interno. Es la dimensión añadida de lo interno. Es interno para la promoción y es interno para que sólo promocione el candidato local. Se produce, como consecuencia, la endogamia reduplicada. Por un lado, se celebran unas pruebas en las que no pueden participar catedráticos (exclusión legal) y, por otro, se configuran las pruebas para que los iguales (otros acreditados) tampoco puedan conseguir el éxito de la promoción. Por la vía legal se elimina al competidor más peligroso, al que ya es catedrático, y por la vía de la práctica al igual (otros acreditados) que también podría beneficiarse de la promoción interna. 

No hay nada más extraño a la Universidad que la endogamia. La nueva regulación establece una exclusión legal (los que ya pertenecen al cuerpo de catedráticos) para eliminar al competidor más incómodo que haría aún más dificultosa la operación endogámica. Qué difícil es justificar la decisión de la Comisión a favor de un acreditado cuando se ha presentado un catedrático con años de experiencia. Me consta. Se han utilizado distintas artimañas, como la de los perfiles, pero no consiguen un éxito indiscutido e indiscutible, máxime cuando los perfiles, en el campo del Derecho son discutidos. Aquellos candidatos que tienen un largo historial académico y de investigación, muy difícilmente no puede alegar actividad también en el ámbito del perfil establecido. La "mejor solución" para consolidar la endogamia sin problemas para las Comisiones y las Universidades es la exclusión legal: una decisión del legislador. Aquí, la tutela de los derechos fundamentales se ha de trasladar al Tribunal Constitucional. Este es el reto. 

29/12/16

¿Qué le pasa a la Universidad?

Las informaciones sobre el masivo plagio atribuido por distintas informaciones (véase las publicadas por El Mundo: aquí y aquí) al actual Rector de la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid, ha vuelto, una vez más, a colocar a la Universidad española en el centro de la polémica. Reconozco que no es un tema que me resulte agradable. Ya he tenido experiencias muy desagradables con la endogamia Universitaria. Sin embargo, no se puede negar lo que resulta escandalosamente evidente: España tiene un problema que se llama Universidad y los principales responsables son, en distinto grado, los universitarios, quienes, utilizando distintas vías, han podido capturar al poder político.

Es tradicional, entre nosotros, echar la culpa al vecino de todo lo que sucede y, en última instancia, al poder, al Gobierno, al Estado. En el caso de la Universidad, creo que el problema es justo el contrario: la autonomía universitaria, su interpretación y su práctica; el excesivo poder reconocido a las Universidades. Se ha entendido, como es usual entre nosotros, que la autonomía es la libertad para hacer y deshacer lo que se quiera, sin control, restricción o limitación alguna. No hay exigencia de responsabilidades y, la principal, la de contribución de la Universidad al desarrollo humano de la nación. Y que, a esa exigencia, se vincule, por ejemplo, la financiación. En cambio, reina el corporativismo y la oscuridad en la gestión. Véase el informe del Tribunal de Cuentas núm. 1079, de enero de 2015, sobre las Universidades públicas.

La autonomía universitaria, consagrada en el artículo 27 de la Constitución como derecho fundamental, según la interpretación del Tribunal Constitucional (Sentencias 26/1987, 55/1989 y 130/1991), es el mejor ejemplo de la captura de los políticos por los universitarios. Esta solución inédita en el mundo, es el fruto de su influjo en las Cortes constituyentes. Nuestra Constitución consagra la autonomía universitaria; en cambio, silencia la del Banco de España. En nuestra cultura política, es tradicional el rechazo del dinero y de la banca, mientras se ensalza la libertad, sin responsabilidad, en todos los ámbitos y en relación con todas las instituciones.

No me parece mal que se hable de la Universidad e, incluso, que se reconozca su autonomía. Lo que me parece mal es que no se haya entendido que supone responsabilidad, asumida por las propias Universidades y exigida por las Administraciones. En consecuencia, se cumple la Ley universal de la infamia: un poder sin control es un poder que cae en la arbitrariedad.

El caso del Rector de la Universidad Rey Juan Carlos debe llenar de vergüenza a todos, en especial a la Universidad que lo mantiene como máxima autoridad. Cuando tenemos el mejor trabajo del mundo y se ve salpicado por estos escándalos, muestra ante los ojos de todos, el lado miserable que también encierra. La benevolencia con la que algunos están respondiendo al plagio lo es con la forma más vil de corrupción intelectual que nos puede afectar. Algunos roban dinero, otros, ideas. Pero es robo; siempre robo. Y merecería el mismo rechazo, en primer lugar, por los universitarios. Que no se depuren responsabilidades, ni se exijan, es la consecuencia de la mala comprensión de la autonomía universitaria: si se disfruta de ese privilegio lo es a cambio de pagar un altísimo precio en forma de auto-exigencia. No es un parapeto para proteger el oprobio. No es el único ejemplo.

El Gobierno del PP ha consagrado la endogamia, la ha legalizado e, incluso, premiado. El Real Decreto Ley 10/2015 (Disposición final segunda. Modificación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades: "las Universidades podrán convocar plazas de promoción interna") ha incorporado a nuestra legislación universitaria una de las figuras más siniestras que, sin embargo, ha suscitado el asentimiento silencioso de muchos: la “promoción interna”. En las Universidades españolas se están convocando masivamente los denominados “concursos de acceso” para ocupar plazas de catedráticos, en los que sólo pueden participar los que no lo son, pero no así los que lo son y ocupan plaza en otra Universidad. El resultado es que desaparece la movilidad. Si, además, los candidatos internos tienen la posibilidad de configurar a su medida el tribunal, los criterios, el procedimiento y los tiempos, el resultado es el lógico: la endogamia y el general empobrecimiento.

¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué el poder político ni interviene ni afronta la endogamia, sino que la alienta, cuando es sabido que es el mal que está arruinando a la Universidad? Porque está capturado por los universitarios. Los políticos no entienden la Universidad, ni quieren entenderla. Es fuente de problemas y como lo es, aplican la conllevanza en versión universitaria: haces lo que quieras y me dejas en paz; te doy dinero, poder, autonomía e irresponsabilidad. ¿Qué es lo que sucede? El monstruo de la arbitrariedad. Casos como el del Rector de la Rey Juan Carlos y la endogamia son la punta de Iceberg. Más preocupante, aún, es que las Universidades no sean la fuente de prosperidad y riqueza para España que debería ser; no hay ninguna entre las 200 primeras del mundo, siendo así que España es, supuestamente, la décima potencia. Qué mejor representación. Las Universidades no cumplen con la función que la sociedad les ha asignado, salvo una: mantener entretenidos a los jóvenes para que no engrosen la lista de desempleados. Por cierto, feliz Navidad.

(Expansión, 28/12/2016)

23/12/16

La deseable judicialización de la política


Los términos “judicialización de la política” se han convertido en argumento recurrente de los secesionistas. Comienzan afirmando tal judicialización para, a continuación, proclamar la politización de la justicia y terminar pregonando la baja calidad de la democracia española. Éste es el punto de llegada. Aquél, no más que una estación de comienzo. Forma parte de su política de desprestigio con el que sostener su autoritario proceso contrario a Derecho y a la democracia.

La presencia, cada vez más relevante, de los jueces en asuntos clave, de mucha significación social, es debida, fundamentalmente, a la considerable expansión de los derechos fundamentales después de la Segunda Guerra Mundial. No sólo la expansión nominal, sino la fáctica. Los Tribunales son los garantes de dicha facticidad. En nuestra Constitución se ha consagrado el derecho a la tutela judicial efectiva en el ejercicio de cualquier derecho o interés (art. 24). Es la raíz última de la presencia tuteladora de los jueces. Los de finales del siglo XX y de principio del XXI no son los del XIX porque tienen un encargo, incluso, constitucional, de penetrar en cualquier ámbito o asunto en el que se requiera la defensa de cualquier derecho o interés. Nada se les puede escapar, tampoco, la política.

Cuando se habla de la judicialización de la política se mezclan, como digo, muchos temas y supuestos. Hay dos esenciales: las controversias jurídicas que tienen, también, repercusiones políticas. Y las controversias políticas que se pretende, tengan consecuencias jurídicas. Mientras que aquéllas se resuelven conforme a la Ley, éstas, como todas las políticas, conforme al de oportunidad. Es imposible. La oportunidad (política) no casa con la Ley. Uno de los elementos que más han contribuido a esta última aberración, es la posibilidad, que reconoce nuestras leyes, de que los partidos actúen como acusación popular; han utilizado el proceso judicial como un nuevo ámbito de su contienda política.

También se considera que son un caso de judicialización las controversias que son jurídicas, pero con repercusiones políticas e, incluso, importantes. El país en el que más judicialización hay, sin duda, es Estados Unidos. Ya A. Tocqueville (1805-1859) advirtió que una de sus particularidades es la fuerte tendencia a convertir todas las cuestiones en jurídicas. El Tribunal Supremo de Estados Unidos es la máxima expresión. Aún recordamos la sentencia Bush v. Gore (2000). Grandes decisiones judiciales han tenido importantísimas consecuencias políticas: desde la segregación racial (Brown v. Board of Education, 1954) hasta, más recientemente, el matrimonio homosexual (Obergefell v. Hodges, 2015). Sin olvidar la prohibición de la secesión de cualquier Estado de la Unión (Texas v. White, 1869).

En Europa no estamos tan lejos. Al contrario. Hay varios factores. Uno de ellos, la pluralidad de jurisdicciones. A la del Tribunal de Justicia de la Unión, se suma la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Todos han adoptado sentencias con importantísimas consecuencias. Qué decir de la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre de 2016 (asunto C-596/14, de Diego Porras), que declara contraria al derecho la norma española que niega la indemnización para los trabajadores interinos al finalizar su contrato. Además, en nuestro país, como en otros europeos, contar con una jurisdicción constitucional hace inevitable la confluencia entre justicia y política. Todos los asuntos que los Tribunales constitucionales deciden tienen esta doble vertiente. Se ha llegado a afirmar que es una justicia política, imprescindiblemente política. En el fondo, el Tribunal, con toda la prudencia, debe y puede rectificar lo previamente decidido por el legislador. Se produce un conflicto institucional entre un órgano constitucional representativo (parlamento) con otro que no lo es (tribunal) y que tiene, además, la última palabra.

En el caso del secesionismo catalán, una vez más, se vuelve a evidenciar que el constitucionalismo no tiene discurso. La democracia española sigue sufriendo de un acomplejamiento que le impide defender, incluso, aquello que no sólo es legal (constitucional) sino, además, democrático. A Forcadell no se le está investigando por ningún debate, sino por la comisión de un delito consistente en haber desobedecido al Tribunal Constitucional cuando de manera reiterada (Sentencia 259/2015 y Auto 141/2016) le ha indicado que el Parlament no puede adoptar ninguna resolución (caso de la Resolución 263/XI) que suponga la secesión unilateral de Cataluña por cuanto rompe el orden constitucional sin ajustarse al procedimiento de reforma constitucional. No está siendo inquirida por debatir, sino por desobedecer al Tribunal, pese a las advertencias (caso de la del Auto 141/2016), perseverando en una recalcitrante y escandalosa inconstitucionalidad.

La ignorancia, el acomplejamiento y el temor construyen un monstruo que, una vez más, se coloca en el centro del escenario político sin la debida y adecuada respuesta por parte del constitucionalismo. La judicialización es la consecuencia natural de la expansión garantista de los derechos. Es, por lo tanto, un efecto, incluso, deseable. Ahora bien, lo que sucede con el secesionismo catalán no es un ejemplo de judicialización. Es más vulgar: el de la persecución judicial de un delito. Nada más, ni nada menos. Los delincuentes no pueden conseguir la impunidad, ni compareciendo acompañados, no sólo de su abogado, sino de una masa de apoyo. Si la administración de la justicia se hiciera pensando en el número de apoyos con los que cuentan los delincuentes, sería un aberrante ejemplo de politización de la Justicia. La muerte de la Justicia.

(Expansión, 22/12/2016)

20/12/16

Sentimientos catalanes


Cuando el Gobierno de España, en la persona de su Vicepresidente, comienza a dar los primeros pasos de la “nueva” política en relación con el mal llamado problema catalán, se encuentra con dos gestos de una carga, más simbólica que real. Por un lado, directivos de empresas se incorporan al Consejo consultivo de DiploCat, el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña y, por otro, la convocatoria, por parte del Presidente de la Generalitat, de una cumbre sobre el referéndum secesionista.

El que directivos de empresas se comprometan con las actividades de un organismo entregado, como se puede fácilmente comprobar, a difundir las tesis secesionistas por el mundo, nos muestra, a mi juicio, que algo se debe estar haciendo rematadamente mal para que los empresarios, singularmente de tanta relevancia, no hayan entendido las consecuencias de la secesión de Cataluña. Ya no hay confusión ni ignorancia posibles. Las posiciones de unos y de otros están perfectamente definidas. No hay errores de juicio. Si han aceptado integrarse en dicho organismo, lo será porque participan de las ideas que difunde.

Que el Presidente de la Generalitat convoque a los miembros del Pacte Nacional pel Dret a Decidir el 23 de diciembre forma parte de lo lógico en la estrategia política seguida. Es una exigencia de la CUP. Y, además, se celebrará justo después de la aprobación de los presupuestos. Se nos anuncia que será para “abordar la preparación del referéndum” previsto para otoño del 2017. De “referéndum o referéndum” hasta el referéndum final. Un gesto, un símbolo, vacuo, pero cuyo mensaje es, igualmente claro.

A su vez, también el Gobierno de la Nación está jugando con los gestos. Hasta ahora, sólo gestos. Importantes, pero, a mi juicio, llegan tarde. Muy tarde. Siempre es preferible que se supere la pasividad a la que nos tenían acostumbrados, pero el daño de haber entregado el escenario político a los secesionistas es, probablemente, insalvable. El peligro de la nueva política, forzada por los hechos, es la de hacer renuncias, con las que compensar la pasividad del pasado, que vayan más allá de lo razonable. Se volvería a cumplir la Ley de Bachelard de la bipolaridad de los errores: un error alimenta otro de sentido contrario.

El Gobierno se encuentra con estos gestos simbólicos que comento. Para el observador interior, nos muestran la insistencia recalcitrante del secesionismo. No van a cambiar de rumbo, ahora menos que nunca, máxime cuando es el momento de recoger los frutos. Y para el exterior, el imparcial, queda desconcertado, en particular, por el gesto empresarial. El secesionismo vendría a demostrar su fortaleza, al comprometer, incluso, a empresas, particularmente reacias a vincularse públicamente a causas políticas de tanta polémica, como la secesión de Cataluña. En medio, el Gobierno de España ha montado una agencia de viajes para organizar los de la Vicepresidente.

Los símbolos son importantes. Los gestos, aún más. Nos movemos en el terreno de los sentimientos. Los que alientan unos y otros. El secesionismo lo ha tenido siempre claro. El constitucionalismo, no. En la lucha de las emociones, sólo comparecen las de la diferencia como sostén de la separación. Isaiah Berlin (1909-1997) alertaba de la importancia del “reconocimiento”, cuando escribía que “lo que soy está en gran parte determinado por lo que siento y pienso; y lo que siento y pienso está determinado por los sentimientos y pensamientos dominantes en la sociedad a la que pertenezco, … Puede que me sienta oprimido en el sentido de que no se me reconoce como un ser humano individual y autónomo. Pero también puede que me sienta oprimido en tanto miembro de un grupo no reconocido o no suficientemente respetado. Entonces desearé la emancipación de toda mi clase, de mi comunidad, de mi nación, de mi raza o de mi religión”.

El actual Presidente de la Generalitat, y todos los anteriores, han cultivado los sentimientos, los cuales se han amplificado a través del sistema educativo y de los medios de comunicación. El sentimiento de reconocimiento individual mediante la pertenencia al sujeto colectivo-Nación. Es tan fuerte que, como decía Isaiah Berlin, incluso se es tolerante y comprensivo respecto del corrupto, si es “mi/nuestro” corrupto. En el fondo, se prefiere, “en mi amargo anhelo de esta condición, … el chantaje y el mal gobierno de alguien de mi propia raza o de mi clase social” que a la nueva política del Gobierno central. Éste no es reconocido tanto como no alienta el reconocimiento de pertenencia a la nación española, la de los ciudadanos libres e iguales; ese sentimiento que me permite ser individuo porque “lo que soy está en gran parte determinado por lo que siento y pienso; y lo que siento y pienso está determinado por los sentimientos y pensamientos dominantes en la sociedad a la que pertenezco”.

(Expansión, 13/12/2016)

18/12/16

Emociones y sentimientos (políticos)

La lectura de un libro maravilloso, el de Martha C. Nussbaum (Emociones políticas. ¿Por qué el amor es importante para la justicia? Ed. Paidós, Barcelona, 2014) suscita, como una cuestión, aparentemente superficial, la diferencia entre emoción y sentimiento. La autora no se entretiene en este interrogante. Parece entender que son términos sinónimos. No parece que esta confusión sea el fruto de una deficiente traducción. Tanto en castellano como en inglés (emotion y feeling), los dos términos están diferenciados. Y, también, con el mismo criterio.

Si acudimos al Diccionario de la Lengua Española, emoción es, en su primer significado, "alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática". En cambio, sentimiento es "estado afectivo del ánimo". En ambos casos, hablamos del "ánimo" de una persona. Hablamos de una situación psicológica, definida, según el mismo Diccionario, como "actitud, disposición, temple"; "valor, energía, esfuerzo"; "intención, voluntad"; carácter, índole, condición psíquica"; "alma o espíritu, en cuanto principio de la actividad humana". Hablamos de la situación psicológica, del estado psicológico de una persona.

Esa situación o estado psicológico puede ser variado. Uno de dichos estados puede ser el "afectivo"; el del amor o el del desamor, en términos genéricos. En tal caso, hablamos del sentimiento. El estado de sentir algo de una cosa o persona. El sentimiento es un estado. Puede verse alterado, de manera circunstancial e intensa, por las emociones. Que, a su vez, puede obedecer a distintas causas. Estamos hablando del ánimo, de la psicología de una persona que, además, identifica su subjetividad. El sentimiento es el estado de un sujeto que siente como consecuencia de las emociones que le subsista cierto hecho.

Nussbaum razona sobre la importancia que tienen de las emociones para sostener e, incluso, crear instituciones políticas, sociales, culturales, jurídicas, ... que hacen posible la cooperación social de manera estable. En realidad, la importancia de las emociones radica en su capacidad para sostener o crear un estado de ánimo, un sentimiento. La cuestión esencial, en términos políticos, es el sentimiento. Un sentimiento de pertenencia, de reconocimiento y de participación, en una comunidad/sociedad que responde a ciertas características institucionales en las que la persona puede desarrollar sus capacidades como persona, como ser, libre e igual a todos los demás. Ese sentimiento de justicia que es el fruto de distintas emociones, incluido, el amor. No se trata de crear un amor permanente. Se trata de crear el sentimiento de justicia fruto del amor. El que sostiene a las instituciones es el sentimiento que, a su vez, es el fruto de distintas emociones, una de ellas, sobre la que diserta Nussbaum, es el que denomina el amor patriótico. Un amor desafecto de todo aquello destructor y violento asociado al nacionalismo. Es el amor a la justicia de pertenecer a una comunidad/sociedad en la que los individuos pueden desarrollar, en el contexto institucional adecuado, sus capacidades para ser libre e igual porque, en última instancia, disfruta de todas las oportunidades adecuadas.

12/12/16

¿Marcan los radicales la reforma constitucional?


Ahora que se cumplen 38 años de una muy joven Constitución, en términos históricos, la reforma se ha colado en el debate político. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta dos cosas, la primera, que se trata de una reforma, no de una revolución y, la segunda, que la condición imprescindible es el acuerdo.

Es necesario recalcar que no se trata de hacer una revolución en el edificio constitucional; sólo de mejorarlo. Dos reformas son imprescindibles. La primera, todo aquello que ha quedado desfasado. La parte de la organización territorial es la más necesitada. En sus orígenes, se planteó sobre la base de un derecho, el de la autonomía, que el artículo 2 reconocía a nacionalidades y regiones. Se contemplaba el procedimiento para que alcanzasen la autonomía. Desde el momento en que todas lo han hecho, ya no tienen sentido los preceptos constitucionales que lo regulan. Ya se ha conseguido lo que inicialmente parecía reservado para algunas o, al menos, sólo inicialmente. Hoy, como resulta evidente, todos los territorios disfrutan de autonomía. Incluso, la diferencia entre nacionalidades y regiones ha devenido obsoleta. Todas se declaran nacionalidades. Hay otros preceptos que tienen un objeto que ha devenido obsoleto (art. 151, disposiciones transitorias …). Por lo tanto, la primera reforma es la de la actualización. Es más de naturaleza técnica y no parece que suscite oposición.

Hay otras que afectan, también, a la organización territorial y son más complejas, en el terreno político, no en el técnico. Tenemos la experiencia de los dos Estados federales más exitosos del mundo: el norteamericano y el alemán. Se trataría de servirnos de algunas de las soluciones ya consolidadas y de resultado positivo contrastado. El mayor problema, como digo, es político. Y está asociado al reto secesionista. Sería un gravísimo error reformar para contentar a los secesionistas. Es de una ingenuidad rayana en la estupidez. Los secesionistas nunca se van a contentar, salvo que se les ofrezca lo que quieren: la ruptura. Y si no la alcanzan, al menos, buscarán sentar la base para seguir avanzando hacia su objetivo. Así sucedería, por ejemplo, con el reconocimiento de la condición nacional de Cataluña.

Los secesionistas no pueden marcar, en ningún caso, la hoja de ruta de la reforma. Debe marcarla el deseo de todos los españoles de mejorar la casa común, la de la libertad. Y esto se une al aspecto que, a mi juicio, es el único importante. Me refiero a la cuestión que, paradójicamente, es la inicial: reformar la Constitución o no reformarla. En las cuestiones técnicas es posible e, incluso, fácil el acuerdo. En la cuestión política veo, en cambio, mayores dificultades, las cuales, incluso, pueden impedirlo: las estrategias políticas de los partidos constitucionalistas. La del PP está clara: regatear a Ciudadanos hasta dejarlo mareado. No dar ninguna baza a aquél que es el enemigo natural. En este fin de semana, las encuestas electorales, una vez más, vienen a confirmar un hecho: cuando sube el PP, baja Ciudadanos y cuando sube Ciudadanos, baja el PP. Los vasos comunicantes existen. Es un hecho contrastado hasta la saciedad. Siendo así, el PP mira a Ciudadanos no tanto como un aliado cuanto como un adversario. No le interesa hacer ningún gesto a éste que le permita apuntarse ningún tanto. Nada que le permita capitalizar un éxito, al menos, en el terreno político. Podría ceder en aquello que se mueve en el ámbito más técnico, en la trastienda, con poco o nulo impacto social. Por lo tanto, no van a permitir una reforma constitucional que pueda suponer hacer visibles algunas de las reivindicaciones de Ciudadanos. Tampoco parece fácil el acuerdo con el PSOE. Aunque está siendo una caja de sorpresas, al menos, durante el tiempo que necesita para resolver sus problemas internos. No parece razonable que una reforma constitucional que marcará un largo periodo de la historia de España se haga en estado de shock. Sin embargo, una vez recompuesto como alternativa, las posibilidades de alcanzar, con facilidad, un acuerdo, se diluyen.

Si no hay acuerdo de todos los partidos constitucionalistas, la reforma no puede llevarse a cabo, y aún menos, si pretende someterse a referéndum. Sería lo lógico para que el conjunto de los ciudadanos ejerciese su poder constituyente. Se ratificaría, frente al reto secesionista, el consenso del pueblo español respecto de la forma de organización territorial del Estado. Si se llega al referéndum sin consenso, se corre el riesgo de alimentar situaciones como la que hemos visto en Italia. Una nueva oportunidad para que los desengañados del sistema canalicen su descontento. En estas condiciones, mejor que no la haya, lo que el PP pretende. Gana, contra Ciudadanos y contra PSOE. Una vez más, el éxito del inmovilismo sobre la base de la amenaza del radical de turno, o Podemos o los secesionistas.

(Expansión, 06/12/2016)