Los partidos pueden, en ejercicio de su autonomía, pactar lo que consideren oportuno, incluso, contrariando a la Constitución. Ahora bien, deben explicar que la ejecución exige la reforma constitucional, pero nunca deberán cuestionar, tratándose de partidos de Estado, la legitimidad del Estado democrático de Derecho. Sin embargo, nada de esto cumple el acuerdo PSOE – Junts. En primer lugar, ataca la legitimidad del Estado en relación con una cuestión nuclear como es la de su propia existencia y, en consecuencia, su derecho a reaccionar contra aquellos que se sublevan contra sus reglas, o sea, su legitimidad para defenderse de los que alteran el normal desenvolvimiento de sus instituciones. Así sucede con el relato que se contiene en los antecedentes del acuerdo, que pasa ahora a ser asumido por el PSOE, sin salvar, incluso, su propia responsabilidad en lo acaecido, desde el Estatut hasta la aplicación del artículo 155 CE. El PSOE admite la lógica del “conflicto” y que ha sido el Estado
Arranca de Hobbes la idea de que el fundamento del poder está en el pacto. Aunque, en aquel pensador, servía como fuente legitimadora del poder absoluto (dame tu libertad, que te daré seguridad), sentó las bases de una idea esencial que se irá desarrollando con el paso de los siglos hasta culminar en que la nación, en expresión de su soberanía, acuerda cómo se ha de organizar para limitar el poder para el mayor y mejor disfrute de la libertad, lo que se plasma en el texto constitucional. El Tribunal Constitucional, en la transcendental jurisprudencia que hizo frente al reto secesionista, rememoró que “la Constitución Española formalizó la voluntad del poder constituyente”, “el pueblo soberano, concebido como la unidad ideal de imputación del poder constituyente, ratificó en referéndum el texto acordado previamente por sus representantes políticos”. En consecuencia, “la primacía incondicional de la Constitución protege el principio democrático, «pues la garantía de la integridad de la C