La Constitución comienza con una afirmación que me parece muy relevante: “España se constituye en un Estado”. Éstas son las primeras palabras del primer artículo. España, en un proceso reflexivo, alumbra una nueva realidad llamada Estado. Y la adorna con unas características, además de regularla. España no deja de ser España por ser Estado; asume un nuevo ropaje, el del Estado, para seguir siéndolo. Un ropaje que la España constituyente instituye para, sobre todo, la garantía de los derechos y las libertades de los ciudadanos, de los que integramos el pueblo español, titular de la soberanía nacional y fuente de todos los poderes, como establece el citado artículo, en su segundo apartado.
Ese Estado es víctima del engaño. Es engañado por unos y por otros. Por un lado, por los nacionalistas catalanes. El President Mas ha afirmado que ha de “engañar al Estado” para continuar con el 9-N. A tal fin, no hay Decreto, ni resolución de la Generalitat, que pueda ser impugnada. Y, mientras tanto, siguen con la organización y los preparativos de la consulta. Así, entienden, que el Estado no puede impedirla. La astucia, la audacia, … son palabras utilizadas por los nacionalistas para explicar su operativa. Frente a la España antidemocrática y estúpida, la inteligencia de los nacionalistas para conseguir sortear todos los obstáculos que se les han interpuesto en su camino hasta hacer realidad su desiderátum: el paraíso de la Cataluña independiente, colmado de virtudes, de riquezas, de libertades, … de todos los bienes y parabienes del mundo-mundial. Y, por otro lado, la corrupción. Ésta es otra forma de engaño. A los servidores del Estado, en particular, a las autoridades públicas, se les ha confiado la administración del patrimonio ciudadano, para desplegar políticas al servicio del bien común, no para el enriquecimiento personal. Unos y otros engañadores tienen en común que crean una ilusión, una mentira, tras la que ocultar la verdad del hurto a la legalidad y al patrimonio ciudadanos, en definitiva, el robo de la confianza ciudadana.
Los engañadores tienen, como ha quedado demostrado, una firme voluntad de seguir con su propósito. No hay ni nacionalistas, ni corruptos arrepentidos. Al contrario. Sus engaños son, dicen, el fruto de su talento. La fortaleza o determinación de su empeño no es garantía alguna del éxito. En el caso de la engañosa consulta de 9-N, hay un hecho incuestionable: basta consultar la página web de la Generalitat de Cataluña para comprobar que ésta sigue organizando una consulta en la que se les interroga a los catalanes, utilizando las mismas papeletas de la suspendida, sobre la independencia de Cataluña. Este hecho contraviene la orden de suspensión del Tribunal Constitucional, acordada en la providencia de 29 de septiembre de 2014, por la que se admitió el recurso del Gobierno contra el Decreto de convocatoria, que comprendía también a “las restantes actuaciones de preparación para la convocatoria de dicha consulta o vinculadas a ella”. El que no se haya firmado, ni publicado Decreto alguno respecto de la supuesta nueva consulta, no es un obstáculo, ni a la comisión del delito de desobediencia a las resoluciones judiciales (art. 410 Código penal), ni a suscitar el incidente de ejecución de la resolución judicial de suspensión. Las actuaciones desplegadas mantienen una línea de continuidad con la consulta suspendida. Es “nueva” en la mentalidad de los convocantes; de hecho es la suspendida. Además, pensar que sólo los Decretos o las resoluciones expresas y formales tienen relevancia jurídica es de una ignorancia obscena. El incumplimiento de la resolución judicial sólo precisa de un hecho: el del incumplimiento. No se necesita formalizarlo de ninguna manera. Por otro, al carecer las actuaciones de la Generalitat de respaldo en Decreto o Ley, al haber sido suspendidos por el Tribunal Constitucional, se puede estar cometiendo tanto un delito de malversación de caudales públicos (arts. 432 y ss CP), como de prevaricación (art. 404 CP).
En el pasado mes de Mayo, en Londres, se celebró una Conferencia internacional sobre “Capitalismo inclusivo”. Se puso de manifiesto, por los más importantes líderes empresariales del mundo, la enorme preocupación por la equidad, la desigualdad y la sostenibilidad; no sólo la ambiental, sino la global de capitalismo, de la economía de mercado, en el contexto actual en el que las disparidades económicas se han incrementado exponencialmente. El papel del Estado es esencial. Tradicionalmente, ha sido el instrumento-puente entre las dos orillas del espectro de la riqueza. Pero es un Estado que ha caído víctima de los engañadores. Un Estado deslegitimado que sufre la desconfianza de los ciudadanos. Lynn Forester de Rothschild, la anfitriona de la Conferencia, señaló esta circunstancia como una amenaza; lo incapacita para desarrollar el papel crucial que el capitalismo necesita en el momento presente.
España constituida en Estado no puede afrontar los nuevos retos globales si transige con los engañadores. La lentitud del Estado, exasperante para muchos, debería ser la del que da pasos seguros y decididos para evitar que se haga realidad el fraude a la legalidad y al patrimonio ciudadanos. ¿A qué espera la Fiscalía para actuar ante las ilegalidades e, incluso, delitos? ¿A qué espera el Tribunal Constitucional para ejecutar la orden de suspensión de la organización del engaño-consulta? ¿A qué espera la Administración General del Estado? ¿A qué espera? La España constituida en Estado, la España de los ciudadanos, reclama la defensa decidida de sus derechos frente a los engañadores. Es el camino, el único camino, para recuperar la confianza ciudadana que permita al Estado afrontar los retos del momento presente, los de la globalización, los de la desigualdad y los de la falta de oportunidades. Los retos de la sostenibilidad de la economía de mercado.
(Expansión, 28/10/2014)
Ese Estado es víctima del engaño. Es engañado por unos y por otros. Por un lado, por los nacionalistas catalanes. El President Mas ha afirmado que ha de “engañar al Estado” para continuar con el 9-N. A tal fin, no hay Decreto, ni resolución de la Generalitat, que pueda ser impugnada. Y, mientras tanto, siguen con la organización y los preparativos de la consulta. Así, entienden, que el Estado no puede impedirla. La astucia, la audacia, … son palabras utilizadas por los nacionalistas para explicar su operativa. Frente a la España antidemocrática y estúpida, la inteligencia de los nacionalistas para conseguir sortear todos los obstáculos que se les han interpuesto en su camino hasta hacer realidad su desiderátum: el paraíso de la Cataluña independiente, colmado de virtudes, de riquezas, de libertades, … de todos los bienes y parabienes del mundo-mundial. Y, por otro lado, la corrupción. Ésta es otra forma de engaño. A los servidores del Estado, en particular, a las autoridades públicas, se les ha confiado la administración del patrimonio ciudadano, para desplegar políticas al servicio del bien común, no para el enriquecimiento personal. Unos y otros engañadores tienen en común que crean una ilusión, una mentira, tras la que ocultar la verdad del hurto a la legalidad y al patrimonio ciudadanos, en definitiva, el robo de la confianza ciudadana.
Los engañadores tienen, como ha quedado demostrado, una firme voluntad de seguir con su propósito. No hay ni nacionalistas, ni corruptos arrepentidos. Al contrario. Sus engaños son, dicen, el fruto de su talento. La fortaleza o determinación de su empeño no es garantía alguna del éxito. En el caso de la engañosa consulta de 9-N, hay un hecho incuestionable: basta consultar la página web de la Generalitat de Cataluña para comprobar que ésta sigue organizando una consulta en la que se les interroga a los catalanes, utilizando las mismas papeletas de la suspendida, sobre la independencia de Cataluña. Este hecho contraviene la orden de suspensión del Tribunal Constitucional, acordada en la providencia de 29 de septiembre de 2014, por la que se admitió el recurso del Gobierno contra el Decreto de convocatoria, que comprendía también a “las restantes actuaciones de preparación para la convocatoria de dicha consulta o vinculadas a ella”. El que no se haya firmado, ni publicado Decreto alguno respecto de la supuesta nueva consulta, no es un obstáculo, ni a la comisión del delito de desobediencia a las resoluciones judiciales (art. 410 Código penal), ni a suscitar el incidente de ejecución de la resolución judicial de suspensión. Las actuaciones desplegadas mantienen una línea de continuidad con la consulta suspendida. Es “nueva” en la mentalidad de los convocantes; de hecho es la suspendida. Además, pensar que sólo los Decretos o las resoluciones expresas y formales tienen relevancia jurídica es de una ignorancia obscena. El incumplimiento de la resolución judicial sólo precisa de un hecho: el del incumplimiento. No se necesita formalizarlo de ninguna manera. Por otro, al carecer las actuaciones de la Generalitat de respaldo en Decreto o Ley, al haber sido suspendidos por el Tribunal Constitucional, se puede estar cometiendo tanto un delito de malversación de caudales públicos (arts. 432 y ss CP), como de prevaricación (art. 404 CP).
En el pasado mes de Mayo, en Londres, se celebró una Conferencia internacional sobre “Capitalismo inclusivo”. Se puso de manifiesto, por los más importantes líderes empresariales del mundo, la enorme preocupación por la equidad, la desigualdad y la sostenibilidad; no sólo la ambiental, sino la global de capitalismo, de la economía de mercado, en el contexto actual en el que las disparidades económicas se han incrementado exponencialmente. El papel del Estado es esencial. Tradicionalmente, ha sido el instrumento-puente entre las dos orillas del espectro de la riqueza. Pero es un Estado que ha caído víctima de los engañadores. Un Estado deslegitimado que sufre la desconfianza de los ciudadanos. Lynn Forester de Rothschild, la anfitriona de la Conferencia, señaló esta circunstancia como una amenaza; lo incapacita para desarrollar el papel crucial que el capitalismo necesita en el momento presente.
España constituida en Estado no puede afrontar los nuevos retos globales si transige con los engañadores. La lentitud del Estado, exasperante para muchos, debería ser la del que da pasos seguros y decididos para evitar que se haga realidad el fraude a la legalidad y al patrimonio ciudadanos. ¿A qué espera la Fiscalía para actuar ante las ilegalidades e, incluso, delitos? ¿A qué espera el Tribunal Constitucional para ejecutar la orden de suspensión de la organización del engaño-consulta? ¿A qué espera la Administración General del Estado? ¿A qué espera? La España constituida en Estado, la España de los ciudadanos, reclama la defensa decidida de sus derechos frente a los engañadores. Es el camino, el único camino, para recuperar la confianza ciudadana que permita al Estado afrontar los retos del momento presente, los de la globalización, los de la desigualdad y los de la falta de oportunidades. Los retos de la sostenibilidad de la economía de mercado.
(Expansión, 28/10/2014)
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